Manuel Gómez Morín, hijo y homónimo del fundador del PAN, se opone a la alianza con el PRI, pero la acepta. Lo ideal sería ir solos, dice, pero es una “necesidad forzada” por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “quien se ha asumido como amo, dueño y señor de este país”. De haber escuchado a la oposición y a las distintas expresiones de la sociedad, y tomado en cuenta sus puntos de vista, no se estaría en esta situación, declaró después de participar en el Consejo Nacional de su partido el 6 de diciembre.

El éxito de la coalición depende de no postular “candidatos impresentables”, de ofrecer una agenda mínima sobre Federalismo y democracia y de convencer a los electores de que sus propuestas son las mejores, advierte Gómez Morín, quien compitió con Marko Cortés por la presidencia del PAN. Las puertas están abiertas para Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala –apunta–, pero las condiciones las debe fijar el partido, no ellos.

El expresidente renunció al PAN el 11 de noviembre de 2018, luego del triunfo de Cortés. En la carta dirigida al entonces líder interino Marcelo Torres, acusa: “El PAN ha dejado de ser el instrumento de participación ciudadana para la construcción de un México mejor que pensaron sus fundadores; la camarilla que controla el partido ha abandonado por completo los principios fundamentales, las ideas básicas y las propuestas del PAN, y no le interesa sostenerlos, actualizarlos o fortalecerlos; (…) la elección interna solo corrobora ese control envilecedor, siendo la propia dirigencia una fiel expresión de la corrupción, la mediocridad y la manipulación que la ciudadanía ha castigado severamente en las urnas”.

Calderón pretendía la candidatura del PAN para su esposa Margarita Zavala, quien llegó a superar a López Obrador en algunas encuestas, pero Ricardo Anaya utilizó la estructura partidista para imponerse al tándem. Zavala renunció a su militancia el 7 de abril de 2017.

“Hace dos años anuncié mi intención de buscar la Presidencia de la República (…). Durante dos años pedí un método democrático, transparente y claro (…). La respuesta siempre fue una evasiva”, le reprocha a Anaya, a la sazón líder de Acción Nacional.

Zavala participó como candidata independiente, pero se retiró de la contienda debido a “las condiciones de inequidad” y a la falta de segunda vuelta. Sin el paraguas del PAN o de otras siglas, dejó de representar un peligro para López Obrador. Los Calderón dedicaron los últimos años a organizar el partido México Libre. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les negó el registro el 15 de octubre pasado por “no acreditar el origen de aportaciones en efectivo”.

Sin otra opción, se acercaron al PAN para negociar votos por posiciones y acaso también de protección. La consulta popular para enjuiciar a los expresidentes está programada para el 1 de agosto próximo. La negativa de Gómez Morín a aceptar condiciones de los Calderón parece compartirla la mayoría de la comisión permanente del PAN.

El tándem no goza del mejor ambiente por el daño causado a su candidato en las elecciones de 2018 y por el trato de Calderón a los cuadros de su partido cuando ocupó la Presidencia. Gómez Morín también cuestiona la falta de deliberación en el PRI sobre la coalición.

“No sabemos con qué PRI nos estamos aliando, pero de entrada es un negativo, pues, de acuerdo con una encuesta, el 40% de los ciudadanos jamás votaría por ese partido” (Reforma, 01.12.20). Quizá porque, como ha escrito Federico Berrueto, “el PRI nacional apesta a corrupción”.

Será porque remite a Peña Nieto y a Salinas de Gortari; y en el caso de Coahuila, a sus alumnos más aventajados en el arte de desaparecer dinero.

Exiliado en su propio país, pues su corazón lo dejó en México, el sacerdote Leonardo Pius Paskus falleció el 7 de enero en Vaughn, Nuevo México, a los 85 años. El 11 lo sepultaron en el panteón de Pinos Wells. Lúcido y dedicado en cuerpo y alma al servicio de Dios y de la Iglesia, pudo vencer la Covid-19, pero no el cáncer, padecimiento que sobrellevó con dignidad y jamás quebrantó su espíritu. Don Leonardo es uno de los amigos que marcaron mi vida. Mucho de lo que soy y de lo bueno que pueda ser, se lo debo a él. “¿Cómo va tu periódico? ¿No te has vendido al Gobierno?”, era casi siempre su saludo inicial. Enseguida venía la risa.

Mi abuela Manuela me transmitió desde niño la fe católica y mis padres me inculcaron el respeto a los demás, la disciplina y el amor al trabajo, pero mi padre espiritual es don Leonardo. El ejemplo fue su prédica. Hombre discreto, metódico, humilde y generoso, su huella en La Laguna es imperecedera. Tocadas por su palabra, cual gota de agua sobre la roca, comunidades de San Pedro, Torreón, Matamoros y Viesca elevaron su condición de cristiana y cambiaron para ser mejores. El padre Paskus fue eso: un padre, siempre a favor de los pobres. Como San Francisco, no solo erigió templos y capillas, también, desde su ámbito, reparó una Iglesia socavada y que aún amenaza ruina.

Don Leonardo, me consta, era visto con cariño y respeto por contemporáneos suyos y ministros jóvenes en los cuales despertó la vocación sacerdotal, llama que en mí no alcanzó la suficiente altura, por discrepantes que fueran sus estilos y líneas pastorales. Pienso en Roberto García de León, a quien, nos contó a Armando Fuentes Aguirre y a mí, el obispo de Saltillo Luis Guízar Barragán le decía que era de la tribu de Isacar por la habilidad que tenía para “sacarle” dinero a los ricos. También en José Batarse Charur, encarcelado en el Gobierno de Óscar Flores Tapia por su liderazgo y participación en movimientos sociopolíticos, cuya expulsión a Chiapas, en vez de apagar su lucha por los desheredados, la avivó. Y en un tercer cura de la época del padre Paskus: José Rodríguez Tenorio, a quien se debe el santuario del Cristo de las Noas, concebido por el padre Manuel García Guajardo.

La condición de ciudadano estadunidense -en México jamás se consideró extranjero- y la falta de apoyo de algunos obispos de Torreón para arraigarlo definitivamente, lo obligaron a regresar a su país varias veces, pero siempre regresaba, si no a La Laguna, a Chihuahua, donde llegué a visitarle con mi esposa Chilo y nuestros hijos Ana Cristina y Gerardo, cuando tenía a mi cargo la dirección de Noticias de El Sol de La Laguna. Quien pudo cumplir su anhelo de terminar sus días en la comarca y de ser sepultado en su segundo refugio -el primero fue New Haven, Connecticut, donde nació- fue el obispo actual Luis Martín Barraza Beltrán, pero por alguna causa inexplicable decidió retirarlo de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, en Matamoros, y regresarlo a Estados Unidos. Obediente hasta el extremo, hizo la maleta y se marchó para ya no regresar nunca.

El padre Paskus fue acogido de inmediato en la parroquia de Saint Mary de Vaughn, en el condado de Guadalupe, Nuevo México. Pronto se ganó el corazón de la feligresía, igual que en los poblados y rancherías de La Laguna donde mi hermano Francisco y yo le servimos de monaguillos, lectores y catequistas. Agradezco a Dios haberme bendecido con su amistad y guía. Me quedo con su sonrisa, sus bromas, sus regaños y su música -en especial la de Puccini-. También con el recuerdo de su tía, la cual, en un viaje a New Haven que nos tomó varios días realizar en un coche con albedrío, pues le gustaba fallar en medio de las tormentas, me hacía comer avena por dos -“para que crezca saludable”-; sus charlas con su perico “Lover” y con el atardecer en la playa de New Haven donde conocí el mar por primera vez.

El PRI afronta una situación desesperada. No es la primera vez que, tras perder la presidencia, ocupa el último lugar entre las principales fuerzas políticas. Ya pasó en 2006. Sin embargo, en el Congreso nunca había estado por debajo de partidos marginales como el PT y Encuentro Social, ni gobernando el menor número de entidades: 12, frente a 10 del PAN y siete de Morena. Las votaciones del 6 de junio próximo son de alto riesgo para el partido que durante siete décadas representó la dictadura perfecta, pues podrían significar la puntilla y, ahora sí, la ansiada jubilación del dinosaurio.

El corporativismo desapareció y la estructura electoral cambió de forma. Los sectores obrero, campesino y popular dejaron de endosarle sus votos al PRI y de ser tomados en cuenta a la hora de repartir candidaturas para ayuntamientos, congresos y gobiernos estatales. Antes tenían cuotas, pero la tecnocracia se las asignó a sus nuevos socios. Los triunfos de octubre pasado en Coahuila e Hidalgo quisieron presentarse como el resurgimiento de unas siglas decadentes. En realidad, fueron resultado de la operación política de gobernadores (Miguel Riquelme y Omar Fayad) de estados caciquiles donde jamás ha habido alternancia.

Las elecciones de junio serán cruciales para los partidos, pues de la distribución de las 500 diputaciones y los 15 estados en juego dependerá su futuro. De ese grupo, el PRI gobierna ocho: Campeche, Colima, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, San Luis Potosí y Zacatecas; el PAN, cuatro: Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro y Nayarit; el PRD, uno: Michoacán; y Morena, otro: Baja California. El de Nuevo León es independiente. Además, se elegirán mil 920 ayuntamientos en 30 estados e igual número de legislaturas.

La concurrencia de procesos -lo mismo que la pandemia de coronavirus- le viene al presidente Andrés Manuel López Obrador como “anillo al dedo”, pues puede avanzar el proyecto político y social de la cuarta transformación. La atonía de las oposiciones, la popularidad presidencial y el desdén por la alianza PRI-PAN-PRD favorecen el voto en cascada que en 2018 le permitió arrasar en las urnas y obtener, junto con la silla del águila, el Congreso y la mayoría de las gubernaturas.

En esa tesitura, el PRI, descendiente de generales y caciques, prefirió rendir las armas y aliarse con sus otrora enemigos históricos: el PAN, al cual se asimiló desde la presidencia de Salinas de Gortari; y el PRD, producto del rompimiento de 1988 por la imposición de Salinas, liderado por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y cuadros locales como López Obrador. El escaso entusiasmo ciudadano por la alianza Va por México obedece, entre otros factores, a la relación de sus miembros con Peña Nieto y al silencio que guardaron frente a la corrupción de su Gobierno.

Firme en su rechazo a Salinas de Gortari y al régimen antidemocrático que lo entronizó, el empresario y excandidato presidencial del PAN, Manuel “Maquío” Clouthier, exhortaba a defender el voto y la libertad sin abdicar de los principios: “Solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar”. Hoy, la coalición del PAN con su peor enemigo le “revuelve el estómago” a Cecilia Romero, pero la abraza para “evitar un mal mayor”. Las encuestas electorales ven las cosas de otro modo. Para la mayoría, el enemigo es el “prianato”. El PRD, sin sus líderes originales, dejó de existir.

Los partidos del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) despertaron de un letargo de casi tres años para fundirse en una coalición electorera. Bajo la careta de Va por México, pretenden atraer el voto ciudadano, cuya preferencia es por otras siglas, para restarle poder en el Congreso a un Presidente popular y frenar el avance de Morena en los estados. Los partidos fundados por Plutarco Elías Calles, en 1929, y Manuel Gómez Morín, en 1939, hoy son una parodia. Difícilmente la suma de fracasos, escándalos, crisis de liderazgo y miedo a la cuarta transformación arrojará buenos resultados.

Los analistas miran a la alianza con escepticismo; los agentes políticos, con recelo y la ciudadanía, con desdén. En Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Morelos, Querétaro, el PAN irá solo. Ernesto Ruffo, primer gobernador de oposición, protestó: “(En Baja California) para nada queremos ir a apoyar al PRI. Ese PAN que entonces ya parece que se consolida como el PRIAN, el PAN de los acuerdos con el PRI es distinto al que queremos”.

El expresidente Vicente Fox celebró en su cuenta de Twitter: “Bravo bravísimo PAN y Panistas. PAN es el único, verdadero y mejor partido en MX. Ha sabido ser oposición. Ha sabido ser Gobierno y ahora demuestra saber que es lo mejor para MX en este momento negro de nuestra historia. Saber ser humilde, saber ser generoso, eso es el PAN”.

Con igual convicción y generosidad, Fox se decantó en 2012 por Enrique Peña Nieto. En plena campaña dijo que su corazón estaba con Josefina Vázquez Mota y con el PAN, pero que “solo un milagro” evitaría el triunfo del partido tricolor. Es el PRI quien “ni de milagro” volverá a Los Pinos, refutó Ricardo Anaya, entonces candidato a diputado federal. (El Gobierno de López Obrador canceló la pensión vitalicia y la seguridad a los expresidentes. La medida le ahorra al país 40 millones de pesos anuales.)

Anaya era el único candidato capaz de plantarle cara a López Obrador en 2018. Aun sin ganar, pudo haber evitado que el fundador de Morena se hiciera con la presidencia y la mayoría en las cámaras de Diputados y de Senadores con tanta facilidad. Sin embargo, el PAN se dividió y el PRI recurrió a la guerra sucia para acusarlo de lavado de dinero. El favor no salvará a Peña Nieto de la consulta popular del 1 de agosto próximo para enjuiciar a los expresidentes por delitos de corrupción.

Federico Berrueto Pruneda, maestro en Artes de Gobierno por la Universidad de Essex y exdirector de planeación de las campañas de Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo, anticipa el fracaso de la coalición opositora. Pues al “hacer de Morena el partido a vencer caen en el terreno de mayor debilidad, esto es, una contienda nacional con referencia a López Obrador”. Morena, el PRI y el PAN “no advierten la magnitud de su descrédito (…). Insisten en un amoral pragmatismo en búsqueda de cargos”. En ese escenario, “lo único seguro será prolongar la crisis y el descontento”, apunta.

Crítico tenaz de AMLO, el juicio de Berrueto sobre el “PRI nacional” es igualmente implacable: “apesta a corrupción. Como en el pasado, recurre al tiempo para desentenderse de sus pecados. Mientras el tricolor no defina postura respecto a Carlos Salinas y Peña Nieto, difícilmente habrá de representar algo digno en la política nacional”.

El PRI, en el momento más crítico, está en las peores manos: las de un líder incompetente, Alejandro Moreno Cárdenas, y una secretaria general ambiciosa, Carolina Viggiano, quien desde ahora pretende imponerse como candidata al Gobierno de Hidalgo bajo la tutela de su esposo Rubén Moreira, con quien compartió el poder en Coahuila.

Por ignorar la máxima del exprimer ministro inglés Benjamín Disraeli según la cual «ningún Gobierno puede mantenerse sólido sin una formidable oposición», muchos regímenes se dan contra la pared y no pocos sucumben. Peña Nieto fusionó al PRI, PAN y PRD en el Pacto por México y después se autoimpuso el título de salvador de la patria, tal como lo presentó la revista Time en su portada del 24 de febrero de 2014. Irónicamente, ese año marcó el derrumbe de la Administración peñista y, para efectos prácticos, el fin del sexenio. Los signos por los cuales su Presidencia será recordada son la violencia contra la sociedad civil y la corrupción, caracterizadas por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la compra de la casa blanca, en 7 millones de dólares, al proveedor consentido de Peña desde sus tiempos de gobernador del Estado de México.

Desprovisto el país de una auténtica oposición y borradas las fronteras entre los principales partidos, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llenó el vacío y apenas en cuatro años ganó la Presidencia y la mayoría en el Congreso. Ernesto Zedillo (en la segunda parte de su Gobierno), Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto encabezaron gobiernos divididos. Pero en vez de generar oposiciones formidables, las cúpulas partidarias se regodearon y se dedicaron a medrar. Castigados en las urnas y cruzados de brazos en espera del desplome de Andrés Manuel López Obrador, los residuos de las siglas hermanadas en el Pacto por México se han vuelto a reunir en una alianza electorera sin posibilidades de éxito.

El adormecimiento de las oposiciones sirvió al Gobierno, cuyos cañonazos millonarios actuaron como soporíferos para domesticar a los partidos y aprobar las reformas sin debate en el Congreso. Empero, como advertía el conde de Beaconsfield, uno de los motes de Disraeli, sin fuerzas contrarias que pusieran a prueba sus cimientos, el Gobierno se debilitó y juntos le abrieron a Morena las puertas de la Presidencia. El mal desempeño de López Obrador no ha hecho mella en el ánimo de los electores, pues la mayoría lo apoya a él y a su partido para las elecciones de este año. La situación confirma dos cosas: 1) el desapego ciudadano a los partidos tradicionales; y 2) el repudio hacia una clase política corrupta y divorciada de la sociedad.

La hibernación de las oposiciones, cuya somnolencia contagió a medios de comunicación, intelectuales y liderazgos sociales y empresariales, hace ver la crítica a gobiernos venales, cuyos atropellos continúan impunes, como algo revolucionario. Muchos de los males de México y de Coahuila provienen de la falta de debate parlamentario y del sometimiento de los congresos al presidente o al gobernador de turno. La denuncia del diputado panista Rodolfo Walss, en la instalación de la LXII legislatura, por la megadeuda, el colapso del sistema sanitario y la falta de inversión, derivados del quebranto, pues el pago acumulado de intereses redujo en más de 34 mil millones de pesos la capacidad financiera del Estado, fue motivo de censura.

Llevar a la tribuna del Congreso un clamor ignorado por las legislaturas previas no convierte a Walss en héroe, pues no hace sino cumplir su deber como representante popular. Si llama la atención, se debe, justamente, a que la mayoría prefiere mirar para otro lado. Pedir al gobernador Miguel Riquelme claridad sobre su lealtad -con Coahuila o con los Moreira- verbaliza un sentimiento de muchos ciudadanos que el propio Gobernador conoce. En vez de asustar o de poner sordina a las voces discrepantes, deben celebrarse, pues en lugar de vulnerar al Gobierno, lo consolidan.

El año recién fenecido puso a prueba al mundo entero. Nadie esperaba un sacudimiento tan severo y prolongado. Al cierre de 2020, la pandemia de coronavirus SARS-Cov-2 había afectado a más de 82 millones de personas y cobrado más de 1.8 millones de vidas. Un auténtico cataclismo. Siempre ha existido el riesgo de epidemias planetarias, pero pocos países -esa es una de las verdades expuestas por el Covid-19- están lo suficientemente preparados para afrontarlas.

En el mundo somos 7 mil 700 millones de personas. ¿De cuántos hospitales, camas y especialistas se dispone para atender el peor pico de una enfermedad letal y las que en el futuro se presenten? Por elevado que sea el número, sin separar a países ricos y pobres, es insuficiente. Los sistemas de salud están diseñados para demandas normales, y cuando plagas como la actual los exceden, sencillamente colapsan. Los estados reaccionaron frente a la primera emergencia sanitaria del siglo según sus medios y diseñaron su propias estrategias. Unas fueron más eficientes que otras. Al final, cada gobierno será recordado por sus resultados.

Para encubrir los pogromos de su dictadura, Josef Stalin ironizaba: «Una única muerte es una tragedia, y un millón de muertes es una estadística». Sin embargo, detrás de cada vida segada en guerras, linchamientos o epidemias, existe una historia imposible de ignorar. El impacto emocional del Covid-19 ha sido enorme por varias razones, además de la consabida fragilidad humana. Aisló a un mundo hipercomunicado, pero abstraído de antemano por la tecnología y las redes sociales.

El coronavirus también despertó sentimientos solapados u olvidados como la solidaridad con los más vulnerables y el respeto y admiración hacia determinados agentes, en particular por el personal sanitario cuya función se valora más en situaciones críticas. Empero, se trata de un sector marginado a la hora de asignar presupuestos, no solo para mejorar la infraestructura hospitalaria, sino también sueldos y condiciones generales de trabajo. Reconocer de dientes afuera, en medio de la pandemia, a quienes tienen la responsabilidad de salvar vidas, con más corazón que apoyo institucional y ciudadano, resulta oportunista e hipócrita.

Existe una propensión natural a buscar culpables. Los gobiernos están obligados a proteger a la población, pero no lo pueden todo ni lo pueden solos. Sin la participación y el compromiso social, todo está perdido. Los políticos han tomado en la pandemia decisiones equivocadas e irresponsables, negado la realidad aun frente a la evidencia científica y procurado réditos electorales. Por ello deberán ser juzgados. Los ciudadanos también hemos fallado y puesto a los demás en riesgo al no acatar las medidas sanitarias y el distanciamiento necesario para frenar la propagación del virus.

Sin embargo, en vista del periodo de investigación, ensayo y aprobación de las vacunas -menos de un año cuando para otras enfermedades han tardado lustros e incluso décadas- y del registro actual de infectados y fallecidos con respecto a la población del planeta, la ciencia hizo su parte y la generalidad de las personas también. El cierre parcial o total de espacios de convivencia ha generado protestas, la economía cruje y muchos gobiernos no han estado a la altura del reto, pero el mundo se mantiene en pie. No hay lugar para el fatalismo ni para el triunfalismo, sino para la reflexión. El Covid-19 sigue entre nosotros. La vacunación para inmunizar a la mayoría llevará meses o años. Debemos estar preparados y recordar que, si no respetamos la naturaleza ni observamos sus leyes, nuevos virus cobrarán nuestros agravios.

Ninguna Administración había realizado acciones duraderas contra la venalidad, como la del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tanto ha avanzado? El Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2020 dará una respuesta, pero en la clasificación del año previo el progreso fue mínimo. El discurso del diputado Rodolfo Walss (PAN), este viernes en el Congreso, es un llamado de atención a la 4T para que el empeño mostrado a escala federal y en algunas entidades también se aplique en Coahuila.

La investigación de la Fiscalía General de la República sobre el desvío de más de 400 millones de pesos de fondos federales -en el gobierno de Rubén Moreira- abre un resquicio para, como dijo Walss, combatir la impunidad. Los coahuilenses merecen justicia por la megadeuda y las empresas fantasma. La lista de exfuncionarios federales bajo proceso en México y Estados Unidos, cuya primera parte apareció ayer, permite albergar la esperanza de que AMLO también se fije en nuestro estado.



Gerardo Ruiz Esparza

En noviembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció al exsecretario de Comunicaciones por delitos de corrupción. El caso OHL -«empresa constructora con sede en España y operadora de carreteras-circuitos beneficiada por el anterior sexenio»- aparece en el informe «Casa Limpia», relacionado con robo de hidrocarburos, trata y tráfico de migrantes, empresas fachada, factureras, narcotráfico y corrupción política. (Animal Político, 28.11.19.) Ruiz falleció el 1 de abril de 2020.



Genaro García Luna

Acusado de proteger al Cártel de Sinaloa, conspirar para distribuir cocaína y dar falso testimonio para obtener la ciudadanía estadunidense, el arresto del exsecretario de Seguridad Pública, en Dallas, Texas, se anunció el 10 de diciembre de 2019. Durante el juicio del Chapo Guzmán, Jesús «El Rey» Zambada dijo haberle entregado maletas con un monto de entre 6 y 8 millones de dólares. La FGR lo acusa de conspirar para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, entre otros delitos.




César Duarte Jáquez

Diez órdenes de aprehensión pesan sobre el exgobernador, detenido el 8 de julio pasado en Florida, Estados Unidos. La Fiscalía de Chihuahua lo denunció por desviar más de mil 200 millones de pesos; 250 millones se descontaron a empleados del Gobierno para financiar campañas del PRI. Asimismo, se le acusa de realizar adjudicaciones directas de obra pública, facturar a empresas fantasma, vender bienes públicos por debajo de su valor y pago a aviadores. El pedido de extradición se realizó en enero de 2018, pero fue obstaculizado por la PGR, denunció el gobernador panista Javier Corral.



Emilio Lozoya Austin

El exdirector de Pemex es pieza clave para encausar a Peña Nieto. La Interpol lo aprehendió el 12 de febrero de 2020 en Málaga, España. La 4T lo acusa de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, así como por recibir sobornos de Odebrecht. Una vez en México se le vinculó a proceso por los casos Agronitrogenados y Odebrecht. Lozoya, quien ahora colabora con el Gobierno, declaró haber pagado 52.3 millones de pesos a legisladores del PAN para aprobar la reforma energética del presidente Peña. Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, habría ordenado entregar 6.8 millones de pesos al exlíder del PAN, Ricardo Anaya. Como director de Pemex, «fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado…», denunció Lozoya.

El caso Ayotzinapa resurgió de las cenizas de la verdad histórica del procurador peñista Jesús Murillo Karam, y sus fantasmas persiguen ahora al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, contra quien existe una orden de arresto por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia. El Gobierno del presidente López Obrador ha reabierto otros expedientes cerrados por la administración de Peña Nieto e ignorados por sus predecesores panistas. Enseguida, algunos de los casos más emblemáticos:
Mario Marín y Kamel Nacif

El “gober precioso” de Puebla y el “rey de la mezclilla” están prófugos desde el 11 de abril de 2019, cuando el Primer Tribunal Unitario de Cancún ordenó aprehenderlos por el delito de tortura contra Lydia Cacho. En Los Demonios del Edén (2004), la periodista los señala como parte de una red de pederastia.

El 16 de diciembre de 2005, Cacho fue detenida en Quintana Roo y enviada a Puebla, bajo cargos de difamación y calumnia. En el trayecto sufrió tortura física y psicológica; dos policías fueron condenados y ella, exonerada en 2016. En enero de 2019, el Gobierno de AMLO le ofreció disculpas públicas. En julio pasado, el fiscal Gertz Manero anunció que Nacif fue ubicado en Líbano; su extradición ya está en proceso. La Interpol busca a Marín en más de 190 países.


Alonso Ancira Elizondo

El “rey del acero” fue detenido el 28 de mayo de 2019 en Mallorca, España. El exdueño de AHMSA enfrenta cargos por lavado de dinero en la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, en 2013. La petrolera compró la planta chatarra en 250 millones de dólares, cinco veces por encima de su valor real.

Adicionalmente, se gastaron 493 millones de dólares para ponerla en operación. En 2017, la Auditoría Superior de la Federación pidió a Pemex realizar las investigaciones pertinentes. De acuerdo con la FGR, el 28 de noviembre de 2012 -tres días antes de asumir la dirección de Pemex-, Emilio Lozoya transfirió a su hermana Gilda Susana (21 años) 3 millones de dólares de una cuenta de AHMSA.


Juan Ramón Collado Mocelo

La detención del “abogado de la elite política” ocurrió el 9 de julio de 2019. Entre sus amigos y clientes figuran Enrique Peña Nieto, Raúl Salinas de Gortari -hermano de Carlos, el expresidente-, el exlíder petrolero Romero Deschamps, el excandidato presidencial panista Diego Fernández y el empresario argentino Carlos Ahumada. Se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La justicia de Andorra le embargó 83 millones de dólares y lo investiga por asociación ilícita y blanqueo de capitales. El diario El País reveló que, a principios de año, el litigante cobró 4.4 millones de dólares a dos empresas fantasma de Andorra, las cuales recibieron contratos del Estado de México.


Rosario Robles Berlanga


La extitular de Sedesol y Sedatu está recluida en el Penal de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019 por La Estafa Maestra, consistente en la asignación de contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos, el 50% de los cuales se desvió a empresas fantasma (Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad). Asegura haber puesto al tanto de las irregularidades a Peña Nieto y a José Antonio Meade, su relevo en la Sedesol. La defensa alega que su cliente es víctima de persecución política del Gobierno de López Obrador. El juicio político aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 20 de marzo pasado se pospuso por la emergencia sanitaria. Finalmente, Robles decidió colaborar con la FGR. (Continúa).

“La pandemia causada por la Covid-19 ha ralentizado la economía alrededor del mundo, cerrado negocios, quebrado planes familiares, cancelado inversiones, viajes, proyectos y, sin duda lo más doloroso: ha puesto fin, hasta el momento, a más de 1.7 millones de vidas. En el caso de México la cifra supera los 118 mil decesos… y contando”, escribe Édgar London en el nuevo número de Espacio 4.

Sin embargo, dice, hay algo que no ha logrado detener o siquiera disminuir: la fe de los creyentes. Ese último hálito de esperanza al cual millones de personas se aferran para sortear los riesgos del día a día y que hoy van mucho más allá de mejorar el patrimonio familiar o no ser víctima de la violencia que azota la región.

Padres rezan, literalmente, para conservar su plaza labo-ral –se calcula que, a causa del coronavirus, en el país se perdieron 12 millones de trabajos informales y un millón 157 mil puestos formales registrados ante el IMSS–. Algo similar hacen las madres para que ninguno de sus hijos dé positivo al virus (…).

“Para el padre Roberto Carlos Robledo Sifuentes, vicario de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en Saltillo, no es raro que las personas busquen apoyo divino durante los momentos más difíciles de su existencia. Cuando el hombre ‘es tocado en su trascendencia, cuando sabe que es vulnerable a la inexistencia […] es ahí cuando se le pide a Dios su auxilio’, advierte. A su juicio, esta pandemia, a pesar de su devastadora mortandad, nos ha servido para valorar la importancia de mantenernos unidos espiri-tualmente, pues todos somos vulnerables a esta enfermedad, contar con la ayuda del prójimo y recordar que ‘el egoísmo es la dolencia más devastadora que el hombre padece cuando se aleja de Dios’.

“Mediante una entrevista virtual, el padre Roberto explica a Espacio 4 cómo la Iglesia, cons-ciente de la enorme importancia que tiene brindar apoyo en tiempos difíciles, ha buscado la forma de acoplarse a las nuevas circunstancias, sobre todo haciendo uso de la tecnología, para garantizar el sustento espiritual que buscan y requieren sus devotos.

“La iglesia se ha preparado siempre espiritualmente, antes y ahora en esta contingencia, advierte Robledo. Se impartieron cursos por parte de especialistas para atender a los feligreses en la pandemia. Las iglesias se certifican por medio de Protección Civil para poder abrirse y seguir protocolos. La iglesia siempre estará abierta y lista para responder a las necesidades que la feligresía necesita.

“En estos tiempos críticos de pandemia aumentó el interés por los medios de comunicación, pues a través de ellos nos podemos acercar a nuestra gente que necesita de la vida espiritual.

“Se celebran misas en pla-taformas virtuales en nuestra Diócesis, especialmente para las personas más vulnerables: niños y adultos mayores. Para los que sí han podido acompañarnos físicamente en las misas, se hace de manera muy especial, con la seguridad que nos marca nuestro sistema de salud y Protección Civil.

“La evangelización no se detiene ya que es una necesidad y exigencia espiritual. Y la atención espiritual está siempre presente a quien lo necesita. Esto es nuevo para todos, nos hemos estado ajustando conforme avanzan la situación. (…) la Iglesia (…) ha sabido mantenerse con fe, aunque los vientos soplen contrarios”.

Antes de ganar la presidencia en su tercer intento, Andrés Manuel López Obrador fue candidato al Gobierno de Tabasco en 1988 y 1994. Primero enfrentó a Salvador Neme Castillo y después a Roberto Madrazo Pintado, del PRI. En ambos casos denunció fraude y para destituirlos encabezó el Éxodo por la Democracia y Caravana por la Democracia. Neme dejó el cargo tres años antes de concluirlo y Madrazo fue “invitado” a renunciar por el presidente Zedillo, pero el entonces secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, no pudo persuadirlo.

El Éxodo y la Caravana reunieron a miles de personas en la Plaza de la Constitución de Ciudad de México, pusieron a AMLO bajo los reflectores y lo convirtieron en el líder antisistema por antonomasia. El tabasqueño ocupó la “silla del águila” sin haber sido Gobernador, como Vicente Fox lo fue de Guanajuato, pero sí Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Por ese puesto, segundo en importancia del país, desfilaron presidenciables como Javier Rojo Gómez, Ernesto P. Uruchurtu, Carlos Hank González, Manuel Camacho, Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores.

López Obrador ve en la mayoría de los gobernadores a representantes del viejo régimen al servicio de las oligarquías locales y en algunos casos incluso de la delincuencia organizada, lo cual explica la expansión de los cárteles de la droga en casi todos los estados. En Coahuila pasó durante el moreirato. El desafecto es mutuo, pero 10 ejecutivos locales –menos de un tercio del total– lo convirtieron en bandera en el contexto de la pandemia de Covid-19, la reducción de participaciones, la eliminación de fideicomisos y las elecciones intermedias.

El 1 de diciembre, justo cuando las encuestas registraban un repunte en la popularidad del presidente López Obrador (61% según Reforma; 71% de acuerdo con Gobernación), la Alianza Federalista desaprobaba en un mensaje digital la gestión del líder de la 4T: “El saldo es de innegable crisis y retos por delante; sin embargo, (…) reiteramos nuestra disposición a trabajar juntos. No podemos seguir en pleitos interminables cuando México reclama seriedad, soluciones y unidad (…) es su turno al bate”.

Interrogado al respecto y sobre el reproche del líder del PAN por su falta de voluntad para reunirse con las oposiciones y revisar la agenda nacional, AMLO aseguró que su Gobierno “avanza en el propósito de transformar al país”. El Ejecutivo federal guardó las distancias con los aliancistas (cinco del PAN, dos del PRI, uno del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y un independiente): “No voy a permitir… que se utilice la institución presidencial con propósitos políticos, con propósitos electorales. No lo voy a aceptar”.

En su turno al bate de la retórica, al que fue invitado por la Alianza para pasar “del manejo de la crisis a la administración de las soluciones”, el Presidente replicó: “Tenemos diferencias, son públicas, son notorias. Considero que no tienen razón, que tomaron todas estas acciones porque es temporada electoral, hay elecciones. Pero querían utilizarnos… venir aquí… tener reuniones y luego salir y declarar. Publicidad. Eso no, no es serio”. La aprobación presidencial tuvo un “rebote” de cinco puntos porcentuales en diciembre con respecto a la encuesta de agosto de Reforma, a pesar de la pandemia la inseguridad y del desplome de la economía. Según el diario, “la imagen (de AMLO) blinda (al) mal Gobierno”.

El coronavirus ha demostrado que la muerte es uno de los grandes igualadores. José Guadalupe Posada, creador de La Catrina, lo expresa así: “La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera”. La pandemia ha traído enseñanzas. Espacio 4 dedica “la Luz del Año” a quienes sacan el pecho en medio de la adversidad:

“La aparición del virus SARS-CoV-2 y la epidemia global en que finalmente derivó, contrario a lo que muchos pudieran pensar, también trajo aparejadas consecuencias positivas. La primera de ellas fue tomar verdadera conciencia de nuestra mortalidad. Experimentar en carne propia la certidumbre de que nuestro paso por la vida es efímero y que nos urge aprovechar cada día al máximo.

“Ya no porque lo leímos en una novela o lo percibimos al final de una película, sino porque el compañero de trabajo con quien reíamos, el vecino que nos brindó un poco de sal o el tío divertido que, pensábamos, nunca iba a morir, de pronto dejaron de acompañarnos. Es entonces que aceptamos la posibilidad de, mañana, ocupar su lugar.

“Asidos a esta realidad muchas personas aprovecharon la cuarentena para, en lugar de quejarse por las condiciones de confinamiento, compartir más con su familia y seres queridos. Una práctica desplazada generalmente por las tribulaciones en la oficina o la incesante búsqueda de mejoras materiales para nuestra existencia.

“Asimismo, se comprobó con beneplácito que la tecnología y, en especial, las redes sociales, pueden ser aprovechadas para algo más que compartir caritas felices, presumir éxitos o estar al tanto de la vida de los demás.

“La modalidad ‘home office’ ganó popularidad y demostró la importancia de mantenernos conectados, pero ahora sí, para generar un producto valedero. Se trata de producir en lugar de consumir. Escuelas, medios de comunicación, empresas, organismos gubernamentales y otras dependencias tuvieron que asumir la virtualidad como parte de sus labores cotidianas y servirse de ellas, so pena de hundirse a causa de las limitantes impuestas por causa de la pandemia.

“Las naciones, por primera vez, tuvieron que dejar a un lado sus ideologías, religiones e intereses económicos para unir fuerzas en contra de un enemigo común. La solidaridad estuvo presente en los equipos científicos interdisciplinarios que se crearon para hallar una vacuna contra la enfermedad.

“Y si bien los resultados no fueron positivos desde el inicio, hoy ya son varios los países –México incluido– que dieron luz verde a la aplicación del nuevo fármaco y se espera que, al menos en el país, para septiembre de 2021, toda la población esté vacunada.

“Por otro lado, descubrimos que los verdaderos héroes ni vuelan ni usan capa, aunque sí parecen tener súper poderes. Lo comprobamos en el personal de salud que, día y noche, trabaja sin descanso en los hospitales para atender a los contagiados, a riesgo –y, en ocasiones, a costa– de su propia vida. Reconocer el sacrificio de doctores y enfermeras es lo menos que puede hacer la sociedad, y esperar que el Gobierno haga otro tanto una vez terminada la crisis por la pandemia. Pero no se trata solo de economía o salud. En Estados Unidos, la Covid-19 sirvió de instrumento político para convencer a los votantes de qué Presidente debería guiarlos durante los próximos cuatro años.

El demócrata Joe Biden logró manejar el tema del coronavirus y las medidas de seguridad para proteger la vida mucho mejor que su contrincante Donald Trump, cuyos desplantes y total desprecio por los cubrebocas o respetar el distanciamiento social terminaron por costarle su lugar en la Casa Blanca.

“Y sí, es innegable que los decesos pasan el millón a nivel mundial y que todavía no estamos cerca del fin de esta epidemia, pero justo por tal motivo, es necesario seguir luchando y no dejar morir la esperanza”.

Los años no traen calamidades. En ellos ocurren y se consignan, pero incuban en el tiempo. La Tierra es un cuerpo vivo y, como tal, reacciona ante cualquier estímulo. Así, de cuando en cuando, no pasa la cuenta. «Espacio 4» dedica la «Sombra del Año» a la pandemia contra la cual la soberbia y muchas certezas humanas se estrellaron:

El 2020 será tristemente recordado como el año de la pandemia. Los estragos causados por el Covid-19 han sido numerosos y profundos. No hay área de interés para la existencia humana moderna que haya salido incólume de sus efectos, empezando, claro está, por el recurso más importante: la vida. Si bien la primera persona contagiada por el virus SARS-CoV-2 -nueva cepa de coronavirus- se detectó en noviembre de 2019, en la ciudad china de Wuhan, no fue hasta el 11 de enero del siguiente año que se confirmó la primera muerte por tal motivo. Desde entonces, el mundo entero ha reportado más de 77 millones de seres humanos contagiados y 1.7 millones de víctimas mortales.

Estados Unidos, India y Brasil son los más golpeados por la pandemia, mientras México marcha en el puesto 13 en cuanto a personas contagiadas con 1.7 millones y ocupa el cuarto escaño si de muertes por coronavirus se trata con 114 mil decesos. Incluso si la aplicación de las vacunas fuera completamente efectiva en todos los países, la demora propia en su producción, de la mano con la logística de distribución y las campañas de comunicación y convencimiento para que las personas accedan al fármaco harán muy tardado el proceso de contención. Por lo tanto, es de esperar otras miles de muertes antes de que nos podamos considerar medianamente a salvo.

Pero no se trata únicamente de incidencias negativas en el sector salud. Dentro del mundo de las finanzas, la banca mundial califica la contracción económica sufrida a nivel global como la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y es la primera vez, desde 1870, en que tantas economías experimentan una disminución del producto per cápita al mismo tiempo. En México, 13 millones 157 mil empleos formales e informales se perdieron por causa de la pandemia y la mayoría de quienes no fueron cesados tuvieron que acostumbrarse a sobrevivir con menos ingresos. En el caso de las micro y pequeñas empresas, muchas tuvieron que cerrar sus puertas. Ante esta calamidad la gente se vio obligada a escoger entre el cumplimiento de las normas de confinamiento que podrían salvarles la vida o exponerse a potenciales fuentes de contagio, pero tener acceso a la obtención de recursos con que mantener a sus familias. Una decisión difícil que se convirtió en algo habitual para muchos hogares.

El sistema educativo también sufrió las consecuencias. El cierre de escuelas obligó a hacer uso de medios virtuales para que no se viera truncado el ciclo en curso. Sin embargo, no todos los docentes contaban con las habilidades básicas para emigrar a plataformas digitales ni tampoco todos los estudiantes acogieron esta alternativa con agrado. Muchos padres de familia tuvieron que dejar sus trabajos para ocuparse de los más pequeños o, peor, cargar con ellos a los negocios para no dejarlos solos.

Empero, quizá sea en el ambiente político donde se obtuvieron los peores resultados. El Gobierno de México demostró total incapacidad para hacer frente a la epidemia. Primero intentó minimizar su impacto y, posteriormente, cayó en una serie de contradicciones que terminaron por confundir a la sociedad. El sistema de semáforos por estado, a la larga, fue olímpicamente ignorado y las estrategias de contención nunca se respetaron a cabalidad. Ni los propios políticos se pusieron de acuerdo, al punto que un grupo de gobernadores formó la Alianza Federalista para enfrentar las decisiones del presidente López Obrador. Así de caótico cierra este año.

Con respecto a la política anticorrupción del presidente López Obrador no se discute el fondo, sino la forma. Nadie puede negar que el aparato gubernamental está contaminado hasta la médula y nadie, excepto los caradura, puede oponerse a la clausura del pozo sin fondo de la venalidad. Javier Mariscal aborda el tema de los fideicomisos en «Espacio 4» (655).

«La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para “ordenar” los fideicomisos consideraba originalmente la extinción de 55, pero al final fueron 109 los que desaparecieron. El Senado aprobó la propuesta el 21 de octubre con 65 votos a favor y 51 en contra. Diferentes sectores manifestaron su rechazo. Para el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, la eliminación “de los (fideicomisos) que sí han dado rendimientos al país”, corta una línea presupuestaria en sectores relevantes como la investigación científica y el auxilio a la población en casos de desastres.

»“La erradicación se basa en una visión draconiana y maniquea con la que se destruye una herramienta del Estado para apoyar actividades relevantes para el país... Los cortes a machetazo nunca son estratégicos y eso es lo que ocurre ahora”, advierte en un comunicado. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, replica en un video que no todos los fideicomisos se han eliminado. “En el decreto sobre la extinción de fideicomisos, mandatos y análogos públicos, como fuente de financiamiento del Gobierno federal se especifica que al cierre de 2019 había 339 fideicomisos (56 estatales, 29 privados y 254 con aporte federal exclusivo o combinado).

»”El recorte aplicado cae solo sobre 109, que en inversiones abarcan 68 mil millones de pesos, apenas 9.35% de un total de 727 mil 65 millones comprendidos en esas 254 cuentas”, precisa el funcionario. Entre los contratos eliminados, 91 eran del Conacyt, incluidos los Fondos Mixtos (Fomix) con cada entidad federativa y con algunos municipios. La cancelación no es para reintegrar dinero a Hacienda -aclara-, pues la mayoría continuará como está programada. Solo algunas de las partidas que no se han movido por años se tomarán para reforzar el combate a la pandemia de Covid-19.

»La decisión de cancelar fideicomisos se tomó con base en el nivel de opacidad y la estructura del comité administrador de cada cuenta. “En general, el problema es que se trata de instrumentos financieros que se prestan a encubrir la manera en que son administrados”, declara Herrera.

»En todos los casos -explica-, se puede conocer quién y cuándo crea la cuenta o cuánto se aporta y de dónde procede el recurso, pero tan pronto ingresa al sistema financiero, la Ley General de Bancos entra en el juego: “la información referida a los depósitos y captaciones que reciban los bancos debe ser mantenida en secreto y solo se pueden dar a conocer a los dueños de ese dinero y a quienes ellos hayan autorizado”. Lo anterior dificulta conocer el monto acumulado, si las entregas llegan al destino preestablecido o a dónde van a parar los rendimientos que se generan durante el tiempo en que esos fondos no se tocan, entre otras cosas. (…)

»La Auditoría Superior de la Federación publicó en 2007 un trabajo de Irma Eréndira Sandoval, actual secretaria de la Función Pública, titulado Rendición de cuentas y fideicomisos: el reto de la opacidad financiera, con información desde 2004. En el capítulo Lagunas de la rendición de cuentas de fondos y fideicomisos, señala: “Estudios recientes documentan que los fideicomisos no han mostrado fidelidad a los principios rectores de la transparencia. Los problemas parten desde los consejos de administración, cuando son conformados por los propios beneficiarios”».

Para entender la fragilidad del sistema de salud en el estado debemos remitirnos al último informe de Rubén Moreira. Su legado se resume en 10 palabras: “Juntos construimos cuatro hospitales, la mayor cifra en nuestra historia”, dijo el megalómano ante el secretario de Salud, José Narro. No mencionó cuáles eran ni dónde estaban ubicados; tampoco habló de costos, para qué, si no le hablaba al Congreso, sino al espejo.

Dos de las instalaciones sanitarias –el Hospital Materno Infantil y el Oncológico de Saltillo– las inauguró poco antes de terminar su sexenio sin estar terminadas. Aquel 6 de noviembre de 2017, Moreira agradeció al presidente Peña Nieto el hospital del IMSS de Acuña –una de las 250 unidades médicas abandonadas por los gobiernos federal y estatales en el sexenio anterior– inaugurado apenas el 24 de octubre por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Moreira debió invertir 11 mil 778 millones de pesos en salud, según los presupuestos aprobados por “sus” diputados, pero la infraestructura no los refleja. El Gobernador cambió de secretarios de Salud como de calcetines. Uno de ellos, que ya había ocupado el cargo en otra Administración, renunció por el “ambiente corrupto”.

El diputado Jesús de León (PAN) desinfló el triunfalismo desde la tribuna del Congreso, donde fijó la posición de su partido con respecto a “la docena trágica del moreirato”. El Gobernador había ofrecido escuchar a las oposiciones, pero tampoco cumplió.

“Rubén dejó a Coahuila peor de como lo dejó su hermano Humberto. Es importante destacar los problemas que heredarán muchas generaciones y que sin duda el Gobernador no tocará en este informe (…), como siempre, le da la vuelta a estas preguntas; por eso los diputados del PAN no estaremos presentes cuando venga a este acto de simulación”.

Frente a un Congreso asfixiado por el PRI y sus adláteres, De León llevó al salón de plenos el sentimiento de legiones. “¿Qué pasó con la deuda pública? Hemos pagado más de 24 mil millones de pesos en intereses, pero debemos más que cuando Rubén Moreira inició su periodo, las cuentas no salen; ahora debemos 37 mil millones de pesos (…). La corrupción y la impunidad son el sello de Gobierno. En esta Administración nacieron las empresas fantasma, con más de 500 millones de pesos asignados a empresas de exfuncionarios (…)”.

El legislador lagunero y actual líder del PAN atribuyó la quiebra del sistema de salud al desastre financiero del “moreirato”.

“No hay medicamentos, no hay materiales, no hay siquiera una aspirina en los hospitales. Es un crimen desviar millones de pesos a empresas fantasma (la Auditoría Superior del Estado denunció irregularidades por más de 475 millones de pesos en tres de los ejercicios de Rubén Moreira, acento del reportero) y no atender la salud de las familias; es un crimen desviar recursos públicos a campañas políticas, derrochar millones para intentar imponer a Riquelme mientras los pacientes esperan por días para recibir atención, o tienen que pedir prestado para comprar medicamentos”.

El 21 de enero pasado, cuando la pandemia de Covid-19 todavía no trastocaba al mundo, el gobernador Miguel Riquelme reconoció ante la embajadora de Francia en nuestro país, Anne Grillo, haber recibido un sistema de salud en coma.

“Si les contara… pero ya está de nuevo en pie”. No dijo más. Para medio reanimarlo, el Estado invirtió 8 mil 980 millones de pesos en los tres últimos años, incluidos mil millones no presupuestados para afrontar la emergencia sanitaria. La deuda condena a Riquelme al trabajo de Sísifo.

La próxima legislatura local volverá a ser dominada por mujeres: 15-10, una por encima de la actual (14-11). Sin embargo, es poco gratificante que esa ventaja sirva más para el anecdotario que para los anales del Congreso, pues no existen políticas sustantivas en favor del género mayoritario. El mando lo ejercen los hombres. Se acabaron las «Juanitas» que cedían sus escaños a suplente varones, pero siguen sometidas al Gobierno y a sus partidos. Si la LXII Legislatura imita los pasos de la actual, aun con 20 diputadas nada cambiará y las víctimas de violencia, en cualquiera de sus formas, continuarán expuestas. De acuerdo con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre enero y septiembre de este año se cometieron 2 mil 150 homicidios dolosos de mujeres y 724 feminicidios. Estado de México, con una población de 16 millones de habitantes, lidera la estadística de muertes violentas por razones de género. En los primeros nueve meses del año ocurrieron 106.

En el lapso analizado por el SNSP, Coahuila, cuya población roza los 3 millones de habitantes, registró 20 feminicidios; y dos más en los primeros días de octubre. Justo durante las campañas para diputados, Alondra y Claudia fueron asesinadas en Saltillo, y Bertha en Piedras Negras. Los casos provocaron marchas y protestas frente al Palacio de Gobierno para demandar la renuncia de autoridades estatales y municipales. La captura de los supuestos feminicidas ocurrió en medio de una fuerte presión social.

Era el momento para que las 138 candidatas a diputadas formaran un frente único en demanda de justicia y para a elaborar, cualquiera que fuera el resultado de la elección, una agenda puntual en favor de las mujeres. Por respeto y en solidaridad con las víctimas y sus familias, las aspirantes debieron suspender sus campañas. Amal Esper podía marcar la diferencia, mas no obtuvo votos suficientes para llegar al Congreso. La respuesta a esa indolencia fue un abstencionismo de 60 por ciento. Las feministas mantendrán su lucha al margen de partidos que las ignoran y de un Congreso con el cual no se sienten representadas.

Los congresos federal y locales necesitan mujeres que inspiren, no que ocupen escaños para perderse en el anonimato, en la mediocridad o para votar cualquier iniciativa del Presidente o del Gobernador. Es el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, conocida por sus iniciales AOC, la integrante más joven (31 años) de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La activista de ascendencia puertorriqueña se ha convertido en un fenómeno político. Después de la Convención Nacional Demócrata donde fue derrotado su mentor Bernie Sanders, el diario El País calificó la participación de AOC como «una nota discordante “en el espíritu del pueblo”».

Alexandria coordinó la campaña presidencial de Sanders en las primarias de 2016. Antes de ser elegida, dos años después, esta extrabajadora de un bar y de una taquería, recorrió el país en coche. Defensora de los derechos humanos y voz de la izquierda que «llegó para quedarse», AOC dijo en una entrevista: «Antes sentía que la única forma efectiva de presentar una candidatura política era disponiendo de riqueza, influencia social y poder». Sin embargo, en Dakota del Norte, al ver a otros «poniendo todas sus vidas y todo lo que tenían en juego para proteger a su comunidad», encontró la inspiración para trabajar por los demás (Wikipedia).

Una sola AOC en el Congreso bastaría para que la próxima legislatura valiera la pena.

Nadie se retira de la política de manera voluntaria. Es ella quien aparta a sus oficiantes: en las urnas, por edad o por algún escándalo de corrupción. El caso de Armando Guadiana, como el personaje mismo, es sui géneris. Director de Catastro y diputado local en el Gobierno de Eulalio Gutiérrez Treviño, optó por mudar de la política a los negocios cuando Óscar Flores Tapia le ofreció continuar en el servicio público. Este empresario multifacético y controvertido saltó de nuevo a la palestra en 2011 con una serie de desplegados a plana entera donde denunciaba la megadeuda de Coahuila, demandaba procesar a los culpables y exigía la renuncia de Humberto Moreira a la presidencia del PRI.

A través de Transparencia y Participación Ciudadana, Guadiana Tijerina colocó el tema de las deudas estatales en la agenda nacional, con énfasis en la de Coahuila, por su contratación ilegal y su destino incierto. En algo contribuyó al despido de Moreira como líder del PRI, ocurrido el 2 de diciembre 2011.

Dos meses más tarde, ante Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de los Saraperos renunció al PRI, fustigó el cacicazgo de los Moreira y la corrupción en el estado, y se unió a su campaña.

Los expertos del clan en guerra sucia acusaron a Guadiana de lavado de dinero y de tener vínculos con el narcotráfico; también filtraron conversaciones privadas. En vez de arredrarse, denunció el “moreirazo” ante la PGR, y el 13 de julio de 2016 acusó al Gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional por las masacres en Allende y Piedras Negras.

El 7 de julio de 2017, el Obispo de Saltillo, Raúl Vera, presentó, ante el mismo tribunal de justicia, la comunicación, México: Asesinatos, Desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza, constituyen Crímenes de Lesa Humanidad. (Con esos antecedentes, ¿de qué le sirve al estado la pomposamente llamada Academia Interamericana de Derechos Humanos, creada por Rubén Moreira, a la cual se destinan 40 millones de pesos anuales del erario?).

Hoy Humberto Moreira políticamente es un espectro, y la Fiscalía General de la Republica investiga al Gobierno de su hermano Rubén por el supuesto desvío de 400 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero.

Después de su aventura fallida por la Gubernatura, Guadiana Tijerina se convirtió en senador y presidente de la Comisión de Energía. En ese carácter ha sido acusado de tráfico de influencias, pero como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo el domingo en su informe, “este hombre peculiar y honesto” goza de la confianza del presidente López Obrador.

La postulación de Guadiana para la Alcaldía de Saltillo trastocará el escenario político estatal. Morena y sus aliados buscan socavar la principal base electoral del PRI. El empresario minero no ha dejado el escaño para volver a la Cámara Alta derrotado, sino para ganar la capital y desde esa posición entrar de nuevo a la carrera sucesoria.

El partido de la 4T movilizará a Coahuila cuadros y estructuras para avanzar más en el norte. En Nuevo León, su candidata Clara Luz Flores, es la favorita para suceder a Jaime Rodríguez. Si el PRI da en Saltillo un paso en falso, lo pagará no solo en las elecciones de 2021, sino también en las de 2023.

En circunstancias normales el cuarto año marca el inicio del juego sucesorio y el declive del Gobierno, pero las condiciones de Coahuila y el país puede acelerarlos. En ese punto, el Presidente o el Gobernador de turno mueven ficha y los aspirantes toman posición para su eventual ungimiento.

Eliseo Mendoza pasó de la Subsecretaría de Energía a la presidencia de la Cámara baja; Rogelio Montemayor, del Senado a la coordinación de Solidaridad en el estado; Enrique Martínez, de sus empresas al Congreso; Humberto Moreira, de la Secretaría de Educación a la Alcaldía de Saltillo; Rubén Moreira, de la presidencia del PRI a la Cámara de Diputados; y Miguel Riquelme, de la Legislatura federal a la Presidencia Municipal de Torreón.

Humberto dejó de sucesor a su hermano Rubén y este a Miguel Riquelme. El escenario para 2023 es distinto. Hace cuatro años el PRI estuvo en un tris de perder la Gubernatura e incluso la victoria de Riquelme pudo haber sido anulada, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo salvó.

El Gobernador dice tener una relación cordial y de respeto con sus predecesores. Con respecto a quien, para algunos sectores, aún influye en las decisiones, o al menos de eso se jacta, acota. “Si yo hubiera visto que en este caso el exgobernador (Rubén Moreira) u otro expolítico quisiera meter mano a mi Gobierno, hubiera hecho lo mismo que ellos hicieron… (¿no tolerarlo?, énfasis del columnista). Entonces, no hubo necesidad (…)”
(Zócalo Saltillo, 29.11.20).

Riquelme sabe lo que se piensa acerca de cómo y por quién obtuvo la Gubernatura. “Aunque hubiera salido y les hubiera dicho: ‘oigan, yo soy diferente, yo soy Miguel Riquelme y voy a gobernar’, la gente te hubiera dicho: ‘no, estás loco cab…’. La verdad es que eso se tenía que demostrar. Ha costado, porque cuando lo haces a pulmón (…), pues tiene un mayor grado de complejidad. Hay muchas formas de demostrar que tú eres el Gobernador. Yo nunca he optado por esa línea. Mi línea ha sido demostrar (…) que tengo capacidad para llevar las riendas…”.

Los principales cargos de la Administración de Riquelme los ocupan exfuncionarios de Rubén Moreira; algunos, incluso, la misma cartera. En el Tribunal Superior de Justicia, convertido en reducto del clan, sucede lo mismo. Empero, el moreirato está de salida.

Sin autoridad moral ni respaldo social por la estela de corrupción de la megadeuda, las empresas fantasma, las masacres en Allende y Piedras Negras, las desapariciones forzadas y otros atropellos, la marca es objeto de repudio y de nuevas investigaciones. Sus acólitos, incluido el menor de la tribu, dejaron de representar un peligro y se han plegado al poder para no exponerse a una de las “muchas formas de demostrar” quien manda.


En la entrevista con Leopoldo Ramos, Néstor González y Sergio Cisneros, Riquelme fija los tiempos de la sucesión: “terminado el cuarto año es cuando empiezan a calentarse los motores”. No, los corredores ya están en la pista y las máquinas, a punto. Él mismo anticipa cambios en el Gabinete por los comicios del 6 de junio. El PRI nombrará al candidato, dice, pero el PRI es él. Lo demostró en las elecciones de diputados con un “carro completo” rotundo pero engañoso. A escala nacional, el PRI es un fiambre.

En el ámbito de su partido, Riquelme da una clave para la sucesión de 2023 con visos de compromiso: “Que (al Gobierno) no llegue alguien que venga a destruir nuestra entidad o las instituciones que hemos creado…”. ¿Una parodia de los Moreira? Impensable. Riquelme recibió un estado en ruinas en términos financieros, institucionales y de credibilidad.

El futuro gobernador no se elegirá en su despacho, sino en las urnas, pero lo que sí está en sus manos es la postulación de un candidato atractivo y confiable para los ciudadanos. Si el PRI –o sea él– se equivoca, las puertas para la primera alternancia se abrirán
de par en par.

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su objetivo: revertir una de las privatizaciones más cuestionadas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, como fue la venta de Altos Hornos de México a la dupla de Alonso Ancira y Xavier Autrey. El tiempo dirá si fue para bien. Así lo cuenta Édgar London en el bisemanario Espacio 4 (655).

“Declarada en suspensión de pagos desde 1999 en la Bolsa Mexicana de Valores, el futuro de AHMSA, la mayor siderúrgica del país, depende ahora de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) apruebe el contrato de compraventa recién firmado entre el Grupo Acerero del Norte (GAN) y la empresa Alianza Minerometalúrgica Internacional (AMI), donde se barajan mucho más que factores económicos.

“La negociación estuvo enrarecida por visos políticos y no faltó quien insinuara el fantasma de la expropiación en el traspaso de poderes. La relación de Alonso Ancira Elizondo (expresidente de AHMSA) con el salinismo se contraponen a la afinidad de Julio Villarreal (líder de Villacero y AMI) con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. (…) La acusación que pende sobre Ancira por la venta irregular de Agro Nitrogenados a Pemex en 2013 y la exigencia del Gobierno federal para que se devuelvan al erario 200 millones de dólares derivados del sobrecosto de dicha operación, sin duda dificultaron la rapidez del acuerdo.

“AHMSA tuvo un impacto negativo de 350 millones de dólares en el último año, en buena medida por las cuentas que le congeló la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Además, debe 300 millones de pesos a proveedores locales que esperan recuperar progresivamente sus inversiones. Para solventar estos problemas y recibir la tan necesitada inyección financiera, los Ancira aceptaron renunciar a sus acciones en la empresa y no interponerse en las negociaciones entre GAN y posibles aliados. Quizás con la esperanza de que, si se llega a completar un acuerdo en buenos términos, la Fiscalía General de la República retire las demandas y acciones punitivas en contra de Alonso Ancira.

“Las negociaciones, aunque lentas, lograron un paso importante tras la firma de un contrato de compraventa con la AMI. Hecho confirmado el 9 de diciembre por AHMSA vía comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores. (…) La negociación no fue inmediata ni estuvo exenta de especulaciones y recelo entre ambos bandos. La aprehensión de Alonso Ancira en España, acusado de corrupción tras la venta de la planta de Agro Nitrogenados a Pemex, y la supuesta cercanía de Julio Villarreal López Obrador dificultaban el desenlace.

“Tras varios sondeos, encuentros y desencuentros, finalmente el 9 de diciembre el Grupo Acerero del Norte hizo público el contrato de compraventa con AMI –integrada por empresarios de la Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Texas– y así proceder con el traspaso del 55% de las acciones de AHMSA una vez que lo apruebe la Cofece. El movimiento deberá incluir el paquete correspondiente a los Ancira y a Carlyle Technologies Corporation, controlada por la misma familia

–45% y 10% respectivamente– el resto seguirá en manos de otra familia: la de Xavier Autrey Maza.

“La asamblea de accionistas del GAN acordó trasladar ese 55% de títulos a un fideicomiso mientras se completa el pago. La fecha límite para el depósito era el 14 de diciembre. Al concluir el movimiento, la participación de Alonso Ancira como máximo representante de la siderúrgica pasaría a manos de Julio Villarreal. La entrega apareja la salida de Ancira tanto del GAN como de AHMSA. El vocero de la empresa, Francisco Orduña, explica que los Ancira se mostraron dispuestos a cooperar en todo lo posible con tal de revitalizar la empresa”.

Después de una burda campaña de inducción directa y triangulada en favor de proyectos personalistas, el Tribunal Electoral de Coahuila (conocido por su diminutivo debido a su estulticia y escasa entidad) resolvió que los alcaldes de Coahuila pueden reelegirse por tercera ocasión consecutiva. Para el presidente del organismo, Sergio Díaz, la elección de 2017 no tuvo carácter de «ordinaria» (Zócalo Saltillo, 16.12.20). Sin embargo, lo fue, pues las constituciones federal y local señalan cuando son extraordinarias.

En 2019, Jaime Bonilla (Morena) fue elegido gobernador de Baja California para un periodo de dos años «no reelegibles en ningún caso». Una vez en el poder pretendió cambiar las reglas, en complicidad del Congreso, mediante una reforma que extendía a cinco años su mandato. La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por unanimidad contra el atropello. Para el presidente del máximo tribunal constitucional, Arturo Zaldívar, la denominada Ley Bonilla representaba «un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional que se llevó a cabo (…) usando las herramientas de la democracia para minar la democracia» (El Financiero, 11.05.20).

Los alcaldes electos en Coahuila en 2017, junto con los cargos de gobernador y diputados, lo fueron «para un año con posibilidad de reelección para el periodo inmediato». No más. Quienes ya lo han sido dos veces no pueden serlo una tercera, así lo diga el tribunalito. Por tanto, cualesquiera que hayan sido sus motivaciones, su fallo lo revertirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sergio Díaz y Luis Efrén Ríos, actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia y exasesor electoral del PRI y de los Moreira, responden al mismo cacicazgo.

Los promotores de la reelección —visibles y embozados— tomaron la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador —«si está en la ley pueden hacerlo»— como una victoria. La ley fundamental dice al respecto: «Las constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por “un periodo adicional” (énfasis del columnista), siempre y cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años… (Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I).

El texto de la Constitución local sobre el tema es farragoso, pero igual acota la reelección: «Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, así como las personas que por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé o las que integren un Concejo Municipal, podrán ser electas para el periodo inmediato» (Artículo 30).

Algunas columnas políticas se hacen tanto eco del pensamiento el poder e incluso de burócratas anodinos, que reproducen la misma directriz ya no solo con puntos y comas, sino hasta con los mismos errores. En el asunto de la reelección de alcaldes, se envió un mensaje a los futuristas a través de la columna Verdades y Rumores: «Dicen que el que sabe que la trae no la anda buscando y el que se desespera comete errores”. (…) en la “capirucha” del pan de pulque, que es un importante bastión priista y en total oposición a la Cuarta Transformación, está más que claro hacia dónde apunta el “dedo milagroso”» (El Siglo de Torreón, 16.12.20).

Los comicios de 2018 invirtieron la fórmula “presidentes débiles” igual a “gobernadores fuertes” iniciada con Ernesto Zedillo tras el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien defenestró sin miramientos a 16 virreyes. Nadie se preocupó entonces de la soberanía de los estados.

En ese río revuelto, el PAN, con Diego Fernández como capitán de pesca, ganó gubernaturas en las urnas y fuera de ellas. Sin embargo, en la campaña presidencial de 1994, cuando el jefe Diego parecía estar en la antesala de Los Pinos, Salinas le apagó los reflectores o pactaron para dejarle a Zedillo –beneficiario del voto sentimental por el asesinato del candidato original Luis Donaldo Colosio– el campo abierto.

El descontento acumulado contra las administraciones del PRI, PAN y PRD fue uno de los detonantes del triunfo abrumador de Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente utiliza su fuerza para imponerse a los gobernadores y debilitarlos políticamente. Su amplía mayoría en el Congreso le permitió pasar sin cambios un presupuesto austero para 2021.

Los estados recibirán 87 mil 157 millones de pesos menos con respecto al año en curso por concepto de participaciones, aportaciones, convenios y subsidios. La Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera también hacen su parte para poner a raya a los ejecutivos estatales.

El gasto público “se repartía en el pasado como botín (…). Porque la función del Gobierno no era beneficiar al pueblo, sino facilitar el saqueo de unos cuantos, que eran los hijos predilectos del régimen. (…) El presupuesto era para tener contentos a todos los del Gobierno y que hicieran la vista gorda para que a sus anchas unos cuantos se beneficiaran de los bienes del pueblo y de la nación. (…) Antes no importaba lo que se hacía con el presupuesto (…) se destinaba para tener a la llamada clase política y a los traficantes de influencia contentos, y se ‘maiceaba’ a todos”, declaró el presidente López Obrador en una gira por Baja California, realizada del 27 al 29 de noviembre. Esta es la única de las 15 entidades que nombrarán Gobernador el 6 de junio próximo, con bandera de Morena.

La mayoría de los gobernadores son indefendibles, otros adolecen de ilegitimidad y 14 de ellos, conscientes de que el año próximo podrían ser relevados por un representante de la Cuarta Transformación, prefieren tener la fiesta en paz para no exponerse a ser investigados por delitos de corrupción o de distinta índole.

Sin embargo, nadie les garantiza impunidad. El plan del Presidente consiste en centralizar más el poder para aplicar en los estados los programas sociales, el combate a la venalidad y la eliminación de privilegios bajo los criterios de la 4T.

En Ensenada, el Presidente se refirió a los comicios de 2021 y a la orientación electoral del gasto público: “el presupuesto se usaba para comprar lealtades, conciencias, votos, había partidas de moches para todos”. La alternancia política en los estados se inició en Baja California en 1989 con el PAN. Veintinueve años después, Morena hizo carro completo. Acción Nacional y el PRI irán juntos en las elecciones intermedias. “Imagínense eso”, advirtió López Obrador, “se están quitando las máscaras los que engañaban que eran distintos. Qué bien que esto esté pasando, que no haya simulación, que no haya hipocresía”.

El partido con más gubernaturas en juego es el PRI (ocho), seguido por el PAN (cuatro). En Nuevo León, donde la alianza PRIAN no prosperó, la sucesora de Jaime Rodríguez, será la morenista Clara Luz Flores, de acuerdo con las encuestas.

Debutó con el pie izquierdo al ser derrotado por el panista Jesús Flores Morfín en el Distrito 10. En otra oportunidad le sacaron la candidatura de la bolsa. Repuesto del doble revés, por fin ingresó al Congreso en 2006. El 7 de julio de 2013 se despidió de su equipo con la idea de haber perdido la alcaldía de Torreón frente a Jesús de León, lo cual significaba el fin de su carrera. Así se lo comunicó al gobernador Rubén Moreira, pero en el último minuto rescató la elección con un margen de apenas medio punto porcentual.

Tres años después estuvo a punto de convertirse en el Francisco Labastida de Coahuila -Guillermo Anaya llegó a estar arriba en el cómputo de votos-, pero ganó la gubernatura por los pelos en un proceso impugnado por las oposiciones. Una semana antes del cambio de Gobierno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió a su favor. El triunfo, obtenido por una diferencia de 2.5%, le costó a Miguel Riquelme sangre, sudor y lágrimas.

El paso del primer Gobernador lagunero de este siglo por la LXI legislatura federal se recuerda por su combatividad. En una ocasión, mientras enviaba y recibía mensajes de texto, puso contra las cuerdas al secretario de Hacienda Ernesto Cordero, quien más tarde destaparía la megadedua de Coahuila. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray, intervino para serenar los ánimos. El coordinador de los diputados coahuilenses era Rubén Moreira, y el Gobernador su hermano Humberto. Videgaray fungía como cabildero de Enrique Peña Nieto, a la sazón Ejecutivo de Estado de México.

Riquelme, como los Moreira, ocupaba entonces la esquina de los rudos en términos “luchísticos”. Subordinados de candidatos nombrados desde el centro o por “consulta directa a las bases” (Enrique Martínez), estos operadores electorales se apoderaron de la estructura territorial del PRI para hacerse con el poder y desplazar a las elites. La experiencia resultó desastrosa, pues Humberto y Rubén Moreira hundieron al estado en la crisis financiera más profunda y duradera de su historia. Fue un Gobierno de 12 años marcado por la corrupción, la impunidad y la arrogancia. El nombre de Coahuila, asociado con el clan, es sinónimo de venalidad y desprestigio.

La sombra del pasado persigue al exalcalde de Torreón. “Lo dije en campaña, yo soy Miguel Riquelme y no me apellido Moreira”, declaró el Gobernador electo (El Financiero, 11.06.17) antes de ser confirmado por el TEPJF. “A partir del primero de diciembre, una vez que nombre Gabinete, una vez que nombre a los hombres y mujeres con los que voy a colaborar, entonces iniciará una nueva etapa, en la que buscaré ganarme la confianza de la ciudadanía”. La elección de 2017 fue la primera en la cual los candidatos de oposición superaron al PRI en votos: 60/30 en términos porcentuales. La alternancia estuvo a menos de 34 mil sufragios.

Una de las cosas que más me desconcertaban de niño, cuando acompañaba a mi abuelo Eulalio a las funciones de lucha libre en la plaza de Toros de Torreón, era ver a un técnico pasarse al bando de los rudos. Riquelme tomó la ruta contraria cuando asumió el poder ante un Congreso dominado por la oposición y empezó a reconstruir los puentes dinamitados por los Moreira, sobre todo por Rubén. Riquelme entendió el mensaje de las urnas. Después de navegar en un río de aguas profundas y en condiciones extraordinarias por la megadeuda y la pandemia de coronavirus, acaso su logro mayor consiste en haber mantenido el Gobierno a flote. Los tres años siguientes serán los más difíciles.

La sociedad entre el PRI y el PAN es de larga data: empezó en 1988, cuando el segundo avaló la elección fraudulenta de Carlos Salinas de Gortari. La maquinaria del Estado pasó por encima de Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por una coalición de izquierda bajo el paraguas del Frente Democrático Nacional (precedente del PRD), y Manuel de Jesús Clouthier, el célebre Maquío, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien representó las siglas del partido fundado por Manuel Gómez Morín en 1939 para plantar cara al presidente Lázaro Cárdenas y detener su proyecto socialista.

Clouthier jamás reconoció el triunfo de Salinas e incluso formó un gabinete alternativo del cual surgiría años más tarde el primer presidente no priista, Vicente Fox. En su libro La Cruzada por la Salvación de México, Maquío denuncia un fraude previo en Sinaloa (1986) para imponer a Francisco Labastida, con quien compitió por la gubernatura. El 1 de octubre de 1989, el excandidato presidencial y el diputado Javier Calvo Manrique murieron prensados por un tráiler en un sospechoso accidente en la carretera México-Nogales. Ambos se dirigían al cierre de campaña de Humberto Rice Rodríguez, quien ganó la alcaldía de Mazatlán.

El PAN legitimó a Salinas y su voto en las cámaras de Diputados y de Senadores posibilitó las reformas neoliberales para privatizar el ejido, la banca y decenas de empresas públicas, entre ellas Teléfonos de México y Altos Hornos de México; reanudar las relaciones Iglesia-Estado y eliminar del Artículo 82 constitucional la prohibición según la cual los hijos de extranjeros no podían ser postulados para la presidencia. Sin esa concesión al PAN, Fox no habría ocupado el cargo.

Salinas de Gortari recompensó generosamente a Acción Nacional, a los grandes capitales, a las iglesias y a las televisoras por hacer la vista gorda en el fraude de 1988. Un año después, el sistema reconoció la primera victoria del PAN en un estado (Baja California) luego de los fraudes en Chihuahua (1986) y San Luis Potosí (1991) donde postuló a Francisco Barrio y a Salvador Nava. También obtuvo gobiernos por gracia presidencial, como el de Guanajuato, donde Carlos Medina duró en el poder más tiempo que varios gobernadores del PRI electos en las urnas.

En la sucesión de 2006, Vicente Fox quiso eliminar de la carrera al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, con un juicio de procedencia, pero el tiro le salió por la culata, pues su partido estuvo a punto de perder la presidencia. Felipe Calderón habría pactado votos con el entonces Gobernador de Estado de México, Enrique Peña Nieto, para salvar la elección. Seis años después le pagaría el favor con una candidata del PAN débil y sin apoyo, Josefina Vázquez Mota.

La alianza PAN-PRI la vemos ahora en el terreno electoral, con la suma del PRD. Los tres partidos firmaron con Peña Nieto el Pacto por México para negociar, fuera del Congreso, pero sí con el aval de (sus) diputados y senadores, las reformas energética, laboral y educativa. La primera se logró mediante sobornos a legisladores de Acción Nacional y de otros partidos, según declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. La trinca intentará arrebatarle a Morena el control del Congreso en las elecciones intermedias y evitar su avance en los estados, 15 de los cuales nombrarán gobernador. Fracasar sería la palada final a la tumba de la partitocracia.

Humberto y Rubén Moreira gastaron 418 mil 720 millones de pesos en 12 años, incluida la megadeuda. De ese caudal, manejado discrecionalmente con la complicidad del Congreso, dominado por el PRI, en teoría 20 mil 213 millones de pesos fueron para el sistema de salud. Sí, solo 5% para más de 2 millones de habitantes (ahora rondan los 3 millones). Otro dato explica la situación de Coahuila en medio de la pandemia de Covid-19: la inversión en salud en el periodo 2006-2017, es 14 mil millones de pesos inferior al pago de intereses por la deuda en los nueve últimos años.

El 4 de noviembre de 2010, Humberto Moreira presentó su quinto informe ante la plana mayor del PRI y quien sería su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, en el Coliseo Centenario de Torreón. En un escenario más propio para un espectáculo que para una ceremonia oficial, Moreira dijo sin tapujos: “Quiero iniciar mi informe hablando de lo que es un tema de vital importancia para mi Gobierno, como es el tema de la salud. Hemos hecho una inversión sin precedentes en el tema de salud, casi 2 mil millones de pesos”.

Los números, sin embargo, no cuadran. De acuerdo con los presupuestos comprendidos entre 2006 y 2010 –aprobados por el Congreso– el gasto en salud debió ser de 6 mil 227 millones de pesos. “Mientras en Coahuila aplicamos el 22.4% de nuestro presupuesto en salud –remarcó el Gobernador– el promedio nacional se ubica en el 17.2%”. Las cifras dicen otra cosa: Moreira ejerció 116 mil 484 millones de pesos en el quinquenio. El 22% equivale a 25 mil millones de pesos, y la inversión real representa menos del 5 por ciento.

Si Moreira tiró el Distribuidor Vial Revolución de Torreón por fallas que no ameritaban la demolición total, por qué desaprovechar la oportunidad para exhibir a su exjefe Enrique Martínez ante el futuro Presidente de México (Peña Nieto) y la prensa nacional. “¿Cómo nos encontramos con respecto a cuándo arranqué mi Gobierno? Hemos logrado, se oye fácil, no lo es, triplicar las camas censables en Coahuila, es decir, crecer tres veces lo que teníamos en los servicios de salud. Además hemos logrado mejorar, equipar, modernizar, ampliar, los 123 centros de salud: 14 en la Región Norte, 10 en la Carbonífera, 12 en el Desierto, 17 en la Región Centro, 26 en la Sureste y 44 aquí en la Comarca Lagunera”.

Si estábamos tan bien, ¿por qué Coahuila pasa las de Caín, no solo por la pandemia de coronavirus, sino también para atender las demandas de salud de la población, sobre todo de la más pobre? Moreira y los suyos crearon su propio El Dorado. En el colmo del paroxismo, puso en duda la existencia de la megadeuda cuyo servicio de este año (4 mil 100 millones de pesos) equivale a dos tercios de la inversión en salud en sus cinco años de gestión. Los pasivos por 36 mil millones de pesos los mantuvo ocultos con la aquiescencia del Congreso.

“En 2012, los coahuilenses tendrán que pagar más por nacer, casarse, morirse, por tener coche o bicicleta y ahora hasta empezarán a pagar por entrar al parque o al museo, pues este año, la Legislatura local –en control del PRI– aprobó por mayoría esta serie de incrementos a la Ley de Ingresos, que repercute directamente en lo que pagan los ciudadanos por concepto de impuestos y servicios”, publicó Animal Político (05.12.11) cuando Moreira ya había sido destituido de la presidencia del PRI y posteriormente expulsado.

Los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón participaron en el homenaje presencial y virtual, transmitido por Facebook, para reconocer la trayectoria de Juan de Dios Castro Lozano, fallecido el 24 de noviembre pasado.

En la ceremonia, realizada el día 28, también intervinieron el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, y el líder nacional del PAN, Marko Cortés. Militante de Acción Nacional desde 1963, el destacado lagunero murió a los 78 años por Covid-19.

Las trayectorias académica y política de Castro Lozano fueron igual de dilatadas: licenciado en Derecho y máster en Derecho Laboral por la Universidad Autónoma de Coahuila; diplomado en Derecho Penal por la UIA, especialista en Derecho Parlamentario, maestro de lógica, griego y latín, y catedrático de Amparo en la Ibero Laguna.

Diputado federal en cuatro ocasiones, presidió la LIX Legislatura (2003). Como senador, representó a México ante el Parlamento Alemán y la Interparlamentaria Mundial en Santiago de Chile. Asimismo, representó al PAN en la primera visita de la Cámara alta a Cuba.

Originario de Torreón, pero avecindado en Lerdo, Castro Lozano ocupó con Vicente Fox la consejería jurídica de la Presidencia; y con Felipe Calderón, la subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República.

Hombre riguroso y modesto, era en las aulas donde se sentía realizado. “Mi vocación principal, estoy absolutamente convencido fue, ha sido y sigue siendo hasta la fecha, la de maestro. (….) Soy otro cuando doy clases a los alumnos”
(Milenio, 25.03.20).

Calderón aprovechó la ocasión para criticar a su expartido. Atribuyó la crisis del PAN, entre otros factores, a la falta de debate, razón por la cual –dijo– Castro Lozano dejó de asistir a las reuniones del consejo nacional.

Juan de Dios fue “pieza fundamental de la transición política y del ejercicio de la vida democrática del país que implicó una mística de sacrificio” como regidor, legislador y juez. “Hombre de verdades” y polémico, “no se andaba por las
ramas”, apuntó.

El expresidente embistió también a Andrés Manuel López Obrador. “La pandemia, y más que la pandemia, el torpe manejo, el irresponsable, negligente, hasta criminal, que este Gobierno ha hecho de la pandemia en México y que lleva probablemente más de 300 mil muertes y probablemente unos 15 millones de contagios, la mayoría ocultos”.

Calderón afrontó en 2009 la pandemia de la influenza (A-H1N1), originada en Veracruz, la cual, combinada con la crisis económica iniciada el año previo, desplomó el PIB en 10.3% durante el segundo
semestre.

Vicente Fox puso énfasis en el apego de Castro Lozano a los principios de la legalidad. “Es un día triste, pero a la vez de gloria porque se reconoce la labor de un formidable político, ejemplar padre de familia y catedrático”.

El gobernador José Rosas Aispuro, quien renunció al PRI para inaugurar la alternancia en un estado de caciques, ponderó los atributos del homenajeado: “gran duranguense, gran tribuno y gran padre (…), crítico de la mentira y de la impunidad, trabajó en la transición política en una época en que era pecado capital ser de un partido de oposición”.

La muerte de Castro Lozano, de quien siempre recibí un trato afectuoso y de respeto por mi oficio, representa una enorme pérdida para el país. Faltan líderes de su altura moral e intelectual y sobran oportunistas ávidos de riquezas y de reflectores.

La disciplina presupuestaria se rompió en el Gobierno de Humberto Moreira, un profesor sin experiencia administrativa, técnica o empresarial, a diferencia de sus últimos predecesores. Óscar Flores Tapia no poseía título universitario, pero además de realizar una vasta obra pagó pasivos heredados por más de 500 millones de pesos.

Eliseo Mendoza saneó las finanzas y Enrique Martínez liberó al estado de obligaciones bancarias. Moreira legó a Coahuila el deshonroso primer lugar nacional en deuda pública por su acumulación en tiempo récord y el sinfín de irregularidades para contratarla, de espaldas al Congreso dominado por el PRI y sin informar a la ciudadanía: en dos años (2009 y 2010), el débito se disparó a 36 mil millones de pesos, justo cuando los gobernadores competían por apadrinar la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto con fondos públicos.

El exalcalde de Saltillo recibió como premio la presidencia nacional del PRI, su imaginario trampolín para la Presidencia de la República. Incluso, ante las torpezas de Peña Nieto, se esparció la especie de que era el plan B de su partido. El gusto le duró menos de un año.

Peña lo defenestró el 2 de diciembre de 2011, por el escándalo de la megadeuda, un día después de haber asistido a la toma de posesión de su hermano y sucesor Rubén Moreira, quien boicoteó los débiles intentos del PAN para investigar y castigar la deuda.

En su informe de despedida (4 de noviembre de 2010), antes de abandonar el cargo para presidir el PRI, Moreira presumió ante Peña Nieto, uno de sus invitados en el Coliseo Centenario: “¿Cuáles son nuestras fortalezas? Economía diversificada, indicadores superiores a la media nacional, condiciones de bienestar social favorables, incremento en los niveles de inversión y deuda pública manejable. Somos el primer lugar nacional con menor porcentaje de gasto destinado a la deuda”.

La bomba explotó siete meses después, al conocerse el monto real de la deuda. En vísperas de la siguiente Navidad, la revista Forbes le dio un “regalo sorpresa”: el séptimo sitio en la lista de Los 10 Mexicanos Más Corruptos de 2013, un lugar por debajo del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, “acusado (…) por cargos de crimen organizado y lavado de dinero en Texas. Según las acusaciones en su contra, habría recibido sobornos de los principales grupos del narcotráfico en Tamaulipas, entre ellos el cártel del Golfo”. ¿Vecindad geográfica es destino? Las Cortes de Texas lo dirán.

La megadeuda comprometió las finanzas del estado e incluso el impuesto salvavidas: el de Nóminas, creado por Eliseo Mendoza hacia el final de su sexenio. El producto de ese gravamen ha sido utilizado para todo en las últimas administraciones, excepto para su función original: invertirlo en obras e infraestructura en los municipios donde se genera.

La “deuda manejable” presumida por Moreira tiene a Coahuila en precariedad financiera. La reducción de fondos federales para 2021, provocada por la caída de ingresos a causa del coronavirus, empeorará la situación. Las secuelas del moreirazo son infinitas.

Un informe de la Cámara de Senadores, presentado el 22 de agosto, advierte que al primer trimestre de este año: “los estados que presentaron una mayor relación de su deuda con respecto a sus participaciones federales fueron: Nuevo León con 178.4%, Chihuahua con 177.7%, Quintana Roo con 170.7%, y Coahuila con 166.6 por ciento”.

En las antípodas están: “Guerrero con 18.2%, Puebla con 16.5%, Guanajuato con 14.8%, Querétaro con 2.2% y Tlaxcala con 0.4 por ciento”. Tres de los estados de la Alianza Federalista, entre ellos el nuestro, tienen el agua a la boca.

A la pandemia de coronavirus se añade otro conflicto: el recorte al presupuesto de 2021 aprobado en el Congreso por los diputados de Morena y sus aliados. Javier Díaz González, administrador fiscal, vislumbra un panorama oscuro para las finanzas estatales: “El impacto será sumamente drástico (…), nos espera un año 2021 (…) difícil sin los recursos de convenios y subsidios. (…) Coahuila recibiría 3 mil millones de pesos menos” (Zócalo Saltillo, 12.11.20).

Tras el fracaso de la Alianza Federalista por mantener las participaciones en los niveles de este año, el gobernador Miguel Riquelme acusó el golpe: “Lo digo claro y con todas sus letras, porque no podemos ocultar que será un mal año el 2021 gracias a la aprobación de este presupuesto”. Una de las salidas para afrontar la situación consiste en buscar “toda la coordinación con los ayuntamientos (y) los mejores métodos de financiamiento para poder adecuar (las finanzas) sin endeudarnos”, expuso.

El moreirazo condenó al estado a 36 años de vacas flacas… y de impunidad. Coahuila dedica desde 2012 cantidades industriales de dinero para pagar a los bancos, y al mismo tiempo deja de invertir en salud, educación, infraestructura, seguridad y servicios esenciales. De los 4 mil 104 millones de pesos destinados este año para el “servicio de la deuda” (equivalentes al 9% del presupuesto), 3 mil 3 75 millones corresponden a intereses y solo 277.7 millones a capital; el resto será para pagar adeudos anteriores y costos por coberturas.

Por cada peso ejercido para atender la emergencia sanitaria por la Covid-19, el Gobierno gasta cuatro en el moreirazo. La pandemia tomó mal parado a Coahuila, y sin dinero al Gobierno. Esa confluencia de factores aumenta la presión sobre la Administración de Riquelme.

Al segundo trimestre de 2020, tres estados de la Alianza Federalista, registraban la mayor deuda per cápita del país: Nuevo León (14 mil 706 pesos), Chihuahua (12 mil 935.5) y Coahuila (11 mil 947.3 pesos). Las entidades con menor deuda por habitante no pertenecen a ese bloque: Puebla (mil 34.2 pesos), Guerrero (831.2), Querétaro (155.8) y Tlaxcala (22 pesos), de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez del Senado (Excélsior, 17.10.20).

Las acusaciones del PRI, PAN y PRD según las cuales Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, “traicionó” a los estados con la aprobación del presupuesto 2021, son retóricas e insostenibles. Las deudas de Nuevo León, Chihuahua y Coahuila se originaron en las administraciones priistas de Rodrigo Medina, los Moreira y César Duarte. El único Ejecutivo local que ha emprendido acciones para paliar la crisis económica mediante la recuperación de propiedades adquiridas con dinero del erario es el chihuahuense Javier Corral (PAN).

El exgobernador Rubén Moreira, investigado por la Fiscalía General de la República por el desvío de 400 millones de pesos de fondos federales (Reforma, 23.11.20), se ha montado en esa ola oportunista y llora lágrimas de cocodrilo: “Es muy lamentable que los diputados de Morena hayan dado la espalda a los coahuilenses”.

Entre 2014 y 2017, el Gobierno de Moreira distrajo más de 680 millones de pesos a empresas fantasma. Así lo denuncia el Hub de Periodismo de Investigación en el reportaje, Frontera de Papel: Desvíos de Empresas Fantasma en la Frontera Norte de México… y más (Espacio 4, 645).

Imposible pasar página a la deuda y a los atropellos del “moreirato”. Cada que la Administración renegocia con los bancos para tomar un respiro, la realidad financiera lo rebasa, exhibe sus flaquezas y desnuda la corrupción del “docenio trágico” solapada por Peña Nieto y olímpicamente ignorada por el presidente López Obrador.

En los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, el gasto en propaganda e imagen superó con mucho la inversión en salud y otros sectores prioritarios. Para más inri, entre 2015 y 2016 se desviaron 65 millones de pesos cuyo objetivo era la compra de medicamentos, de acuerdo con una denuncia de la Auditoría Superior del Estado presentada 2018, la cual permanece congelada junto con otras de ejercicios anteriores. Coahuila figura hoy entre los estados más afectados por el coronavirus.

Reestructurar la megadeuda le permitió al Gobierno liberar 411 millones de pesos. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 sacudió las frágiles finanzas estatales. El gasto para afrontar la emergencia sanitaria rebasa los mil millones de pesos, más del doble del “ahorro” derivado de la refinanciación. Pero los pasivos, en vez de bajar, aumentan. Para finales de este año, la deuda flotante y consolidada, llegará a los 43 mil 661 millones de pesos (5 mil 943 millones con proveedores y 37 mil 718 millones a la banca) de acuerdo con el estudio Finanzas Públicas de Coahuila… del Dicho al Hecho, dado a conocer por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCIL) el 10 de junio.

Coahuila tardará 24 años más en pagar el moreirazo, equivalente al 4.8% de su Producto Interno Bruto. “La deuda per cápita ha crecido tanto en los últimos años, que actualmente un coahuilense debe el triple (12 mil 179 mil pesos) de lo que un mexicano promedio (4 mil 252 pesos)”, dice el análisis. La herencia de los Moreira pesa sobre el Gobierno y los ciudadanos, máxime de los más pobres. La deuda es criminal, pues ha costado vidas por la falta de servicios –principalmente de salud– cuya insuficiencia pone de relieve la pandemia.

El manejo irresponsable de las finanzas estatales en el moreirato eriza la piel. “El financiamiento total solicitado como deuda en la Administración 2005-2011 (correspondiente a Humberto Moreira) fue de 58 mil 850 millones de pesos”. Con Rubén Moreira ascendió a 8 mil 190 millones de pesos y con Miguel Riquelme a mil 950 millones. “Para hacer frente a sus gastos, el Gobierno estatal ha tenido que recurrir a la contratación de deuda con bancos y proveedores”, expone el CCIL.

Mientras Coahuila tiene la soga a la garganta, el autor de la megadeuda hace relaciones públicas para lavar su imagen. El exgobernador Humberto Moreira informó el 31 de octubre que la Audiencia Nacional Española cerró el expediente por el cual fue detenido en Madrid, el 15 de enero de 2016, bajo los cargos de blanqueo de capitales y delincuencia organizada. Reforma consultó el mismo día las resoluciones del órgano jurisdiccional, pero no halló la del coahuilense. Moreira permaneció una semana en el penal madrileño de Soto del Real. Su liberación se atribuyó al presidente Peña Nieto.

Sin embargo, el problema del exlíder del PRI no radica en España, sino en Estados Unidos. La justicia de ese país ya tiene entre rejas al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en espera de sentencia; al exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, condenado a 20 años por participar en una red internacional de narcotráfico; y al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, bajo cargos de lavado de dinero y vínculos con el
narcotráfico.

Por los mismos presuntos delitos la DEA detuvo al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien posteriormente fue regresado a México. La justicia, para Coahuila, vendrá del norte.

La sucesión de acontecimientos y la segunda oleada de coronavirus dejan en el tintero casos relevantes como los del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos y la relación de AMLO con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Édgar London rescata los temas en el bisemanario Espacio 4.

“El regreso a México del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, luego de que la jueza de Nueva York, Carol Bagley, desestimara los cargos penales en su contra, representa, sin duda alguna, un acuerdo político falto de sustento jurídico. La hipótesis de un caso mal armado que la Fiscalía de Estados Unidos no sería capaz de sustentar en los tribunales ha sido desechada por completo. En cambio, la tozudez del presidente Andrés Manuel López Obrador de no reconocer la victoria electoral de Joe Biden, deja al descubierto su comprometimiento con Donald Trump que, en buena medida, puede haberle premiado su comportamiento con la liberación del general retirado, sobre quien recaen acusaciones graves: tres por narcotráfico y una por lavado de dinero.

“La jueza Bagley aseguró que Cienfuegos estará bajo disposición del Gobierno mexicano para que las investigaciones iniciadas en Estados Unidos –al militar lo acompaña un amplio repertorio de pruebas que buscan sustentar los cargos– sigan su curso en su país de origen. Sin embargo, es improbable que esto realmente suceda. El descontento de las Fuerzas Armadas tras la detención de quien fuera su líder máximo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quedó de manifiesto y pronto el Ejecutivo sintió la presión de los uniformados. Así que buscará contentarlos lo antes posible.

“En el mejor de los casos, se desarrollará una investigación a modo bajo todos los reflectores propagandísticos que, lógicamente, terminará por declarar la inocencia del exsecretario de la Defensa. A la corta, López Obrador contentará al Ejército Mexicano y se librará de sus presiones. A la larga, deja en evidencia su vínculo con Trump y una Administración que ya va de salida mientras la nueva, que muy pronto habrá de incorporarse, toma nota de su conducta y empieza a barajar sus cartas.

“La eminente salida de Donald Trump de la Casa Blanca puede ser aplaudida por la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, en Los Pinos, AMLO tendrá que rehacer la agenda política y económica si no quiere agudizar sus diferencias con el presidente electo Joe Biden. El demócrata defiende una estrategia completamente diferente a la del morenista en temas tan sensibles como el manejo de la pandemia provocada por el coronavirus y el desarrollo energético.

“Todo ello sin contar que, en Washington, pueden tomar mal la demora del Presidente mexicano para felicitar al ganador de las elecciones. Gesto diplomático que ejecutaron con rapidez la canciller alemana, Angela Merkel; el Presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Boris Johnson y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Incluso el papa Francisco llamó personalmente a Biden para extenderle sus congratulaciones.

“La excusa de ser ‘respetuoso de la autodeterminación de los pueblos’, esgrimida por AMLO parece bastante endeble ante la comunidad internacional. Máxime cuando Washington parece haberlo premiado con la liberación del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, en un hecho inédito para la Fiscalía General de Estados Unidos. (…) Esta relación bilateral, siempre tensa, pero por el momento benéfica, puede sufrir graves transformaciones a partir del 20 de enero, cuando Joe Biden preste juramento como el cuadragésimo sexto Presidente de Estados Unidos de América. Queda por parte del Gobierno mexicano hacer los ajustes imprescindibles y adaptarse a los cambios que, sin duda, esperan al doblar la esquina”.

Este mes se cumplen 10 años del mayor atraco sufrido por Coahuila en su historia: el moreirazo, cuya consumación ocurrió en 2010, cuando Humberto Moreira se despidió de la Gubernatura para ocupar poco después, de manera efímera, la presidencia de su partido.

El PRI renegó de su exlíder y lo expulsó en 2017, no por la deuda monumental contratada en forma irregular, ni por los agravios contra los coahuilenses y los casos de corrupción ventilados en España y Estados Unidos, sino por haberse postulado por unas siglas satélite, sin lograr su propósito de ser diputado local.

Moreira ocultó la deuda para presentarse ante el país como estadista, cuando en realidad se trataba de un embustero. En 2010, según algunas encuestas, era el Gobernador “mejor calificado de México”

–muy por encima de Peña Nieto–; el político al cual la mayoría de los mexicanos “le confiaría las llaves de su casa”.

Cuando presentó en Torreón su quinto informe, la deuda registrada en Hacienda rondaba los 8 mil 300 millones de pesos, sin embargo, la real, incluidos los vencimientos con proveedores, era cinco veces superior. De ese tamaño es el atropello.

En el Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios de 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advierte: “En el periodo 2011/2008, se identificaron ocho entidades con muy altos niveles de crecimiento real en su deuda, con tasas que se ubican en un rango de 2,420.5% hasta 199.1 por ciento”. Coahuila era el segundo lugar (1,639.2%) después de Campeche (2,420.5%), también gobernada por el PRI. Entre las nueve entidades “altamente endeudadas y en situación crítica”, Coahuila ocupaba el primer puesto.

Con respecto al saldo de obligaciones financieras en relación con las participaciones federales, nuestro estado ostentaba el primer lugar. En este punto, la ASE encendió las alarmas: “(…) en dos entidades federativas, Coahuila y Quintana Roo, el saldo de la deuda representa más del doble y el triple de las participaciones (federales), respectivamente…”.

Coahuila alcanzó asimismo el liderato en deuda no registrada: 23 mil 643.8 millones de pesos. El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero identificó los pasivos ocultos a través de “fuentes secundarias, como instituciones bancarias y la Bolsa Mexicana de Valores”.

Al cierre del periodo 2008-2011, Coahuila registraba el mayor incremento absoluto en la deuda con 34 mil 667 millones de pesos. En 10 años del moreirazo el estado ha pagado una cifra equivalente por concepto de intereses mientras los pasivos ascienden a 36 mil 444 millones de pesos.

Para mantener impune el atraco era vital la sucesión entre hermanos. Rubén Moreira se hizo con el poder para obstruir cualquier investigación sobre la deuda espuria con la participación, en ambos gobiernos, de un Congreso comparsa, el cual primero fue ignorado para contratar créditos anómalos; y luego, humillado para “legalizar” la megadeuda. Algunos de los diputados de la infamia volverán a serlo el año próximo.

El moreirazo se consumó en 2010, se destapó en 2011 y terminará de amortizarse en 24 años o más. Coahuila ha pagado caro las consecuencias de un par de gobiernos nefastos, cuya prioridad fue el lucro. La sombra de la venalidad, la violación sistemática de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad denunciados ante la Corte Penal Internacional por las masacres en Allende y Piedras Negras y los millares de desaparecidos, la ineptitud y la soberbia cubrió al estado y lo acompañará siempre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (67 años) es un hombre de símbolos. Su Gabinete lo integran ocho mujeres –el mayor número en la historia–, entre ellas la primera secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y 10 varones.

Contrario a la preferencia de sus predecesores por los tecnócratas de mediana edad –Videgaray, Meade, Nuño y Lozoya– en su primer círculo predomina gente adulta. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Díaz Leal, tiene 77 años. Los jóvenes son Luisa María Alcalde (32) y Román Meyer (36), titulares del Trabajo y de Desarrollo Agrario, respectivamente.

Tras la experiencia con Enrique Peña Nieto –en la picota por los escándalos de corrupción–, el mensaje de AMLO es obvio: los acólitos y oficiantes del neoliberalismo resultaron peor de corruptos que los dinosaurios de la vieja clase política.

El punto de vista es rebatible si se toman en cuenta casos como el de Manuel Bartlett, actual director de la CFE, y jefe de Gobernación cuando se orquestó el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 para imponer en la presidencia a Carlos Salinas.

Otro distintivo de la cuarta transformación son las figuras emblemáticas: Tatiana Clouthier (coordinadora de la campaña de AMLO) es hija del excandidato presidencial panista Manuel “Maquío” Clouthier; Alfonso Durazo (extitular de Seguridad Pública y aspirante al Gobierno de Sonora) fue secretario de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI a la presidencia asesinado en Tijuana; Rosario Piedra Ibarra (presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) es hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra; Lázaro Cárdenas Batel (coordinador de asesores de la Presidencia de la República) es nieto del expresidente homónimo e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas; Julio Scherer Ibarra (consejero jurídico del Ejecutivo federal) es hijo de Julio Scherer García –depuesto de la dirección de Excélsior por el golpe de Luis Echeverría–, fundador de Proceso.

Con mayoría holgada en las cámaras de Diputados y de Senadores, el siguiente paso de AMLO para afianzar su poder, y tangencialmente neutralizar a la Alianza Federalista, radica en ganar el máximo de gubernaturas el año próximo; Morena tiene ahora siete.

¿Cómo decidirá las nominaciones? Con una mezcla de pragmatismo, lealtad y futurismo político. Después de sus giras recientes por Coahuila y Tamaulipas, el Presidente viajó a Monterrey para reunirse con la diputada Tatiana Clouthier.

Dos días más tarde, la hija de Maquío declinó a la candidatura de Morena al Gobierno de Nuevo León, donde la intención de voto favorece a Clara Luz Flores, alcaldesa independiente de Escobedo y exmilitante del PRI. Ganar ese estado insignia –el más fuerte de la Alianza Federalista– significaría un jonrón para la 4T.

Entrevistada por Ricardo Raphael para Milenio Televisión, Tatiana negó haber platicado con AMLO sobre su postulación y dijo poder aportale más a Nuevo León “en el esquema nacional”. ¿Anticipo de un cargo en el Gabinete y boleto para la sucesión de 2024? El apellido Clouthier conecta con la derecha, el sector más crítico del Presidente.

Sobre la eventual nominación de Flores, Tatiana hizo una acotación: en las giras con AMLO por el estado y el país “hablamos de que no existió un PRIMOR”, una alianza entre el PRI y Morena. Clara Luz (46 años) militó en el partido tricolor, lo mismo que su padre y su esposo Abel Guerra, quienes también fueron alcaldes de Escobedo, pero el Presidente la destapó en una de sus giras por Nuevo León, igual que a Durazo en Sonora. La ola guinda empieza a levantar en los estados. ¿Llegará a tsunami?

Además del riesgo de perder 40% de sus integrantes en las elecciones intermedias, la Alianza Federalista adolece de otra debilidad: pesa poco en el Congreso para incidir en la agenda nacional, como se vio el mes pasado con la aprobación del presupuesto de 2021.

Los estados del frente con mayor número de diputados son Jalisco (16 de Movimiento Ciudadano) y Guanajuato (14 de Acción Nacional). Pero hay gobernadores que no tienen un solo legislador: Jaime Rodríguez (independiente), de Nuevo León, y José Rosas Aispuro (PAN), de Durango.

Morena –solo o con sus aliados– tiene mayoría de diputados federales en siete de los 10 estados de la Alianza. Las excepciones son Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes, donde el movimiento del presidente López Obrador perdió todos los distritos en 2018.

El partido gobernante de Chihuahua ocupa cuatro escaños en San Lázaro; los de Coahuila y Tamaulipas, tres cada uno; y los de Colima y Michoacán, uno en cada caso. Esa es una de las razones por las cuales no han podido empujar la reforma a la ley de coordinación fiscal.

El dominio de Morena y sus aliados –PT, Encuentro Social y Verde– en la legislatura actual les permite, por un lado, aprobar la mayoría de las iniciativas del presidente López Obrador; y por otro, contener a las oposiciones. Así ocurre en cualquier democracia.

Lo mismo hicieron el PRI, PAN y PRD en la Administración de Peña Nieto para sacar adelante las reformas energética, fiscal, educativa y laboral; ahora se sabe que mediante sobornos. Morena fue excluido del Pacto por México.

Peña encabezó un Gobierno dividido, pero los votos del PRI, PAN y PRD le aseguraban mayoría en ambas cámaras. Basados en esa fuerza –pues los diputados y senadores eran “suyos”–, los gobernadores obtenían mayores presupuestos e impunidad de la Federación. También presionaban en el Congreso para recibir fondos y aportaciones cada vez más generosos.

Su influencia política les permitía impulsar proyectos en distintas secretarías de Estado. Sin embargo, las inversiones no siempre llegaban a su destino por la alta corrupción y el desvío de recursos al bolsillo de los gobernadores, de su

círculo cercano y a las campañas electorales, como pasó en Chihuahua y en otras entidades.

La elección de 2018 invirtió los papeles: hoy Morena y sus satélites suman 333 diputados (66.6% de la Cámara). Con respecto a la anterior legislatura, el PRI bajó de 205 a 48, el PAN de 109 a 77 y el PRD de 54 a 12.

El partido del Presidente controla las comisiones más importantes como la de Presupuesto y Cuenta Pública, encargada de dictaminar el gasto de la Federación. El grupo lo preside Erasmo Robledo, diputado por Tamaulipas, uno de los estados que han amagado con romper el pacto federal.

Los gobernadores de la Alianza Federalista saben que bajo las condiciones prevalecientes no pueden avanzar su agenda en el Congreso, y es por eso que presionan desde fuera, mediáticamente.

Más aún, deben estar conscientes de que si en los comicios del año próximo pierden cuatro de los estados miembros –Nuevo León, Chihuahua, Michoacán y Colima– y Morena vuelve a ganar la mayoría de escaños en la Cámara de Diputados, el bloque estaría liquidado.

AMLO va por la mayoría de las gubernaturas. Si lo consigue, a los aliancistas les aguarda un fin de sexenio más difícil todavía. Hay algunos que incluso podrían no concluirlo. Por lo pronto, la Alianza perderá a dos de sus líderes: Javier Corral y Jaime Rodríguez, cuyos gobiernos terminarán en 2021.

Andrés Manuel López Obrador es sembrador de vientos y ducho en capear tempestades. Cualquier desliz o fallo presidencial se aprovecha, e incluso se exagera en algunos sectores de la prensa y en las redes sociales, para presentarlo como “autoritario”, “inepto” e “intolerante”.

En ese contexto surgió la Alianza Federalista –“feuderalista” para los defensores de AMLO– cuya demanda de participaciones, fondos y convenios federales es plausible, pero sin eco entre la población, más allá de alguna adhesión convenenciera e inflamada de patrioterismo.

El Presidente y su partido atribuyen al frente opositor motivaciones puramente electoralistas. Los gobernadores de Morena en la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Baja California, Morelos, Chiapas y Tabasco advierten que la urgencia de los aliancistas por las elecciones de 2021 los empuja a “una acción desesperada por llamar la atención. (…) La distribución de los recursos económicos a los estados requiere el reconocimiento de las desigualdades regionales y de una estrategia económica solidaria (…). Para decirlo con mayor claridad (…), el crecimiento económico del norte no puede significar la pauperización del sureste”, dicen en un posicionamiento difundido el 27 de octubre.

Alejandro Murat (PRI), Gobernador de Oaxaca –uno de los estados más pobres del país junto con Guerrero y Chiapas (Coneval)– ha declarado que el escenario actual no es adecuado para discutir el pacto federal. La sociedad no espera pleito de los gobernadores –arguye– sino “resultados ante el momento de esta emergencia nacional que enfrentamos con la pandemia por el Covid-19 para salvar vidas; también el pueblo pide que sus gobiernos se unan para encarar la grave crisis económica (…) a nivel global y nacional”.

La Alianza Federalista, formada por cinco gobernadores del PAN, dos del PRI –entre ellos el de Coahuila, Miguel Riquelme–, uno del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y un independiente, ha mantenido el pulso.

En un documento, emitido también el 27 de octubre, el bloque fijó su postura: buscar un diálogo con el Gobierno federal “para construir acuerdos (…), pero también para mandar el mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de su parte. Como estados libres y soberanos defenderemos nuestra dignidad ante el demérito, ataque y confiscación de lo que nos pertenece”.

Para Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), abandonar el pacto fiscal sería una medida extrema e inconveniente por las consecuencias legales y económicas.

Además, solo Nuevo León, Tamaulipas y Colima pueden tener autonomía financiera. “Por lo tanto, el 70% de los estados de la Alianza Federalista está en incapacidad financiera de hacerse cargo del gasto estatal y federal con los ingresos que generan en su entidad”. Por otra parte, los estados no pueden constituirse en “repúblicas independientes”, pues la Constitución lo prohíbe (Excélsior, 30.10.20).

El presidente López Obrador replicó a los aliancistas: “Están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal; primero, porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos que gobiernan (…); segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial”.

En su contrarréplica, los gobernadores anunciaron que prepararían una consulta. Sin embargo, la atención del país ha vuelto a centrarse en la nueva oleada de coronavirus. Entre los estados con mayor número de contagios figuran cuatro de la Alianza Federalista: Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León. El otro es Ciudad de México, gobernado por Morena.

El coronavirus y los feminicidios son temas de los cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador no podrá librarse. Sus estrategias y réplicas no convencen, pero el líder de la 4T sigue en sus trece. Ya se vislumbran vacunas contra el coronavirus, pero no contra la otra pandemia, como lo expone el bisemanario Espacio 4 en su sección de Luces y Sombras.

I

La carrera por obtener una vacuna contra el Ccovid-19 avanza con buen paso y los resultados, cada vez son más prometedores en cuanto a su eficacia, lo que resulta también muy importante en cuanto a la rapidez con que se pudiera obtener y distribuir el fármaco.

A los grandes avances ya publicados por los laboratorios de Pfizer/BioNTech y Moderna, se suma ahora su contraparte británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que asegura haber obtenido una eficacia media del 70% luego de practicar ensayos en más de 2 mil personas, de las cuales solo 131 contrajeron la enfermedad, con picos satisfactorios de hasta 90% en aquellos casos a los que se les aplicó primero media dosis y, un mes después, una dosis completa.

De esta forma, se mantienen firmes los laboratorios más destacados en la búsqueda de una cura, al punto de que en Estados Unidos el doctor Moncef Slaoui, asesor especial de la Casa Blanca sobre el coronavirus, anunció que las primeras dosis de la vacuna de Pfizer empezarán a suministrarse el 11 de diciembre en ese país.

II

El pasado 19 de noviembre México superó las 100 mil muertes por coronavirus. Con ello se mantiene como la cuarta nación en el mundo con más víctimas mortales y la segunda en Latinoamérica, solo superada por Brasil.

A pesar de que el Gobierno insiste en estar haciendo un buen trabajo, la estrategia de los semáforos por entidad federativa todavía no convence y los principales protocolos de salud –mantener la distancia física entre personas, desinfectar periódicamente manos e instrumentos comunes y el uso de mascarillas– siguen sin ser respetados por buena parte de la sociedad, incluido el Presidente de la República.

Es de esperar que los niveles de contagio no cambien porque tampoco cambiará la estrategia implementada por la Federación para combatirlo. Así lo dejó claro Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre ese punto: “¿Por qué cambiar? ¿Nada más porque a los que robaban no les gusta lo que estamos haciendo, o no quieren vernos en el Gobierno?”. Mientras el manejo de la pandemia sea un instrumento político, mal pinta el futuro de México en el sector salud. Los decesos por Covid-19 seguirán cuesta arriba.

III

Los feminicidios no cesan en México. Ahora fue Fresnillo, Zacatecas, el escenario para que una niña de 12 años resultara asesinada. A la menor se le reportó como desaparecida desde el 11 de noviembre. Todo indica que dejó su hogar luego de que un presunto profesor la citara para revisar tareas de la escuela. Las labores de búsqueda no tuvieron éxito hasta el día 22 del mismo mes, cuando policías municipales dieron con el cadáver.

Investigaciones posteriores determinaron que, antes de morir, Sofía sufrió torturas y violación sexual. El hecho indignó a la sociedad y, especialmente, a los grupos feministas, cuyos representantes montaron guardia e hicieron protestas frente al Ayuntamiento de Fresnillo para, finalmente, prenderle fuego.

Los asesinatos perpetrados contra mujeres son causa de cólera e irritación, pero si, además de ser mujer, la víctima también resulta ser menor de edad, tanto más se despierta la furia entre los pobladores. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo López, aseguró que trabajaba en coordinación con las autoridades para dar con los responsables. Falta ahora ver si cumple.

Informes de Gobierno los ha habido en distintas circunstancias, pero ninguno como en las actuales. El primero que cubrí, para el vespertino Noticias de Hoy de Torreón, fue el cuarto de Eulalio Gutiérrez Treviño. Entonces se debía venir a la capital con ropa de invierno.

Esa ceremonia y las siguientes transcurrieron sin sobresaltos, excepto la última, cuando Mario Ramón Beteta, secretario de Hacienda, vino con una doble encomienda: representar al presidente Luis Echeverría y cobrarle al estado –a micrófono cerrado– un adeudo por 500 millones de pesos por impuestos no enterados al Gobierno federal.

“En sus giras a La Laguna, el Gobernador llegaba en un Chevelle índigo, pilotado por Eleazar, y se hospedaba en el Hotel Río Nazas. Madrugador, fumador y siempre caballeroso, el día lo empezaba con una caminata por la avenida Morelos, sin guaruras, y remataba en el restaurante Apolo Palacio. Le acompañaba el alcalde de turno (Juan Abusaíd Ríos, primero, y después José Solís Amaro), políticos jóvenes (Mariano López Mercado y Heriberto Ramos Salas), y los reporteros de la fuente (Eduardo Elizalde o Arturo Cadivich, Carlos Robles y yo). Después recorría ejidos y algunas colonias. Era cuando los gobernadores respetaban la investidura”.

El primer sorprendido por la deuda con Hacienda fue don Eulalio; y el segundo, el Gobernador electo Óscar Flores Tapia, quien movió los hilos con su amigo Echeverría para lograr una tregua, y al final la cuenta quedó en ceros.

El dinero no fue a los bolsillos del grupo en el poder ni a empresas fantasma, como en futuros gobiernos sucedería, sino a gastos e inversiones en el estado. Una parte debió aplicarse a cumplir el capricho presidencial de construir una pista en Ocampo, donde Echeverría pasó en 1974 la Navidad. Gasto inútil, pues el Mandatario aterrizó en Cuatro Ciénegas.

“En otros informes hubo conatos de violencia (frente al Teatro de la Ciudad de Saltillo y el Nazas de Torreón), sin llegar la sangre al río, provocados por reventadores y líderes de la oposición”. En los dos gobiernos anteriores el Congreso local se amuralló para mantener a raya a agentes políticos y grupos de la sociedad civil cuyas demandas eran conocer el destino de la deuda, denunciar la corrupción rampante y exigir castigo por los atropellos. Los diputados que llevaron al salón de plenos el enojo popular recibieron por respuesta el clásico salinista “ni los veo ni los oigo”.

Humberto Moreira no informaba. Los escenarios eran para el lucimiento de un mago en cuya chistera ocultaba una deuda por 40 mil millones de pesos con bancos y proveedores, y el público aplaudía. Rubén, su hermano, adoptaba poses de estadista con legislaturas amaestradas.

Entre los primeros informes que cubrí y los del “docenio trágico” no hay punto de comparación. El ceremonial y el respeto al cargo devinieron en actos de culto a la persona. El formato debe cambiar y abrirse al debate serio, no simulado.

En la historia reciente, ningún gobernador rindió su informe en medio de una emergencia y menos de una pandemia como lo hará Miguel Riquelme este lunes. El lagunero recibió un estado en crisis por la megadeuda, el colapso del sistema de salud y el descrédito de las instituciones. La sociedad sigue agraviada por los desmanes del moreirato y la impunidad que lo cobija. De tenido otros predecesores, Riquelme podría afrontar el recorte en las participaciones federales sin tanto agobio. Informe habrá, aunquela rama cruja.

Uno de los rituales del presidencialismo era el besamanos ignominioso. Después de cada informe, las Fuerzas Armadas y los gobernadores homenajeaban al “líder máximo”; las primeras, en el Campo Marte y los segundos, en la Hacienda de Los Morales.

La alternancia sepultó el culto y Andrés Manuel López Obrador borró sus últimos vestigios: convirtió la residencia oficial en Centro Cultural Los Pinos, “rifó” el avión –palacio con alas “que ni Obama tenía”– y desapareció el soberbio y elitista Estado Mayor Presidencial cuyo lema era “¡Al Presidente nadie lo toca!”, para acercarse a la gente. Incluso a María Consuelo Loera, madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El Presidente viaja en vuelos comerciales y en los estados se traslada por carretera. Las giras son austeras –no pernocta en hoteles de cinco estrellas– y sus comitivas compactas. También prescindió de la legión de guardaespaldas que cuidaban a sus predecesores, aun con perros. El poder imperial se trasladó a los estados y municipios. Algunos gobernadores y alcaldes utilizan equipos y aparatos de seguridad ostentosos, flotillas de vehículos de lujo y enjambres de asistentes, secretarios y asesores de imagen.

Sin embargo, los gestos del líder de la Cuarta Transformación no producen seguridad, bienestar ni empleo. Entre enero y septiembre de este año ocurrieron 26 mil 231 homicidios dolosos y 724 feminicidios.

La retórica presidencial tampoco genera crecimiento económico ni reduce los efectos de la Covid-19, cuyas cifras ya excedieron el millón de contagios y los 100 mil decesos. Empero, el común de la gente todavía lo califica bien después de una sucesión de presidentes distantes y proclives al dispendio, el lujo y la frivolidad.

López Obrador pretende imponer a los estados el cuestionado modelo de austeridad y combate a la venalidad de la 4T. También busca suprimir los organismos que sean fuente de corrupción y absorban fondos públicos, con escasos o nulos resultados, para orientar el presupuesto a donde más se necesite. En Coahuila, la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Estatal Anticorrupción, herencias de Rubén Moreira, le cuestan al Estado más de 75 millones de pesos anuales. El Instituto Electoral gastará en el presente ejercicio cerca de 390 millones de pesos, de los cuales 164 millones son para financiar a los partidos.

Gobernadores y un sector del empresariado y de los medios de comunicación reprochan al Presidente que el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas distan de ser prioritarios. Ambos proyectos, junto con el aeropuerto de Santa Lucía, recibirán una inyección por 102 mil millones de pesos el año entrante, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso. El monto equivale a la reducción en participaciones y aportaciones federales a los estados. El recorte podría ser de hasta 182 mil millones de pesos, según la Alianza Federalista.

AMLO ha pedido a los mandatarios locales vender los aviones –o dejar de alquilarlos, si no se tienen– y las residencias oficiales para ahorrarle gastos al erario. El único en responder ha sido Quirino Ordaz (PRI), de Sinaloa, quien, por cierto, no forma parte de la Alianza Federalista.

Después de varios intentos fallidos, la casa de Gobierno se subastó en 22 millones de pesos. El dinero serviría originalmente para mejorar la infraestructura hospitalaria, pero al final se decidió invertirlo en una unidad deportiva y en un centro recreativo (Río Doce, 17-03-20).

Si es verdad que “quien pierde la vergüenza, no sabe lo que gana”, entonces la utilidad de quienes jamás la tuvieron debe ser inconmensurable. En Coahuila hay ejemplos recientes. A un amigo lagunero, hombre bueno, le entró el gusanillo de la política.

Dejó la vida empresarial y lo perdió todo o casi todo después de ser Alcalde en tierra de caciques. Formar parte de la segunda hornada se convirtió en un suplicio: empezaron por armarle campañas infamantes y cuando el acoso se volvió insoportable e incluso peligroso, optó por refugiarse en Estados Unidos. Al cabo regresó a los negocios, pero sin el esplendor de antaño. La política, en su caso, significó su ruina.

En uno de los momentos álgidos de su presidencia, nos reunimos. Acudió armado de carpetas, informes y estados financieros, planos, croquis. “Todo lo que dicen sobre la obra tal son mentiras, puedo demostrarlo”, me dijo. “Estás acorralado, tocaste intereses, desafiaste a los mandones del pueblo y el Gobernador no quiere problemas”, fue mi respuesta. “Te anticipo la respuesta a tu defensa: ‘lo acusamos de corrupto, no de tonto’, apuntarán con índice flamígero”. La réplica es muy manida, pero infalible. A partir de allí, la Administración entró en barrena.

Al Capone, uno de los gánsteres más celebres de la historia, hizo fortuna con la ley seca (1920-1933) y la protección de una red políticos y policías. Sin embargo, este “vendedor de antigüedades”, como se presentaba, fue puesto entre rejas, como bien es conocido, no por temas relacionados con el alcohol ilegal, las drogas o por la masacre del día de San Valentín de 1929 en Chicago, sino por evasión de impuestos. Tras 11 años en prisión, el sucesor de Johnny Torrio murió en su casa de Florida, víctima de neumonía.

Coahuila recibe una buena noticia después de una serie interminable de malas nuevas, iniciada con la elección de Humberto Moreira y la sucesión entre hermanos: la investigación, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Gobierno de Rubén Moreira por el ejercicio indebido de 400 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), antes Programa de Contingencias Económicas.

Vista desde una perspectiva macro, la suma es una bicoca frente a la megadeuda de 36 mil millones de pesos, la mitad de los cuales se esfumaron de las arcas del Estado y aparecieron en cuentas privadas.

El presidente Andrés López Obrador ofreció que la FGR de Alejandro Gertz Manero llevará el caso “hasta las últimas consecuencias”. Causas existen de sobra. En la columna Elefante blanco (21.11.20) cito un caso: “El Metrobús Laguna es una obra encantada de mil 500 millones de pesos (…) en la mira del presidente López Obrador”. Pero hay más, en la investigación Frontera de Papel: Desvíos de Empresas Fantasma en el Norte de México, el Hub de Periodismo de Investigación documenta el desvío de otros 680 millones de pesos en los cuatro últimos años del Gobierno de Rubén Moreira (Espacio 4, 645).

Por su parte, la Auditoría Superior del Estado denunció penalmente el desvío de 675 millones de pesos a 13 empresas fantasma, también durante la gestión de Rubén Moreira. Una de las firmas es Riviera Álamo, vinculada a María Esther Monsiváis, operadora estelar del clan.

Los políticos, como la esposa del César, no solo deben ser honestos, sino parecerlo. Mi amigo exalcalde lagunero lo era, pero sus adversarios le crearon mala fama; Capone no, y menos lo parecía. Y de los Moreira, ni que decir tiene. Si AMLO y Gertz cumplen, abrirían un resquicio para la justicia en un estado tan agraviado como
escéptico.

El talón de Aquiles de la Alianza Federalista es su aislamiento del resto de la República. Mientras no sea mayoritaria ni sume a entidades clave –Estado de México, CDMX, Puebla y Veracruz, la primera en poder del PRI y las restantes gobernadas por Morena– difícilmente incidirá en las decisiones políticas y económicas de la Cuarta Transformación.

Menos con Andrés Manuel López Obrador, quien ganó la Presidencia en todos los estados. La excepción fue Guanajuato, trampolín de Vicente Fox para encabezar la primera alternancia. Sin embargo, decepcionó al país y terminó en esperpento.

Los ejecutivos estatales eran satélites de la “presidencia imperial”, la cual alcanzó su culmen en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; con Enrique Peña Nieto (EPN), devino en burdel. El fin de la “dictadura perfecta” atomizó el poder y dio paso al “feuderalismo”.

Fox le soltó la rienda a los gobernadores, no tanto por espíritu democrático, sino por indolencia, pues, de ser el caso, los habría sometido a controles a través del Congreso, sobre todo en temas de gasto y seguridad.

El aval de los estados para legitimar a Felipe Calderón, después de una elección fraudulenta, lo ató de manos: no pudo, aunque era su intención, procesar a los gobernadores marcadamente venales. Apadrinado por los “virreyes” estatales con votos y dinero del erario –también de deuda, como en Coahuila–, EPN hizo la vista gorda frente a latrocinios y abusos de la generación bautizada por él como la del “nuevo PRI”.

El encarcelamiento de Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), la detención de César Duarte (Chihuahua) y las investigaciones contra Humberto y Rubén Moreira (en Estados Unidos) fueron posibles por la presión mediática nacional y extranjera.

López Obrador cosechó el voto de castigo contra los gobernadores del PRI, PAN y PRD. El desaire de Claudia Sheinbaum (Ciudad de México), Cuitláhuac García (Veracruz) y Miguel Barbosa (Puebla) a la Alianza Federalista se entiende, pues militan en Morena. Pero ¿cómo se explica el desdén de Alfredo del Mazo (Estado de México)? Primo de EPN e hijo y nieto de exgobernadores, Del Mazo no come lumbre. Su déficit de legitimidad –apenas ganó con el 33.5% de los votos– contrasta con la fuerza de Morena. El partido guinda es mayoría en el Congreso y gobierna 65 de los 125 municipios, entre ellos Toluca; el PAN tiene 33 alcaldías y el PRI 20 de menor rango.

La Alianza Federalista no solo no ha podido expandirse, sino que corre el riesgo de achicarse. Para las elecciones del 6 de junio próximo, Morena aventaja en Chihuahua, Colima, Michoacán y Nayarit, según las
encuestas.

El partido del Presidente también encabeza la intención de voto en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Si el pronóstico se cumple, e incluso si el PAN y el PRI retienen algunos estados, Morena ocuparía el mayor número de gubernaturas.

El voto en cascada volvería a darle a López Obrador la mayoría en el Congreso. Con esa combinación de resultados, Morena podría asegurar seis años más en Palacio Nacional. El tiempo juega en contra de la Alianza Federalista. Los amagos de romper el pacto federal surtieron el efecto bumerán.

Caer en la trampa de las consultas y las votaciones a mano alzada terminaron por hacerle el caldo gordo al Presidente, quien para reunirse con los mandatarios locales impone condiciones: “diálogo sin politiquería”.

El Metrobús Laguna es una obra encantada de mil 500 millones de pesos o un elefante blanco en la mira del presidente López Obrador. El sistema debió entregarse hace tres años, pero la pandemia de coronavirus pospuso su operación para el año próximo.

Mientras todo el mundo se lava las manos, la infraestructura se deteriora y si algún día llega a funcionar, antes tendrá que ser reparada. El tema lo trata la periodista Lilia Ovalle en el bisemanario Espacio 4.

“El 19 de julio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó por qué canceló la entrega de recursos para continuar con el proyecto del Metrobús en la Laguna. Fue durante una mañanera que dijo, ya estaban aprobados para expandir la obra a los municipios de Durango, pero que, de manera legítima, 5 mil personas se opusieron y fue por esa razón que respaldó la cancelación a mano alzada.

“–Se cuestiona mucho esto, pero, ¿cómo vamos a llevar a cabo una obra que no quiere la gente? ¿Cómo vamos a imponer? Si les digo, yo iba con información para decirles: ‘Ya obtuvimos los recursos para que se construya el metrobús’. Yo pensé que lo iban a aplaudir. No. Resulta que lo vinculan a corrupción. (Tras una prolongada pausa el Ejecutivo remató): ‘Quién sabe por qué’.

“A casi cuatro años del inicio del proyecto el recuento de daños es enorme. Desde el cierre de largos tramos carreteros, decisión que impactó a conductores y peatones durante años, hasta la afectación económica para los pequeños y medianos comerciantes.

“No se puede hablar de ello sin establecer el incumplimiento de contratos, retrasos para la entrega de avances de la obra y, sobre todo, la nula transparencia en el manejo de recursos públicos, lo que propició demandas y amparos de inconformes.

“Pero también hubo fallas en las obras que provocaron lesiones a dos trabajadores y la muerte de una mujer atropellada por una retroexcavadora. El operador echó en reversa de manera imprudencial mientras realizaba maniobras en el bulevar Revolución.

“En suma, la obra está en un pantano, a pesar de que violentó el derecho ciudadano y se generaron daños patrimoniales económicos y culturales al retirar el Torreoncito, de lo que el propio Rubén Moreira y Miguel Ángel Riquelme renombraron como ‘Plaza Cívica Conmemorativa del Centenario de la Toma de Torreón’.

“Al igual que la crítica severa que se ejerce en tiempos de pandemia sobre la movilidad del pobre, cuando se cuestiona más al obrero por festejar en un barrio los 15 Años de su retoño en tanto que se guarda silencio por la boda para 700 invitados que un político le ofrece a su hija, los actos vandálicos sobre el patrimonio arquitectónico y cultural han sido una constante en Torreón y en la mayoría de los casos no se circunscriben al grafiti que hace una feminista furiosa, sino al robo que ejercen delincuentes y mandatarios.

“En este apartado han coincidido personajes como el historiador Carlos Castañón Cuadros y el artista y arquitecto Gustavo Montes, quienes han referido que los monumentos son signos identitarios de gran valor de las ciudades, los cuales muchas veces se ven amenazados por los gobernantes de turno.

“Montes considera que el saqueo de monumentos no se puede explicar si no se piensa en que existe algún tipo de contubernio entre la delincuencia y las fuerzas de seguridad. Por ello exhorta a generar amor hacia las cosas para que sean respetadas, hecho que demuestran con creces los indígenas en sus comunidades. De lo contrario, se preserva la idea de que ‘el que no tranza no avanza’, criterio que genera una individualidad feroz y rapiña”. (Texto completo en espacio4.mx)

La liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y su regreso a México para ser investigado por delitos de blanqueo de dinero y narcotráfico, sorprendió, por excepcional, a tirios y troyanos.

Las hipótesis del caso dependen de la acera que se ocupe con respecto al Gobierno de la Cuarta Transformación. Entre la captura del divisionario en Los Ángeles, su traslado a Nueva York y su entrega a las autoridades mexicanas transcurrió poco más de un mes, lapso durante el cual tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

El punto es que sin la intervención de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, un arreglo así hubiera resultado imposible, a menos que la justicia de Estados Unidos declarara no culpable al militar después de un proceso largo y complicado.

En ese sentido, se habla de un “regalo” del magnate neoyorquino a quien hasta hoy no ha dado su brazo a torcer en el tema del resultado electoral del 3 de noviembre, cuando algunos sectores del Partido Republicano han aceptado el triunfo de Joe Biden a regañadientes y el equipo de Trump ha retirado las impugnaciones en varios estados.

Mientras una acera pondera el “triunfo” de la diplomacia mexicana y de la soberanía nacional, la de enfrente califica la victoria de “pírrica” y advierte: “el obsequio no será gratuito”. La forma como se detuvo a Cienfuegos, en un viaje de placer con su familia, devino ofensa para México y en particular para las Fuerzas Armadas, las cuales, por mucho, son las instituciones más confiables en nuestro país. Quizá a quien debieron detener es a Peña Nieto, por el caso Odebrecht, como en 2016 le ocurrió al exgobernador y exlíder del PRI Humberto Moreira, en España, donde fue liberado una semana después por intervención del entonces Presidente.

Cienfuegos representó a nuestro país como agregado militar en Japón y Corea del Sur. Su hoja de servicio es impecable, pero si el máximo líder castrense protegió a un cártel de la droga, como asegura la DEA, debe ser investigado.

Sin embargo, existe una inconsistencia: 14 días antes de dejar el cargo, Cienfuegos y el secretario de la Marina, Vidal Soberón, recibieron en Washington la condecoración Legión al Mérito, impuesta por el jefe del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial, general Terrence J. O’Shaughnessy (Reforma, 16.11.18).

La cruz se instituyó en 1942, bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, y se otorga a los miembros de las Fuerzas Armadas de su país y de las naciones aliadas. El primer mexicano en recibirla fue Abelardo L. Rodríguez, antes de ser nombrado presidente sustituto de Pascual Ortiz Rubio en 1932.

La Legión al Mérito –tan importante como la Medalla de Honor– es la única recompensa con grados en Estados Unidos. La distinción se concede con la autorización del Departamento de la Defensa y del Presidente, quien, en el caso de Cienfuegos, era Donald Trump. Desde esa perspectiva, la liberación del exsecretario puede corregir un error.

Cierro con una anécdota: en la campaña de 2012, después de entrevistar a Manuel Camacho Solís, en Torreón, le expresé que una de las debilidades del candidato Andrés Manuel López Obrador era su escaso roce con el mundo.

“Es un problema, sí, pero en eso le va a ayudar mucho Marcelo (Ebrard)”. El excomisionado para la Paz en Chiapas ya no está aquí para verlo, pero tenía razón: no es la primera vez que el canciller le saca las castañas del fuego a AMLO, razón por la cual tiene etiqueta de presidenciable.

El enfado contra el neoliberalismo y la globalización, y el error de los partidos por fundirse, borrar sus fronteras y dar la espalda a las mayorías, lo capitalizaron líderes como Donald Trump, en Estados Unidos, y Andrés Manuel López Obrador, en México, para llenar el vacío de poder. Acaso por ello se entienden, incluso el líder de la 4T, no ha reconocido el triunfo de Joe Biden. Después de la Guerra Fría, los partidos se corrieron hacia el centro y al hacerlo perdieron identidad. Trump y AMLO abandonaron el centrismo, congestionado por derechas e izquierdas, polarizaron y se distinguieron de los demás.

El senador Bernie Sanders apuntaba hacia el socialismo democrático, pero era mucho para Estados Unidos y el Partido Demócrata, razón por la cual se decantaron por el moderado Biden. La corrección política neutralizó a los partidos y a sus gobiernos. El deseo de quedar bien con todo el mundo, la costumbre de no llamar a las cosas por su nombre y la rendición ante los grupos de presión, debilitó a los poderes públicos y a las instituciones. El lenguaje se pobló de eufemismos para no herir sensibilidades ni molestar a la sociedad ni a las corporaciones con la aplicación estricta de la ley. En México, los rescoldos de oposición en el PAN y PRD fueron devorados por los pantanos de la corrupción peñista y por el embuste del Pacto por México.

Fuera del centro, el discurso antisistema, contestatario y rupturista de Trump y López Obrador, conectó con legiones de ciudadanos despreciados por el “establishment” y agraviados por líderes políticos y gobernantes venales. Sin ser modelo de congruencia de sus prédicas, el derechista y el izquierdista lograron un amplio respaldo en las urnas pese a sus errores y políticas divisivas. Ambos se enfrentan a los medios de comunicación y a los sectores críticos de la sociedad. Trump hizo de las noticias falsas la base de su Gobierno y AMLO ha convertido las conferencias “mañaneras” en jurado popular donde no hay más juez que él.

La paradoja consiste en que el Presidente estadunidense superó su propia votación y estuvo en la antesala de la reelección; el mexicano, a su vez, mantiene altos niveles de aprobación, no obstante los graves y crecientes problemas del país. En ambos lados de la frontera preocupa más el tema económico que la pandemia por coronavirus; incluso en México, 52% aprueba la gestión de la pandemia y 45% la reprueba, de acuerdo con la última encuesta cuatrimensual de Reforma. La cita de AMLO con las urnas será el 6 de junio próximo cuando se elija nuevo Congreso federal, 15 gubernaturas y casi 2 mil alcaldías. La intención de voto favorece al partido del Presidente (Morena), entre otros factores por la falta de oposición. Sin embargo, también anticipaba un triunfo apabullante de Biden.

Al margen de cómo termine el proceso del 3 de noviembre en Estados Unidos y del resultado de las elecciones intermedias en México, los movimientos políticos de Donald Trump y López Obrador, trascenderán sus gobiernos para bien o para mal, según el color del cristal con que se mira. Ambos visibilizaron heridas y agravios ocultos por sistemas basados en la corrupción, los privilegios y las complicidades. Antes de su ascenso al poder, las sociedades al norte y al sur del río Bravo ya se hallaban divididas; prevalecían la desigualdad, la injusticia; el racismo allá y el clasismo aquí. Empero, en lugar de sanar los males, los han agravado con el virus de la mendacidad y la discordia.

El reloj retrocedió 14 años cuatro meses. El 2 de julio de 2006, los mexicanos nos fuimos a la cama sin saber quién sería el sucesor de Vicente Fox: el conservador Felipe Calderón o el progresista Andrés Manuel López Obrador. El IFE despejó la incógnita cuatro días más tarde al declarar vencedor al panista por un margen de apenas 0.62 por ciento.

El candidato del PRD denunció fraude, impugnó el resultado y movilizó a sus simpatizantes. La historia se repitió el 3 de noviembre al norte del río Bravo. El triunfo de Joe Biden, para convertirse en el 46° Presidente de Estados Unidos, se anunció cuatro días después de las elecciones cardíacas del martes previo.

Donald Trump y sus simpatizantes, cuya actitud ha rayado en la rebeldía, descalificaron el resultado y amenazaron con llevar el caso a la Suprema Corte, donde seis de los nueve jueces fueron propuestos por presidentes republicanos; un tercio de ellos, por el actual.

Contra todo pronóstico, Trump no se derrumbó: su elevada votación –72.9 millones, 10 millones más que en 2016– deslució la victoria de Biden, quien captó 78.6 millones para totalizar 306 votos electorales, 74 por encima de su rival.

Antes de la pandemia de Covid-19, la reelección del empresario neoyorquino se daba por sentada. La economía marchaba bien y el empleo crecía. Ronald Reagan, el Presidente más exitoso de Estados Unidos de los últimos tiempos, dice en sus memorias tituladas Una Vida Americana que los ciudadanos votan según la salud de su bolsillo: si tienen dinero, apoyan al partido gobernante. El coronavirus destruyó millones de fuentes de trabajo, pero la base electoral de Trump se mantuvo fiel e incluso creció.

El manejo inadecuado de la pandemia por parte del Presidente –Estados Unidos ya rebasó los 11 millones de casos y casi el cuarto de millón de muertos– y sus efectos económicos y sociales, aunados a los conflictos raciales por el asesinato de George Floyd, el 20 de mayo, en medio de las campañas, entusiasmaron a los simpatizantes del ex vicepresidente de Obama.

Las encuestas captaron ese estado de ánimo, pero pasaron por alto la fe de los votantes en un líder producto de la crisis del bipartidismo estadunidense y el rechazo ciudadano a la clase política tradicional –manifestado alrededor del mundo–, representada por Biden.

En el fondo no se trata solo de personas, sino del mundo y de la política. La política refleja al mundo y el mundo a la política, inmersos en una profunda crisis de valores. La mentira, la doble moral, la avaricia y la insolidaridad son las fuerzas imperantes.

El descontento contra la partitocracia, la concentración de la riqueza, la injusticia social y los gobiernos venales de todo signo y color es manifiesto. La democracia representativa no vive sus mejores días. El fenómeno recorre Europa, Asia y América. Tampoco hay líderes.

Las opciones para la Presidencia de Estados Unidos fueron limitadas. En las primarias de los partidos Demócrata y Republicano hubo pocos jóvenes y algunas figuras atractivas como Bernie Sanders, quien le disputó a Biden la nominación.

El rechazo al estatus quo, el anquilosamiento de las estructuras partidistas y el empobrecimiento de gran parte de la población han permitido la irrupción y ascenso al poder de figuras controversiales, mesiánicas y populistas. Sin experiencia parlamentaria o gubernamental, como la mayoría de los presidentes de su país, el triunfo de Trump sobre Hillary Clinton –hace cuatro años– y su desempeño el 3 de noviembre pasado son consecuencia del repudio social hacia las castas políticas.

La segunda oleada de Covid-19 es más grave y virulenta que la primera. Hace un año nadie imaginaba que la historia cambiaría radicalmente en 2020 a causa de un virus de cuya existencia se conoció por primera vez el 31 de diciembre pasado en Wuhan, China.

La enfermedad tomó al mundo por sorpresa. Los gobiernos reaccionaron ante a la emergencia con los recursos a su alcance y las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Algunos países aplicaron masivamente pruebas y otros optaron por la inmunidad de grupo o de rebaño.

La cuarentena, el distanciamiento físico, la higiene frecuente de manos y el uso de mascarillas han probado su eficacia para proteger a la población y reducir la propagación del virus. Las autoridades restringieron la movilidad, las actividades no indispensables y decretaron cierres parciales de la economía.

En los primeros días de noviembre ya se habían superado los 50 millones de contagios y las muertes por el SARS-CoV-2 sumaban más 1.2 millones. Existe optimismo sobre el desarrollo de vacunas, pero aún falta tiempo para su aprobación y aplicación en masa.

Esta ola es peor, pues encuentra a los sistemas sanitarios exhaustos, a los gobiernos rebasados, a la economía debilitada y a la sociedad harta de encierros y prohibiciones. Los rebrotes de Covid-19 tienen su origen justamente en el desacato de las normas de salud, lo cual puede regresarnos al punto de partida.

Las condiciones actuales son más delicadas por los efectos acumulados de la pandemia en todos los ámbitos. Por tanto, resulta imperativo respetar y aun extremar las medidas preventivas. Sin la participación y el compromiso comunitario difícilmente los gobiernos podrán contener la nueva oleada de coronavirus.

No hay país, por poderoso que sea, capaz de afrontar una situación así, menos aún si se sale de control. Los hospitales están saturados, los decesos se multiplican y la moral decae. Médicos y personal sanitario están sometidos a una presión descomunal y cada vez más expuestos a infectarse y a morir. El llamado del sector es al sentido común: el peligro, lejos de haber pasado, es potenciado por la irresponsabilidad de quienes anteponen su libertad al bien propio y ajeno.

La salud es más importante que la economía, pero una no debe excluir a la otra. Lo sensato es buscar un equilibrio entre ambas y aceptar que la circunstancia exige sacrificios. La pandemia lo ha trastocado todo y obliga a replantear prioridades. No se trata de un tema de política o de partidos.

La emergencia nos rebasa y demanda unidad de los sectores público, económico y social para librar una batalla que ha provocado dolor, muerte, zozobra y miedo. Es comprensible el deseo de recuperar la normalidad perdida, pero la realidad lo impide.

El mundo cambió y debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias. Nadie está a salvo del virus, ni aun quienes se creían inmunes a cualquier calamidad –los poderosos–, pero son pocos quienes pueden afrontarlo sin la angustia de cómo subsistir sin trabajo ni acceso a los servicios de salud esenciales.

Son tiempos, pues, de solidaridad, máxime con los desamparados. La rendición, por cansancio o falta de fe, no es opción. La Covid echó abajo nuestras certezas. Somos vulnerables. Un agente infeccioso microscópico tiene al mundo de rodillas. No aticemos la pandemia con la inconsciencia colectiva.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió la reelección, pero obtuvo un triunfo inesperado. No para él, sino para la libertad de expresión de la que ha abusado tanto. Carlos Fuentes advierte en su libro Personas: “La paradoja feliz de la democracia es que debe garantizar todas las opiniones, incluso las que no son democráticas”. Trump es todo —megalómano, mitómano—, menos demócrata. En el debate sobre la interrupción de su discurso del 5 de noviembre, las televisoras ABC, NBC y CBS salen mal libradas, a diferencia de Fox News y CNN, las cuales mantuvieron la transmisión con advertencias de que el Presidente hablaba de fraude sin pruebas.

Javier Mariscal presenta en el bisemanario Espacio 4 (653) opiniones de expertos entrevistados por el diario argentino Perfil (07 11 20) acerca de si “las cadenas televisivas, y otros canales, como el diario USA Today, hicieron lo correcto”. Para la mayoría, se trató de “una forma de censura”.

“Como medio privado, yo puedo decidir si lo pongo o no y cuánto tiempo al aire, pero mis razones no deben incluir el argumento de que miente; hacerlo así es imponerle un criterio a una audiencia que consideramos que requiere tutela. ¿Sacarlo del aire porque miente? ¿Acaso quienes te consumen siempre van a recibir lo que es cierto, nada que sea mentira? ¿Quién garantiza eso? En este caso, confrontar lo dicho contra datos y hechos debió ser la reacción periodística”, Néstor Sclauzero, director de RePerfilAr y exdirector de la televisión pública.

“Desde mi punto de vista, la decisión es un tipo de censura. Quien se adjudica el poder de cancelar hoy a Trump, mañana puede cancelar a Biden o a cualquiera. Se deben contrarrestar las falsedades con pruebas en lugar de silenciar a quien las dice”, Silvia Ramírez Gelbes, lingüista y directora de la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés.

“No comparto la decisión de sacar a alguien de la escena pública en el momento en que se expresa.

Lo mejor hubiera sido invitar a un político, a un politólogo o alguien del Estado fuera del ámbito del Poder Ejecutivo para buscar la manera de restablecer la verdad sobre el asunto”, Luciano H.

Elizalde, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.

“Es una decisión de fuerte impacto que convierte a NBC, CBS y ABC en protagonistas de un hecho político que agrega una polémica innecesaria a la tensa definición electoral. Creo que debieron dejarle concluir, sin importar si para el periodista de turno lo que dijo era verdadero, falso, justo o injusto, mientras no haya un delito evidente como la incitación al odio.

La audiencia tiene derecho a enterarse y sacar sus propias conclusiones. La labor del periodismo es informar, no censurar. Decir: ‘Señores, el Presidente está diciendo esto’, y después abrir lo dicho al debate y escrutinio público”, Gonzalo Terra, gerente de Noticias de Canal 4 de Uruguay.

“La mentira no se mata de una vez. La decisión de sacar del aire a un Presidente en funciones se basa en esa ilusión, pero es contradictoria porque ese hecho refuerza las teorías ‘conspiranoicas’ que esgrime Trump.

La decisión de censurar solo se entiende por el hartazgo de cuatro años de su circo. Lo bueno, si acaso, es que quienes quieren institucionalizar la mentira observen que hay un periodismo que, aunque puede equivocar el método, busca cumplir con su objetivo: proteger la verdad”, Fernando Ruiz, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.

En circunstancias normales hoy estaríamos reunidos –en La Canasta o en El Mesón Principal– periodistas, creadores, líderes sociales, empresariales, políticos y servidores públicos para celebrar un aniversario más –el 25– del bisemanario Espacio 4.

La emergencia sanitaria nos priva del privilegio de abrazar a tantos amigos y de agradecer su aliento y compañía. Ya habrá tiempo para el reencuentro y la celebración. David Brondo, uno de los fundadores, escribe en el suplemento conmemorativo Alas de Libertad:

“Corría octubre de 1995. Eran tiempos en los que aún se respiraba en los medios la resaca de un autoritarismo priista, recrudecido en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El endurecimiento del régimen de los tecnócratas frente a la prensa era evidente. Desde los ojos del poder, la lógica era clara: a los periodistas independientes había que ignorarlos, acosarlos o perseguirlos. Una forma extraña de concebir la libertad de prensa y el derecho a la información.

“Un cuarto de siglo representa, en cualquier ámbito de la vida humana, tiempo suficiente para haber acertado, errado y, sobre todo, aprendido –se lee en el editorial de aniversario–. Espacio 4 no escapa de esta verdad. Durante 25 años ha sido capaz de evolucionar hasta convertirse en un medio de comunicación maduro que busca, incesantemente, entregarle a sus lectores un producto informativo actualizado y de calidad.

“Este nuevo aniversario amerita la consabida felicitación, pero también justifica echar un vistazo hacia la labor realizada a lo largo de todo este tiempo. Espacio 4 ha sido testigo y reflector de momentos históricos trascendentes, tanto en México, como en el resto del mundo. Las transformaciones políticas,
sociales y económicas ocurridas durante los últimos cinco lustros han encontrado lugar en las páginas de este catorcenario y cada una de ellas ha sido motivo de reflexión, análisis y un acercamiento objetivo.

“En momentos donde la tecnología y la interconectividad intentan convencernos de que estamos mejor informados que nunca, es importante que los medios de comunicación hagan valer su experiencia y profesionalismo para acabar con esos cantos de sirenas y hacer notar que una noticia, sin contenido válido, es como una hoja que flota en el viento y termina por perderse en el laberinto de (des)información que muchas veces conforman las redes sociales y sus émulos. Por sobre estos espejismos, Espacio 4 intenta erguirse y mientras más arriba se extiende, más profundo hinca sus raíces, consciente de que solo una buena base le permitirá ganar altura.

“Y esa base está conformada por un equipo de trabajo que invierte tiempo, dedicación y mucho esfuerzo para que, cada dos semanas, una nueva edición de este periódico llegue a manos de su público. Sin duda, los nombres han variado. Editores, diseñadores, columnistas, se han sucedido por 25 años; pero también, sin duda, todos han respetado y defendido los principios de la democracia, la libertad y la justicia.

“Cuando se trabaja de esta manera, el carácter efímero de la vida humana se enaltece ante la perdurabilidad de una obra bien hecha. Esa, y no otra, ha sido siempre la intención de Espacio 4. Hacer un trabajo bien… y de bien. Donde la verdad y la imparcialidad prevalezcan para hacer del ejercicio periodístico un oficio que enaltezca las virtudes de sus practicantes, sin importar costo o sacrificio.

“Es deseo de cada uno de quienes conformamos este periódico, cumplir con esa premisa y que dentro de 25 años más se mantengan vigentes los mismos valores y principios éticos que hoy nos caracterizan, aunque, por supuesto, sean otras firmas y otras voces quienes los reivindiquen”.

Las maquinarias electorales se mueven con dinero. Y como el financiamiento público no alcanza para el acarreo, el reparto de dádivas y la compra de votos, siempre se ha recurrido a otras fuentes; privadas, en algunos casos, y delincuenciales, en otros. En procesos altamente desairados, como los del 18 de octubre, los partidos con mayor estructura territorial siempre tendrán la mesa servida, así propongan a los peores candidatos, pues la abstención mayoritaria les permite ganar con sus bases. En cambio, cuando la participación ciudadana excede el techo electoral de los partidos, el clientelismo político se neutraliza y el poder se distribuye de mejor manera. No hay carros llenos.

En un entorno económico y político adverso, tener mayoría en el próximo Congreso será vital para el gobernador Miguel Riquelme. Primero, porque le permitirá transitar los tres últimos años de su Administración con diputados del PRI que le cubran las espaldas, sobre todo a la hora de revisar las cuentas públicas y cuando haya necesidad de “disciplinar” a los alcaldes de otros partidos. Y segundo, porque una Legislatura dominada por la oposición, pero crítica y combativa, lo expondría más ante un presidente como López Obrador, dispuesto a someter a los gobiernos locales.

Con mayoría de Morena y sus aliados en 21 legislaturas locales, la Cuarta Transformación pende sobre la cabeza de los gobernadores cual espada de Damocles. Ello explica por qué la Alianza Federalista contra AMLO no ha pasado de 10 miembros. Cuatro de ellos, Javier Corral (Chihuahua/PAN), José Ignacio Peralta (Colima/PRI), Silvano Aureoles (Michoacán/PRD) y Jaime Rodríguez (Nuevo León/Independiente) terminarán sus gestiones en menos de un año. Las encuestas señalan a Morena como favorito en esos cuatro estados y en otros de los 11 donde también habrá elecciones el 6 de junio próximo.

Por esa razón, el peor escenario para Riquelme era perder el Congreso con Morena, pues con el PAN se entiende y puede negociar. Así pasó con la bancada liderada por Marcelo Torres Cofiño, virtual candidato panista para la Alcaldía de Torreón. Acción Nacional ha obtenido posiciones en el Tribunal Superior de Justicia y en otros ámbitos de Gobierno. El diputado Juan Antonio García Villa, quien preside la Comisión Gubernamental y Cuenta Pública, ha sido la voz discordante. Votó contra la designación de magistrados sin carrera en el Poder Judicial, apoyados por su partido, y revisó a fondo los informes de la Auditoría Superior del Estado.

Miguel Riquelme salvó el escollo de las elecciones intermedias —solo de diputados—, pero en 2021 le espera un proceso complejo y competido. La concurrencia de comicios para alcaldes y diputados federales subirá la participación ciudadana al 60% o más. La apuesta del presidente López Obrador es conservar la Cámara baja; la intención de voto favorece a Morena. El riesgo para el PRI es que el voto por el partido de AMLO sea en cascada. Si lo es, se colocará en la antesala de la Gubernatura.

Para avanzar en esa ruta, el Presidente y Morena tienen a Saltillo en el punto de mira, donde la alternancia siempre ha sido con el PAN. Sin embargo, la postulación de un candidato débil y manipulable por parte del PRI y la nominación de una figura política, incluso extraída de otro partido, podría inclinar la balanza en favor de Morena. Lo mismo puede suceder en Ramos Arizpe y en otros municipios. No obstante el carro lleno, el PRI no ha podido detener la fuga de votos provocada por la venalidad, el nepotismo y el despilfarro en los gobiernos de los Moreira y Peña Nieto.

La elección de diputados del 18 de octubre resultó un fiasco en términos de participación y por el perfil de la mayoría de las fórmulas. Los candidatos del moreirato -encabezados por el benjamín del clan, Álvaro Moreira- ofrecían la oportunidad para castigar a los responsables de la megadeuda, las empresas fantasma y otros desmanes, pero la ciudadanía volvió a darle la espalda a las urnas y el abstencionismo llegó al 60 por ciento. La jornada se desarrolló con el semáforo epidemiológico Covid-19 en naranja, cuya recomendación era quedarse en casa. Días después, Coahuila registró un rebrote que podría cambiar la luz a rojo.

En el ánimo de los coahuilenses pesó más la historia de un poder legislativo sometido al gobernador de turno, que la posibilidad de nombrar un Congreso representativo. ¿Cómo lograrlo con partidos divorciados de la sociedad? La mayoría de los candidatos no garantizaba autonomía ni independencia, sino subordinación. El abstencionismo es otra forma de protesta, pues resta legitimidad a las elecciones y a sus resultados.

Los 843 mil votos emitidos en los 38 municipios apenas representan el 39.3% de la lista nominal de electores compuesta por poco más de 2.1 millones de hombres y mujeres. De haberse pospuesto los comicios para el 6 de junio próximo, cuando el país elegirá nueva Cámara de Diputados y Coahuila ayuntamientos, la participación habría sido mayor y quizá otros los resultados. La mayoría priista en la LXII legislatura local (16-9) le restará presión a Miguel Riquelme en el último tramo de su Gobierno.

El PAN retrocedió de nueve a tres asientos y Morena subió de dos a cuatro -todos plurinominales- para convertirse en la segunda fracción parlamentaria. Acción Nacional perdió los cuatro distritos de Torreón y el PRI conservó los suyos en Saltillo. Unidad Democrática de Coahuila fue derrotado en Acuña y Sabinas y apenas alcanzó un escaño de representación proporcional. El Verde también tendrá un asiento. Los partidos satélites perdieron su registro: Unidos -del exgobernador Humberto Moreira-, de la Revolución Coahuilense y Emiliano Zapata.

Para Morena, el partido del Presidente, los resultados representan un fracaso, aun cuando su votación haya aumentado casi al 20 por ciento. Significa, entre otras cosas, que los programas sociales de la 4T y la entrega de apoyos directos a jóvenes, personas de la tercera edad y demás grupos vulnerables, operados por el «superdelegado» Reyes Flores Hurtado, no surtieron efecto en las urnas. Las políticas de AMLO con respecto a AHMSA y la suspensión de compras de carbón por parte de la CFE provocaron crisis y animadversión hacia su Gobierno en las regiones de Monclova, Sabinas y Piedras Negras.

La LXII Legislatura, cuya instalación será el 1 de enero próximo, presentará pocas caras nuevas. Regresa Eduardo Olmos (PRI), quien no solo se perfila como líder de la Junta de Gobierno, sino también para la gubernatura. Olmos es el tándem de Miguel Riquelme, como Rubén Moreira lo fue de su hermano Humberto. El Congreso será la plataforma para las elecciones de 2023. La Laguna llegó al poder después de más de medio siglo de no despachar en el Palacio de Gobierno e intentará permanecer otros seis años. La sucesión estatal está en marcha, pero antes deberán pasar las elecciones de alcaldes y diputados federales de 2021.

Una elección conduce a otra, pero nunca reproduce sus resultados. La regla aplica a todos los partidos. El PRI hizo carro completo en los comicios para diputados de 2014, y tres años después estuvo a punto de ser defenestrado.

La estadística del proceso del 18 de octubre, en la cual se renovó el Congreso local, prefigura una competencia entre el PRI y Morena por la gubernatura en 2023, a menos que el PAN vuelva a realizar el milagro de la multiplicación de los votos. Morena, aun dividido y sin liderazgos ni estructura, tendrá cuatro diputados en la LXII legislatura contra 16 del PRI, tres de Acción Nacional, uno de Unidad Democrática y uno del Verde.

Acción Nacional fue reducido a polvo. Alcaldías que suponía seguras, como las de Torreón y Monclova, ahora están en riesgo y en 2021 podrían ganarlas el PRI o Morena. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador no obtuvo ninguna diputación de mayoría relativa, pero en 15 de los 16 distritos ocupó el segundo puesto con el 20% de los votos.

La ventaja de Morena para crecer y la confianza del PAN para recuperarse es que el año entrante la participación ciudadana rebasará por mucho el 39% del mes pasado. Coahuila elegirá ayuntamientos y diputados federales el 6 de junio próximo.

El Congreso es prioritario para AMLO –como en Coahuila lo era para Miguel Riquelme–, pues de su composición dependerá el futuro de su agenda. La intención de voto favorece al partido del Presidente.

La encuesta electoral de Reforma del 1 de septiembre distribuye así las preferencias: Morena 43%, PRI 21% y PAN 20 por ciento. La medición de Massive Caller registra algunas variaciones: Morena 40%, PRI 11.8% y PAN 24.2 puntos porcentuales.

Morena es mayoría en la Legislatura actual con 252 diputados, seguido por el PAN (77), PRI (48) y PT (46). El resto de los 500 escaños corresponden a Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, PRD y Verde.

De acuerdo con diversas pesquisas, en los 15 estados donde se elegirá Gobernador, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos, el voto en cascada favorecería a Morena como ocurrió en 2018. Las circunstancias son distintas, pues el presidente López Obrador tendrá entonces dos años y medio de desgaste, acentuado por la incapacidad de su Gobierno para afrontar los problemas de violencia, inseguridad y salud, así como por el nulo crecimiento económico.

El hándicap del PRI son los escándalos del sexenio de Peña Nieto. El más reciente se destapó con la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en Los Ángeles, California, acusado por la DEA de vínculos con el narcotráfico.

El PAN adolece del mismo vicio, pues Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, es procesado en Estados Unidos bajo los mismos cargos. La crisis en ambos partidos la profundiza el déficit de liderazgo y de apoyo ciudadano.

Ganar el Congreso de Coahuila no salva al PRI. La prueba de fuego será en 2021 cuando exponga 8 de las 11 gubernaturas que hoy ocupa: Colima, Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Perder la mitad sería un colapso, pero si Morena se hace con todas, como pronostican las encuestas, sería el final del partido fundado por Calles. Solo le quedarían Coahuila, Estado de México e Hidalgo. Las otras entidades donde también habrá cambio de gobierno son Baja California (Morena), Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro, Nayarit (PAN), Michoacán (PRD) y Nuevo León (independiente), en las cuales la intención de voto favorece a Morena.

La atención del mundo está centrada en la elección presidencial de Estados Unidos y en la pandemia por coronavirus acaso por el deseo de que Donald Trump y la enfermedad dejen de causar más daño. Sin embargo, hay otras alarmas encendidas, como lo advierte el periodista Javier Mariscal en Espacio 4 (652).

“En términos geopolíticos, el agua será en este siglo lo que el petróleo representó en el precedente: motivo de conflagraciones. La escasez de este recurso se traducirá en violencia, sugiere la Tesis de las Guerras por el Agua. No hace mucho, el papa Francisco planteó: “Me pregunto si en medio de este gran conflicto que vivimos ‘a pedacitos’, ya nos dirigimos hacia la gran guerra mundial por el agua.

“El escenario no se ha cumplido, pero el mundo da pasos agigantados en esa dirección. En algunos países y fronteras se libran batallas cada vez más intensas. El caso de Chihuahua es un ejemplo. El Tratado Internacional de Aguas de 1944 ha derivado en una ola de manifestaciones que ya dejó dos víctimas mortales. Afectados por la sequía y enojados por el desfogue de la presa La Boquilla para derivar agua hacia Estados Unidos, agricultores arrojaron cócteles molotov y piedras a tropas nacionales de seguridad, ocuparon la zona y cerraron las compuertas.

“Desde una perspectiva histórica, Vicente Sánchez, catedrático del Colegio de la Frontera Norte (Colef), expone en un video que gran parte del conflicto se genera del lado mexicano. Una mala gestión del recurso hídrico impide el equilibrio entre demanda y disponibilidad”. Argumenta:

“A) En el ámbito agrícola, con la vista fija en la selección de cultivos más rentables, se ignora la elevada demanda de agua en zonas donde no abunda.

“B) El problema aumenta en la misma proporción en que se incrementa sin control la frontera agrícola.

“C) Aunque el riego rodado o por gravedad es claramente obsoleto y con gran pérdida por evaporación, aún se practica en grandes extensiones de cultivo.

“D) La cuenca mexicana del Bravo no solo irriga a Chihuahua, sino también a los estados que se ubican río abajo —Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—, donde la sequía es recurrente, y...

“E) En todas las entidades, además de agua para el campo, una parte se dispone para consumo humano en comunidades ribereñas que crecen sin control y con sistemas de distribución poco eficientes.

“Sánchez apunta que por esta problemática, incluso aunque el Tratado de Aguas calendariza en ciclos quinquenales el flujo que México debe transferir a Estados Unidos, los adeudos de agua persisten pese al aporte de otras presas, como la Falcón, de Tamaulipas, y La Amistad, de Coahuila. Sobre las protestas que defienden el agua de La Boquilla, en el cauce del río Conchos, comenta que la cuestión es definir e informar con claridad si son legítimas o no, pues la desinformación actúa como catalizador que convierte en problema sociopolítico una cuestión que puede ser meramente técnica.

“Bajo esa lógica, el presidente López Obrador advierte en las protestas ‘un interés político comandado por líderes locales opositores’ a su Gobierno. En respuesta, envió a la Guardia Nacional para que el acuerdo con Estados Unidos se cumpla sin sabotajes.

“Sánchez rememora: ‘Esto es algo que se arrastra desde finales de los noventas, cuando hubo una gran sequía que generó no solo un retraso en la entrega de agua a Estados Unidos, sino que incluso México se vio en la necesidad de pedirle agua prestada a ese país, y cuando llegó el momento de pagar hubo necesidad de tomar agua de presas que el tratado no incluye, y aun así la deuda no quedó en ceros”.

El mundo regresó de pronto al 2 de julio de 2006 cuando el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) detuvo el cómputo de votos de la contienda entre Felipe Calderón (PAN) y Andrés Manuel López Obrador (PRD).

La elección mexicana no tuvo el impacto global de la protagonizada por Donald Trump y Joe Biden este martes, pero la metáfora confirma la frase proverbial según la cual “en todas partes se cuecen habas”. El resultado del conflicto en México es de sobra conocido, pero la historia en Estados Unidos no terminará de escribirse, incluso después de confirmarse la victoria del vicepresidente de Barack Obama.

Por el desempeño de Trump, atropellado y provocador, destemplado, mitómano e ignorante, se esperaba un día de campo para Biden. El alud de votos en favor del candidato demócrata llegó a 72.4 millones, mas no fue suficiente para sepultar al republicano, quien obtuvo 68.8 millones, y menos para erradicar sus políticas basadas en la xenofobia, el racismo y la misoginia.

El fantasma de los comicios de 2000 en los cuales Al Gore superó por más de medio millón de sufragios populares a George W. Bush y de 2016 cuando la ventaja de Hillary Clinton sobre Trump fue de 3 millones de papeletas, volvió a rondar.

Las escenas de gente armada frente al centro electoral de Maricopa, Arizona, ganado por Biden, remiten a la sucesión presidencial de 1940 en México, disputada por el oficialista Manuel Ávila Camacho del Partido de la Revolución Mexicana (segundo antecedente del PRI) y el popular Juan Andreu Almazán, del entonces recién fundado Partido Revolucionario de Unificación Nacional, al cual se sumaron sectores de los partidos Laborista y Acción Nacional.

La diferencia es que aquí sí se utilizaron para asesinar, robar urnas y sustituirlas por cajas rellenas de votos en favor del candidato del general Lázaro Cárdenas, como cuenta al detalle el cacique potosino Gonzalo N. Santos, uno de los protagonistas de la violencia, en sus Memorias.

La derrota de Trump rompería el ciclo de dos periodos en la Casa Blanca de los últimos presidentes (Obama, Bush

y Bill Clinton). La alternancia entre demócratas y republicanos ha marcado las últimas seis elecciones incluida la del 3 de noviembre, si Trump no golpea más a la maltrecha democracia norteamericana.

La última vez que el partido del elefante ligó tres triunfos consecutivos fue con Ronald Reagan y George H. W. Bush; antes lo habían conseguido Richard Nixon, obligado a renunciar por el escándalo Watergate, y Gerald Ford.

Estados Unidos no escapa de la crisis del bipartidismo anquilosado que impide el surgimiento de nuevos liderazgos. Antes ocurrió en Reino Unido, España, Francia, Grecia y otros países, donde los partidos tradicionales perdieron influencia e incluso son repudiados por amplios sectores sociales, máxime por los jóvenes, debido a la corrupción gubernamental y a su falta de conexión con las mayorías excluidas de oportunidades de empleo, riqueza y ascenso.

Biden representa al “establishment” y tiene de socialista lo que Peña Nieto y su camarilla, incluido el clan coahuilense, tienen de honrados. El cambio hacia la izquierda habría venido con Bernie Sanders. Por eso provoca tanto entusiasmo entre los jóvenes. Alexandria Ocasio-Cortez, latina de 31 años, seguidora de Sanders y su jefa de campaña en las primarias del Partido Demócrata en 2016, volvió a ganar el Distrito 14 de Nueva York, donde arrolló al republicano John Cummings por 105 mil votos contra 46 mil. El sacudimiento vendrá de la juventud.

El gobernador Miguel Riquelme no habría podido armar a su gusto el tablero sucesorio, ni mejorado la posición de sus alfiles, sin las seis diputaciones de Torreón, San Pedro y Matamoros. Ingresar al Congreso por la puerta trasera significa un contratiempo para cualquier aspirante a la Gubernatura, aun con el apoyo de su aliado político.

Frente a una eventual derrota con el panista Fernando Izaguirre, Eduardo Olmos tenía una red de protección: segundo lugar en la lista de candidatos plurinominales. No hizo falta, pues el exalcalde lagunero ganó con más del 53% de los votos.

El tándem Riquelme-Olmos se formó en la burbuja del exsecretario de Gobierno Raúl Sifuentes desde la elección de Enrique Martínez. La mayor parte del grupo fue asimilado por Rubén Moreira e integrado a la campaña de su hermano Humberto Moreira.

Riquelme dependía de Olmos, a quien le correspondía ser primero Alcalde de Torreón. El PRI lo postuló en 2005, pero el panista José Ángel Pérez cambió la historia. Previamente, Olmos y Riquelme habían perdido como candidatos a diputados locales en procesos separados.

Humberto Moreira rescató a Olmos y lo nombró secretario de Obras Públicas. Para recuperar Torreón, creó exprofeso la Subsecretaría de Desarrollo Regional en La Laguna, cuyos operadores fueron Olmos y Riquelme; el primero volvió a ser candidato en 2008 y recuperó la Alcaldía tras vencer al panista Jesús de León.

El sucesor de Olmos fue… Riquelme, quien antes ocupó la Secretaría de Gobierno con Rubén Moreira y una diputación federal. Olmos estuvo tres años en la congeladora, pero en uno de los viajes del Gobernador a China se decidió su futuro. Por lo pronto, presidirá la Junta de Gobierno de la próxima Legislatura.

El PRI –ya se ha visto– puede ganar la Gubernatura sin La Laguna, como pasó en las tres últimas elecciones, pero sin ella el riesgo de perder aumenta cada seis años. En 2017, Riquelme ganó por un margen de apenas 2.5 por ciento.

Con mayoría en el Congreso a partir del 1 de enero próximo, Riquelme ampliará su margen de maniobra para la sucesión estatal, en cuya pista corría solo el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. Una vez afianzado en la Comarca Lagunera, así haya sido con el voto de la estructura partidista, el Gobernador puede equilibrar fuerzas con la capital del estado.

La oportunidad será el año entrante cuando se elijan alcaldes. De la nómina de nuevos diputados surgirán varios candidatos, algunos de ellos derrotados en 2018. Saltillo parece seguro, pero un desliz podría modificar radicalmente el escenario sucesorio en 2023.

Si los grupos políticos y los poderes fácticos ganan la apuesta por el continuismo, Morena, sin figuras de peso en el horizonte, podría nominar para la Presidencia Municipal a un disidente del PRI con experiencia, buena imagen y bien posicionado en las encuestas. Ganar la capital le permitiría al partido del presidente López Obrador no solo alterar el status quo, sino poner un pie en Palacio de Gobierno.

Para ampliar la baraja sucesoria y soltar amarras, Riquelme necesitaba un lagunero en el Congreso. Marcelo Torres Cofiño atrajo los reflectores como presidente de la Junta de Gobierno, pero es del PAN. Para el gobernador, Olmos era el indicado. Juntos recorrerán los próximos tres años, los más difíciles. La sucesión no está decidida todavía por nadie. Sin embargo, La Laguna no ha ligado dos sexenios en el Palacio de Gobierno. Saltillo ha ejercido el monopolio.

Aunque en talla de estadista y en adicción al poder compitieron, la historia oficial le asignó a Benito Juárez el papel de héroe y a Porfirio Díaz, el de villano. El país registró mayor progreso con el militar que con el abogado debido a las circunstancias.

Ambos se opusieron a la reelección y los dos la practicaron. Juárez murió en Palacio Nacional y Díaz en el exilio. El benemérito presidió la Suprema Corte de Justicia antes de ocupar la Silla del Águila durante 14 años. Díaz abandonó el poder después de tres décadas, forzado por la revolución del coahuilense Francisco I. Madero, quien aparece al lado de Juárez en el logotipo de la Cuarta Transformación.

En el estudio Democracia directa: referéndum, plebiscito e iniciativa popular del Centro de Documentación y Análisis de la Cámara de Diputados se lee:

“En México, un hecho sucedido en el mandato del presidente Benito Juárez, dentro de su periodo de gobierno (1858-1867), es el que tiene como antecedente claro de la intención del gobernante en turno por realizar una consulta al pueblo con intención de que el resultado de esta fuese obedecido y posteriormente convertido en legislación constitucional. El inconveniente (…) es que dicha figura no se encontraba prevista en la Carta Magna. (…)

“El presidente Juárez (…) se encontró con la casi imposible misión de gobernar con una Constitución diseñada para controlar y acotar al Poder Ejecutivo. Seguramente Juárez recordó que una decena de años atrás el presidente Comonfort le dijo: ‘con la Constitución no se puede gobernar, pues cualquier jefe de oficina tiene más facultades que el Presidente de la República’, lo cual fue uno de los motivos para que Comonfort se diera a sí mismo un golpe de Estado.

“Juárez amaba más que nada en la vida la Presidencia de la República, y no estaba dispuesto a perderla ni disminuirla, por lo cual se planteó a sí mismo la obligación de permanecer en la Presidencia, primero, y después reformar la Constitución.

“Lo primero lo logró con facilidad, pues era tal su popularidad que, en septiembre de 1867, al celebrarse las elecciones, Juárez resultó elegido por amplia mayoría sobre los dos contendientes que se atrevieron a disputarle el puesto: Sebastián Lerdo de Tejada y el general Porfirio Díaz”.

Juárez pretendía dividir el Poder Legislativo en dos cámaras (de diputados y de senadores), por considerar que una sola lo obstaculizaba, y vetar las disposiciones del Congreso “como medida precautoria para evitar leyes disparatadas o injustas”.

Gamboa y García atribuyen el fracaso a un error de procedimiento: “en vez de proponer la reforma en los términos que la propia Constitución señalaba, Juárez tuvo la audacia de pedirle al pueblo que votara directamente por ella a través de un plebiscito inconstitucional. (…) ‘La moción fue detenida y el Presidente tuvo que soportar los calificativos de tirano y déspota que le prodigaron sus adversarios. (…) A partir de 1867 Juárez estableció y defendió una libertad absoluta para expresar ideas y para publicarlas, llegándose el caso de que la prensa lo ridiculizara todos los días sin que nadie impidiera el libre ejercicio de la disidencia. Él lo había afirmado antes: ‘Que el pueblo y el Gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador conoce la historia de México y admira a Juárez, pero, por mucho que quiera, no puede repetirla.

El asesinato del afroestadounidense George Floyd (46 años), el 25 de mayo pasado en un vecindario de Mineápolis, por parte de la policía, incendió literalmente el país. Las protestas contra el racismo, la xenofobia y los abusos de la fuerza pública escalaron hasta poner al presidente Donald Trump contra las cuerdas.

Con ese y otros lastres llegará el magnate inmobiliario a los comicios del martes próximo. La reelección no está descartada; entre otras razones, por la deriva de la supremacía blanca expresada en México en forma de clasismo.

Las imágenes sobre el arresto de Floyd, grabadas por un espectador y transmitidas en Facebook Live, le dieron la vuelta al mundo y provocaron reacciones y repudio en América, Europa, Asia y África.

En Estados Unidos se multiplicaron las protestas e incluso llegaron a la Casa Blanca (como en Saltillo, al Palacio de Gobierno, por los feminicidios). Quince estados solicitaron la intervención de la Guardia Nacional para contener los disturbios y más de 10 ciudades impusieron toque de queda.

Jacob Frey, Alcalde de Mineápolis, deploró: «Ser negro en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte. Durante cinco minutos, vimos a un oficial blanco (Derek Chauvin) presionar su rodilla contra el cuello de un hombre negro. (….) Cuando escuchas a alguien pidiendo ayuda, se supone que debes ayudar.

Este oficial falló en el sentido más básico y humano».

Uno de los jefes de Estado en reaccionar fue el papa Francisco: «Queridos hermanos y hermanas en Estados Unidos, he sido testigo con gran preocupación de los inquietantes disturbios sociales en su nación en estos últimos días, después de la trágica muerte del Sr. George Floyd. No podemos tolerar ni hacer la vista gorda ante el racismo y la exclusión de ninguna forma y, sin embargo, pretender defender lo sagrado de toda vida humana».

La expresidenta de Chile y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos demandó medidas serias y poner fin a la repetición de tales asesinatos (Wikipedia).

En Saltillo, Juan Pablo Suárez (14 años) murió de un balazo en la nunca el 25 de octubre en la colonia El Tanquecito. Primero se dijo que había sido en una riña e incluso se detuvo al supuesto agresor. Familiares y testigos, sin embargo, acusaron a la policía municipal del homicidio. Tres días después, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención del uniformado que disparó contra el menor de edad.

El caso remite al migrante hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán (29 años), asesinado en Saltillo el 31 de julio de 2019.

En principio se hizo creer que Marco Tulio, en un supuesto operativo contra narcomenudistas, había atacado a la policía.

Para acreditar la hipótesis, al cadáver se le sembraron armas y drogas.

La presión mediática nacional e internacional, ejercida por defensores de los derechos humanos, echó por tierra el montaje.

La Fiscalía General del Estado reconoció al final «la inocencia y la calidad de víctima a Marco Tulio “N”, por lo que lamenta la comisión de estos hechos que involucran a un agente ministerial por uso excesivo de fuerza letal».

Los asesinatos alevosos de Juan Pablo y Marco Tulio no fueron exhibidos en las redes sociales ni generaron manifestaciones como en el caso de Floyd, pero la verdad salió a la luz. Si en Estados Unidos ser negro equivale a sentencia de muerte, en México el pecado es ser pobre.

Pero los desposeídos ya le han empezado a perder el miedo al poder. Suerte que Saltillo es una de las mejores ciudades para vivir.

Por modestia las autoridades no dicen que la capital es una de las más seguras del mundo.

En un país donde el sistema electoral permite al candidato con menos votos populares convertirse en el líder más influyente del planeta (los últimos casos fueron los de George W. Bush y Donald Trump), puede suceder cualquier cosa. El martes próximo veremos si se repite la historia o si esta vez las encuestas aciertan. Édgar London se ocupa del tema en el nuevo número de Espacio 4.

“Hoy, como nunca, las elecciones de Estados Unidos son puestas bajo la lupa. Las tensiones comerciales con China, los agravios a México, el temor a la imposición de una ideología de izquierda, el irrespeto por los acuerdos climáticos internacionales y, por supuesto, el azote de una pandemia alrededor de todo el orbe, convierten estos comicios en un asunto de crucial importancia. No es secreto para nadie que el futuro político de la nación más poderosa del mundo trasciende sus fronteras e impacta en la agenda de muchos gobiernos, especialmente en el de México, cuya economía lleva décadas amarrada a los vaivenes del vecino del norte.

“No es de extrañar entonces que, desde Los Pinos, el presidente Andrés Manuel López Obrador contrapese los pros y contras de cada uno de los candidatos. Por un lado, Donald Trump, defensor de una política radical, antisistema e impulsor del proteccionismo económico. Su eslogan “America first” lo conmina a recrudecer la salvaguardia de su frontera sur, donde la construcción del famoso muro sigue como pilar y estandarte del nacionalismo a ultranza que representa. Por el otro lado se yergue Joe Biden, mucho más moderado en sus propuestas e inclinado a la izquierda, si bien no de manera tan extrema como Bernie Sanders, su exrival por la nominación demócrata.

“Está claro que Biden busca ganarse la simpatía de los propietarios de pequeños y medianos negocios, a quienes ha prometido apoyos para fomentar el empleo. En cambio, ha anunciado aumentar impuestos a las personas que ganen más de 400 mil dólares por año. Sin embargo, lo más interesante para México es su posición ante el fenómeno migratorio, pues amenaza con darle un giro de 180 grados a la estrategia implementada por su rival republicano.

“Quien quede como inquilino de la Casa Blanca tendrá que enfrentar junto a los retos de siempre —economía, política exterior, calentamiento global, migración— una variable completamente nueva en esta ocasión: el manejo de la pandemia causada por la Covid-19.

“Si bien las encuestas señalan a Biden como posible ganador e incluso, poco a poco, se agrandó la ventaja de este —comenzó con cuatro puntos, y poco antes de los comicios oscilaba entre siete y 10 puntos, de acuerdo con diversas fuentes— no debemos olvidar que en 2016 la amplia favorita era Hillary Clinton y, a la postre, el vencedor resultó ser el magnate neoyorkino, a pesar de su discurso xenófobo y sus desplantes que, en más de una ocasión, le valieron el calificativo de payaso.

“Las propuestas sobre política migratoria representan un tema que ambos candidatos manejan con mucho cuidado. Y no es para menos. Este 2020 alrededor de 32 millones de latinos están capacitados para votar y, al menos, 54% de ellos están extremadamente motivados para hacerlo, según Mark H. López, demógrafo del Centro de Investigación Pew. Si bien el número de latinos en Estados Unidos es muy superior —casi 59 millones— y no todos pueden asistir a las urnas, aquellos que no están habilitados sí pueden influir en el resto”.

La idea de que las elecciones del 18 de octubre dispararon la Covid-19 en el estado empieza a adquirir carta de naturalidad. La especie circula de boca en boca y en las redes sociales, lo cual obliga a abordar el tema. El argumento de los partidos derrotados para aplazar los comicios era justamente ese, no exponer a la población a una nueva oleada de contagios y de muertes. Sin negar una auténtica preocupación por la salud de los votantes y de sus familias, tras la demanda de las oposiciones subyacía otro interés: evitar el zapato en las urnas.

En la columna «Castillos en el aire» (09-10.20) fallé en mi pronóstico de una 62 Legislatura «plural, sin una mayoría clara». Advertí, sin embargo, que el resultado dependería de lo que más peso tuviera en las casillas: «el desgaste del Gobernador y del presidente López Obrador o la eficacia de los programas sociales de la Cuarta Transformación coordinados por el superdelegado Reyes Flores Hurtado», cuyo futuro parece estar en el Senado. En cualquier caso, advertí, también «se sabrá si la decisión de celebrar las votaciones en medio de la pandemia fue sensata». En algunos sectores, la opinión es que no.

Diferir los comicios para el 6 de junio próximo -cuando en Coahuila se elegirán alcaldes y diputados federales— hubiera inmunizado al PAN y a Morena contra el carro lleno del PRI, el cual, insisto, se ha magnificado. Sin embargo, en un proceso tan desairado en el cual participaron solo cuatro de seis coahuilenses inscritos en la lista de electores, difícilmente el repunte de casos de coronavirus pudo haber procedido de las urnas, pero quizá en algo contribuyó el acarreo de votantes. Después de las elecciones aumentó el número de funcionarios contagiados.

La Covid-19 acapara los reflectores en el mundo y relega las agendas políticas a un segundo o tercer plano. Alemania, Francia, España, Reino Unido y otros países han vuelto a restringir actividades sociales (fiestas de todo tipo) y económicas (cierre de bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios) y a endurecer las medidas de control (confinamientos y toques de queda) ante la gravedad de los nuevos rebrotes. Lo peor podría estar por venir, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El aumento de fallecimientos por Covid-19 en Europa -de casi 40% en la última semana- es «intenso y alarmante», dice la OMS. Sobre esta segunda oleada -«más mortífera y más dura»-, el presidente francés Emmanuel Macron alerta: «El virus circula a una velocidad que incluso las previsiones más pesimistas no anticipaban» (NIUS, 29.10.20). El fastidio por las restricciones impuestas es inteligible, pero la desobediencia resulta irresponsable, pues expone a quienes sí las acatan a infecciones y más muertes.

A escala local, ¿de qué sirven los filtros diurnos para vigilar que los automovilistas usen cubrebocas si por las noches en los bares del Parque Centro se violan flagrantemente todas las medidas de seguridad sanitaria? ¿Dónde está el Gobierno? Cito esa zona de privilegios, pues el poder económico y la influencia política de la mayoría de sus propietarios les brinda impunidad aun cuando ponen en riesgo la salud y la vida no solo de sus clientes, empleados, amigos y familiares, sino también de gente ajena a su círculo. Si en Coahuila el semáforo epidemiológico cambia a rojo en los próximos días, serán señaladas las autoridades, no quienes lo provocaron.

Javier Laynez Potisek es uno de los coahuilenses agraviados por la megadeuda de 36 mil millones adquirida en el Gobierno de Humberto Moreira, la cual, a casi una década de haber sido destapada por la Secretaría de Hacienda, permanece impune.

Ministro de la Corte desde el 10 de diciembre de 2015, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, el lagunero presentó cinco denuncias ante la PGR relacionadas con el moreirazo. Entre las evidencias se recabaron “documentos falsos, números de créditos que no existen o que corresponden a otra materia o tenemos casos donde el contrato de crédito con un banco es totalmente distinto al contrato cuya copia nos entregaron en Hacienda”, declaró a Carlos Loret de Mola en una entrevista telefónica cuando era procurador fiscal de la Federación (El Universal, 02.11.11).

“Las primeras tres denuncias presentadas ante la PGR por la Procuraduría Fiscal de la Federación datan del 25 de agosto –de 2011, cuando Moreira ya ocupaba la presidencia del PRI por voluntad de Peña Nieto, énfasis del reportero–, por igual número de créditos irregulares que suman 3 mil 100 millones de pesos; ayer se formularon dos querellas más por 2 mil 200 millones de pesos, en los que funcionarios falsificaron documentos oficiales para la contratación de deuda pública en dicha entidad, garantizando como pago participaciones federales, lo que es ilegal”, dice la nota.

El Gobierno de Moreira “gestionó los créditos con instituciones bancarias distintas –Santander y El Bajío–, igual con documentos falsos federales y locales. Hacienda detectó las anomalías ya que uno de los acreedores, el Banco del Bajío, acudió a la Tesorería de la Federación para exhibir el crédito otorgado por el Gobierno de Coahuila por mil millones de pesos, garantizado con participaciones federales, cuando no había un expediente oficial en trámite”.

Laynez, quien inició su carrera en 1983 como abogado hacendario del Tribunal Fiscal de la Federación, ha colaborado con los seis últimos presidentes. Felipe Calderón lo nombró procurador fiscal, y Peña lo nominó para ocupar el lugar de Juan Silva Meza en la Suprema Corte. Su hoja de servicios parece impecable.

Es el tercer ministro de origen coahuilense después de Raúl Castellanos y Atanasio González, quien, después de que el presidente Zedillo disolvió la Corte en 1995, renunció al PRI para postularse para gobernador por Unidad Democrática de Coahuila.

Junto con Luis María Aguilar y Norma Lucía Piña –propuestos por Calderón y Peña para la Suprema Corte de Justicia–, Laynez votó en contra de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes por inconstitucional.

“Yo no tengo duda de lo que significa la participación de la sociedad y creo que eso no está a discusión, hay muchas formas de consultar a los ciudadanos”, declaró el juez originario de Torreón.

El moreirazo no ha prescrito. En Coahuila existen denuncias penales por el desvío de más de 4 mil millones de pesos y por la distracción de 475 millones de pesos a empresas fantasma en el Gobierno de Rubén Moreira, presentadas por la Auditoría Superior del Estado.

Con tantos peces gordos a la vista, la Fiscalía General del Estado se conforma con el exalcalde de Ramos Arizpe, Ramón Oceguera cuyo mayor pecado, según parece, no consistió en utilizar recursos del erario para fines personales, sino buscar nuevos derroteros políticos.

Ernesto Zedillo aprovechó su mayoría en el Congreso (300 diputados y 95 senadores del PRI) para reformar el Poder Judicial y disolver la Suprema Corte de Justicia en 1995. Algunos círculos vieron la decisión como un “golpe de Estado”, pero fue ampliamente respaldada dentro y fuera, pues erradicó vicios, privilegios y corrupción. La reforma redujo de 26 a 11 el número de ministros, limitó su periodo a 15 años (antes eran vitalicios) y otorgó al Senado la facultad para votar las propuestas del Presidente.

Zedillo anticipó en su discurso inaugural la reforma constitucional como “primer paso para una profunda transformación de nuestro sistema judicial”. El objeto era “lograr un Poder Judicial más independiente (…) fuerte y (…) capaz de cumplir con sus responsabilidades”. Ante Salinas de Gortari reprochó: “No podemos fincar nuestras expectativas en la certidumbre de la ley y vivir en la incertidumbre de su cumplimiento”.

El Presidente ofreció “una y genuina reforma a las instituciones encargadas de la procuración de justicia para hacer frente a la extendida criminalidad, la frecuente violación a garantías individuales y derechos humanos y la grave inseguridad pública”. En esas instancias, dijo, “es donde la incompetencia, la corrupción y la ruptura institucional son más frecuentes y de mayor daño para la seguridad de las personas”. Un diagnóstico certero después de un Gobierno venal y autoritario.

Desaparecer la Corte le permitió a Zedillo deshacerse de nueve ministros nombrados por Salinas de Gortari para cuidarse las espaldas. En ese grupo figuraban Miguel Montes, más tarde designado por Salinas fiscal especial del caso Colosio (la primera hipótesis de Montes fue la de “una acción concertada”), y Diego Valadés, procurador General de la República cuando al candidato del PRI le dispararon en Tijuana después de un mitin. Uno de los jueces jubilados por la reforma fue el coahuilense Atanasio González, designado por el presidente Echeverría.

La SCJN zedillista la integraron: José Aguinaco, Sergio Salvador Aguirre, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez Cordero (actual secretaria de Gobernación), Juan Silva (de la Corte de Miguel de la Madrid), Humberto Román, José Gaudiño, Genaro David Góngora (opositor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de Ciudad de México, promovido por Vicente Fox), Juan Díaz, Juventino Castro y Mariano Azuela.

En el ensayo, La Reforma al Poder Judicial de 1994, ¿un golpe de Estado?, publicado en 2012, Guillermo Ruiz Morales (El Colegio de México) y Alberto Rocha Arrieta (UNAM), advierten: “El asalto cometido en contra de la Corte no fue más que el inicio de una serie de medidas que buscaban darle al Presidente una influencia transexenal”. Mencionan los casos de Silva Meza, Ortiz Mayagoitia, Sánchez Cordero y Aguirre Anguiano, quienes en ese tiempo formaban parte del Tribunal.

En sus memorias, Los Supremos de la Corte (Porrúa, 2019), Góngora Pimentel narra cómo Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón buscaron favores de la SCJN. Cuando Góngora presidía la Corte, Salinas le pidió ayuda “para cierto asunto que le molestaba” (Zedillo había puesto entre rejas a su hermano Raúl por enriquecimiento ilícito y el asesinato de Ruiz Massieu). “¡Claro, yo era el más adecuado! Pero, lo más educado que pude, ¡le dije que no lo haría! Después, en los desayunos que tenía con los señores ministros, les conté aquel incidente. Pude notar que un ministro prestó mucha atención a mis palabras. Después supe que ese ministro ofreció sus servicios al presidente Salinas para solucionar su problema”, (Proceso, 15.06.19).

Pensar en un poder judicial libre de ideologías e influencias políticas es una utopía, al menos en un buen número de los 73 países cuyo régimen es presidencialista. En Estados Unidos, una de las democracias más longevas del mundo, mas no por ello la mejor, hoy mismo se discute la pertinencia de cubrir —en el marco de una elección presidencial controversial— la vacante de la fallecida Ruth Bader Ginsburg en la Corte. Bill Clinton la nominó al principio de su mandato.

La Corte Suprema de Estados Unidos la componen nueve jueces. De los ocho en funciones, tres deben su nombramiento a George Bush; uno, a Bill Clinton; dos, a Barack Obama; y dos, a Donald Trump. La favorita del presidente para sustituir a Bader es la ultraconservadora Amy Coney Barret. Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, presiona para que el Senado, controlado por los republicanos, difiera el relevo de Bader para el año próximo. En tal caso, correspondería a él y no a Trump designar al noveno juez del Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo, Trump no le dejará el campo abierto a los demócratas por dos razones fundamentales: 1.- El Partido Republicano está hoy en condiciones de elevar su mayoría en la Corte (6-3); 2.- Ante la eventualidad de que el resultado de la elección del 3 de noviembre se decida en el Tribunal, como sucedió en 2000 en favor de George Bush, superado en votos populares por Al Gore, una Corte afín le permitiría conservar el poder otros cuatro años. Biden encabeza la intención de voto, pero Trump está decidido a enturbiar el proceso.

Los miembros de la Corte de Estados Unidos son nombrados de por vida y solo pueden ser destituidos mediante juicio político por el Congreso. Si en el Tribunal Supremo las ideologías y los intereses partidistas desempeñan un papel relevante, con mayor razón en la Cámara de Representantes y en el Senado. El presidente de turno empuja su agenda en el Congreso: liberal, como la de Obama, o conservadora, en el caso de Trump.

En México sucede lo mismo, Andrés Manuel López Obrador ha nombrado dos ministros para la Corte con el aval del Senado: Juan Luis González (diciembre de 2018) y Yasmín Esquivel Mossa (marzo de 2019). Sustituyeron a José Ramón Cossío y a Margarita Luna Ramos (nominados por Vicente Fox), quienes cumplieron el periodo constitucional de 15 años. La renuncia de Eduardo Medina Mora, funcionario en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, sin experiencia en la judicatura, le permitió a AMLO ganar otro asiento en el Tribunal con Margarita Ríos Fajart. Medina renunció entre acusaciones de lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

López Obrador tiene mayor margen de maniobra que Trump, cuyo partido es minoría en la Cámara de Representantes. Morena controla el Congreso y el Senado, y con el voto de sus aliados alcanza la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución. Hoy se acusa, no sin razón, que AMLO influye en la Corte y en el Congreso. Siempre ha sido así, pues el sistema presidencial lo permite. Para lograr una separación real de poderes existen varias condiciones: respeto a la Constitución, que los legisladores representen auténticamente a sus electores y que los jueces se apeguen a las leyes por encima de ideologías y partidos. ¿Imposible? No. Costa Rica, Guatemala, Perú y no se diga Uruguay, nos dan el ejemplo.

Las protestas en Saltillo por los feminicidios cesaron por las elecciones, pero continuarán mientras las autoridades sean reactivas y no proactivas. Basado en la declaración de una organización especializada, Javier Mariscal retoma las demandas feministas de justicia, en el bisemanario Espacio 4 (651).

“¿Qué forma de violencia de género puede ser más extrema que el homicidio cometido con alevosía, saña y ventaja? Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el asesinato de cualquier mujer, a manos de uno o varios hombres bajo esas circunstancias, ‘es lo más bajo y aberrante en lo que puede caer una sociedad’. Los casos de Alondra y Claudia, ocurridos en Saltillo entre el 21 de septiembre y el 8 de octubre, y el de Bertha ‘N’, en Piedras Negras, registrado en el mismo lapso, eleva a 22 la cifra de feminicidios en Coahuila en lo que va del año. Con los reflectores mediáticos sobre nuestra entidad, los colectivos feministas presionan para declarar la alerta de género, ya. El cadáver de Bertha, de 50 años, se descubrió el 6 de octubre en una bolsa en la ferretería donde trabajaba, con signos de violencia. El presunto ya se encuentra detenido.

“Sin embargo, para las autoridades, la declaratoria implicaría reconocer, primero, que la problemática de los feminicidios es real y mayúscula en Coahuila. Situación complicada en tiempos electorales, cuando el PRI –en el que militan el Alcalde de Saltillo y el Gobernador– promovía el voto para sus candidatos a diputados locales bajo el eslogan ‘Para seguir seguros’. Es ese contexto, el 9 de octubre –18 días después de que Alondra ‘N’ (20 años) fue asesinada en la colonia La Madrid– trabajadores de limpieza del Municipio encontraron el cuerpo de otra mujer, depositado en un tonel, en el barrio Colinas de San Francisco (…).

“Las autoridades identificaron el cuerpo como el de Claudia ‘N’, de 34 años, asesinada al menos 24 horas antes (el día 8), según la autopsia. La víctima, igual que Alondra, fue estrangulada. El supuesto asesino, Carlos Abraham ‘N’, su expareja, habría recibido la ayuda de un amigo (José Alfredo ‘N’) para limpiar la escena del crimen, deshacerse del cuerpo y luego huir. Las consignas lanzadas en las marchas y protestas por el feminicidio de Alondra volvieron a resonar el 11 de octubre en las calles de Saltillo y frente al Palacio de Gobierno. Convocadas por el colectivo Frente Feminista de Saltillo, mujeres solidarias –en su mayoría jóvenes– volvieron a expresar su indignación y a clamar justicia: ‘¡Ahora por Claudia, nuevamente por todas!’. (…)

“Vasti Zertuche Domínguez, prima de Claudia, puso de relieve la solidaridad de las mujeres. Enterada de la captura de José Alfredo, urgió a las autoridades a localizar y detener también a Carlos Abraham, quien hasta ese momento seguía prófugo. ‘Hay datos que no podemos revelar para no afectar la investigación’, dijo al reconocer la respuesta de la Fiscalía en este caso. La pesquisa concluyó el 12 de octubre, cuando las autoridades reportaron la detención del supuesto feminicida. Tras ubicarlo y aprehenderlo en Torreón, fue trasladado a Saltillo.

Una de las manifestantes que participaron en la protesta del 27 de septiembre frente al Palacio de Gobierno, en demanda de justicia y para exigir la renuncia de autoridades estatales y municipales, por el feminicidio de Alondra, fue Vasti. ‘Nunca imaginé que a los pocos días mi familia pasaría por lo mismo... Claudia deja a un niño de 9 años al que amaba y por el cual se desvivía... Les pido que sigamos con esta lucha, no solo por Claudia, sino por todas las mujeres. Hoy fue ella, mañana no sabemos si seamos nosotras’”, declaró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador alborotó de nuevo el avispero con la propuesta para investigar actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos del pasado, pero se echó la soga al cuello. La aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por seis votos contra cinco, de la consulta popular acerca de si el Gobierno debe emprender “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, también lo pone en la picota. Ocho de los 11 ministros que integran el máximo tribunal constitucional del país, cuyo relevo es escalonado, fueron nombrados por los presidentes Vicente Fox (1), Felipe Calderón (5), Peña Nieto (2) y tres por AMLO con la aprobación del Senado.

La SCJN modificó la pregunta original, propuesta por la Cámara de Senadores, que exentaba a AMLO, pero la intención de la cuarta transformación y de su base social es la misma: “investigar, y en su caso sancionar, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones”. Las fotografías de los cinco se exhibieron en las plazas donde se recolectaron firmas de apoyo al plebiscito.

En un país donde el Ejecutivo de turno utiliza su poder para influir en las decisiones de los poderes Legislativo y Judicial, los cuales en teoría son autónomos e independientes, donde los presidentes son intocables mientras en otras naciones son defenestrados, están en prisión o se suicidan por haber violado la ley; donde la impunidad campea, y la justicia —inaccesible para la mayoría— está al servicio de los poderosos; y donde los grupos de poder buscan imponer resoluciones judiciales a través de los medios de comunicación, declarar constitucional la materia de la consulta popular 1/2020 pone a México en un escenario inédito.

La pregunta de la Corte no satisfizo al Presidente por “poco clara” (la primera era igual o más confusa), pero también porque, al suprimir nombres y plazos, los ministros —satanizados quienes votaron a favor, y elevados al altar de la patria quienes lo hicieron en contra— abrieron la posibilidad de que la consulta de agosto de 2021 o una posterior lo incluya a él o a funcionarios de su administración por “decisiones políticas” nocivas para la población o violatorias de los derechos humanos, sin excluir casos de corrupción ni a las víctimas por el desabasto de medicamentos.

La iniciativa para enjuiciar a los expresidentes —Zedillo es quizá el único salvable, a pesar de Acteal y el Fobaproa— cuenta con un amplio respaldo ciudadano. Pero también ha provocado críticas enconadas, descalificaciones parciales y defensas apasionadas de la separación de poderes. Luis María Aguilar —uno de los ministros propuestos por el presidente Calderón— se refirió a la pregunta original como “un concierto de inconstitucionalidades”.

El Presidente afrontó las reacciones a su manera: “Están muy enojados los intelectuales orgánicos, pero entonces ¿en qué quedamos, somos demócratas o no?, ¿la política es asunto de todos o nada más de los políticos, los expertos y los del llamado círculo rojo?, ¿no cuenta la opinión de los obreros, campesinos, y de la mayoría de los mexicanos? Yo creo que fue un gran avance”.

El triunfo del PRI en Coahuila es de manufactura local y no central, por más que el supuesto líder nacional de ese partido, Alejandro Moreno, lo presuma como propio. Así intenta convencer a la galería de un futuro promisorio en los estados cuando las encuestas pronostican para 2021 un carro completo, pero a la inversa: perder todo. Incluida la gubernatura de Campeche de la cual se separó -como Humberto Moreira- para dirigir el CEN. Una de las aspirantes de Morena es Layda Sansores, cuyo padre Carlos Sansores Pérez fue presidente del PRI en el apogeo de la «dictadura perfecta», y al cual Alito no le llega ni a la suela del zapato.

Una de las consecuencias de la alternancia en Campeche podría ser que el nombre de Moreno se agregue a la nómina de exgobernadores investigados por corruptos, en la cual figuran Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y César Duarte (Chihuahua), todos del PRI y entre rejas. Ulises Ruiz e Ivonne Ortega, exmandamases de Oaxaca y Yucatán, acusan a Moreno de haber adquirido, durante su Administración, una «casa blanca» valuada en 46 millones de pesos y de contratar créditos por mil 360 millones de pesos -una bagatela comparada con la deuda de Coahuila- cuyo destino se ignora.

Un amigo de Oaxaca me telefoneó el lunes para contarme sobre la euforia causada por el carro completo del PRI en Coahuila. «Pepe Murat (exgobernador de esa entidad y padre del Ejecutivo en funciones) le da el crédito a Moreno, por si alguien dudaba de la eficiencia de Alito». Sobre el tándem campechano-oaxaqueño, el columnista Luis Soto publicó:

«Los priistas del siglo 20 y los neopriistas del siglo 21 se quedaron perplejos cuando se enteraron de que su líder, es un decir, Alejandro Moreno, asociado con José Murat, se proclamaron dueños del partido y les mandaron decir el siguiente mensaje: aquí solamente “nuestros chicharrones truenan; vamos a decidir las candidaturas a puestos de elección popular; vamos a ‘dar línea’, a controlar los dineros… y al que no le parezca que se vaya”» («Dos tipos de cuidado», El Heraldo de México, 06.08.20).

Moreno está desaforado. «Perdona» a quienes votaron por Morena y abre los brazos (no las piernas, según dijo aquí un líder priista) a los «arrepentidos» (Quadratín, 19.10.22). Hombre de paja (como gobernador buscó el padrinazgo del presidente Carlos Salinas, igual que los Moreira), Alito perdió la perspectiva con dos triunfos ajenos, los cuales, en el plano nacional, no tienen mayor impacto. Morena ha denunciado «acarreo, compra de votos y amenazas» en Coahuila e Hidalgo por parte del PRI.

El presidente López Obrador, quien se había erigido como garante de las elecciones, declaró en la mañanera del lunes sobre los procesos en ambas entidades: «(…) es un triunfo para la democracia si la gente participa y hay elecciones limpias y libres, gane quien gane. (…) no quiero estar monitoreando, como era antes, desde la campaña cómo están los partidos, no me corresponde». AMLO y el gobernador Riquelme se verán este sábado en Acuña.

Ganar el Congreso le quitará a Riquelme presión y aumentará su margen de maniobra. El lagunero estuvo a punto de perder la gubernatura por los desafueros de los Moreira. En los comicios del domingo, los partidos echaron mano de todos los recursos a su alcance. La mesura de Riquelme frente al carro completo es consecuente con la sobriedad con que ejerce el mando. Al margen de errores y fallas, esa sola condición lo diferencia de un gobernador atrabiliario y enfermo de poder como Rubén Moreira.

Seis de cada cuatro coahuilenses desairaron las urnas en las votaciones para diputados del domingo. ¿De qué se jacta entonces el Instituto Electoral, entre cuyas funciones tiene, justamente, promover el sufragio? No fue por la pandemia, sino, en la mayoría de los casos, por la baja calidad de los candidatos y el rechazo ciudadano a los partidos. Se trató de una competencia entre estructuras, terreno en el cual el PRI siempre llevará ventaja. No de balde ocupa el poder en Coahuila desde hace 91 años. Además, si el Congreso representara un poder autónomo y determinante, no habría elección intermedia con tamaño abstencionismo.

¿Con qué ánimo concurrir a las casillas con candidatos que, en algunos distritos, en vez de estar en las boletas deberían figurar en expedientes judiciales? ¿Quién paga por asistir a un espectáculo con actores de cuarta y un final conocido de antemano? Porque acudir a las urnas, contra lo que pudiera pensarse, también cuesta. El precio no se cubre en las taquillas, sino a través de los impuestos. El carro completo es importante para el PRI, pues levanta la moral de un partido apabullado en las presidenciales de 2018.

Sin embargo, el triunfo debe ser ponderado en su justa dimensión y no atribuírsele efectos automáticos para futuros procesos locales y federales o ser tomado para afianzar agendas personales. Desde que los Moreira reformaron la Ley Electoral del estado a su arbitrio para separar las elecciones de gobernador, alcaldes y diputados cada seis años, y de Congreso y ayuntamientos cada tres, con la aquiescencia de las oposiciones, el patrón es el mismo: el PRI gana en los comicios intermedios todos los distritos. Ocurrió en 2008, 2014 y ahora en 2018. Es un método perfeccionado por el PRI para hacerse con el control de un poder vital para el gobernador de turno, máxime en la parte final de su sexenio. A Humberto Moreira le sirvió, por ejemplo, para ocultar la deuda; y a Rubén, para mantenerla impune. ¿En qué utilizará su mayoría Miguel Riquelme?

El PRI celebra a bombo y platillo haber ganado de todas todas mientras las oposiciones -el PAN y Morena sobre todo- buscan culpables en vez de asumir su responsabilidad por el fracaso en las urnas, pero también por su indolencia y la pésima conducción de sus partidos, en particular Morena, el cual, según el senador Armando Guadiana, se vendió al PRI. ¿No hizo lo mismo en la actual legislatura? Pensar que el solo nombre de Andrés Manuel López Obrador le daría la victoria a candidatos sin trayectoria, reconocimiento público o sacados del baúl de los recuerdos, igual que pasó hace dos años, merecía como resultado la derrota.

El PRI, mal que bien, hizo su tarea. Movilizó a su estructura y juntó, con algunas variaciones y el mismo índice de abstencionismo (60%, ¿curioso, no?) niveles de votación por encima de los 400 mil votos: 443 mil en las intermedias de 2008; 454 mil en 2014 y 415 mil el domingo pasado. Ese es su techo. Morena desplazó al PAN como segunda fuerza en el Congreso local. El partido de AMLO tendrá cinco diputados en la próxima legislatura. Pero así tuviera 9 -como Acción Nacional ahora- o más, será inútil si se aliena al PRI. Sugerir que el gobernador Miguel Riquelme venció a López Obrador en las urnas y que el carro completo representa la resurrección del PRI es una desmesura, un deseo de agradar. El podio de triunfadores lo ocupan: en primer lugar, el abstencionismo; en segundo, el PRI; y el tercero, Morena.

El monopolio del poder ejercido por el PRI durante 70 años tuvo altos costos para el país. En cada elección nacional y local se exaltaba la democracia, pero era una careta; por esa razón el concepto se desgastó y perdió sentido. Pascual Ortiz Rubio ganó la presidencia en 1929 entre acusaciones de fraude. Se repuso del atentado que sufrió después de tomar de posesión, pero no pudo librarse de Plutarco Elías Calles y prefirió a renunciar a la mitad de su mandato. Los siguientes mandatarios fueron impuestos por la maquinaria del Estado; casi todos –hasta llegar a Peña Nieto– entre señalamientos de irregularidades en las casillas y en los tribunales.

En ese proceso, el candidato Luis Donaldo Colosio fue asesinado por disputas de poder dentro del PRI. El conflicto propició la elección de uno de los mejores presidentes: Ernesto Zedillo, quien salvó al país de la crisis económica incubada en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que estuvo alejado de escándalos familiares o de corrupción. Su mejor legado político consistió en generar condiciones para la primera alternancia; como exjefe de Estado, su comportamiento también ha sido digno, ejemplar. Vicente Fox desaprovechó la oportunidad histórica de ser el primer Presidente emanado de un partido de oposición.

Antes y después de la Revolución, la mayoría de las elecciones se ganaron con trampas, algunas a balazos y sin excepción con recursos públicos al margen de los cauces legales. La delincuencia de cuello blanco y los cárteles de la droga también contribuyeron. México tuvo como resultado una sucesión de presidentes sin legitimidad en las urnas. Algunos suplieron el déficit con terror y mano dura; otros, con dinero. Pero a medida que la democracia se consolidaba en el mundo; la sociedad se volvía más exigente; el robo y la manipulación del voto empezaban a fallar; los márgenes de victoria se estrechaban; iniciaba el primer ciclo de gobiernos divididos y los ejecutivos federales cedían más poder a los grupos de presión, el Estado y las instituciones se vaciaron e incluso dejaron de cumplir su función o la cubrían a medias.

En ese contexto, Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia con una de las votaciones más nutridas. Traicionados sexenio tras sexenio, en medio de corrupciones galopantes –el fenómeno alcanzó categoría de política de Estado en el Gobierno de Peña Nieto– con partidos burocratizados y una elite cómplice del poder e indiferente a las necesidades de las clases medias y de los pobres, la ciudadanía le entregó a AMLO todo el poder. Vistos los resultados, muchos de quienes votaron por el líder de Morena quizá hoy se arrepientan, pero aun así la popularidad del Presidente es alta. Las elecciones intermedias dirán si la mayoría lo aprueba todavía o le retira su apoyo.

Si Fox tiró por la borda la legitimidad de las urnas –y pasó como un Presidente anodino– López Obrador abusa de ella, y las consecuencias pueden ser aún peores. Los mexicanos siguen agraviados por la corrupción de la clase política, la oligarquía transexenal y el saqueo indiscriminado e impune de las arcas públicas. El desafío de acabar con la hidra es monumental y requerirá varios sexenios para dejar de figurar en la lista de la infamia de Transparencia Internacional. El empeño no se debe abandonar, sino aplicarse también a las administraciones de Morena. Lo urgente es deponer el revanchismo como forma de Gobierno.

Las mujeres han logrado avanzar su agenda a base de “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor” –fórmula churchilliana–, pero ya no están dispuestas a ser asesinadas para merecer la atención de las autoridades y de los medios de comunicación. El periodista Javier Mariscal trata el tema en la nueva edición del bisemanario Espacio 4, a partir de las reacciones por los feminicidios de Alondra y Claudia, ocurridos en Saltillo en apenas 17 días.

“·¿Qué forma de violencia de género puede ser más extrema que el homicidio cometido con alevosía, saña y ventaja? Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el asesinato de cualquier mujer, a manos de uno o varios hombres bajo esas circunstancias, ‘es lo más bajo y aberrante en lo que puede caer una sociedad’.

“Los casos de Alondra y Claudia, ocurridos en Saltillo entre el 21 de septiembre y el 7 de octubre, y el de Bertha ‘N’, en Piedras Negras, registrado en el mismo lapso, elevan a 22 la cifra de feminicidios en Coahuila en lo que va del año. Con los reflectores mediáticos sobre nuestra entidad, los colectivos feministas presionan para declarar la alerta de género, ya. El cadáver de Bertha, de 50 años, se descubrió en una bolsa el 6 de octubre en la ferretería donde trabajaba, con signos de violencia. El presunto responsable ya se encuentra detenido.

“Sin embargo, para las autoridades, la declaratoria implicaría reconocer, primero, que la problemática de los feminicidios es real y mayúscula en Coahuila. Situación complicada en tiempos electorales, cuando el PRI –en el que militan el Alcalde de Saltillo y el Gobernador– promovía el voto para sus candidatos a diputados locales bajo el eslogan: ‘Para seguir seguros’.

“En ese contexto, el 8 de octubre –17 días después de que Alondra ‘N’ (20 años) fue asesinada en la colonia La Madrid–, trabajadores de limpieza del municipio encontraron el cuerpo de otra mujer, depositado en un tonel, en el barrio Colinas de San Francisco, al sur de la ciudad. El hecho lo reportaron al número de Emergencias, 911.

“Las autoridades indentificaron el cuerpo como el de Claudia ‘N’, de 34 años, asesinada al menos 24 horas antes (el día 7), según la autopsia. La víctima, igual que Alondra, fue estrangualda. El supuesto asesino Carlos Abraham ‘N’, su expareja, habría sido ayudado por un amigo para limpiar la escena del crimen, deshacerse del cuerpo y luego huir.

“Las consignas lanzadas en las marchas y protestas por el feminicidio de Alondra volvieron a resonar el 11 de octubre en las calles de Saltillo y frente al Palacio de Gobierno. Convocadas por el colectivo Frente Feminista de Saltillo, mujeres solidarias –en su mayoría jóvenes– volvieron a expresar su indignación y a clamar justicia: ‘¡Ahora por Claudia, nuevamente por todas!’.

“El presunto cómplice de Carlos Abraham resultó ser José Alfredo ‘N’ y fue detenido en Tabasco, a más de mil 500 kilómetros de Saltillo, informó la Fiscalía General del Estado, mientras el Frente Feminista se manifestaba en la Plaza de Armas. La colaboración interestatal permitió la aprehensión del prófugo, realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. (…)

“Una de las manifestantes que participaron en la protesta del 27 de septiembre frente al Palacio de Gobierno, en demanda de justicia, y para exigir la renuncia de autoridades estatales y municipales por el feminicidio de Alondra, fue Vasti Zertuche, prima de Claudia.

“‘Nunca imaginé que a los pocos días mi familia pasaría por lo mismo... Claudia deja a un niño de 9 años al que amaba y por el cual se desvivía... Les pido que sigamos con esta lucha, no solo por Claudia, sino por todas las mujeres. Hoy fue ella, mañana no sabemos si seamos nosotras’, declaró”.

Las elecciones de diputados en Coahuila no siempre fueron “huérfanas”. Cada seis años iban junto con las de gobernador y alcaldes; y cada tres, con las de ayuntamientos. Sin embargo, para evitar riesgos a la hora de revisar las cuentas públicas, neutralizar a los partidos de oposición, bloquear investigaciones e imponer una agenda continuista, Humberto y Rubén Moreira necesitaban monopolizar el Congreso. Con ese propósito alteraron el calendario electoral mediante la ampliación de los periodos de presidentes municipales a cuatro años.

Uno de los primeros movimientos del tándem para perpetuarse en el poder consistió en infiltrar los organismos comiciales. El encargado de esa tarea fue el mayor de los hermanos, burócrata gris en sus inicios y megalómano en la etapa final de su carrera, además de anodino.

Cuando Humberto asumió la gubernatura en 2005, Rubén ya era el mandamás del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) (hoy Instituto Electoral de Coahuila o IEC). Desde el comité estatal del PRI, mangoneó al Congreso para imponer consejeros y presidentes.

La servidumbre del extitular del IEPC, Homero Ramos Gloria, al proyecto transexenal se premió con la Secretaría de Gobierno. Con ese movimiento, Rubén eliminó a Óscar Pimentel –su antiguo jefe en la alcaldía de Saltillo– de la sucesión estatal reservada para él. Con la misma rudeza impuso heredero.

Moreira cedió la presidencia del Instituto Electoral a Leopoldo Lara Escalante, y para cerrar la pinza impuso a Valeriano Valdés en la jefatura del Tribunal Electoral del Estado (TEE), siempre con el aval del Congreso.

Para liberar a los organismos electorales de la férula de los gobernadores, las oposiciones representadas en la Cámara de Diputados lograron una reforma en 2014, pero resultó inútil. La facultad de nombrar consejeros pasó al Instituto Nacional Electoral (INE), pero Rubén Moreira y su muñidor en el PRI, David Aguillón, mantuvieron el control del IEC.

Con una presidenta inexperta y sin autoridad, como Gabriela de León, y el consejero Alejandro González –a quien el Senado vetaría para el TEE por su adicción al PRI– en funciones de caballo de Troya, los Moreira pudieron manipular las elecciones.

El IEC perdió legitimidad en los comicios de 2017. El triunfo de Miguel Riquelme estuvo en vilo, pero finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo ratificó. El presidente López Obrador y la mayoría de Morena en el Congreso planean desaparecer los organismos públicos locales (Oples), según se denomina a los equivalentes del INE en cada estado, debido a su inutilidad y alto costo.

El Ejecutivo, las bancadas de Morena y sus aliados también pugnan por reducir el financiamiento público a los partidos en un 50 por ciento. Este año, a pesar de no haber elecciones federales, recibirán 5 mil 239 millones de pesos.

Mientras se decide el futuro financiero de la partitocracia y de los 38 Oples, AMLO se ha declarado custodio de las elecciones. “Vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus autoridades”, dijo el 22 de junio en rueda de prensa. La intención es obvia: atarle la mano a los gobernadores.

Coahuila e Hidalgo son los estados más expuestos a la mirada presidencial y del fiscal en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, pues son los únicos que este año acudirán a las urnas. El primero elegirá este domingo 25 diputados (16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional) y el segundo, 84 ayuntamientos. El calendario de 2021 cubre todo el territorio: los 300 distritos federales, 15 gubernaturas, 20 legislaturas locales y mil 926 alcaldías.

Coahuila suele presentarse como “el estado más priista de México”, cual si fuese timbre de orgullo y no motivo de ignominia. Es el PRI de los Moreira, responsables de la quiebra financiera y del envilecimiento político e institucional de la patria de Ramos Arizpe, Madero y Carranza.

La entidad “más priista”, junto con Hidalgo, alineada por el moreirato al Grupo Atlacomulco y al expresidente más inepto, corrupto y manipulable. El PRI superado por el PAN y Morena en las dos últimas elecciones. El PRI contra el cual, dos días después de las votaciones de 2017, decenas de miles de coahuilenses se manifestaron por las calles de Saltillo y frente al Palacio de Gobierno para demandar democracia y expresar su rabia: “¡Fraude electoral!”, “¡Fuera los Moreira!”.

El clamor no se olvida. Resuena en la conciencia de legiones, pero los Moreira no se han ido. Están en el Gabinete, en el Congreso, en el Tribunal Superior de Justicia, en el Sistema Estatal Anticorrupción, en el sindicato magisterial, en columnas políticas y de opinión, en la dirección de periódicos, estaciones de radio y canales de televisión.

Y para más inri, este 18 de octubre volverán a estarlo en las boletas para diputados bajo el nombre de Alvarito. El benjamín del clan compite por el distrito más cómodo para el PRI. Pase automático para contentar a los hermanos. A menos que Sergio Hernández y Ana Isabel Hernández, candidatos del PAN y de Morena, saquen el pecho y los ciudadanos voten.

Cuando la suerte les cambia, algunos políticos de medio pelo emulan aficiones que antes abominaban por estar fuera de su alcance. Unos se inclinan por el golf. Alvarito prefirió el tiro con arco y tuvo de instructor al director del Deporte.

Si en el último año del Gobierno de Rubén se dedicaron sin chistar 3 mil 554 millones de pesos a la deuda, por qué iba a fijarse en cacahuates. Cuando Humberto Moreira era gobernador recordó una anécdota en la inauguración del Instituto Tecnológico Don Bosco: los pesos que le entregaron para llevar a Alvarito al peluquero, lo gastó en helados. El dinero de la deuda debe permitir compras mayores.

Alvarito encabeza el bloque moreirista de la próxima legislatura. En la lista de candidatos figuran alcaldes, funcionarios y diputados de Humberto y Rubén, algunos de los cuales encubrieron la deuda ilegal, la aprobaron y han obstruido su investigación. La misma gata, pero sin revolcar.

¿No tiene el PRI nuevos cuadros? ¿Pesa más el compromiso con el clan que la necesidad de reconciliar unas siglas decadentes con la ciudadanía? Existe un incentivo para acudir a las urnas en los 16 distritos: convertir en votos las protestas poselectorales de 2017 y el enfado social contra el moreirato. El Congreso sí importa, por más que los diputados lo denigren.

El Poder Legislativo ha sido dominado históricamente por el PRI con la complicidad de las autoridades electorales y de las oposiciones. Pero los Moreira lo pusieron al servicio de sus intereses para tapar deudas, empresas fachada y otras cloacas.

Además de comprar votos, sobornaron a diputados de todos los partidos, acosaron a los críticos, rentaron siglas y torcieron leyes para tener mayorías calificadas que les permitieran cometer cualquier tipo de atropello, vulnerar instituciones públicas y sociales como la familia y prohibir, en un ataque de ira, las corridas de toros.

Las llaman así por despreciadas. Son las elecciones de diputados. Nadie las acompaña, excepto el abstencionismo, algunas sombras ominosas y una autoridad comicial deslegitimada. Las votaciones de alcaldes y gobernador, en cambio, generan expectativa, despiertan ambiciones, empujan pactos -algunos visibles, otros clandestinos, pero casi siempre dañosos para el estado-, pues implican presupuesto y estructuras político-administrativas. El poder permite repartir dinero, contratos entre amigos y empresas fantasma, puestos públicos, prebendas y protección, incluso a cárteles.

Los responsables directos del desprecio ciudadano hacia el Poder Legislativo son los diputados por abdicar de su función de contrapeso para ponerse al servicio del gobernador de turno, de sus partidos y de intereses personales en vez de cumplir el papel de representantes populares. En sentido amplio, el aforismo del dictador Antonio López de Santa Anna según el cual «mientras tengamos Congreso no habrá progreso», en Coahuila se cumple a pie juntillas. Las cuatro legislaturas de los Moreira, integradas por acólitos, juniors, empresarios y dueños de medios de comunicación, sobresalen por abyectas: legalizaron una deuda espuria, avalaron reformas autoritarias, hicieron la vista gorda frente a asesinatos masivos y desapariciones forzadas y boicotearon todo intento por investigar el desvío de recursos y casos flagrantes de enriquecimiento.

El veredicto ciudadano por 12 años de corrupción, nepotismo y desgobierno se dictó en las urnas el 4 de junio de 2017. La votación del PRI cayó 33% con respecto a 2011. Miguel Riquelme ganó la gubernatura por un margen de 2.5%, pero perdió municipios importantes -excepto Saltillo, por una alianza político-empresarial- y el control del Congreso. La tendencia se mantuvo en 2018 cuando su partido fue desplazado de las alcaldías de Piedras Negras, Matamoros y Francisco I. Madero, en las cuales jamás había habido alternancia. También perdió las elecciones de senadores y cinco de siete diputaciones federales.

Las oposiciones desaprovecharon su condición de mayoría en la actual legislatura -el PAN, UDC, Morena, PRD y dos independientes suman 15 diputados contra 10 del PRI- al ser cooptadas como las precedentes. Otras tuvieron un papel menos mediocre. Es el caso de la 58, con menor presencia opositora, pero con más agallas. Humberto Moreira dejó de acudir al Congreso después de ser interpelado por la bancada del PAN. A partir de entonces, suplantó la formalidad republicana con escenografía barata y faramalla ante públicos cautivos. Los «informes de resultados» eran actos de culto a su persona y de ilusionismo para encubrir la deuda por más de 40 mil millones de pesos con bancos y proveedores.

Es la segunda vez -en 90 años- que un gobernador carece de mayoría en el Congreso. En las elecciones intermedias de Rogelio Montemayor, el PRI perdió más del 50% de los distritos y las alcaldías de Saltillo, Torreón, Monclova y Ramos Arizpe. Para salir del brete, el Gobierno compró diputados; otros ya eran satélites del PRI. Patricia Vargas, expresidenta de Participación Ciudadana 29, recapitula: «Por décadas (...) esperamos contar con un Congreso más plural, que representara un verdadero contrapeso y balance al poder del Ejecutivo estatal. Esta última legislatura prometía serlo, pero la avaricia y las luchas de poder fueron más importantes de librar para los diputados que las necesidades de los habitantes del estado. Y la próxima legislatura no parece representar un gran avance» («¿Merecemos a esos candidatos?», Espacio 4, 649).

Coahuila supera en partidos a Estado de México, cuya lista nominal de electores es casi cinco veces y media superior (11.9 millones contra 2.2). La entidad más poblada del país no tiene partidos locales, pero la nuestra –número 16 en habitantes a escala nacional– registra cuatro, la mayoría reciclados luego de perder su registro en 2017 por no haber alcanzado el mínimo de votos. Las 11 siglas con representación en el estado recibirán 168.2 millones de pesos este año, equivalentes al 43% del presupuesto del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

El único partido local con vida propia es Unión Democrática de Coahuila (UDC), fundado por el exlíder sindical Evaristo Pérez Arreola. En las elecciones legislativas de 2017 ganó tres distritos; y un año después, las alcaldías de Acuña, Allende y Sabinas; y en coalición con el PAN, las de Abasolo y Sacramento. El resto de los membretes son satélites: Unidos (antes Partido Joven), de la Revolución Coahuilense (conserva el mismo nombre), y Emiliano Zapata, la Tierra y su Producto (en el pasado, de la Revolución Coahuilense), cuyos líderes son Rubén Humberto Moreira –el nombre lo dice todo– Abundio Ramírez y José Luis López.

Como una refutación de que en Coahuila existe nepotismo –su tío Álvaro es candidato del PRI por el Distrito 16– Rubén Humberto Moreira no figura en las listas de Unidos para el Congreso. O acaso se abstuvo para evitarse la vergüenza de su padre, quien, en las elecciones de 2017, no obtuvo votos suficientes para ser diputado por el Partido Joven. En cambio, Ramírez y López se incluyeron por partida doble. El primero es candidato por el Distrito 7 y el segundo, por el 16; ambos aparecen en el segundo lugar en las fórmulas de representación proporcional, pero ninguno será legislador e incluso corren el riesgo de volver a perder el registro.

En 2017, Unidos, Zapata (bajo otras siglas), Revolución Coahuilense y tres partidos más formaron la coalición Por un Coahuila Seguro, encabezada por el PRI, para postular a Miguel Riquelme. El lagunero estuvo a punto de perder la gubernatura; quizá no tanto por él, sino por los Moreira. Fue la primera elección en la que, proporcionalmente, el PRI obtuvo menos votos en 91 años de historia: 38.9%, apenas dos puntos y medio por encima del PAN. Los opositores Guillermo Anaya, Armando Guadiana y Javier Guerrero captaron en conjunto el 56.6% de la votación.

Históricamente, la competencia en Coahuila había sido entre el PRI y el PAN, tanto en procesos locales como federales. Morena estuvo muy por debajo de Acción Nacional en 2017, pero en las elecciones del año siguiente rompió el bipartidismo: ganó la presidencia con López Obrador, las dos senadurías de mayoría relativa y tres diputaciones (de siete) bajo el mismo principio. En 2018 consiguió sus cuatro primeras alcaldías: Piedras Negras, Matamoros, Francisco I. Madero (donde no se conocía la alternancia) y Parras.

Si en las listas de Morena para diputados se buscan figuras, quizá no se encuentren –si acaso, alguna lacra asociada al exgobernador Humberto Moreira– pero tampoco júniors, embajadores de aspirantes prematuros al Gobierno del Estado o secuaces del moreirato que legalizaron la megadeuda por 36 mil millones de pesos. La fuerza de Morena le viene del presidente López Obrador. El 18 de octubre se verá si ese activo, sumado a los programas sociales, le sirve para ganar otro congreso o, al menos, aumentar su presencia.

Si la actitud del presidente López Obrador fuera otra y escuchara las voces desinteresadas que también quieren un país mejor, habría menos ruido en el ambiente y más colaboración aun en medio de crisis. Por fortuna, no todo es política. Espacio 4, comenta en Luces y Sombras, tres notas plausibles.

I
El Gobierno federal pidió al consejo de administración del Infonavit eliminar el bono de 80 mil pesos que da a sus integrantes por participar en las sesiones mensuales. El órgano está formado por 10 representantes sindicales, 10 de Gobierno y 9 empresarios. En la asamblea general ordinaria realizada de manera virtual, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, propuso que, a más tardar en diciembre, se establezca que la participación en el consejo sea honorífica y no haya pago. “Ya quisiera cualquier trabajador que aporta al Fondo de Vivienda recibir estos montos de más de 80 mil pesos por cada una de las reuniones”, expuso. Aceves del Olmo (CTM) pidió que la decisión sea tomada de manera individual y no por una orden. “Yo puedo tomar una decisión personal, no por otras personas que están en la condición que usted nombra y que han estado así durante mucho tiempo; no quiere decir que eso esté bien, pero tampoco que esté mal”, dijo. El dirigente, quien ha faltado a varias reuniones sin dejar de cobrar el bono, argumentó que sus ausencias han sido por motivos de salud.

II
Por implementar el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas, considerado como uno de los mejores a escala global, México fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos como la Unicef y la FAO. Consideran que es una acción importante como mecanismo para combatir enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, cáncer, respiratorias y diabetes. Cristian Morales, representante de la OPS/OMS en México, aclaró que el etiquetado no pretende promover la prohibición de alimentos, sino hacer conciencia para una mejor alimentación. “Los sellos no se inventan ni se definen por caprichos, están basados en los lineamientos de la OMS”, dijo el funcionario. La diferencia del etiquetado mexicano es que “el umbral de los sellos se basa en el perfil de nutrientes de la OMS y recoge la especificación de cuándo debemos alertar con un sello un producto que tiene un exceso de grasa saturada, sodio, grasas trans o edulcorantes”.

III
El estudiante mexicano Tomás Cantú Rodríguez (Ciudad de México) ganó medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2020 (IMO, por sus siglas en inglés). Es la cuarta medalla de oro en la historia para México en este campeonato que se celebra anualmente desde 1959. Este año, la IMO fue de forma virtual debido a la pandemia de Covid-19. Rusia, el país anfitrión, realizó las pruebas a distancia en sedes de cada país, las cuales contaron con rigurosa vigilancia para evitar trampas. Cuatro integrantes del equipo nacional obtuvieron bronce: Ana Paula Jiménez, de CDMX; Pablo Alhui Valeriano, de Nuevo León; Omar Farid Astudillo, de Guerrero; y Carlos Emilio Ramos, de Sinaloa. Daniel Alejandro Ochoa, de Tamaulipas, recibió mención honorífica. México se colocó en la posición 45 de 105 países. China fue el primer lugar, seguido de Rusia y Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó el esfuerzo del equipo mexicano: “¡Reconocimiento al Instituto de Matemáticas de la UNAM que los entrenó!”, publicó en Twitter.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) volvió a salvar al PRI. La primera vez fue hace tres años, cuando revalidó el triunfo de Miguel Riquelme, impugnado por el PAN; y la segunda, el 14 de agosto pasado al confirmar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para celebrar elecciones de diputados en Coahuila y de alcaldes en Hidalgo el 18 de octubre, pospuestas a causa de la pandemia.

El PAN y Morena presionaron para empatar los procesos con los de 2021 bajo el argumento de no exponer a los votantes a contagios. Diferir las elecciones no implicaba mayor problema. En el caso de Coahuila, la solución era ampliar por seis meses el periodo de la actual legislatura; y en Hidalgo, crear concejos municipales mientras se nombraban nuevos ayuntamientos.

El PRI insistió desde el principio en celebrar las votaciones este año con apego a las medidas de prevención pertinentes. Llevarlas hasta el 6 de junio próximo, cuando se elegirán alcaldes y diputados federales, además de 15 gubernaturas y 20 congresos locales, implicaba riesgos por una votación en cascada por los candidatos de Morena, como sucedió en 2018.

El partido del Presidente, sin embargo, no es imbatible. Dos gobernadores de la Alianza Federalista, escisión de la Conago, lo vencieron el año pasado. En Tamaulipas, el panista Francisco Javier García casi hizo carro completo: ganó 21 distritos electorales y Morena uno. El PRI desapareció.

En Durango, José Rosas Aispuro, también del PAN, frenó la ola morenista al obtener 18 ayuntamientos, entre ellos el de la capital; el PRI se hizo con 16. Morena venció en Gómez Palacio, segundo municipio en importancia del estado, donde jamás había habido alternancia, y Otáez.

García y Aispuro capitalizaron ser los primeros gobernadores no priistas en sus respectivas entidades.

En un despliegue de optimismo, el líder del comité estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, anuncia carro completo. Ese ánimo no lo comparten ni los priistas más recalcitrantes, lo que explica los golpes de efecto contra Pedro Luis Bernal, en Torreón, y Ramón Oceguera, en Ramos Arizpe.

Otro problema es la repetición de candidatos vinculados a los Moreira: Jesús María Montemayor (Distrito 3), Jorge Abdala –acusado de desviar recursos a inversiones personales cuando fue Alcalde de San Pedro– (4), María Guadalupe Oyervides (5), Raúl Onofre Contreras (7), Eduardo Olmos (9), Shamir Fernández (10), Martha Loera (15) y el mismísimo Álvaro Moreira (16).

Ningún partido es mayoría en la actual legislatura, compuesta por 25 diputados. El PRI tiene apenas 10 escaños, el PAN 9, UDC y Morena empezaron con tres y dos, respectivamente, y el PRD uno. Si en la elección previa el PRI ganó todos los distritos se debió a las artimañas de Rubén Moreira y su pandilla de mapaches cibernéticos. Cuatro asientos de representación proporcional se asignaron al PAN. Primero Coahuila, Nueva Alianza, UDC y Socialdemócrata Independiente obtuvieron uno cada uno.

La fuerza del PRI radica en Saltillo y la del PAN en La Laguna. Pocos gobernadores han salido bien librados de las elecciones intermedias. La prueba de Miguel Riquelme será el 18 de octubre.

El pronóstico es que la 62 Legislatura tenga una composición plural, sin una mayoría clara. Falta días para conocer qué pesará más en las urnas: el desgaste del gobernador y del presidente López Obrador o la eficacia de los programas sociales de la Cuarta Transformación coordinados por el superdelegado Reyes Flores Hurtado, exlíder del PAN. Igualmente se sabrá si la decisión de celebrar votaciones en medio de la pandemia fue sensata.

En uno de varios procesos donde la marca tóxica Moreira injiere para mantener su hegemonía en el estado y el control de instituciones que le garantice impunidad, el candidato del clan a un puesto clave renunció a su aspiración debido a la presión ciudadana.

“Por la trayectoria de Luis García Abusaid (en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, énfasis del columnista), nos parece un error y una incongruencia que se le puede considerar para ocupar el puesto de secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, ya que su pasado vinculado a personajes investigados por hechos de corrupción como Humberto Moreira y Jorge Torres López pondría en tela de juicio la credibilidad de la institución”, advirtió Participación Ciudadana 29 (PC-29) a principios de julio.

El consultor defendió su posición, pero al final claudicó: “Mi interés personal legítimo debe quedar a un lado, por el interés público que consiste en construir una institución que garantice una eficaz y eficiente lucha contra la corrupción, más allá de cuestionamientos infundados en mi contra. Desisto, a pesar de cumplir a cabalidad con los criterios establecidos por la ley y la convocatoria publicada por el Consejo de Participación Ciudadana del SEAC”. (Milenio Laguna, 30.07.20)

Una de las razones de PC-29 y de un grupo de organismos empresariales y colectivos de La Laguna y de Saltillo para impugnarlo es que debía cumplir “los más altos estándares de objetividad, transparencia y ausencia de conflicto de interés para elegir así perfiles con capacidad técnica, autónomos e independientes”.

El otro proceso electivo donde los Moreira tienen metidas las narices es el de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC en la cual, si las denuncias de acoso sexual fueran investigadas, el favorito del clan sería, al menos, inhabilitado para competir por la Dirección.

Máxime ahora que el movimiento por el feminicidio de Alondra Elizabeth Gallegos, a finales del mes pasado, es un tsunami que las autoridades, algunas ocupadas en detener la ola de contagios de Covid-19 y otras más atentas a sus agendas personales, todavía no advierten.

Hace poco escuché una versión según la cual dos exgobernadores compiten por Jurisprudencia: Eliseo Mendoza Berrueto con Raúl Garza Serna, y Rubén Moreira Valdés con Alfonso Yáñez Arreola. La primera cae por su propio peso: Mendoza, cuya Administración terminó hace casi 28 años, está retirado de la política. La segunda es irrefutable: Moreira, jefe y patrocinador de Yáñez, desea expandir su cacicazgo. En ese escenario me alinean a los primeros, por ser su amigo.

A propósito de desvaríos, recuerdo que en una cena en Monclova, la víspera de la toma de posesión de Rogelio Montemayor, el alcalde interino de Saltillo dijo a voz en grito: “¡Aquí nace un grupo político!”. Mendoza Berrueto, hombre respetuoso, sobre todo de las formas, atajó: “¡No, aquí termina!”.

A los gobernadores los acompaña la memoria de su obra, la cual el tiempo confunde y hace borrosa, y la sociedad los juzga por sus actos. Humberto Moreira es recordado por su frivolidad y por la megadeuda; y Rubén, por su insania y por las empresas fantasma a las cuales distrajo 680 millones de pesos en solo cuatro años, de acuerdo con la investigación Frontera de Papel: Desvío de Empresas Fantasma en el Norte de México, del Border Hub.

Jurisprudencia merece un director decente, no un acólito del clan, causante del envilecimiento político y de la crisis financiera de la cual Coahuila tardará en salir no menos de 30 años. Los universitarios pueden conseguir en las urnas lo que Participación Ciudadana 29 logró a través de la denuncia: restarle espacios y poder al moreirato.

En la columna, Es por ti, Es por Todas (Zócalo Saltillo, 30.09.20), dedicada a Alondra Elizabeth Gallegos –vigésima víctima de feminicidio en Coahuila entre enero y septiembre de este año– donde contrasto la percepción de “alta seguridad” en la cual se basó el portal Lamudi para ubicar a Saltillo entre “las cinco mejores urbes para vivir” y la realidad cotidiana, incurrí en un error. Consiste en no haber citado la fuente utilizada por la corredora para ponderar a la capital del estado. El 2 de octubre recibí la siguiente nota, cuya parte central dice textual:

“Hola, Gerardo. Me da mucho gusto saludarte. Te escribe Roberto Castro, Comms Leader de Lamudi. Vimos tu columna en el periódico Zócalo en su portal, Es por Ti, Es por Todas, del 30 de septiembre en el periódico Zócalo de Saltillo y nos gustaría hacerte un par de aclaraciones.

“El estudio al que refieres que publicamos en nuestro comunicado sobre las mejores ciudades para vivir en México (que incluye Saltillo) es derivado de este informe: . (…) Nuestra misión es ayudar a los mexicanos a encontrar ‘el inmueble de sus sueños’ (énfasis del columnista) y adicionalmente, estamos comprometidos en exaltar las virtudes de las ciudades en nuestro querido México. Nuestro comunicado lo encuentras en este enlace y podrás ver que en el tercer párrafo, decimos de dónde sacamos la información. (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2019 (ENSU), Inegi).

“En Lamudi no ignoramos ninguna colonia (el asesinato de Alondra ocurrió en el barrio La Madrid, ignoro si en una vivienda de ensueño; el acento es mío) ya que no somos propietarios de ningún inmueble. (…) En ese sentido, estamos totalmente abiertos a cualquier inmueble localizado en cualquier lugar de la República Mexicana”.

Después me invita a consultar “un estudio muy completo de todo México” para saber “el comportamiento en este 2020 en el sector inmobiliario… dividido por estados”. Por último, advierte que en Lamudi, “estamos igualmente preocupados por la situación en nuestro país en cuanto a violencia se refiere. Nos sumamos al movimiento social que existe y somos partícipes de cualquier protesta que busque generar mayor conciencia en nuestra sociedad. Incluso, podrás ver en nuestras redes sociales que fomentamos la libertad y respeto por todas las personas sin importar su género, preferencia sexual, clase social o cualquier otra índole de discriminación”.

Las demandas de justicia por Alondra y tantas mujeres asesinadas en México por razón de género y otras causas se han respondido localmente con nuevas encuestas sobre percepción de seguridad –favorables, por supuesto– e intención del voto (al futurismo político no lo detienen duelos ni demandas sociales, pero lo nutren los vacíos de poder). El pasado viernes, en una manifestación más concurrida y crítica que la del 27 de septiembre, mujeres de Saltillo volvieron a las calles para expresar su rabia por la violencia de la cual son víctimas. Recorrieron una ruta simbólica: del corredor universitario –no exento de agresiones sexuales y otros abusos, sobre todo en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC– a la sede del poder. Quien tenga oídos, que oiga…

El Congreso en funciones tiene mayoría femenil: 14 de 25 escaños son ocupados por mujeres. Sin embargo, una legislatura con tal composición es irrelevante en vista del compromiso y de los resultados en favor del género: ninguno. Mientras la mayoría de las diputadas respondan a los intereses espurios del clan que mantiene secuestrado al Estado, las mujeres coahuilenses sin dinero, padrinazgos políticos ni influencia en los círculos de poder serán objeto de desprecio y continuarán expuestas a la vesania criminal y a la ceguera de las autoridades responsables de brindarles seguridad y de procurar justicia.

En un país donde el sistema protege al criminal y no a la víctima, y más del 90% de los delitos no se castiga, ninguna mujer puede estar segura; ni en su casa ni en la calle. En un sexenio no tan remoto, la presidenta de un DIF municipal viajó a Parras, con signos de haber sido atacada, para denunciar a su esposo ante el Gobernador. Como se trataba de un asunto de pareja, quedó en familia. El episodio se repitió cuando el marido despachaba en otra sede.

En ambos casos, las autoridades y la prensa miraron para otro lado. El conflicto se zanjó con un divorcio amigable y, seguramente, con un acuerdo económico sustancioso. ¿Y la dignidad y el decoro? Su inexistencia no es condición ni estigma de todas las consortes. En la política, donde las preferencias íntimas se enmascaran, la mujer, muchas veces, no pasa de ser un accesorio, una coartada.

El feminicidio de Alondra Gallegos García (el 20 en el estado en lo que va del año) ocurre en el contexto de un proceso para elegir Congreso. La circunstancia ofrece a las 138 candidatas de todos los partidos la oportunidad de demostrar su indignación con acciones drásticas y no retórica vacua y electoralista. Si en el pasado los aspirantes del PRI ocultaban las siglas de su partido por vergüenza, hoy algunos de sus retoños prescinden del apellido para simular un cambio y ocultar juegos futuristas de agentes que reproducen, con cargo al erario público, modelos probadamente corruptos y ruinosos para el estado. Lo que “Natura non da”, como se vio con los Moreira, “Salamanca non presta”.

Si las candidatas desean enviar un mensaje irrefutable de solidaridad con las víctimas y sus familias; de repudio a las autoridades, a los partidos y a la legislatura por ignorar sistemáticamente el clamor de justicia de las mujeres; de indignación y empatía con una sociedad enfadada e indefensa, deben suspender inmediatamente sus campañas, elaborar una agenda común, organizar una marcha y plantarse frente al Palacio de Gobierno —también en el Congreso y en el Tribunal de Justicia— como ya lo hicieron jóvenes y adultos el 27 de septiembre en memoria de Alondra. Si en otros países los partidos se unen por causas superiores, ¿por qué en Coahuila no ante la epidemia de feminicidios?

Hay vientos que desatan tempestades y el feminicidio de Alondra es uno de ellos. La sociedad, acicateada por mujeres de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, se empieza a movilizar y a demandar no solo atención, sino la renuncia de autoridades estatales y municipales responsables de la seguridad y de la procuración e impartición de justicia, cuyo desempeño reprueban.

El crimen ha sacudido campañas vacías de contenidos. Las candidatas y los partidos que entiendan el momento y se pongan del lado de este movimiento, serán reconocidos. El malestar y la indignación deben expresarse en las urnas sin abandonar las calles ni las plazas.

Ningún Presidente se había confrontado con los medios de comunicación, y menos aún con los intelectuales orgánicos, como lo hace Andrés Manuel López Obrador, acaso porque ninguno tuvo su legitimidad. Sin embargo, debería adoptar otra actitud o, como propone el historiador Lorenzo Meyer, no darles importancia. Gerardo Moyano escribe sobre la “guerra de firmas” en contra y a favor del líder de la 4T en el bisemanario Espacio 4 (650).

“‘Relaciones soterradas o vergonzantes entre los intelectuales y el poder’, así describió el fundador de Proceso, Julio Scherer, el caso de los cheques por más de 3 mil millones de pesos que recibió el periodista Héctor Aguilar Camín en el sexenio de Carlos Salinas

de Gortari (1988-1994).

“Lo menciona en su libro La Terca Memoria (Random House Mondadori, 2007) cuando rememora la portada de la edición 1268 de Proceso (18.02.01) bajo el título Dolorosa Situación de Aguilar Camín. La Ronda al Príncipe, Degradante y a Veces Mortal: Poniatowska. En ese momento, Scherer dirigía la revista y Aguilar era su amigo y colaborador.


“El reportaje –firmando por Rafael Rodríguez Castañeda– se basó en un artículo publicado días antes por el periodista Miguel Badillo en El Universal (09.02.01) donde exhibió facturas, recibos e incluso cartas que comprobaban los pagos y atenciones de ‘Don Carlos’ al entonces director de la revista Nexos. Badillo recibió los documentos –emanados de la “partida secreta” de la Presidencia– de un ayudante de Salinas, lo que supone una venganza del exmandatario, luego de que Aguilar se deslindara de él en entrevistas y columnas.

“Tanto Badillo como Scherer y Rodríguez revelan los intentos de Aguilar de detener los reportajes. ‘Muy enojado, Aguilar Camín buscó primero negociar con el dueño del periódico para impedir la publicación; y de principio lo había logrado (…) porque había hablado con el licenciado. (…) Días después, el mismo subdirector llamó para decirme que habían cambiado de opinión’, cuenta Badillo. “La firma de Aguilar Camín encabeza la lista de los 30 intelectuales que el pasado 15 de julio publicaron el documento Contra la Deriva Autoritaria y por Defensa de la Democracia, en el cual denuncian la concentración de poder en manos de AMLO y llaman a crear una alianza opositora para las elecciones de 2021

(Espacio 4, 640).

“Entre los ‘abajofirmantes’ destaca también el historiador Enrique Krauze, cuyo nombre vuelve a aparecer con los de 650 intelectuales (dos se deslindaron) en un desplegado similar, ahora titulado En Defensa de la Libertad de Expresión (18.09.20). En el documento, aseguran que la libertad de prensa está bajo asedio y le advierten a AMLO que el ‘odio’ que alimenta podría llegar al río.

“El 20 de septiembre, el cartonista Rafael Barajas, ‘El Fisgón’, encabezó la réplica en un texto titulado Por la Libertad, Contra los Privatizadores de la Palabra, que recolectó más de 40 mil firmas de apoyo. ‘En los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo federal, ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la Presidencia’, señala el desplegado. Estamos, pues, ante un exhorto que supuestamente llama a defender la libertad de expresión y que es, en realidad, un llamado a amordazar al Mandatario más legítimo que ha tenido México desde hace muchas décadas’, concluye”.

Si en circunstancias normales los ciudadanos dan la espalda a las urnas en elecciones intermedias, con mayor razón se abstendrán por la pandemia de coronavirus y el riesgo de rebrotes admitido por las autoridades internacionales de salud. Con ese argumento, cuatro organizaciones y un grupo de ciudadanos han pedido al gobernador Miguel Riquelme, al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), José Luis Vázquez, y a la presidenta del Instituto Electoral del Coahuila (IEC), Gabriela de León, cancelar los comicios para diputados del 18 de octubre.

El tema lo plantearon el PAN y Morena cuando el INE fijó esa fecha después de haber suspendido indefinidamente los comicios del 7 de junio (en Coahuila para diputados y en Hidalgo para alcaldes) a causa de la emergencia sanitaria. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el acuerdo de abrir las casillas el tercer domingo de este mes, pero la propuesta de juntar las elecciones locales con las federales del año próximo ha sido retomada.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, replicó a quienes apoyan esa iniciativa que “la protección del derecho a la salud no debe implicar la suspensión de los derechos políticos de la ciudadanía”. El argumento lo refutan los firmantes del pronunciamiento ciudadano, difundido el 28 de septiembre, en estos términos: “El derecho a la salud, (y) por tanto a la preservación de la vida, está por encima de cualquier otro derecho pues es condición necesaria para el ejercicio de todos los demás, y puesto que, a diferencia de los políticos, es absolutamente impostergable”.

El documento lo suscriben Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios —ganador del premio Sergio Vieira de Mello, el cual concede la asociación Villa Deciusa con sede en Polonia); Rosa Esther Beltrán, de la Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo; Salvador Ponce Ortiz, del Foro de Abogados de Saltillo; el Comité de Defensa del Agua de Parras, y 25 personas, entre ellas Eleazar Cabello Palacios, quien firma como responsable de la declaración.

El gobernador Riquelme no es formalmente autoridad electoral, pero recurren a él como responsable de las políticas sanitarias en el estado y en ese carácter, de la estrategia para afrontar la pandemia. En los casos de Vázquez y De León, la decisión de aplazar el proceso los excede, pues depende del INE. Incluso el IEC y sus equivalentes en los estados podrían desaparecer pronto por redundantes, onerosos y en su mayoría inútiles. Esa es, al menos, la intención del presidente López Obrador y de sus bancadas en el Congreso.

La pandemia no ha dejado de ser un problema grave en el estado, señala el colectivo e incluso duda de las estadísticas oficiales “porque hay subregistro de contagios pues nunca se ha operado la estrategia de aplicación masiva de pruebas (…)”, así como por la alta probabilidad de que el número de muertes por Covid-19 sea 130% superior a la reportada, de acuerdo con el último boletín estadístico sobre el exceso de mortalidad del Gobierno federal.

Celebrar elecciones en medio de la pandemia “favorecerá al partido oficial y a sus candidatos” -dice el documento- e introducirá “un factor adicional de inequidad”. Pero lo más grave -advierte- “es que puede aumentar significativamente el riesgo de contagios y muertes” con base en las proyecciones del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington. En esas condiciones, la votación podría caer “por debajo del 20%”, cuya consecuencia sería un Congreso “con escasa representatividad social”.