José Narro Robles resultó ser el as bajo la manga para la sucesión del PRI. Su edad (70) y falta de carrera política pueden ser sus mayores activos tras el batacazo de la “generación Peña Nieto” cuya corrupción y arrogancia le pusieron a López Obrador la presidencia en bandeja de plata.

El PRI elegirá presidente y secretario general el primer domingo de septiembre, para el periodo 2019-2023. El proceso, “libre y abierto” a la militancia, será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), por acuerdo de la 62 asamblea, encabezada por Claudia Ruiz Massieu. Los principales rivales de Narro son: Ulises Ruiz.

Mapache electoral, impuesto por José Murat en el gobierno de Oaxaca (2004-2010), se presenta como el aspirante rupturista. “Les voy a ganar, soy el único que tuve la fortuna de no trabajar con (Enrique) Peña Nieto, no soy de esa expresión política. Soy el único, porque de los dos lados son o los funcionarios de Peña Nieto (Narro ocupó la Secretaría de Salud) que quieren seguir secuestrando al PRI, o los gobernadores de corte peñista como el caso de (Alejandro) Moreno, que es Peña” (ADNPolítico, 27.02.19).

Ruiz permaneció en el banco en el sexenio pasado, pero junto con Humberto Moreira fue uno de los gobernadores que más impulsaron la candidatura presidencial de Peña Nieto. En el conflicto de 2006 con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), varios de sus colegas –entre ellos Peña– le sugirieron renunciar, pero los despidió con cajas destempladas. Peña y Ruiz asistieron al quinto (y último) informe de Humberto Moreira, meses antes de su ascenso a la presidencia del PRI.

Alejandro Moreno. El gobernador de Campeche (43 años) pertenece a la generación de Peña; incluso podría ser su clon. Su carrera política (como la de los Moreira en Coahuila) fue meteórica, igual que vertiginoso ha sido el crecimiento de su patrimonio (otra coincidencia) “el cual debería centrarlo en una investigación de enriquecimiento ilícito” (Alfredo Lecona, Aristegui Noticias, 01-17-17).

Ruiz acusa a Moreno de desviar recursos públicos y por hacer campaña anticipada. En un oficio fechado el 9 de marzo, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, pide a los dirigentes de los sectores, organizaciones y comités estatales y municipales, asumir «una conducta ejemplar ajena a cualquier manifestación de parcialidad (…)”.

Lo anterior, advierte, “no implica limitación o impedimento para reunirse o intercambiar impresiones” con los aspirantes, sin realizar “pronunciamientos” o “asumir posturas que atenten contra nuestros deberes de imparcialidad y de responsabilidad en la preservación de la unidad interna del partido”.

Ulises Ruiz es el aspirante más zorro a la dirigencia del PRI. Y Peña Nieto, el presidente más repudiado –incluso algunos sectores priistas piden su expulsión– y el principal responsable de la derrota que tiene a ese partido al borde de la tumba. Asociar a Narro y a Moreno con el gobierno de la corrupción, la impunidad y la violencia, como lo hace el exgobernador de Oaxaca, es un llamado a la rebelión para impedir que Peña mantenga el control del PRI otros cuatro años.

Ruiz no es el más calificado para hablar de democracia y honradez ni para dirigir al PRI, pero sí quien puede darle la puntilla a un organismo sin liderazgo ni apoyo social.

En 2012 un estudiante lagunero de 14 años plantó cara al poder por la deuda de 36 mil millones de pesos arbitrariamente impuesta a los coahuilenses. El costo del atropello no solo ha sido económico, sino también social, pues afecta la calidad de vida de la población más pobre, núcleo de la agenda del presidente López Obrador. Un caso típico de complicidad política y ausencia de estado de derecho.

Ocho años después de la interpelación, otro menor de edad sacudió al país por asesinar, en un colegio de Torreón, a una maestra y herir a cinco alumnos y a un preparador físico para luego suicidarse. La tragedia confronta a la sociedad y a las autoridades consigo mismas por la desatención afectiva y emocional hacia los jóvenes en un entorno de crispación, violencia, corrupción y muerte.

El 29 de septiembre de 2012, Miguel Ángel Miramontes aprovechó la visita del gobernador Rubén Moreira a la Secundaria Técnica 83 «María Dolores Vigatá de Méndez» para reclamarle: «Regresen el dinero que se robaron».

El clamor ha sido ignorado por la Fiscalía General del Estado, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia. Miguel Ángel, ahora de 22 años, es uno de los 257 mil 775 mil jóvenes de su edad (Inegi) que cargan sobre sus espaldas un pasivo del cual sus padres jamás fueron consultados. Los hijos de Miramontes y los de su generación nacerán endeudados. El «moreirazo» terminará de pagarse en el año 2025, siempre y cuando el Gobierno no contrate créditos a largo plazo.

La fotografía de Miguel Ángel y Moreira refleja el enfado y la indignación social, de un lado, y la doblez política, de otro. El joven mira de frente a un gobernador con la cabeza gacha y la mano extendida, de-sairada por su interlocutor. Evidenciado ante alumnos, maestros y medios de comunicación, Moreira preguntó «¿Cuál dinero?». «El que se llevaron», replicó Miguel Ángel con voz firme y clara. «¿Cómo te llamas?», inquirió el Mandatario. El estudiante ignoró la pregunta y acto continuo los escoltas del Gobernador lo «amagaron por la espalda, tomándolo del cuello y el brazo para sacarlo de la escuela» (Sinembargo, 02.10.12).

La pregunta de Miguel Ángel sobre el destino del dinero, que los organismos empresariales y otros agentes jamás se atrevieron a formular, se ha respondido con silencio. Rubén Moreira disparó la deuda a 38 mil millones de pesos y, según denuncias penales de la Auditoría Superior del Estado —congeladas por la Fiscalía General— en su administración se desviaron 475 millones de pesos a empresas fantasma. Funcionarios de ese Gobierno podrían ser todavía proveedores de la actual.

Ante la falta de justicia, los coahuilenses han castigado en las urnas el agravio de la megadeuda. El 7 de junio habrá elecciones para diputados locales. Los 24 mil 812 millones de pesos de intereses pagados en los siete últimos años —equivalentes al 68% del pasivo original— se han restado a inversiones en infraestructura, seguridad pública, salud y servicios.

Jóvenes como Miguel Ángel son los más afectados. El Estado tiene con ellos una deuda moral y de justicia. No es casual entonces que en La Laguna, la zona de Coahuila más castigada por el moreirato, el PRI se haya convertido en una fuerza marginal. Nuevos movimientos y proyectos se gestan en la Comarca con la aquiescencia del presidente López Obrador.

La legitimidad en las urnas le permite al presidente López Obrador hacer lo que ninguno de sus predecesores; entre otras cosas, divertirse y marcar la agenda diaria donde quiera que se encuentre, no siempre en las conferencias mañaneras. Vicente Fox pudo trascender como líder de la primera alternancia, pero se conformó con ese título y optó por navegar entre la nadería y la frivolidad. A él se debe, en parte, que AMLO se haya convertido en la figura política del país más atractiva. La maniobra de Fox para desaforarlo del Gobierno de Ciudad de México y excluirlo de la sucesión de 2006, lo convirtió en víctima. Felipe Calderón ejerció el poder bajo el signo de la ilegitimidad.

AMLO recorre el país casi a diario. Esa situación le permite mantener el contacto con las comunidades y los pies sobre la tierra. Ocupar la Presidencia significaba estar por encima del común de los mortales. El Ejecutivo federal tenía a su disposición flotas de aviones y vehículos, así como legiones de militares y burócratas a su servicio. La presidencia imperial desapareció hace apenas un año con la clausura de Los Pinos como residencia oficial y su conversión en centro cultural; la desaparición del Estado Mayor; la prohibición de viajes oficiales e incluso de placer en aeronaves del Estado; y la cancelación de toda la parafernalia y la ritualidad propias de una monarquía, no de una república federal.

Estos cambios los aplauden montescos y capuletos. No todos los opositores del Presidente lo manifiestan, pues sería políticamente incorrecto, pero en el fuero de la conciencia también deben aprobar la eliminación del derroche, en algunos conceptos grotescos como el gel de Peña Nieto. AMLO ha vuelto a poner de moda el Boeing 787 Dreamliner («sueño de forro» en traducción libre) que «ni Obama» tenía. Desde Plutarco Elías Calles, los presidentes realizaron en avión sus giras por la República.

En el sexenio de Luis Echeverría, el Gobierno arrendaba un jet, pero en cada viaje internacional las líneas comerciales temblaban, pues el Presidente utilizaba tantos aviones como fueran necesarios para trasladar a sus numerosas comitivas. Una de sus giras, en 1975, duró mes y medio, comprendió tres continentes y cubrió 14 países. López Portillo dio ejemplo de cómo «administrar la abundancia»: compró dos Boeing 727-100 bautizados con el nombre de Quetzalcóatl («Serpiente Emplumada» I y II).

Miguel de la Madrid quiso dejarle a Carlos Salinas de herencia, además de la silla del águila, un Boeing 757, pero la presión de las oposiciones en el Congreso lo obligó a regresarlo; ya estaba pagado. Después de una conveniente falla del Quetzalcóatl I y acaso también de un arreglo con los diputados, recompró el avión en 43 millones de dólares (76 mil millones de pesos al tipo de cambio de la época; más tarde, Salinas le restaría tres ceros a la moneda). Desde entonces se estableció que, cada determinado tiempo, el Presidente saliente adquiriera una nueva aeronave para ahorrarle a su sucesor el costo político.

La compra del Boeing 787, al final del sexenio de Calderón, se hizo bajo ese criterio. Una aberración, no solo por el precio: 160 millones de dólares (3 mil millones de pesos), sino también por la majestuosidad del avión y lo insignificante del usuario: Peña Nieto. La ocurrencia de rifar el Dreamliner le causa risa a AMLO y distrae a la población. No está mal que el Presidente se divierta, pero que también gobierne.

La supuesta conexión de Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, desvelada por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal (Año Caliente, El Financiero, 06.01.20), vincularía al expresidente con el cártel de mayor influencia en el estado durante los años negros del moreirato: los Zetas. El caso agravaría la situación de los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira, señalados por exintegrantes de esa organización en juicios realizados en San Antonio, Austin y Del Río (Control… sobre todo el Estado de Coahuila, Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, 2017).

También podría tratarse de un doble arreglo de cuentas: 1) del grupo de Manlio Fabio Beltrones, eliminado de la carrera presidencial en 2012 por una maniobra de Humberto Moreira; y después de la jefatura PRI, por Peña, para excluirlo de la sucesión de 2018; y 2) de Muñoz Luévano por una aparente traición. El personaje clave es el exgobernador prófugo de Chihuahua, César Duarte –protegido de Beltrones– acusado de peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por el Gobierno de Javier Corral (PAN).

Según Riva Palacio, Duarte “lleva más de un año hablando con fiscales” de Estados Unidos –por esa razón no ha sido extraditado a México, dice. Los primeros contactos los estableció con la DEA, pero la Agencia Antinarcóticos lo remitió al Departamento de Justicia. Con ese motivo viajó a Miami, “sin saberse con precisión dónde se encuentra en la actualidad. Lo que sí está confirmado es que está aportando datos que presuntamente vinculan al expresidente Peña Nieto con los Zetas”.

La información relevante “tiene que ver con la supuesta conexión del expresidente con Juan Manuel Muñoz, un empresario mexicano detenido en Madrid en 2016, dentro de una investigación en contra del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien más tarde fue capturado en España (nota: la detención del también exlíder del PRI ocurrió primero). Moreira fue liberado, mientras Muñoz Luévano (…) fue acusado por fiscales federales de Texas por lavado de dinero. Agentes federales estadunidenses hablaron varias veces con él en Madrid y el año pasado fue extraditado a Estados Unidos, donde aceptó su culpabilidad ante el juez y se convirtió en testigo protegido de ‘alto valor’”.

Una vez en la presidencia, Peña le habría pedido a Duarte asignar obra pública a las empresas de Muñoz Luévano. Sin saberse aún si el Gobernador cumplió la instrucción, “la Fiscalía norteamericana le ha dado valor, al no haberlo extraditado y usar parte de sus declaraciones, se puede conjeturar, en el proceso que están armando contra Peña Nieto y Moreira. Año caliente el que se avecina, y si los pronósticos son correctos, escandaloso, peligroso y altamente comprometedor para la arquitectura política”, apunta Riva Palacio.

Un párrafo anterior de la columna debe tener también con los pelos de punta a los socios de los Moreira: “Durante las dos últimas décadas el crimen organizado se ha entreverado con las instituciones del Estado Mexicano, no solo en el corpus político en todos sus niveles, sino en el Poder Judicial, Ong, empresarios, sacerdotes, sindicalistas, periodistas, abogados y notarios, como decenas de declaraciones de narcotraficantes han mostrado a lo largo de los años, algunas falsas, algunas ciertas”.

En este juego de intereses y complicidades, algunos medios de comunicación desempeñaron un papel relevante. Hoy están en ascuas.

Felipe Calderón no exoneró a Humberto Moreira por abultar la deuda de Coahuila con créditos irregulares, sino Enrique Peña Nieto. El exgobernador no solo habría financiado parte de la campaña presidencial del priista, con recursos del estado, sino que, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, también pudo haberle presentado a Juan Manuel Muñoz Luévano. El exoperador de los Zetas se convirtió en informante protegido de “alto valor” del Gobierno de Estados Unidos tras declararse culpable por el delito de lavado de dinero en una corte de Texas.

Muñoz “ofreció a la justicia de Estados Unidos una lista de varias decenas de funcionarios y exfuncionarios de Coahuila que recibieron sobornos del crimen organizado y que robaron fondos de las arcas públicas, dinero que lavaron en bancos de Texas con la ayuda de empresarios de medios de comunicación del estado” (Agencia Proceso, 21.05.19). Moreira y Muñoz fueron detenidos en Madrid, el 15 de enero y el 18 de marzo de 2016, respectivamente, como parte de la misma investigación. Tras una semana en el penal de Soto del Real, Peña rescató al exgobernador y exlíder del PRI.

Humberto y Rubén Moreira podrían figurar entre los exgobernadores denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República. Rodrigo Medina (Nuevo León, 2009-2015) es investigado por triangular 3 mil 500 millones de pesos a Estados Unidos para adquirir propiedades. El exsubprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, acusó al presidente Peña Nieto de obstruir las indagatorias contra Medina (El Norte, 29 y 30.12.19).

Moreira ha insistido en que el Gobierno de Felipe Calderón (PAN) lo absolvió por el tema de la deuda. El presidente López Obrador apoyó esa versión en la rueda de prensa del pasado 24 de septiembre. Calderón lo refutó de inmediato en su cuenta de Twitter: “Sr Presidente: Rechazo categóricamente haber tenido arreglos con el exgobernador Moreira, con quien tengo públicas diferencias. Si existiese algún documento que lo exonere –de dudosa legalidad– debe haber sido, como usted dice, por ‘cochupos’ que la FGR debe castigar, le pido que lo haga”.

La megadedua oculta de Coahuila se descubrió a mediados de 2011 cuando Moreira ya era presidente del PRI y su hermano Rubén hacía campaña por la gubernatura. Un hecho consignado el 27 de julio de 2016 –penúltimo año de la gestión de Peña Nieto– le otorga la razón a Calderón y desmiente a López Obrador. Ese día, Luis Fernando Salazar, al frente de un grupo de senadores de Acción Nacional, presentó “una denuncia formal en la PGR en contra de los saqueadores de Coahuila”.

El político lagunero, hoy militante de Morena después de haber ganado la diputación federal en el Distrito 5, bajo las siglas del PAN, explicó a los reporteros: “Hemos presentado esta denuncia para solicitar que se inicie una investigación al exgobernador y exdirigente del PRI, Humberto Moreira y a quienes resulten responsables, por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado”. Salazar, aspirante a la alcaldía de Torreón, recordó que Estados Unidos investiga “la red de corrupción que operó en Coahuila para desfalcar al estado e invertir el dinero robado en cuentas y propiedades en Texas” (los mismos delitos atribuidos a Rodrigo Medina).

Mientras los ombudsman estatal y nacional miraban para otro lado y Rubén Moreira se contemplaba el ombligo y planeaba su despedida del Gobierno cual defensor del pueblo, el mismo día de su último Informe, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas presentó el análisis Control… sobre todo el estado de Coahuila. Según el documento, “varios testigos describieron sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto y Rubén Moreira a cambio del control total del Estado” (El País, 6.11.17).

Desarrollado en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios –ganador, el año pasado, del premio Sergio Vieira de Mello que otorga la Asociación Villa Deciusa, de Polonia– el informe se sustenta en el análisis de las declaraciones de testigos en tres juicios federales en Estados Unidos. “Entre el 2013 y el 2016, integrantes del cártel de los Zetas fueron juzgados en tribunales en Austin, San Antonio y Del Río, Texas, por asesinato, conspiración para importar drogas y armas y lavado de dinero”.

Ofendido en su ego, Moreira restó importancia al estudio, cuestionó su veracidad y amagó con demandar a la Universidad de Texas, lo cual no ha ocurrido. Con base en el mismo informe, el obispo de Saltillo Raúl Vera y el subdirector del Centro Fray Juan de Larios, Michael Chamberlin, presentaron el 6 de julio de 2017, ante la Corte Penal Internacional (CPI) la comunicación México: Asesinatos, Desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza Constituyen Crímenes de Lesa Humanidad. Los juicios en Estados Unidos aportan “más detalles sobre la colusión y la corrupción que llevó a que altos mandos del Gobierno de Coahuila implementaran una política de omisión en apoyo de los Zetas, comunicando paralelamente sobre su supuesta lucha en contra de esos grupos”, dice el documento.

Un día después de la denuncia ante la CPI, Proceso publicó: “Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante los tribunales de Texas, no solo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de su Gabinete, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad”. A partir de entonces, el Gobierno inició una andanada judicial y mediática contra el obispo Vera –fundador del Centro Juan de Larios y de la Casa del Migrante de Saltillo– y activistas por los derechos humanos.

La Clínica de Derechos Humanos advierte que “el control de los Zetas se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales, sectores de la Policía Federal y del Ejército, y políticos estatales. Varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a Humberto y Rubén Moreira (…). Según los testimonios, la influencia de los Zetas sobre todo el estado de Coahuila en todos los niveles de Gobierno les permitió llevar a cabo sus negocios (…) con impunidad, y a menudo, con el apoyo directo de funcionarios públicos y policías estatales y municipales”.

El testimonio de un capo –Jesús “El Rey” Zambada– provocó la captura de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, quien habría recibido hasta 6 millones de dólares del cártel de Sinaloa. “El que tenga oídos, que oiga” (Mateo 13:9-15).

Las redes sociales tienen defensores y detractores, pero cada vez son más las voces que expresan preocupación por el abuso de esas plataformas y sus efectos nocivos, no solo en la vida de las personas, sino también en la política. La tendencia, escribe Gerardo Moyano en el bisemanario Espacio 4, es hacia la privacidad.

“El año arrancó con un sacudón en las redes sociales: la alerta sobre una posible Tercera Guerra Mundial, generada tras las amenazas de una ‘severa venganza’ de Irán contra Estados Unidos por el asesinato de un alto mando militar iraní en Irak ordenado por el presidente estadunidense Donald Trump.
“Pero como es común en estas plataformas, en cuestión de horas la alarma quedó sepultada bajo una lluvia de memes que convirtieron en un chiste un tema de seguridad que concierne a todo el planeta. En este sentido, como señala el pionero de internet y de la realidad virtual Jaron Lanier, las redes sociales se han convertido en un despropósito, pues no solo minan la verdad, sino que hacen imposible la política.
“En su libro Diez Razones para Borrar tus Redes Sociales Ahora Mismo (2018), el ‘padre fundador’ de Silicon Valley, va más allá y acusa a las redes de volver idiotas a los usuarios, de destruir su felicidad, su poder de empatía y de minimizar sus opiniones.

“Estos dos factores, la manipulación y banalización de la información, así como la pérdida de la privacidad en aras de un negocio multimillonario que a principios de la década parecía incierto, están haciendo que cada vez más personas quieran escapar del escrutinio público y se inclinen por servicios de mensajería privada y grupos cerrados. Una encuesta de GlobalWebIndex y We Are Social realizada a 3 mil usuarios adultos de internet en Estados Unidos y Reino Unido revela que 63% prefiere las plataformas privadas para compartir contenido.

“A la par, cada vez más gobiernos están imponiendo restricciones, sanciones e impuestos al uso de datos de los usuarios. De ahí que estas plataformas estén desarrollando herramientas digitales que privilegian la privacidad y la encriptación de datos. ‘El futuro es privado’ dijo el fundador de Facebook Mark Zuckerberg en la conferencia de desarrolladores F8 de 2019, en la que presentó las áreas de crecimiento a las que apuesta su empresa este año: mensajería privada, historias efímeras y grupos pequeños.
“El nuevo Threads de Instagram –propiedad de Facebook desde 2012– una ‘aplicación de mensajería de primera cámara que lo ayuda a mantenerse conectado con sus amigos cercanos’ va en esa línea, al igual que el nuevo dispositivo Portal de Facebook que admite videollamadas directas a través de WhatsApp y Messenger. Este último contará además con cifrado de datos, algo que WhatsApp –comprada por Facebook en 2014– venía haciendo desde hace tiempo.
“Por otra parte, si bien Instagram alega que el objetivo de su alejamiento de las métricas de ‘seguidores’ y ‘Me gusta’ es alentar a los usuarios a interactuar de manera más real, también puede ser un indicativo de que está reaccionado a las críticas sobre los efectos que está teniendo esta red en el autoestima de los usuarios, en especial de los adolescentes. Según Lainer, esto se debe a ‘los estándares irracionales de belleza o estatus, por ejemplo, o la vulnerabilidad a los trols’”.

La barbarie vivida por Coahuila en los años más cruentos de la guerra contra los cárteles de la droga, comprendidos entre los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, no figura en las narcoseries donde la ficción y la verdad se confunden. Empero, el horror está documentado en dos investigaciones: Anatomía de una Masacre, de Ginger Thompson (Premio Pulitzer 2001), difundida por ProPublica y National Geographic en junio de 2017; y Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011 de Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, y Sergio Aguayo, profesor de El Colegio de México e investigador asociado del FXB Centro de Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, presentada en noviembre del mismo año.

Los autores describen el infierno donde murieron y desaparecieron centenares de personas –muchas de ellas inocentes– ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales, en algunos casos por complicidad y en otros por negligencia. En su reportaje, Thompson advierte: “Los registros del Gobierno obtenidos (…) indican que a las autoridades estatales encargadas de responder ante emergencias les llovieron unas 250 llamadas de personas que reportaban disturbios, incendios, riñas e ‘invasiones a hogares’ por toda la zona. Los entrevistados señalaron que nadie acudió a ayudar”.

Aguayo y Dayán hallaron respuestas para explicar lo ocurrido. “En un memo de 2003, la DEA aseguraba que los Zetas –entonces brazo armado del cártel del Golfo– ya controlaban Ciudad Acuña y Piedras Negras. Para 2010 y 2011 el control sobre el norte de Coahuila era total. Los municipios estaban sometidos. El Gobierno estatal era omiso y algunos de sus funcionarios eran cómplices. La Federación era indiferente y displicente. Todos ignoraban a las víctimas. Lo anterior ya ha sido mencionado por víctimas, periodistas, instituciones gubernamentales, académicos y organismos civiles”.

Sobre la cárcel de Piedras Negras, denuncian: “era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, el Gobierno estatal y federal subsidiaban el centro penitenciario. En 2011 el presupuesto gubernamental dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos”. Descrito como campo de ejecución y exterminio, la prisión “era uno de los cinco o seis lugares habilitados en Piedras Negras para las ejecuciones y la desaparición de cuerpos. Otros centros de exterminio eran un terreno baldío cercano a la zona llamada Laguito Mexicano y, cerca del penal, un basurero y un campo de futbol”.

¿Dónde estaban las autoridades estatales frente a las masacres en Allende y Piedras Negras?, ¿cuál fue la respuesta de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, a cargo de Homero Ramos Gloria, y del presidente de esa comisión en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, postulado por el PRI al Gobierno en 2011? Raúl Plascencia tampoco abrió la boca.

La Universidad Autónoma de Coahuila premió el silencio del ombudsman nacional con un doctorado honoris causa, y una vez como expresidente de la CNDH, Plascencia recibió contratos de Moreira cuando por ley estaba impedido.

Para taparle el ojo al macho y darse golpes de pecho, se creó la Academia Interamericana de Derechos Humanos, cuyo presupuesto ascendió a 38.5 millones de pesos en 2018. Nada mal en un estado agobiado por la megadeuda de 37 mil millones de pesos, herencia del moreirato.

Tres investigaciones colocan a Coahuila en el punto de mira de la justicia de Estados Unidos, las cuales sin duda tendrán consecuencias para políticos acusados de corrupción impunes en México. La primera es por causas parecidas a las que provocaron la detención de Genaro García Luna, señalado por haber recibido “decenas de millones de dólares” del cártel del “Chapo” Guzmán durante varios años; la segunda, por las denuncias de la UIF contra cuatro exgobernadores; y la tercera, por los supuestos vínculos del expresidente Peña Nieto con Juan Manuel Muñoz, “El Mono”, exoperador de los Zetas.

Según el fiscal federal Richard P. Donoghue, García Luna “abusó (de) su puesto como servidor público para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar cocaína hacia los Estados Unidos. A cambio de sobornos millonarios, permitió a ese cártel, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo, operar con impunidad en México”.(Reforma, 10.12.19).

La detención de García Luna es permanente, a solicitud de Donoghue, para evitar su fuga a México, donde podría recibir protección del cártel o de “funcionarios de alto rango”. El caso se asignó a la Corte Federal para el Distrito de Brooklyn, donde Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua el 17 de julio de 2019.

El testimonio de Jesús “El Rey” Zambada en el juicio contra “El Chapo” puso en la picota a García Luna, quien el 3 de enero se declaró no culpable de los delitos imputados, pero podría llegar a un acuerdo judicial.

El acusado inició su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, antecedente de la siniestra Dirección Federal de Seguridad) creado al principio del Gobierno de Salinas de Gortari y el cual fue de-

saparecido por el presidente López Obrador. Su nombre actual es Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Hermano de Ismael “El Mayo” Zambada –sucesor del “Chapo” en la jefatura del cártel del Sinaloa–, “El Rey” asegura haber entregado personalmente al exsecretario de Seguridad Pública entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo. Jesús Zambada fue detenido el 19 de octubre de 2008 y extraditado a Estados Unidos el 3 de abril de 2012, último año de Calderón en la Presidencia.

“El primer cooperante estrella en la causa contra el capo del cártel de Sinaloa de la droga se centró (…) en detallar la estructura montada para sobornar a las autoridades federales, estatales y municipales mexicanas” (El País, 15.11.18).

Zambada enfrenta cargos por introducir durante varios años 200 toneladas de cocaína a EU, cuyo valor en el mercado se cifró en 5 mil 800 millones de dólares.

Según funcionarios estadunidenses, la droga se movió en aviones Boeing 747, submarinos, barcos contenedores y botes ultrarápidos, trenes, autobuses, tráileres y autos. Imposible hacerlo sin tener a las autoridades de su lado.

“El Rey” puede librar la cárcel de por vida, por su cooperación, mas no una sentencia larga. Quizá no en la temida prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, “la Alcatraz de las Rocosas”.

En ella, “El Chapo” y otros narcotraficantes, como Juan García Ábrego, exjefe del cártel del Golfo –raíz de los Zetas–, pasarán el resto de sus días.

En el mismo complejo permaneció varios años Osiel Cárdenas, sucesor de García Ábrego, quien se declaró culpable de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y extorsión. Tras un acuerdo y una multa por 50 millones de dólares se dispuso su traslado a una cárcel de mediana seguridad.

La Laguna reaccionó con madurez frente a los sucesos del 10 de enero en el Colegio Cervantes donde el alumno de la instrucción primaria, José Ángel, asesinó a la maestra María Assaf Medina, (Miss Mary) e hirió a cinco compañeros y a un profesor para después segar su propia vida. La noticia causó estupor entre la comunidad y cimbró al país. El resultado pudo haber sido peor, sin embargo, la providencia actuó para impedirlo. Assaf sirvió de escudo y eso la convierte en mártir, pues de haberse hecho los disparos en las aulas aquello pudo haber devenido en baño de sangre. La experiencia demuestra, una vez más, que ni el Estado ni la sociedad lo pueden todo ni lo pueden solos. Necesitan afrontar unidos los desafíos de un mundo cada día más enrevesado, competitivo y deshumanizado.

La solidaridad con las familias de las víctimas y con la institución, formadora de generaciones y una de las más prestigiosas del país por la calidad de su enseñanza, unió a La Laguna en horas críticas y sepultó las versiones malintencionadas. No es hora de buscar culpables, sino de identificar las causas de un fenómeno cuyas raíces se han profundizado con el tiempo y por la falta de atención a los niños y a los jóvenes. En circunstancias como esta resulta crucial no dejar vacíos de información, pero tampoco conviene precipitar juicios simplemente para salvar la cara. En el mismo sentido, revelar datos no confirmados en aras del oportunismo vicia de la investigación.

Insisto en que el hogar educa y transmite valores, principios, afectos; la escuela enseña (conocimientos), la calle prueba a las personas y el Espíritu Santo inspira a los creyentes –soy católico– a hacer el bien. Sin embargo, el relativismo moral y la secularización han contribuido a profundizar los pozos de soledad, insatisfacción e infelicidad. Cerrarle las puertas a Dios ha convertido la vida en infierno. En apoyo a la sentencia de André Malraux, de que “el siglo 21 será espiritual, o no será”, el filósofo francés Roger Garaudy (1913-2012) advertía hace más de dos décadas que “el siglo 21 no resistirá 100 años sin una espiritualidad común a todos los que piensan que la vida tiene un sentido”.

Autor de Recuperando la Esperanza (1971) y Estados Unidos, la Vanguardia de la Decadencia (1997), Gaudary sentenciaba, “la religión universal que domina el mundo es el monoteísmo impuesto por EU. Significa la fe en un solo Dios: el dólar. Esto priva a nuestra vida de toda significación porque el hombre está considerado solo un consumidor y productor, cuando no es un parado. Me parece muy importante que todos los hombres de fe, cristianos, judíos o musulmanes, luchen contra ese monoteísmo” (El País, 04.12.98).

José Ángel, de 11 años, no es visto como un monstruo, sino como una de muchas víctimas. La actitud es plausible en su expresión de misericordia y de reproche. Una carta anónima que empezó a circular desde el mismo 10 de enero en las redes sociales le dice a su alma inmortal: “Nadie te escuchó, nadie te puso atención, nadie te tendió la mano, te fallaron los tuyos y te fallamos nosotros. Te faltaron amigos y hoy te sobran juzgadores. Los políticos y funcionarios culpan a los videojuegos, a la música o al YouTube (…) ¿Alguien te dijo que te amaba hoy por la mañana? ¿Alguien te dijo que eras importante? (…) No eras un niño malo, no fue tu culpa y debes descansar en paz”.

Han transcurrido casi nueve años desde que se descubrió el monto real de la deuda acumulada en el Gobierno de Humberto Moreira. El pasivo registrado en 2010 ante la Secretaría de Hacienda era por 8 mil 267 millones de pesos, pero en realidad ascendía a 36 mil 509 millones. En ese lapso, en México no ha sido detenido uno solo de los funcionarios beneficiarios del quebranto, tramado en las más altas esferas del poder, según declaraciones de testigos ante fiscales y jueces de Texas.

El caso se agrava por la contratación de créditos con documentos falsos y el desconocimiento del destino de, al menos, 18 mil millones de pesos. Si el compromiso del presidente López Obrador con la justicia es real, debe ordenar a la Fiscalía Anticorrupción -la federal, pues la estatal se creó para perpetuar la impunidad junto con la deuda- y a la Unidad de Inteligencia Financiera reconstruir la ruta del dinero e intervenir el Registro Público de la Propiedad donde se ocultan los prestanombres de quienes utilizaron sus cargos para enriquecerse.

El exsecretario de Finanzas Javier Villarreal Hernández y los empresarios Rolando González Treviño y Carlos Castillo Cervantes, el Rey de los Dragones, se declararon culpables de lavado de dinero en Estados Unidos y el Gobierno les decomisó millones de dólares (en conjunto suman decenas) y propiedades. El 23 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro subastó en 515 mil dólares (10.3 millones de pesos) una residencia en el lujoso barrio de Greystone Country Estates, en San Antonio. La casa la entregó «por cortesía» Herminia Martínez de la Fuente, suegra del exgobernador Humberto Moreira, según dieron a conocer medios de comunicación del país y el extranjero.

De acuerdo con los fiscales del caso, la propiedad formaba parte «de un esquema internacional de sobornos y lavado de dinero en el que estaba involucrado el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes». En una audiencia para llegar a un acuerdo de reducción de condena, el Rey de los Dragones mencionó el nombre del expresidente del PRI. El resto consistió en estirar la punta de la madeja. Según el periodista Raymundo Riva Palacio, Cervantes entregó «80 millones de pesos por una sola obra al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y a su sucesor, Jorge Juan Torres, le dio 6.8 millones de dólares en sobornos».

El exgobernador interino Torres López, quien junto con Javier Villarreal habría realizado operaciones y transferencias por más de 35 millones de dólares a bancos de Texas y paraísos fiscales, fue extraditado a Estados Unidos donde enfrenta cargos por asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario. Pero ni Hernández ni Torres se mandaban solos. El primero ya confesó quién era el titiritero. El segundo también aportará información valiosa para obtener beneficios en el juicio que se desarrollará en la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas.

La intención del Gobierno de Coahuila de reclamar la fortuna decomisada a Villarreal en Estados Unidos (¿por qué no también la de Torres López?) es extemporánea e inútil. El exsenador panista Luis Fernando Salazar lo intentó sin éxito, pues correspondía a las autoridades exigir la devolución de los fondos robados de las arcas estatales. Lo que sí está en manos del gobernador Miguel Riquelme es desbloquear las denuncias penales relacionadas con la deuda y las empresas fantasma para castigar a los culpables y resarcir parte del daño causado a los coahuilenses. Solo así puede demostrar que «no es tapadera de nadie».

Mientras por un lado se exija a los alcaldes poner a raya a la delincuencia y por otro se les recorten participaciones, difícilmente podrán reducirse los índices de criminalidad.

El lagunero Jorge Zermeño formó parte de los más de 300 ediles del PAN, PRI y PRD que el pasado 23 de octubre se apostaron frente a Palacio Nacional para pedir audiencia con el presidente López Obrador. El grupo fue repelido con gas lacrimógeno cuando algunos empezaron a golpear la Puerta Mariana de la sede del Poder Ejecutivo.

Frente a la polarización política incitada por una Presidencia absolutista, el exlíder de la Cámara de Diputados replicó en su informe: «México es de todos, no de unos cuantos. Aquí no debe haber descalificaciones de buenos o malos, de liberales o conservadores. Las posiciones maniqueas no contribuyen a la unidad de propósitos ni hacen mejores a unos por encima de otros. Respetar el derecho ajeno significa reconocer la igualdad de todos frente a la ley, fortalecer la división y el equilibrio de poderes, el verdadero federalismo y la democracia».

Con respecto a los embates de la cuarta transformación, a la que no citó por su nombre, el Alcalde pidió actuar en consecuencia y defender «los valores que nos fortalecen como nación libre y soberana». La seguridad pública —destacó— «es fundamental para que la sociedad pueda desarrollar sus actividades en un clima de paz y confianza». En un ambiente de contracción económica global, como el de ahora, la inversión privada solo se logra con «mano de obra calificada, servicios suficientes, conectividad, calidad de vida, certidumbre jurídica y paz social», advirtió.

Frente a la obcecación presidencial y como ejemplo de lo que autoridades de diferente partido pueden lograr, Zermeño dijo que trabajar de la mano con el gobernador Miguel Riquelme responde al deseo de un Coahuila seguro y en paz (…) «en esto no ha habido regateos de nadie y se han sumado esfuerzos para que la Comarca Lagunera y Torreón sigan generando empleo en beneficio de todos. La convocatoria para trabajar en equipo va sumando voluntades a la buena fe y el sentido común, entendiendo que todos vamos en el mismo barco y que la solidaridad nos fortalece. Torreón es de todos más allá de sus preferencias políticas, sociales y religiosas».

Zermeño, quien como líder del Congreso entregó la banda presidencial a Felipe Calderón y luego representó a México en España donde la transición a la democracia resultó política y económicamente exitosa, respondió al agravio en Palacio Nacional: «Torreón merece un trato equitativo y justo, aquí no hay torreonenses de primera, ni de segunda ni de quinta. Todos somos iguales y todos merecemos el mismo trato. Ningún programa municipal se maneja con tintes políticos partidistas. Gobernamos para todos sin importar sus creencias políticas o religiosas ni su condición social».

En presencia del senador de Morena y aspirante al Gobierno del Estado, Armando Guadiana Tijerina, el alcalde criticó también el populismo. En Torreón —dijo— los grupos vulnerables se apoyan «con programas de autoempleo, microcréditos a más de 3 mil 200 familias con más de 30 millones de pesos, no con programas paternalistas, sino como ayuda para fortalecer la calidad de vida, el emprendedurismo y mejorar la autoestima». Un discurso de altura, además de oportuno y adecuado a la circunstancia política del país.

Manolo Jiménez y Jorge Zermeño recibieron sus ciudades en condiciones diametralmente opuestas. Saltillo siempre ha tenido de su lado al Gobierno del Estado. Los laguneros atribuyen el rezago de sus comunidades a esa preferencia. Humberto Moreira se volcó con la capital e invirtió parte de la deuda en infraestructura y equipamiento urbano. Incluso cuando fue gobernada por un alcalde del PRI (Jericó Abramo) incómodo para Rubén Moreira, y por uno del PAN todavía más molesto (Isidro López), la ciudad mantuvo su ritmo de crecimiento y figuró entre las mejores del país para arraigarse e invertir.

La metrópoli lagunera, en cambio, resultó severamente castigada los 12 años del moreirato; primero, por haber llevado a la alcaldía a José Ángel Pérez (PAN). Sin embargo, cuando el PRI recuperó el municipio, las inversiones y el respaldo financiero prometidos a Eduardo Olmos y Miguel Riquelme tampoco llegaron. «La consigna es acabar con Torreón», dijo un funcionario cercano a los Moreira. No lo consiguieron, pero sí le infligieron castigos de los cuales aún no se recupera del todo. El principal fue convertirla en una de las ciudades más peligrosas del mundo; el segundo, haberla dividido y cambiado su imagen moderna y progresista por la de rancho grande.

La inseguridad y la pésima calidad de los servicios -calles llenas de baches, donde aún había pavimento, e inundaciones en época de lluvias-, aunadas a desatención del Estado y la Federación, alejaron a los inversionistas nacionales y extranjeros, dispararon el desempleo y provocaron el cierre de negocios y la emigración de jóvenes. Solo algunos ganaron. Los cortesanos y los socios del poder: políticos, líderes de organismos empresariales, contratistas. ¿Y el espíritu que hacía salir de casa a legiones de laguneros para protestar por la inseguridad, la corrupción y la impunidad? Una parte se desahoga en las tribunas del estadio del Santos, pero otra empieza a renacer entre la sociedad civil representada por Participación Ciudadana 29, Observatorio de La Laguna y otras ONG.

Haber recibido una ciudad posicionada entre las mejores del país representa una ventaja para Manolo Jiménez, pero también un desafío, pues no solo deberá mantenerla en ese nivel, sino elevarlo. Además, su apuesta por Miguel Riquelme, cuando la candidatura del PRI aún no se decidía, y su apoyo para enfrentar al panista lagunero Guillermo Anaya (sin el voto de Saltillo, el PRI habría perdido la gubernatura), le han generado altos dividendos políticos (boleto para la sucesión de 2023) y presupuestarios para dotar a la ciudad de nueva infraestructura y mejorar la seguridad. Riquelme -dicho por él- se siente en Saltillo como en su casa y cada vez pasa menos tiempo en Torreón.

En 1997, Zermeño tomó una ciudad en ruinas, abandonada por la capital y en crisis por la incuria y el despilfarro del Gobierno municipal precedente; el Simas también había sido saqueado. En condiciones análogas la recibió en 2018. Y al igual que hace 22 años, cuando asumió el cargo por primera vez, la metrópoli lagunera empieza a mostrar un nuevo rostro. El Centro de Inteligencia elevó la seguridad a otro nivel y, junto con la confianza, empresas de México y otros países han regresado a Torreón. La actitud de Riquelme hacia la ciudad no es revanchista ni hostil como la de los Moreira, lo cual también ayuda.

Nieto de Luis Horacio Salinas, exalcalde de Saltillo y exlíder del PRI en el estado, Manolo Jiménez, un millennial de 35 años, hizo sus pinitos en el Gobierno de Humberto Moreira como representante de la colonia Brisas Poniente, donde no reside. Su ascenso político ha sido meteórico: regidor, presidente del comité municipal priista y diputado con Rubén Moreira, pero a quien debe su doble candidatura a la alcaldía es a Miguel Riquelme. El lagunero lo ha puesto también en la carrera sucesoria de 2023.

Jorge Zermeño (70 años) pertenece a la generación baby boomer. Su ingreso al PAN coincidió con el movimiento del 68, cuyas demandas por «un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del Gobierno del PRI, que consideraban autoritario» (Wikipedia) se respondieron a balazos. Zermeño fue testigo de la represión del 2 de octubre contra los estudiantes. Dos décadas después, él mismo la padecería en Torreón durante las elecciones de 1987 cuando trató de impedir el relleno de urnas antes de la apertura de casillas. El operador del PRI era Mario Cepeda.

Zermeño, quien formaba parte de la planilla del candidato a alcalde Rubén Díaz Flores, fue detenido junto con Jorge Gidi por «perturbar el orden». El encierro en una celda de la PGR duró dos días. En esa época era impensable una alianza entre el PRI y el PAN, pero no ahora; incluso ya la ha planteado el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, quien acompañó a Zermeño en su informe, igual que en su primera toma de posesión (1996) lo hizo Felipe Calderón, entonces líder del PAN.

Zermeño es el principal activo de Acción Nacional en el estado, después de habérsele dado por muerto cuando Calderón lo propuso para embajador en España en premio por sus servicios. El lagunero -nacido en Ciudad de México- se las ingenió para que el Presidente tomara posesión el 1 de septiembre de 2006 en una ceremonia de cinco minutos. El PRD había ocupado la tribuna para impedirle a Calderón cruzarse la banda, en protesta por el supuesto fraude contra Andrés Manuel López Obrador. El panista ha sido diputado federal dos veces, senador y Alcalde de Torreón en tres ocasiones con gobernadores del PRI (Rogelio Montemayor y Miguel Ángel Riquelme).

En 2005, Zermeño compitió con Humberto Moreira por la gubernatura. El priista obtuvo 55.8% de los votos. Acción Nacional impugnó el resultado ante el Tribunal Federal Electoral (Trife) por irregularidades en más de 30% de las casillas y una campaña difamatoria contra su candidato en la televisora RCG. El Trife validó el triunfo de Moreira, cuya herencia resultó financiera y políticamente funesta: endeudó al estado por 36 mil millones de pesos y dejó de sucesor a su hermano Rubén.

Del otro lado del arco político está Manolo Jiménez, cuya asistencia al informe de Zermeño debió haber sido consultada con el gobernador Riquelme, quien envió como su representante a José María Fraustro, secretario de Gobierno, otra de sus cartas para la sucesión. Jiménez tiene carisma, comunica bien y hasta ahora ha resultado buen alcalde. Para llegar en condiciones al 23, necesita jugar sus fichas con inteligencia, no sobreexponerse ni dejarse envolver por el canto de las sirenas. Ir a Torreón fue un buen movimiento, pues La Laguna, siempre recelosa de Saltillo, es clave para cualquier proyecto político.

Los informes de los alcaldes Manolo Jiménez (Saltillo, PRI) y Jorge Zermeño (Torreón, PAN) permitieron contrastar dos estilos: uno marcado por la ascendencia y el ímpetu de quien desea comerse el mundo de un bocado, y otro forjado en la lucha por la democracia y medio siglo en la arena política. La asistencia de uno a la ceremonia del otro podría significar el inicio de una relación entre ciudades antagónicas cuya población conjunta equivale a la mitad de todo el estado. Y acaso también ser el vislumbre de una alianza para detener el avance del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuyo líder es el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, primero es necesario que el PRI actúe en Torreón como lo hace en Saltillo, donde las oposiciones han antepuesto el interés del municipio a los colores partidistas, según ponderó Jiménez en su discurso. La administración de Zermeño está sometida a una campaña de golpes bajos y denuncias que pretende lograr lo que el PRI y Morena no pudieron en las urnas: debilitarlo y restarle autoridad y respaldo social. En su mensaje ante el secretario de Gobierno, José María Fraustro, el Alcalde encaró a los regidores de esos partidos:

«Hemos privilegiado el diálogo respetuoso por encima de la confrontación estéril; trabajar en equipo significa aportar, sumar esfuerzos para un fin común que es Torreón. Sé que hay algunos a los que les molesta el buen trabajo y el progreso de la ciudad, que le apuestan al fracaso. Nosotros respondemos con trabajo y con hechos, no con dichos. (…) La ciudadanía tiene memoria y no se deja engañar». Sin triunfalismos ni protagonismo y en un escenario sobrio que compartió con el Cabildo, Zermeño tendió la mano a quienes calificó de adversarios gratuitos: «Los invito a que se sumen al trabajo constructivo como lo hacen la mayoría de los ciudadanos de Torreón».

Desde su lugar, el excandidato del PRI a la Alcaldía y ahora regidor José Antonio Gutiérrez Jardón -secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Rubén Moreira-, con la flema característica reflejada en el rostro, se limitó a esbozar una sonrisa y a cuchichear con Isis Cepeda. Un hermano de la regidora -hijos de Mario Cepeda, cacique del PRI- perdió la elección para diputado hace dos años. Zermeño pesa demasiado aun dentro del mismo PAN. La campaña en su contra, reforzada en redes sociales y en algunos medios de comunicación, podría favorecer a cuadros de su propio partido e incluso ser alentada por ellos.

Desde su asiento de primera fila, ubicado en mejor lugar que el asignado a su homólogo lagunero en el Museo del Desierto, el alcalde de Saltillo miraba junto con Fraustro el video sobre la obra realizada en Torreón y tomaba nota. Las menciones al gobernador Miguel Riquelme no se respondieron con rechiflas como en el pasado. Su ausencia no es buena señal.

La reflexión de un amigo en el sentido de que «Saltillo no es Coahuila», pues fuera de la capital «los políticos se pierden», la comprobé en el Teatro Nazas el 18 de diciembre. La presencia de Manolo Jiménez pasó casi inadvertida. No así la de Zermeño en Saltillo una semana atrás, justamente por ser una de las figuras con mayor reconocimiento político y social. El saltillense deberá hacer mucho trabajo para relacionarse y avanzar su agenda política en La Laguna, hoy dominada por el PAN y Morena.

En su primer año de Gobierno, el presidente López Obrador dejó claro que no busca ni necesita la aprobación de quienes votaron en su contra y siempre lo han criticado con mayor ferocidad y encono que a Felipe Calderón y a Peña Nieto. AMLO provoca ese rechazo para mantener polarizado al país y afianzar sus clientelas políticas. La base de AMLO no la forman las cúpulas, sino millones de mexicanos que votaron por él y aún lo apoyan, según reflejan las encuestas. Sin embargo, no debe estigmatizar a los opuestos, cobrar venganza o causarles daño, pues su obligación consiste en gobernar para «buenos» y «malos».

AMLO resistió en 2019 la artillería pesada de sus adversarios, pero la realidad lo derrotó en dos terrenos: la seguridad y la economía. Era difícil reducir la violencia en 12 meses, pero él lo ofreció y al final admitió el fracaso. La estrategia de la 4T se funda en nuevas leyes y en la Guardia Nacional. Es prematuro descalificarla, pues la forma como se afrontó al crimen organizado en los dos últimos sexenios ensangrentó al país y lo volvió más inseguro.

El plan de AMLO consiste en atacar las raíces del problema. La pobreza y la falta de oportunidades empuja a legiones -sobre todo jóvenes- a alistarse en las filas de la delincuencia. La corrupción en las corporaciones policiacas, las fiscalías y los tribunales perpetúa la impunidad y vuelve inútil cualquier esfuerzo para pacificar al país y regresar la tranquilidad a las calles. El Presidente no exagera cuando advierte que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán ejercía el mismo poder que sus predecesores; así lo presentan las series de televisión. La misma influencia tenía Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, líder del Cártel de Juárez, en el sexenio de Salinas de Gortari.

A escala local, capos de distintas organizaciones criminales también recibieron protección de políticos y funcionarios a cambio de negocios y dinero. Las causas de la violencia en Coahuila son profundas y así lo demuestran los embates de las últimas semanas cuya intención es evidente: desestabilizar al Estado y al Gobierno y generar sicosis entre la población. La pregunta es si los nexos entre cárteles y autoridades del pasado -y algunas del presente- sirven para presionar a la Administración de turno.

La relación entre política y delincuencia organizada se extendió incluso a algunos medios de comunicación y a un animador de televisión citados en el proceso contra Juan Manuel Muñoz en Estados Unidos. No es la primera vez que ocurre. A mediados de los 90 del siglo pasado, el dueño de la misma televisora «erregeciana» estuvo involucrado con Juan Chapa Garza Jr., alias José Luis García Treviño, del Grupo Aztlán, detenido en La Paz, Baja California, el 28 de octubre de 1994 y entregado al día siguiente a Estados Unidos. Cuatro años antes, se había fugado de la cárcel texana de Wakenhut donde purgaba una condena de 30 años por tráfico de drogas.

La PGR incautó el Learjet matrícula XA-RCG utilizado por el supuesto García Treviño para viajar a La Paz, pero luego lo devolvió a su propietario. Incluso se llegó a especular que Chapa era Juan García Ábrego, a la sazón líder del Cártel del Golfo. El dueño de Aztlán tuvo también entre sus socios saltillenses a empresarios de doble moral. El mensaje de AMLO, en el sentido de que esos tiempos ya se acabaron, anticipa tormentas en Coahuila.

Genaro García Luna es uno de los puentes entre las presidencias de Carlos Salinas, en cuyo sexenio se integró al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Vicente Fox y Felipe Calderón. Su captura en Estados Unidos pone de relieve los vínculos del poder con los cárteles de la droga y ayuda a explicar la crisis de violencia en el país. Sobre el caso escribe Gerardo Moyano en Espacio 4.

“La realidad supera la ficción. En la afamada serie de Netflix El Chapo, el segundo personaje más importante después del capo es ‘Conrado Sol’, un funcionario que escala hasta el más alto puesto de la estructura de seguridad del Gobierno federal y es muy cercano al Presidente. Conrado recibe pagos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán por usar a las fuerzas federales para proteger al cártel de Sinaloa y atacar a sus rivales.

“Las sospechas de a quien representaba el personaje de la serie quedaron despejadas con la detención del secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, en Estados Unidos, donde enfrenta cuatro delitos –tres por conspiración y tráfico de drogas y uno por falsear declaraciones para obtener la ciudadanía estadunidense–.

“A petición del Departamento de Justicia de EU, el exfuncionario será juzgado en Nueva York por Brian M. Cogan, el mismo juez que condenó al ‘Chapo’ a cadena perpetua, en julio pasado.

“Las acusaciones que pesan sobre el ejecutor de la ‘guerra contra el narco’, lanzada por Calderón en 2006, no son de ficción: están sustentadas en declaraciones de testigos –exsocios y/o enemigos del ‘Chapo’– a quienes la justicia estadunidense les da crédito.

“En México, los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa han sido documentados y denunciados por personas que no solo fueron desoídas por el Gobierno, sino perseguidas y amenazadas de muerte. Entre ellas, la periodista Anabel Hernández y el excomisario General de la Policía Federal División Caminos, Javier Herrera Valles.

“Hernández, autora de los libros Los Señores del Narco (2010), y El Traidor: El Diario Secreto del Hijo del Mayo (2019), en los que revela relaciones entre funcionarios federales y narcotraficantes, tuvo que huir del país luego de sufrir varios atentados. El 11 de diciembre, le confesó a la periodista Carmen Aristegui que funcionarios estadunidenses la contactaron para decirle que García Luna tenía un plan para asesinarla.

“Herrera Valles fue detenido en 2008, después de haberle enviado una carta a Calderón en la que denunciaba que García Luna colocaba en puestos claves a personajes reprobados en los exámenes de control de confianza y otros vinculados con el crimen organizado (Reforma, 13.12.19). Pasó cuatro años en prisión.

“Ambos coinciden en algo: Felipe Calderón no puede alegar ignorancia sobre lo que hacía su ‘hombre fuerte’, pues fue advertido en más de una oportunidad. Como era de esperarse, el Gobierno del priista Peña Nieto (2012-2018) no investigó a García Luna. Al contrario, usó la estructura de espionaje montada por él para vigilar a rivales políticos, activistas y periodistas.

“¿Y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Mientras el Presidente jura que no perseguirá a exfuncionarios ‘para no hacer leña del árbol caído’, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congela las cuentas bancarias del círculo cercano a García Luna”.

Contra lo que se diga -y casi todos, en algún momento, lo expresamos-, México es un gran país. En apenas 198 años de vida independiente, ha superado guerras, invasiones, amputaciones territoriales, revoluciones y levantamientos. El último, por la vía armada, fue hace 26 años en Chiapas, en demanda de justicia y democracia. El de 2018 ocurrió a través de las urnas, motivado por los altos niveles de corrupción, impunidad, desigualdad y soberbia gubernamental.

Las decisiones de la mayoría no son siempre las mejores, como hoy mismo lo observamos incluso en los países más avanzados. Alfred Smith advertía al respecto: «Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia». No solo a la hora de votar, sino en el día a día, con una actitud positiva y congruente, desde las acciones más simples hasta las más exigentes.

En una de las caricaturas célebres de Abel Quezada, un ángel pregunta al Creador (cito de memoria): «Señor, ¿por qué en esta tierra te prodigas: mares, selvas, metales preciosos, petróleo… y a otras las privas de todo?». En su infinita sabiduría, Dios responde en silencio: sobre la cornucopia (esa forma de vaso que dio a nuestro territorio para distinguirlo de los demás) coloca a un charro, símbolo de identidad nacional.

Sin embargo, contra toda forma de denigración, somos un país rico en cultura, historia y tradiciones. Ha ganado el Nobel de la Paz con García Robles; el de Literatura con Octavio Paz, y el de Química con Mario Molina. También destaca en los campos del arte, la medicina, la ciencia, la tecnología y el deporte. Si no lo valoramos así es por esa propensión tan nuestra de mirar siempre la parte negativa.

Uno de nuestros mayores errores consiste en juzgar al país por el comportamiento de su clase política. Visto así, es uno de los más venales, displicentes, improductivos y menos afectos al cumplimiento de la ley. Ello explica la resistencia de liderazgos y cuadros valiosos de la sociedad a participar en la «res publica» o en los asuntos de Estado. Eso deja la vía libre a los partidos y a otros grupos para imponer los intereses de sus cúpulas a los de México.

Imposible disociar la situación del país de nuestro comportamiento como ciudadanos. El escritor y político francés André Malraux lo planteaba así: «Los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, sino los que más se les parecen». ¿Queremos gobiernos honrados, responsables y confiables? Seámoslo primero nosotros. Solo así tendremos autoridades dignas y decentes.

Asimismo, es imperativo tener fe como país. Reconocer que no somos depositarios de la verdad; defender nuestros valores y capacidades y respetar a los demás puede permitirnos sosegar los ánimos y conseguir un desarrollo justo, equilibrado y sostenible. Suponer que los privilegios de unos los tienen todos equivale a cerrar los ojos ante una realidad estrujante. La pobreza y la desigualdad alimentan la inconformidad.

Regar el enfado social con la gasolina de la demagogia y la discordia es irresponsable y suicida. La injusticia jamás se resolverá con retórica, sino con un reparto equitativo de la riqueza. Debe haber consensos sin sacrificar libertades. La solidaridad y la autocrítica son piedras angulares en la construcción de un nuevo México. Ni la autoflagelación ni las orejeras son la solución a nuestros males, sino el compromiso y la voluntad para cambiar y dar a México el lugar que merece.

El futurismo es, junto con la charrería, el deporte nacional por antonomasia. Si alguien lo sabe es el presidente López Obrador, quien despacha en Los Pinos después de tres campañas. Previamente había sido candidato del PRD al Gobierno de Tabasco, dos veces, y a la jefatura del Distrito Federal en 2000, cuando venció a Jesús Silva Herzog Flores, una de las figuras más íntegras y respetables del PRI dentro y fuera de nuestras fronteras. Su papel en la Secretaría de Hacienda, durante la crisis económica de finales del sexenio de López Portillo y principios del Gobierno de Miguel de la Madrid, salvó a México de la quiebra. Era uno de los presidenciables más sólidos en la sucesión de 1988, pero las intrigas palaciegas de Salinas de Gortari lo eliminaron de la carrera, con lo cual el país perdió.

Si hoy fueran las elecciones, Morena volvería a llevarse de calle la Presidencia. Las cartas más visibles, por su exposición mediática, son el canciller Marcelo Ebrard, uno de los perseguidos de Peña Nieto; la gobernadora de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el jefe del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien coordinó la campaña presidencial de AMLO. Monreal fue delegado del PRI en Coahuila, donde identificó liderazgos, algunos de los cuales ahora militan en Morena; otros cuadros del PRI podrían dar pronto el mismo paso.

Monreal se convirtió en figura nacional justamente cuando renunció al PRI en 1998 para postularse para el Gobierno de Zacatecas por el PRD, cuyo presidente era entonces AMLO. De haber aceptado la imposición de Marco Antonio Olvera, quien también representó al PRI en nuestro estado, los días de Monreal en la política habrían terminado. En la sucesión coahuilense de 1993, el candidato natural era Enrique Martínez y Martínez (EMM), pero Salinas de Gortari impuso a Rogelio Montemayor.

EMM y el actual jefe de la bancada senatorial de Morena fueron diputados en la LVII Legislatura federal (1997-2000), de la cual Monreal saltó a la gubernatura tras derrotar a Olvera por un margen de 5.5 por ciento. En 1999, el saltillense estaba de nuevo en la antesala del Palacio Rosa, pero no en la baraja de Montemayor. Monreal entró entonces en acción y le propuso ser candidato por el PRD. Los contactos de Martínez en Los Pinos influyeron para que el PRI, para evitar el contagio de Zacatecas, resolviera el caso de Coahuila mediante consulta abierta y no por dedazo.

Enrique Martínez ganó con holgura el proceso interno y las elecciones constitucionales a un contendiente de primera línea, Juan Antonio García Villa, postulado por una alianza formada por el PAN, el PRD, y los partidos Verde y del Trabajo. El Gobierno de EMM ha sido uno de los mejores: desarrolló un importante programa de obra pública y saneó las finanzas. Su gran error fue haberle allanado el camino al moreirato, cuyo docenio arruinó las finanzas y el prestigio de Coahuila.

Monreal es uno de los políticos más cercanos a López Obrador, y desde ahora presidenciable. Morena quiere más diputados locales, más capitales, un mayor número de gubernaturas y conservar la mayoría en el Congreso. En la construcción de una candidatura aún lejana y sujeta a múltiples vaivenes, Coahuila está en la agenda del coordinador parlamentario. Mientras más avance en los estados, mejor para sus aspiraciones.

El enfado con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la forma de conducir al país es justificable y patente, sobre todo en los sectores alineados al PRI, al PAN y a otras corrientes. Igual puede haber frustración entre quienes votaron por él esperanzados en un cambio tantas veces prometido, pero jamás cumplido, o bien para castigar a un sistema intoxicado por la corrupción, la impunidad, la arrogancia gubernamental, el cinismo, el enriquecimiento de políticos de todo signo partidista y el predominio de las élites económicas.

AMLO llegó a su primer informe con una aprobación de 70% (Reforma), pero la violencia en el país y los sucesos en Culiacán, Sinaloa, (la liberación de uno de los hijos del Chapo Guzmán), y Bavispe, Sonora, (el ataque contra las familias LeBarón y Lagnford) le hicieron perder dos puntos. Peña Nieto gastó en su sexenio 60 mil millones de pesos en propaganda e imagen y terminó con un respaldo de 24% (Mitofsky).

El mensaje de los cárteles de la droga al Estado mexicano y a la sociedad civil es inequívoco: llegarán a los extremos necesarios para mantener su comercio inmundo. La declaración de guerra debe ser respondida con inteligencia, entendida como la facultad de comprender y resolver problemas, y la organización del Estado para brindar al Poder Ejecutivo análisis e información que permitan diseñar estrategias y tomar las decisiones más convenientes para prevenir o neutralizar amenazas y defender los intereses nacionales.

AMLO ha cometido errores y aciertos; los primeros se magnifican por su impacto, pero también por la influencia de sus adversarios en los medios de comunicación del país y el extranjero, así como en organismos y corporaciones internacionales. Los fracasos en seguridad y economía son incontestables. Sin embargo, es ilusorio esperar de la Guardia Nacional resultados mágicos. La cancelación del aeropuerto donde ya se habían invertido cantidades ingentes de dinero no la justifica la corrupción inherente. La solución consistía en investigar las irregularidades, procesar a los involucrados y reasignar el proyecto sin comprometer recursos del erario.

Las reformas educativa y energética del peñismo se vendieron como la panacea universal, sin serlo. La primera estigmatizó a los profesores -no todos son Gordillo, Moreira o los bárbaros de la CNTE- y la segunda, pervertida también por la codicia neoliberal, resultaba desventajosa para el país y demasiado provechosa para los intereses privados. Hoy el exdirector de Pemex se encuentra prófugo. ¿Dónde están los combustibles y la electricidad baratos? ¿Dónde los miles de empleos prometidos?

Con la responsable de los programas sociales en prisión y mayor pobreza en el país, ¿cómo defender la política de bienestar del gobierno peñista? En burocracia y corrupción se perdieron carretadas de dinero destinadas a los pobres solo en el papel. Hoy el apoyo económico a jóvenes, ancianos y discapacitados evita intermediaciones; igual puede prestarse a abusos por falta de reglas claras, pero su entrega directa vuelve tangible el beneficio. Otras acciones, basadas en meras sospechas, afectaron el abasto de medicamentos y la atención a niños bajo tratamiento médico, a hijos de madres trabajadoras y a mujeres en situación de riesgo. La corrupción contaminó incluso algunas causas nobles.

El gobernador Miguel Riquelme rindió dos informes. El primero en la capital del estado, en la sede del Congreso, y el segundo en el Centro de Convenciones de Torreón ante la sociedad civil. Previamente, había declarado que no entregaría obras inconclusas para ganar reflectores. De acuerdo con ese criterio, antes del segundo informe inauguró un bulevar en la capital, gobernada por el PRI; un Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Militarizado en Piedras Negras, cuyo Alcalde es de Morena; e inició la habilitación de un centro de Gobierno en Torreón, donde las riendas del municipio las lleva el PAN.

Los presidentes, gobernadores y alcaldes suelen incluir en sus informes obras que en el papel ya fueron pagadas y están en funcionamiento, lo cual en muchos casos es mentira. Durante sus giras por el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encontrado carreteras, hospitales y otras instalaciones a medio terminar y sin equipo. Un ejemplo es el Hospital Oncológico Salvador Chavarría, inaugurado por el exgobernador Rubén Moreira dos días antes de concluir su gestión (Digital News, 28.11.12).

Las regiones Sureste y Laguna terminan el año sin grandes conflictos, pero las zonas Centro y Carbonífera están colapsadas. La primera, por la crisis de Altos Hornos de México debido a la detención de su propietario, Alonso Ancira Elizondo, en España, cuyas cuentas fueron desbloqueadas apenas el 23 de noviembre. Y la segunda, a causa de la suspensión de compras de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La hidra de la corrupción está presente en ambos casos.

El Gobierno federal denunció a Ancira y a la acería por la venta de la planta Agronitrogenados a Pemex a un precio inflado de 273 millones de dólares. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó transferencias de AHMSA a una filial de la constructora brasileña Odebrecht, centro de una trama internacional de corrupción, las cuales se remitieron después a una empresa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, radicada en Suiza. Estados Unidos acusa a Lozoya de recibir sobornos de Odebrecht por 10 millones de dólares; actualmente se encuentra prófugo.

Tras la cancelación de compras de carbón, decidida por la CFE, subyace una larga historia de corrupción e impunidad en la Promotora Estatal para el Desarrollo Minero (Prodemi). La entidad ha sido utilizada como “caja chica” por gobernadores y funcionarios públicos para amasar fortunas y desviar recursos a campañas políticas. Debido a los altos niveles de corrupción, el senador de Morena y empresario minero Armando Guadiana ha planteado incluso su desaparición; o en su defecto, “una limpia urgente”.

El Gobierno del estado anunció el 27 de noviembre un “pedido emergente”, de la CFE por 80 mil toneladas a los productores de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz para paliar la crisis, del cual Miguel Riquelme dio cuenta en su informe. Según el comunicado, la empresa adquirirá entre 1.2 y 2 millones de toneladas de carbón el año entrante. Sin embargo, las operaciones deberán transparentarse para no repetir vicios del pasado y asegurar que el beneficio lo obtengan los productores y no los coyotes ni los funcionarios de Prodemi, de la cual también han lucrado exlíderes del PRI. El presidente López Obrador tiene fuentes directas para mantenerse al tanto de la situación.

El informe del auditor Superior del Estado puso en claro que desde El Moreirato, la Procuraduría General (hoy Fiscalía) y el Sistema Estatal Anticorrupción han servido de tapaderas. En los 11 últimos años, la institución presentó un promedio de 22.7 denuncias anuales por la deuda, las empresas fantasma y otros actos de corrupción, sin ningún resultado. Javier Mariscal analiza el tema en el bisemanario Espacio 4 (630).

“La exorbitante deuda que endilgó el gobernador Humberto Moreira (2005-2011) y que legalizó su hermano Rubén (2011-2017) se ha convertido en un pantano financiero del que Coahuila difícilmente podrá salir. Así lo confirmó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Armando Plata Sandoval, quien el 17 diciembre presentó el Informe Anual de la Cuenta Pública 2018 ante el Congreso del Estado.

“Según reporta el Auditor, el pasivo estatal no ha disminuido, sino que es incluso mayor: pasó de 36 mil millones de pesos en 2012 a 37 mil 575 millones en diciembre de 2018, monto por demás sorprendente si se considera que en ese lapso se han erogado 30 mil 806 millones como servicio de deuda. De ese total, 21 mil 516 millones corresponden a pago de intereses, 5 mil 994 millones a amortizaciones y el resto a gastos de reestructuras, comisiones y coberturas diversas.

“De acuerdo con el dato más reciente de la Secretaría de Finanzas, al 31 de octubre de 2019, la deuda actual ascendía a 37 mil 77.6 millones de pesos. Cuestionado respecto a cuál sería el plazo en el que Coahuila podría reportar liquidado tal adeudo, el auditor sentenció: ‘Conforme a la programación de pagos actualmente establecida, y si se sostienen los candados para impedir la contratación de cualquier otro empréstito, podríamos decir que aproximadamente en 25 años estaríamos dejando atrás este problema’.

“El auditor destacó que desde 2008, la Auditoría ha presentado cerca de 250 denuncias por manejo irregular de los recursos públicos contra quien o quienes resulten responsables, sin embargo desconoce los resultados de las investigaciones.

“Estamos seguros que hemos aportado elementos para el establecimiento de sanciones y una absolución

por hechos atípicos por prescripciones poco claras, pues simplemente las hemos judicializado y hemos obtenido resolución a favor”, señaló. En este sentido, propuso reformar la Constitución y la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado para reconocer la calidad de víctima u ofendido de la ASE en los procesos penales.

“Esto le permitiría acceder a las carpetas de investigación correspondientes de la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción, y coadyuvar en el debido proceso de las investigaciones, ‘a fin de obtener resoluciones justas y apegadas a derecho’.

“La limitante es que al no tener una calidad de víctima u ofendido directo, de antemano el agraviado es el patrimonio público. Existe la posibilidad de que no se nos dé acceso pleno a carpetas y demás, entonces, queremos que quede muy clara la legislación para poder nosotros ejercer nuestro derecho en calidad de víctima u ofendido y apelar las resoluciones que encontremos injustas”, reclamó.

“Plata Sandoval también propuso al Congreso ampliar las facultades del Sistema Estatal Anticorrupción en funciones de prevención y control de la corrupción, mediante padrones de proveedores, contratistas y beneficiarios, y crear la Unidad de Contabilidad Gubernamental como mando superior en la estructura orgánica del Estado y municipios, para efectos de transparencia y rendición de cuentas”.

Tres encuestas nacionales sobre la aprobación de los gobernadores colocan a Miguel Riquelme en los lugares 11, 17 y 23. El coahuilense obtiene los mejores resultados en la pesquisa de Data Coparmex; en la de Consulta Mitofsky registra una calificación media, y en la de Arias Consultores se alejó ocho sitios de Cuauhtémoc Blanco (Morelos), ubicado en el último puesto. Por bloque partidista, los gobernadores del PAN lograron una aceptación promedio del 43.4%, los de Morena del 40.5% y los del PRI del 29%, según Mitofsky.

La indagación de Coparmex, difundida a finales de octubre, se centra más en el estado. Coahuila, dice el organismo patronal, tiene el primer lugar nacional en el sector formal de la economía con un 66.4% de trabajadores ocupados; es el segundo «más seguro» -después de Chihuahua- con 41% de empresas víctimas de delitos; el segundo «menos corrupto» según «la frecuencia con que las empresas se enfrentan a actos de corrupción al interactuar con el Gobierno», y el quinto con mejores empleos. Sin embargo, por la proporción de empresarios (31%) que «están de acuerdo con el de-sempeño del gobierno estatal de turno» baja al sitio 11.

Mitofsky divide su ranking en cinco rangos (sobresaliente, alto, medio, bajo y muy bajo). Con niveles del 79 al 50% en noviembre, el primer grupo lo forman los gobernadores de Yucatán (PAN), Sinaloa (PRI), Baja California Sur (PAN), Chiapas y Ciudad de México (Morena). Miguel Riquelme, cuya aceptación es 36.7% (5% mayor con respecto a octubre), ostenta el lugar 17, rango medio. Los peores son Cuauhtémoc Blanco (Morena), Alfredo del Mazo (PRI), Jaime Rodríguez (independiente) y Silvano Aureoles (Morena).

En «percepción de seguridad», Coahuila aparece en el sitio 14. El 20% de la muestra la considera mejor; el 39.9%, igual; y el 38.4%, peor. En «percepción económica», ocupa el puesto 8 (uno menos que en la medición previa), pero en «nivel de corrupción» cae al 26 (el moreirazo no se olvida). Con respecto a la «situación personal» de los habitantes, cae dos lugares (del cinco al siete), dice Mitosfky.

La encuesta de Arias Consultores sitúa al Gobernador de Coahuila en el lugar 23: el 21.3% aprueba su gestión, al 12.3% «le es indiferente» y el 66.4% la desaprueba. Riquelme le «inspira confianza» al 21.9% y al 78.1%, no. En confianza para invertir, economía y empleo, el estado figura en las posiciones 16 y 15; y en obra pública, salud y turismo, los puestos 23, 22 y 19, respectivamente. En cuanto a corrupción (sitio 24), el 14% respondió que ha disminuido, el 4.6% lo ignora y el 81.5% dijo que no. El mejor lugar (10) lo obtuvo en seguridad: el 17.5% considera que ha mejorado, el 16.2% no lo sabe y el 66% respondió negativamente.

Las encuestas muestran coincidencias y discrepancias, pero una misma realidad. Coahuila es un estado agraviado por la megadeuda, la corrupción y la impunidad, sobre todo en los dos últimos sexenios. La solidez de la economía responde a su propia dinámica y le brinda soporte al Gobierno. El moreirato afectó la imagen de la entidad dentro y fuera de México. Miguel Riquelme no tiene las mejores calificaciones, pero ha logrado conciliar al estado y mantener el equilibrio en medio de la crisis financiara. Mejor así que ser calificado como el «gobernador más honesto y confiable del país » y terminar en las páginas de Forbes dentro del club de los más corruptos.

Si a los emigrantes centroamericanos les dio la espalda para calmar al energúmeno de la Casa Blanca, el presidente López Obrador igual podría maquillar la estrategia contra el crimen organizado para disuadir a Donald Trump de declarar terroristas a los cárteles. George Bush promulgó la ley respectiva en 2001 por los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

De aplicarse a los traficantes mexicanos, Estados Unidos podría perseguirlos en territorio nacional, imponerle al país sanciones económicas e incluso recurrir a las Fuerzas Armadas.

El 6 de diciembre, un día después de la entrevista del fiscal William Barr con AMLO, Trump dijo que el proceso ya estaba terminado, pero que “a petición de un hombre que me agrada y respeto, y ha trabajado muy bien con nosotros, presidente Andrés Manuel López Obrador, detendremos temporalmente esta designación e iniciaremos esfuerzos conjuntos para combatir decisivamente a estas crecientes organizaciones”.

El plan de AMLO consistiría en acorazar la frontera y dar a las autoridades locales manos libres para enfrentar a los cárteles con el apoyo de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, como ocurrió en Villa Unión. El Presidente miraría para otro lado y el costo político no lo pagaría él, sino los gobernadores.

El “¿Quién es quién?” en los estados busca, precisamente, obligarlos a cumplir sus responsabilidades en materia de seguridad, pues “no todos madrugan”. La estrategia tendría un nuevo enfoque: balazos en el norte y abrazos en el resto del país.

Sobre el operativo en Villa Unión –apoyado por AMLO–, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se limitó a “condenar y lamentar los hechos”, pero no ofreció investigarlos para determinar posibles violaciones.

A este tenor, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, rechazó “absolutamente” ejecuciones extrajudiciales en Coahuila, sin ofrecer pruebas. ¿Nada de “mátalos en caliente”?

En el dispositivo del 17 de octubre en Culiacán (743 mil habitantes) para detener al narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, murieron ocho personas (cinco supuestos sicarios, un agente de la Guardia Nacional, un interno del penal de Aguaruto y un civil), según el Gabinete de Seguridad.

En Villa Unión (6 mil 352 pobladores) resultaron abatidas 25, más del triple. El argumento del Gobierno federal para liberar a Guzmán fue evitar un mayor número de víctimas; en Coahuila, avaló el operativo. Para AMLO, uno de los gobernadores que «más atención le dedica al tema de la seguridad”, es Riquelme.

Estados Unidos no quiere problemas en su traspatio. Quince días antes del enfrentamiento en Coahuila, su embajada renovó la alerta de nivel cuatro para que sus connacionales y empleados no visitaran Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas; después incluyó a Chihuahua.

En el nivel tres, cuya recomendación consiste en “reconsiderar el viaje debido a la delincuencia”, figuran Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

La violencia en la frontera representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos.

En Coahuila, los Zetas aumentaron su presencia en el gobierno de los Moreira. Heriberto Lazcano, uno de los jefes del cártel, murió en Progreso, el 7 de octubre de 2012, en un enfrentamiento con el Ejército y la Marina.

Su cuerpo “desapareció”.

Juan Manuel Muñoz Luévano, presunto enlace de los Zetas en Europa, fue extraditado a Estados Unidos, donde se acogió a la figura de “testigo protegido” y se declaró culpable de lavado de dinero para enfrentar su juicio en libertad.

La pesadilla revivió en Villa Unión, a 60 kilómetros de Estados Unidos y a 400 de Saltillo, mientras el gobernador Miguel Riquelme rendía su segundo informe, el 30 de noviembre. Diecinueve presuntos sicarios y cuatro agentes perecieron a consecuencia de los enfrentamientos entre el Cártel del Noreste y policías estatales, elementos del Ejército y la Guardia Nacional. También murieron un bombero y un menor de edad secuestrados. Villa Unión forma parte de los Cinco Manantiales junto con Morelos, Nava, Zaragoza y Allende, donde los Zetas sembraron terror y destrucción el 18 de marzo de 2011. En este caso, quizá jamás se conozca a ciencia cierta el número de muertos y desaparecidos, pero diversas fuentes e investigaciones lo cifran en 300. Entonces imperaba en el estado un régimen de corrupción y complicidad.

La noticia cayó como bomba y puso de nuevo al estado en el candelero mediático, esta vez con la fachada del Ayuntamiento acribillada y patrullas incendiadas como signos irrefutables de una guerra sin fin. «Los civiles iban armados y las autoridades creen que eran pistoleros de la “Tropa del Infierno”, un brazo armado del Cártel del Noreste (CDN), fruto de la escisión de los Zetas, que tuvo fuerte presencia en Coahuila», publicó BBC News Mundo. Coahuila es el cuarto estado más seguro del país, había dicho Riquelme ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien representó al presidente López Obrador en el informe.

Coahuila ocupó el puesto 13 en el ranking de percepción de seguridad de Consulta Mitofsky, correspondiente a octubre. El 20.1% de los encuestados la considera mejor; el 46.5%, igual; y el 50.7%, peor. La prioridad de la Administración de Miguel Riquelme consiste en mantener la paz. AMLO ha reconocido públicamente y en sesiones del Gabinete de Seguridad los resultados de la coordinación en Coahuila. Ajena a los hechos en Villa Unión, Sánchez Cordero puso al estado de ejemplo de «cómo deben hacerse las cosas en materia de seguridad; han bajado ustedes el índice de criminalidad en una forma impresionante. Coahuila está en los primeros lugares de seguridad en el país y eso es para felicitarse».

Distinto a sus predecesores, quienes echaron tierra a la masacre en Allende y al uso de la cárcel de Piedras Negras como «virtual campo de exterminio», Riquelme modificó su agenda y viajó a Villa Unión para afrontar la crisis. En vísperas de su informe, anunció acciones y convenios para blindar la entidad contra la invasión de c´srteles. Sin embargo, como apunta la BBC y antes lo advirtieron ProPública y National Geographic, en Anatomía de una Masacre; la Universidad de Texas, en Control… Sobre todo el Estado de Coahuila; y Sergio Aguayo y Jacobo Dayan, investigadores de El Colegio de México, en Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011, las raíces del cártel se profundizaron durante el moreirato. Extirparlas no es una tarea sencilla.

Riquelme no ha sido señalado en México o Estados Unidos por tener vínculos o brindar protección al crimen organizado, lo cual lo exime de compromisos y le permite actuar con libertad. Según el estudio de la Universidad de Austin, testigos de juicios federales celebrados en San Antonio, Austin y Del Río entre 2013 y 2016 describieron “sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto y Rubén Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila -que han gobernado la entidad los últimos 10 años seguidos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI)- a cambio del control total del estado” (El País, 06.11.17).

El ataque a Villa Unión del 30 de noviembre mostró una vez más la vulnerabilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado. Mantener la paz, el orden público y garantizar la seguridad de las personas será imposible mientras no exista inteligencia que permita anticipar la acción de cualquier grupo armado para prevenirla o afrontarla en mejores condiciones. Igualar la capacidad de fuego de los gobiernos locales con la de los cárteles agravaría el problema en vez de resolverlo y expondría a la población a peligros aun mayores, pues las organizaciones criminales tienen acceso a armamento y tecnologías punteros.

El evento recordó al de Allende –a 20 kilómetros de distancia– en 2011, donde un comando marcó a sangre y fuego a esa comunidad otrora pacífica, por un presunto arreglo de cuentas. No existe un número oficial de víctimas, pero se calcula en 300. En Allende, las autoridades estatales hicieron mutis. La versión del Gobierno es que en Villa Unión el cártel del Noreste –derivación de los Zetas– quiso atemorizar a la población, pero a diferencia de lo ocurrido hace ocho años en el municipio vecino, las dos únicas bajas civiles fueron las de un bombero y un menor de edad asesinados después de los enfrentamientos entre policías y sicarios.

La coincidencia entre la agresión y el Segundo Informe del gobernador Miguel Riquelme echó leña al fuego. Se tomó como un aviso o una provocación en un estado donde, en los dos sexenios previos, las más altas autoridades pactaron con el crimen organizado, según se ha denunciado en investigaciones periodísticas, académicas y en juicios federales realizados en San Antonio, Austin y Del Río, Texas, entre 2013 y 2016. (Dato curioso: cuando el exgobernador Humberto Moreira asumió la Presidencia del PRI, en Saltillo se registraron las primeras balaceras relacionadas con el narco cuyo saldo inicial fue de siete muertos).

“Villa Unión no es como Allende”, advierte Riquelme. Tiene razón. Sin la aquiescencia del Gobierno de turno, la masacre acaecida entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, no hubiera sido posible. La ofensiva de los Zetas evidenció la colusión con las autoridades locales, pues los 20 agentes de la policía municipal fueron instruidos “para no salir a patrullar, ni responder los llamados de auxilio que se presentaran y levantar a cualquiera de apellido Garza para entregarlo al grupo criminal” (BBC News, 10.09.16). En Villa Unión, la falta de inteligencia se compensó con una reacción inmediata de los gobiernos estatal y federal. El Ejército, la Guardia Nacional y el Grupo de Acción y Reacción repelieron con éxito al comando. Por cada policía abatido resultaron muertos casi cinco sicarios, y 10 más fueron capturados.

Frente a la escasez de recursos para emprender obras de gran calado, pues la megadeuda por 38 mil millones de pesos absorbe alrededor de 4 mil millones anuales de intereses, la joya de la corona del Gobierno de Riquelme es la seguridad. El docenio de los Moreira resultó de pesadilla: con Felipe Calderón generaron el conflicto y en la presidencia de Peña empezaron a resolverlo. Coahuila no figura hoy entre los estados más violentos del país. El Mandatario pudo revertir la situación en Villa Unión y salir fortalecido. Sin embargo, exhibirse demasiado lo expone. Se ganó una batalla, no la guerra.

El desequilibrio entre los niveles de corrupción e ineficiencia gubernamental y la responsabilidad que debe fincarse a los servidores públicos, al cual se refirió el auditor superior del Estado, Armando Plata, en su comparecencia ante el Congreso para informar sobre los resultados de la revisión de la cuenta pública 2018, explica la impunidad deliberada al menos en tres temas sensibles para los coahuilenses: la megadeuda de 37 mil millones de pesos, el desvío de más de 120 millones del Tribunal Superior de Justicia a Ficrea y de 750 millones a empresas fantasma en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira.

Ninguno de los responsables del quebranto ha sido procesado, pero en los siete últimos años Coahuila pagó el equivalente al 83% de la deuda: 24 mil 812 millones de pesos, por concepto de intereses, reestructuras, comisiones y coberturas, y solo 5 mil 994 millones de capital. El pasivo representó el 79% del presupuesto de 2018; en 2012 era del 111 por ciento. Frente a esa realidad apabullante, el auditor planteó ante el Congreso la necesidad de dar «congruencia a los esquemas de infracciones y sanciones para que, mediante el ejemplo, el ambiente político-burocrático se acoja a las exigencias insoslayables de la ética y la transparencia de los gobiernos progresistas».

La estructura creada en el Gobierno de Rubén Moreira para inhibir y castigar el peculado y otros delitos cometidos desde el poder fue diseñada para simular y por lo tanto es una falacia. Sin un solo pillo en prisión por el saqueo transexenal, parecería que Coahuila es un estado libre de corrupción. Contra ese sistema venal, el auditor propuso para la agenda legislativa reformas a la Constitución local y a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior. Otorgar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) el carácter de víctima le permitiría tener acceso a las carpetas de investigación de cada caso y coadyuvar en el debido proceso «en aras de obtener resoluciones justas y apegadas a derecho».

Para no confundir a la opinión pública, evitar que las observaciones a las cuentas públicas se tomen per se como delitos y «entregar casos más depurados» a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa, la ASE sugirió al Congreso ampliar en seis meses el plazo para que el Estado y los municipios «presenten mayores elementos para solventar las observaciones que les fueron determinadas». Asimismo, pidió algo que la sociedad civil demanda a voz en grito ante la falta de resultados por los desmanes impunes: ampliar las facultades de prevención y control del Sistema Estatal Anticorrupción.

En el informe sobre la revisión de la cuenta pública del año pasado llama la atención que el 52% del total de las observaciones (2 mil 792 millones de pesos) se hayan hecho a la Universidad Autónoma de Coahuila; el resto (2 mil 576 millones) corresponden a otras entidades. La ASE detectó irregularidades inadmisibles: falta de conciliaciones bancarias, sueldos por dos o más plazas sin acreditar la compatibilidad de honorarios, pago de categorías inexistentes en el tabulador y carencia de documentos para comprobar y justificar erogaciones a proveedores y prestadores de servicios. Los poderes Legislativo y Ejecutivo tienen la oportunidad de demostrar con hechos su compromiso contra la corrupción. La mesa está servida.

Tras un año de redimir la vejación por la política presidencial de “abrazos, no balazos”, y en el marco de la visita del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, el jefe de la Sexta Zona Militar, Enrique Covarrubias, trazó la que en adelante será la respuesta de las fuerzas armadas al narcotráfico: “De presentarse un caso análogo o similar al de Villa Unión, solamente tendrá una garantía con dos vertientes: o son reducidos en caso de persistir en agredir a México con sus armas, o irán a una prisión por un periodo no menor a 50 o 90 años por los delitos cometidos” (El Norte, 06.12.19).

La actitud de Covarrubias confirma la tesis planteada en la columna del martes según la cual el Gobierno de AMLO, presionado por Estados Unidos, giró la política pacifista hacia la guerra sin cuartel contra los traficantes de drogas, armas y personas. El argumento de Trump es que representan una amenaza para la seguridad de su país. Mientras en Ciudad de México AMLO ofrecía a Barr mayor cooperación a cambio de no aplicar la Ley Antiterrorista a los cárteles mexicanos, a 60 kilómetros de la frontera Covarrubias advertía sobre lo ocurrido en Villa Unión: representó “una flagrante violación al estado de derecho con presuntos delincuentes que apuntaron sus armas y dispararon en contra de nuestro pueblo”.

Tales actos –previno– no se permitirán en el futuro. ¿Entonces quedaron atrás los abrazos y las humillaciones que provocaron la crítica del general en retiro Carlos Demetrio Gaytán a AMLO por ordenar la liberación del narco Ovidio Guzmán? A juzgar por las declaraciones de Covarrubias en Villa Unión, donde inició un plan para reforzar la seguridad en la frontera de Coahuila junto con el gobernador Miguel Riquelme, el Ejército dejará de poner la otra mejilla y de bajar la cabeza ante los criminales. “Y si están usando armas de alto calibre, el Estado Mexicano responderá en la proporción necesaria en estricto acatamiento a la ley nacional en el uso de fuerza”. Un mentís al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dócil en casa, pero obsecuente a los dictados de Washington.

Alejandro Madrazo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), puso en tela de juicio desde un principio la política de “abrazos, no balazos”, por ser “las simulaciones y las mentiras” una de las constantes de la clase política. Criticó a AMLO por transferir la legitimidad democrática lograda en las urnas “a un Ejército que no rinde cuentas de los muertos desde hace cuatro años, de cuánta gente ha matado en las calles (…) tenemos un Ejército sin controles de las instituciones. (…) si de veras quiere que sigamos creyendo que son distintos tienen que actuar distinto (…) y ahorita están actuando exactamente igual que (como) los priistas hace un año”. (Aristegui Noticias, 18.12.18)

Después de un año tan cruento como los peores de Felipe Calderón y Peña Nieto, la aparente luna de miel de la cuarta transformación con la delincuencia organizada llegó a su fin. En Coahuila, los abrazos se respondieron con fogonazos. La paloma de la paz se alejó por el estruendo. Por cada 10 mexicanos, arriba de seis califican la estrategia amlista como un fracaso y ven a los cárteles con mayor fuerza que el Gobierno; más de cuatro piden combatir fuego con fuego (Reforma, 01.12.19). Pero solo una voz bastó para que AMLO reaccionara: la de Trump. La amenaza de imponer la Ley Antiterrorista dobló a la 4T.

El apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al operativo en Villa Unión, donde el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía de Acción y Reacción repelieron el ataque de un comando del Cártel del Noreste (CDN, escisión de los Zetas), y el anuncio del programa “¿Quién es quién en seguridad?” para poner bajo la lupa a los gobernadores y alcaldes, podrían ser el inicio de un cambio de estrategia contra la delincuencia organizada en la frontera con Estados Unidos.

Máxime por la intención del presidente Donald Trump de declarar terroristas a los cárteles, esbozada tras la celada contra las familias LeBarón y Langford donde murieron seis niños y tres mujeres el 4 de noviembre en Bavipse, Sonora.

Las amenazas de Trump surten efecto inmediato. En abril amagó con imponer un arancel del 5% a vehículos y manufacturas mexicanas, condicionar la firma del nuevo tratado comercial (T-MEC) e incluso cerrar la frontera si nuestro país no frenaba el tráfico de drogas y la caravana de emigrantes centroamericanos enfilada hacia Estados Unidos.

Dio un plazo de un año para ver resultados. AMLO cambió sin chistar su política de amor y paz –fronteras abiertas, tránsito libre y visas de trabajo– por la de mano dura. Más de 25 mil agentes de la Guardia Nacional sellaron las fronteras norte y sur.

Para agosto, el flujo migratorio ya había bajado un 56%, según el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. The New York Times (NYT) calificó la actitud del Presidente mexicano como un engaño.

La cuarta transformación corrió el muro de Trump del río Bravo al Suchiate. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, la detención de emigrantes indocumentados disminuyó de 144 mil 266 en mayo a 63 mil 989 en agosto (El País, 6.09.19). “AMLO, en el tema migratorio –dice una nota de Óscar Martínez–, aceptó el absurdo juego de los opuestos: ser el muro invisible de Estados Unidos para la contención de migrantes centroamericanos o dejarlos pasar libremente a todos todo el tiempo. Al menos con las primeras caravanas, su opción parecía la segunda. Ahora, parece optar por la primera”, (NYT, 02.05.19).

Con el mismo doble lenguaje, el Presidente empieza a virar ahora la política de “abrazos, no balazos”. La percepción de inseguridad en el país aumentó de 55% a 65% entre julio y diciembre, según una encuesta de Reforma a propósito del primer año de
Gobierno de AMLO.

Para 62% de la muestra, la Administración federal ha fracasado en combatir al crimen organizado. El 44% opina que el Gobierno debe combatir a las bandas criminales “aunque genere violencia”. Para la mayoría (51%) la estrategia actual tampoco traerá la paz.

El 1 de diciembre fue el día más violento en la era de la 4T, con 127 víctimas mortales. Una periodista interrogó al respecto al Presidente sobre un cambio en la estrategia de seguridad. AMLO atribuyó ese pico a los 21 muertos (ya son 25) en los enfrentamientos en el norte de Coahuila.

El número bajó a 77 el 2 de diciembre, dijo. “Lo que quieren –arguyó– es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, al “mátalos en caliente”. Eso no, esas políticas fascistoides no”. En Villa Unión fueron abatidos 19 presuntos sicarios y cuatro policías. La proporción es de 4.75 a 1.

El trabajo dedicado a conciliar a las fuerzas políticas y sociales del estado agraviadas por el moreirato, sobre todo en el sexenio de Rubén Moreira, se reflejó en las ceremonias del 30 de noviembre y el 2 de diciembre en el Congreso y en el Centro de Convenciones de Torreón. El gobernador Miguel Riquelme informó respecto al estado de la Administración en un clima distendido y de civilidad política. Incluso el consenso por la forma como se afrontó la deriva violenta en Villa Unión resultó favorable y le permitió mostrar serenidad y liderazgo en momentos de crisis.

Humberto Moreira dejó de acudir a la sede legislativa justamente después de su segundo informe, iracundo por las interrupciones de los diputados de oposición. ¿Por cierto, dónde están ahora? El expanista José Ignacio Máynez, flamante magistrado del Tribunal Superior de Justicia, lo acusó de actuar como dictador y no como demócrata. La bancada del PAN abandonó enseguida el salón de sesiones. Para diferenciarse de su hermano y vestirse de estadista, Rubén Moreira regresó al Congreso para informar y debatir con los legisladores de “todas las fuerzas políticas”. Ejercicio fatuo, pues el partido dominante era el PRI, y la mayoría de los diputados, sus satélites.

En el informe de Riquelme, la presencia en primera fila de los exgobernadores Eliseo Mendoza, Rogelio Montemayor –en condición de expriista– y Enrique Martínez, remarcada por la ausencia de Humberto y Rubén Moreira; del senador de Morena Armando Guadiana; del obispo Raúl Vera López y del periodista Armando Fuentes Aguirre, es un signo de los nuevos tiempos políticos. También significa un reconocimiento y un gesto de buena voluntad a la clase política tradicional, a un activista por los derechos humanos –candidato al Nobel de la Paz en 2012– y a un líder de opinión golpeados por el moreirato, así como un mentís a quienes atribuyen a Moreira II influencia en el Gobierno de Riquelme. El mensaje es: “tus enemigos no son los míos”.

Sin embargo, la mayoría de los agraviados estuvieron fuera del Congreso y del Centro de Convenciones. Son las legiones de coahuilenses burlados por los Moreira sobre quienes descansa el peso de una deuda impagable, la cual primero se contrató sin informar a la ciudadanía ni a la Secretaría de Hacienda (el Congreso siempre sirvió de comparsa al clan); luego se ocultó y hoy nadie sabe todavía el destino de, al menos, 18 mil millones de pesos, la mitad del principal. Además de esa suma monstruosa todavía se desviaron 475 millones de pesos a empresas fantasma.

También ellos, los indignados ignorados merecen satisfacción del Gobierno. Su clamor es de justicia: que quienes ilegalmente endeudaron al estado paguen por sus delitos. Muchos prescribieron durante el Gobierno de Moreira II por leyes hechas exprofeso y la complicidad de funcionarios venales investidos hoy con toga y birrete (la Iglesia en manos de Lutero). Sin embargo, aún hay denuncias penales por la deuda y las empresas fantasma en espera de una orden superior (el Sistema Estatal Anticorrupción es una entelequia) para ser investigadas y sentar en el banquillo a los responsables del quebranto. Esa sería una manera de reparar, así sea mínimamente, el daño, y de conciliar al Coahuila que asistió al informe y al que no.

Durante mi paso por la dirección del periódico Noticias de El Sol de La Laguna, tuve la oportunidad de charlar por separado con Valentín Campa y Demetrio Vallejo, militantes históricos del Partido Comunista Mexicano. Gabriel Pereyra dedica al primero de ellos un texto en la nueva edición de Espacio 4.

“El 25 de noviembre del año 2019 es un día de fiesta para todos los revolucionarios, los luchadores sociales, socialistas y comunistas, para todos los seres humanos de izquierda del mundo. Valentín Campa, el comunista mexicano mas connotado del siglo 20, el luchador social por excelencia fue llevado a la Rotonda de las Personas Ilustres en el panteón de Dolores, donde se encuentran quienes han contribuido con su esfuerzo, sabiduría, arte y militancia a construir un mundo donde los niños sean felices y los jóvenes puedan amarse.

“Se le rindieron los máximos honores que la República y el Estado Mexicano pueden rendirle a una persona por sus convicciones, su firmeza ideológica y grandeza humana. Campa es un hombre que entregó su vida a cumplir sus ideales políticos. Este acto fue un reconocimiento a sus años de lucha, de encarcelamiento, de lealtad a las causas populares a sus esfuerzos, su participación en manifestaciones, marchas y actos de solidaridad con las huelgas y movimientos sociales del pueblo de México. Esta es la primera vez en México que un Estado que lo persiguió durante más de medio siglo, hoy reconoce su contribución a la democracia mexicana. Es sin duda un reconocimiento a toda la izquierda.

“A Valentín Campa y a mi generación nos tocó bailar con la más fea. Era la etapa dura del anticomunismo. Violento, criminal, de la Guerra Fría y de la dureza oficial de los gobiernos mexicanos y americanos. Se vivía a plenitud la llamada Guerra Fría, un mundo que habían diseñado para la segunda mitad del siglo XX las potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial y la derecha americana. Vivíamos la época más dura del macartismo.
Churchill, De Gaulle y Truman tenían la esperanza y retrasaron todo lo que pudieron la invasión al continente europeo para que la Alemania nazi acabara con la Unión Soviética y con el comunismo. No fue así. La antigua Unión Soviética resistió y venció en la Antigua Leningrado a los ejércitos nazis. El mundo quedó dividido para la segunda mitad del siglo 20 después de la histórica reunión de Potsdam en las cercanías de Berlín.

“En México, el estar alineados política y económicamente a los Estados Unidos y con más de 3 mil 250 kilómetros de frontera, la izquierda vivía un clima hostil. Las manifestaciones a favor de los movimientos sociales eran reprimidas y disueltas a macanazos. (…) Un grupo de élite de la policía detenía a Valentín Campa y a sus compañeros que normalmente iban en la avanzada de la manifestación. (…) Campa estuvo más de 10 años en Lecumberri, el ‘Black Palace’ como le decíamos coloquialmente. Mantuvo viva la lucha de la izquierda y formó parte del dispar y cambiante Partido Comunista Mexicano. Cuando lo invitaron a participar en el asaltar a la casa de León Trotsky, respondió que ‘era un revolucionario, no un asesino’.

“Valentín Campa nunca pensó que un día descansaría en el Panteón de Dolores donde el Estado Mexicano ubica a sus personajes distinguidos. Fue un acto congruente de la política de Andrés Manuel López Obrador, que llenó un vacío y una deuda que teníamos con la izquierda»”.

Nada se construye ni se destruye de un día a otro, por mayor que sea el empeño. Negarlo equivaldría a ignorar la historia. El reto de los alcaldes de Saltillo consiste en mantener y elevar la categoría de la ciudad.

Los avances logrados hasta ahora son resultado de administraciones buenas, regulares y malas, pese a la oposición de gobernadores como Rubén Moreira, quien sistemáticamente bloqueó a un alcalde de su propio partido (Jericó Abramo) para alejarlo de la sucesión estatal, y a otro del PAN, Isidro López, por haberle ganado la elección en la capital.

La historia consigna que el cambio de Saltillo lo inició un político a quien el poder económico —predominante ayer y hoy— le impidió ser alcalde; como gobernador, se le rindió, y en la desgracia le volvió la espalda.

Óscar Flores Tapia, de cuna humilde —ahora las candidaturas las deciden las chequeras— elevó a la ciudad a rango de metrópoli cuando en los 70 y 80 del siglo pasado Torreón era líder.

Saltillo no sería lo que es en la actualidad sin un gobernador-alcalde con las agallas y visión de quien convirtió a la antigua “capital del adobe” en la Detroit de México.

En la construcción del Saltillo moderno participaron gobernadores y alcaldes, cada uno de los cuales generó, quien más quien menos, condiciones para dejar de ser una colonia de Monterrey.

En esa etapa, dos presidentes municipales ocuparon después la gubernatura; el primero de ellos (Enrique Martínez) dotó al estado de infraestructura y saneó las finanzas; el segundo (Humberto Moreira) siempre será recordado no por la obra realizada, sino por la megadeuda de 36 mil millones de pesos, y para más inri, por haber heredado el poder a su hermano.

Antes de ser gobernador, Miguel Riquelme fue alcalde de Torreón. El saltillense Manolo Jiménez quiere dar el mismo paso en 2023. Todavía es temprano, pero los motores de la sucesión ya se han puesto en marcha.

Jiménez es de los polítícos de más confianza de Riquelme, no solo por haberle apostado cuando la candidatura aún no se definía (no tenía otra opción, pues el aspirante de Saltillo al cargo era Jericó Abramo), sino también porque le abrió puertas –sobre todo entre los capitalistas– en una sociedad difícil para los laguneros.

Sin embargo, el Alcalde no es el único pretendiente al Gobierno en el ánimo de Riquelme, quien lo elogia en cada escenario. Lo acaba de hacer este martes ante la oligarquía local en ocasión de su Informe.

El sector popular acudió a echar porras. “Saltillo no es Coahuila”, me dice un amigo. Es cierto. Así como la capital se cierra a los políticos de otras regiones, La Laguna votó contra los Moreira y hoy mismo las principales alcaldías y posiciones del estado las ocupan el PAN y Morena.

Jiménez es un joven dinámico a quien todo le ha salido a pedir de boca. Quizá Luis Horacio Salinas jamás hubiera imaginado que su nieto —dicho por él— iba a ser también alcalde.

Salinas quiso ser gobernador, pero la caída de Flores Tapia acabó con una generación de políticos, entre quienes los había brillantes. Enrique Martínez sobrevivió y alcanzó el poder.

¿Dirá Jiménez algún día —igual que otro Salinas (de Gortari, Carlos, a su padre)—: “Ya la hicimos. Nos tardamos 42 años (25 en el caso citado), pero llegamos”. El tiempo y los electores lo dirán. Mientras tanto, Manolo (nombre torero) debe calmar sus ansias denovillero.

En agosto de 2010, cuando el Gobierno de Coahuila declaraba ante la Secretaría de Hacienda una deuda por 8 mil 267 millones de pesos, la novena más abultada a escala nacional, una indagación de Gabinete de Comunicación Estratégica ponía a Humberto Moreira en los cuernos de la luna. Era “el mejor Gobernador” del país, por encima de Enrique Peña Nieto (Estado de México) y Miguel Osorio Chong (Hidalgo). Calificado como “el más confiable y honesto”, el 53% de los encuestados le habría encargado “las llaves de su casa”, de haber sido el saltillense su vecino y ellos tuvieran que ausentarse de su hogar por varios días.

El resto de la historia es de sobra conocido. Tres meses después de haber asumido la presidencia del PRI, por voluntad de Peña Nieto, la megadeuda se convirtió en escándalo nacional: Coahuila debía 36 mil 509 millones de pesos, ¡28 mil millones más que los reportados el año previo! Peña defenestró a Moreira de la jefatura del PRI, el 2 de diciembre de 2011, luego de asistir a la toma de posesión de su hermano Rubén, quien guardó la información de la deuda bajo siete llaves. El periodismo, empero, hizo su parte: la revista Forbes incluyó al Gobernador honesto en su lista de “los 10 mexicanos más corruptos” de 2013.

Las encuestas son un arma de doble filo. “La popularidad, escribió Víctor Hugo, es la gloria en calderilla”. Sin embargo, los políticos prefieren pasear la mirada entre el ombligo y el espejo en vez de ver la realidad, e improvisar fortunas a costa del erario en lugar de vivir en la honrada medianía juarista. Peña gastó 60 mil millones de pesos en imagen y es el Presidente peor calificado, por la corrupción, la frivolidad y la soberbia de su Gobierno. Lo mismo le pasó a Moreira, cuyo plan era ocupar la silla del águila. La hibris lo perdió como a tantos que abusaron del poder sin medir las consecuencias.

Forzado por las circuns-tancias, Miguel Riquelme templó su carácter, actúa con discreción y dedica parte de su tiempo a restañar las heridas del moreirato. Su refugio natural es Saltillo, pues Torreón y el resto de las cabeceras municipales clave del estado las ocupan el PAN y Morena. Sin embargo, el perfil bajo también puede confundirse con debilidad o falta de liderazgo. Al Gobernador a veces lo opaca el Alcalde.

A diferencia de Humberto Moreira, quien recibió finanzas sanas y un estado ordenado y con buen crédito, y de Rubén Moreira, cuyo acceso a Peña Nieto, al procurador General de la República y a otros miembros del Gabinete le dio impunidad y le permitió ejercer el poder a su arbitrio, Riquelme es un Gobernador acotado. El pago de intereses por la deuda reduce la inversión en obras y servicios públicos, y los ahorros de la última reestructuración serán anulados por la cancelación de fondos federales. Riquelme navega contra corriente.

El presidente López Obrador, como sus predecesores del PRI y el PAN, ha dirigido la mayor parte del gasto federal a los estados gobernados por su partido. Adicionalmente, los programas sociales, antes manejados por los mandatarios locales, ahora son coordinados por delegados de AMLO. La intención consiste en eliminar a los intermediarios y atacar la corrupción, pero también en asegurarle a Morena una base electoral para ganar más guberna-turas y conservar la mayoría en el Congreso. Coahuila está en el punto de mira de la 4T. Riquelme lo sabe, pero dispone de pocas armas para defender la plaza.

Lo que el moreirato destruyó en 12 años, Miguel Riquelme ha tratado de reconstruirlo en dos, en algunos casos con mediano éxito. El daño provocado por la megadeuda es irreparable y permanente. Lo más que hasta ahora ha conseguido es ampliar los plazos de amortización para disponer de recursos y estar en condiciones de paliar la crisis financiera. En el imaginario colectivo, Humberto Moreira puede concitar menos aversión que Rubén, debido a su estilo populachero, pero su iracundia y misoginia revelan su ser verdadero.

Moreira I tiró por la borda lo alcanzado en una sucesión de gobiernos responsables. Repartir dinero del erario a manos llenas le granjeó simpatía en algunos sectores, pero la burbuja de la deuda le explotó en plena cara y acabó con su carrera política sin recibir castigo todavía.

Rubén Moreira ejerció el poder despóticamente y dominado por una megalomanía exacerbada. La soberbia caracterizó su sexenio. Reprimió a las oposiciones, persiguió a militantes del PRI y acosó a líderes empresariales y religiosos. Su inquina contra el obispo de Saltillo Raúl Vera López, es patológica. En su sexenio, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se activó por denuncias de campañas de desprestigio en redes sociales, amenazas e intimidación.

El exalcalde panista Isidro López Villarreal, lo acusó de espionaje, y cuando reclamó la entrega de 136 millones de pesos retenidos por la Secretaría de Finanzas, fue injuriado. “Acabo de recibir una llamada del gobernador Rubén Moreira insultándome y amenazándome por solicitar estos recursos que les corresponden a los saltillenses”, publicó en redes sociales.

Los Moreira andan por la vida como si tal cosa, pero bastaría que el Gobierno federal dejara de hacer oídos sordos al clamor de justicia de los coahuilenses por la deuda, las empresas fantasma y otros desmanes, para invertir los papeles. También está pendiente la denuncia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Allende y en el penal de Piedras Negras en los años negros del moreirato.

“La implicación de los Moreira fue denunciada el jueves 6 ante la Corte Penal Internacional (CPI), en una comunicación bajo el auspicio del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en Busca de Personas De-saparecidas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, con el respaldo de al menos otras 80 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)”, (Proceso, 08.07.17). De ahí viene la aversión del clan contra el obispo Vera.

Riquelme entendió el mensaje de las urnas y se ha abierto a las distintas corrientes políticas y sociales; también ha tendido puentes con los perseguidos por el moreirato. La relación con el PAN, que impugnó su victoria, es de entendimiento, y en el Congreso ha logrado su apoyo para controlar al Poder Judicial. ¿A cambio de qué? De posiciones y de futuras alianzas electorales.

Hasta ahora el Gobernador no se ha visto envuelto en escándalos ni ha tenido conflictos con Morena, pues como partido, en Coahuila, es inexistente, y su trato con el presidente López Obrador es de colaboración. Lo difícil de reconstruir es la confianza ciudadana. Al menos, mientras los latrocinios sigan impunes. Si la Fiscalía General de la República actúa primero, Morena habrá dado un paso importante para convertirse, en 2023, en el partido de la alternancia.

La pérdida de las alcaldías de Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña, aunada a la derrota del PRI en la elección presidencial del año pasado y a la reestructuración de delegaciones federales, controladas ahora por Morena bajo la batuta de Reyes Flores Hurtado, dejó sin empleo a operadores del PRI.

La circunstancia obligó a Miguel Riquelme a echar mano del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para colocar algunas piezas de su tablero: en la presidencia del organismo sustituyó a Miriam Cárdenas con Miguel Mery Ayup, y también vistió con toga y birrete al exdiputado panista José Ignacio Máynez y al exasesor electoral del PRI, Luis Efrén Ríos, quien renunció a la dirección de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, creada por Rubén Moreira, para lavarse la cara por las masacres en Allende y en la cárcel de Piedras Negras.

En el TSJ confluyen las corrientes políticas de Rubén Moreira y de Riquelme. La mayoría de los magistrados no tiene carrera judicial, y quienes sí reunían el requisito fueron excluidos. Los casos del exprocurador de Justicia Homero Ramos Gloria, quien obstruyó las investigaciones de la deuda, y de Iván Garza, exsecretario técnico, demuestran la influencia de su jefe.

La politización del TSJ, avalada por el PAN en el Congreso, no garantiza justicia, sino impunidad. En este sentido, la iniciativa del presidente López Obrador para reformar el Poder Judicial en los estados pretende separarlo de la órbita de los gobernadores.

El Gabinete también refleja el efecto de las elecciones de 2017 y 2018. Los secretarios de Desarrollo Rural, José Luis Flores; del Trabajo, Román Alberto Cepeda; de la Función Pública, Teresa Guajardo; de Turismo, Guadalupe Oyervides; y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, fueron incorporados tras perder como candidatos al Congreso local y federal.

Eglantina Canales y Ana Sofía García, secretarias del Medio Ambiente y de Cultura en el Gobierno de Rubén Moreira ocupan los mismos cargos con Riquelme. Otra herencia de los Moreira es Francisco Saracho, actual titular de Desarrollo Social.

El Gobierno se renovaba antes cada seis años y surgían nuevos perfiles, pero desde Humberto Moreira son los mismos, salvo excepciones; y los que no, tampoco aportan grandes cosas. Es el caso del secretario de Economía, Jaime Guerra, cuyo nombramiento obedece a una concesión al sector privado. El desempeño de los exrectores de la UAdeC, José María Fraustro Siller y José Blas Flores, en Gobierno y Finanzas, ha sido discreto. Son puestos clave, pero en ambos tienen como segundos de abordo a laguneros que le reportan directamente al Gobernador.

Los únicos con sello riquelmista son Roberto Bernal (Salud), el polémico Gerardo Berlanga (Infraestructura), Gerardo Márquez (Fiscalía) y Fernando Gutiérrez (Comunicación e Imagen). José Luis Pliego (Seguridad Pública) colaboró con Peña Nieto en el Estado de México, uno de los más violentos del país, sobre todo contra las mujeres.

Para terminar con la influencia del moreirato, conectarse con otras fuerzas políticas y sociales y recuperar fuelle electoral, Riquelme necesita oxigenar el Gabinete. Para prevalecer, los Moreira excluyeron, pisotearon honras, traicionaron y contuvieron el impulso de liderazgos jóvenes.

En ese proceso, el PRI perdió cuadros importantes, pero sobre todo respaldo en las urnas. El resultado de las últimas elecciones es irrefutable. Por primera vez, el Gobernador obtuvo menos votos que el resto de los candidatos. Y de no haber sido por un fallo discutible del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy la historia sería otra.

El presidente López Obrador ha demostrado que no cometerá el error de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto: soltar las riendas del presupuesto federal al Congreso y a los gobernadores. De esa manera impondrá su política de austeridad y ejercerá control político en los estados. Sus predecesores prefirieron abrir la cartera y “nadar de muertito”. En el pecado llevaron la penitencia. Gerardo Moyano aborda el tema en la nueva edición de Espacio 4.

“El problema es la inflación… y la corrupción. Mientras la oposición se desgarra las vestiduras por el reparto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, analistas financieros, empresarios y hasta la banca reconocen que el plan de gastos aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre ‘genera confianza’ y ‘da certidumbre’.

“Sin embrago, advierten que al tener en cuenta la inflación y la recesión técnica que atraviesa el país –el Inegi informó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.1% en tres trimestres consecutivos– la economía nacional está condenada a crecer por debajo del 2% el próximo año, lejos del 4% que Andrés Manuel López Obrador prometía en campaña –lo que sí cumplió es su compromiso de no aumentar impuestos–.

“Algo similar sucede con las transferencias federales que recibirán los estados, pues si bien tienen un aumento de poco más de 1% nominal, en términos reales obligarán a los gobiernos y municipios a ajustarse el cinturón y plegarse a la austeridad republicana que pregona el Gobierno federal.

“Además, las inversiones y los programas que ejecutará la administración en las entidades estarán ajustados a nuevas reglas de operación, las cuales serán supervisadas por los llamados ‘súper delegados’ del Gobierno federal, lo cual cierra la puerta al tráfico de influencias al que estaban acostumbradas las administraciones estatales.

“De ahí que en rechazo a un presupuesto que considera ‘centralista, clientelar, electorero, opaco y discriminatorio’, el PAN llame a crear un Frente común por México, por la libertad y la democracia, bajo la batuta del diputado panista Juan Carlos Romero Hicks. En este sentido, el partido que presentó 220 reservas al PEF 2020 y se retiró en señal de protesta de la sesión en la que fue aprobado, asegura que apoyará a los presidentes municipales emanados de sus filas para atender ‘los males de este programa de gastos del Gobierno federal’ (El Heraldo de México, 25.11.19).

“El PEF 2020 viene acompañado de un Plan Nacional de Infraestructura (PNI) que contempla una inversión en una primera etapa de 859 mil millones de pesos en 147 proyectos para los próximos tres años, el cual fue respaldado por Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, y Carlos Salazar Lomelín, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), entre otros empresarios.

“Ya sabíamos que no iba a haber crecimiento, sí, pero sentaron las bases con unas finanzas públicas, mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, no hay déficits fiscales, la inflación bajó; entonces están sentadas las bases y eso creó una gran confianza para la inversión financiera, que es la que está disponible, como lo señalaba el presidente de la asociación de banqueros, está disponible para inversión”, dijo Carlos Slim al término de la presentación del PNI, el 26 de noviembre.

El PRI te escrituró un estado y las cadenas de la deuda el diablo. La adaptación de este verso de Suave Patria, de López Velarde, a la realidad de Coahuila le viene como anillo al dedo a Miguel Riquelme, quien ganó la gubernatura en un final de fotografía. El clamor de los coahuilenses en la elección del 4 de junio de 2017 reprodujo la proclama maderista de «¡Abajo los mismos!» citada por el historiador Salvador Rueda Smithers en un programa del canal Once dedicado a Porfirio Díaz el 18 de noviembre.

El moreirato, activo todavía en el PRI, en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y en otras áreas de la Administración, es un lastre del cual Riquelme no ha querido o no ha podido desprenderse por completo. Razones tendrá. Si es por lealtad a la marca, su compromiso con el estado la rebasa; si por debilidad, dos años en el poder deberían haber bastado para asumir por completo el control del Gobierno y alinear a los grupos políticos y de interés; si para no afrontar a un clan experto en guerra sucia, es preferible la ruptura que cuatro años más a medias tintas.

Como secretario de Gobierno de Rubén Moreira, Riquelme pidió pasar página al tema de la deuda. El caso de los 38 mil millones de pesos esfumados serviría para escribir un tratado sobre corrupción. Después de pagar casi 8 mil millones de pesos de intereses en los dos primeros años de su gestión, el Gobernador quizá ahora dimensione: 1) el perjuicio causado por los Moreira a Coahuila y a varias generaciones; y 2) el repudio social contra el apellido y las siglas del PRI.

Maniatado por la deuda, castigados los estados por la Federación con menos participaciones, y sin capacidad de endeudamiento a largo plazo, Riquelme parece condenado a administrar la crisis, herencia del moreirato. Las condiciones no le permiten emprender grandes obras, pero aun así no se amilana: al mal tiempo, buena cara.

En la campaña electoral de 2017, cuando el peso del docenio le doblaba las espaldas y brillaban luces de alternancia, Riquelme quiso deslindarse del pasado. «No me apellido Moreira». Pero la sombra del clan lo persigue. Humberto vive en Saltillo; a su hijo Humberto Rubén el Instituto Electoral de Coahuila, de tufo moreirista, le regaló un partido y dinero para gravitar en torno al PRI; Rubén ostenta un escaño y la jefatura de la anodina diputación coahuilense en el Congreso federal; Carlos hace y deshace en el SNTE; y Álvaro maneja la estructura electoral del Comité Directivo Estatal priista.

Riquelme ha podido lidiar con un Congreso de mayoría opositora cuyo desempeño no se distingue de las anteriores legislaturas, controladas por el PRI. Los acuerdos cupulares con el PAN y la ausencia de liderazgos en Morena le han facilitado la tarea. La falta de voluntad para investigar las denuncias penales por la deuda y el desvío de 475 millones de pesos a empresas fachada, perpetúa la impunidad, desmiente la retórica oficial y vuelve inútil la estructura burocrática creada para atacar la corrupción. En un claro conflicto de interés, el SEA está en manos de exempleados de Rubén Moreira. Riquelme inicia en ese contexto su tercer año de gobierno, marcado por la incertidumbre y lastrado por la deuda y la impunidad.

El discurso del gobernador Miguel Riquelme es consecuente con una elección ganada por un margen de 2.5% y además impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJPF) cuyas resoluciones no siempre se apegan a la legalidad, sino a consignas. La reforma propuesta por el presidente López Obrador pretende erradicar esos vicios.

Riquelme ha dedicado dos años a cubrir el déficit de legitimidad derivado de las urnas, donde el PRI fue castigado por los desmanes del moreirato, todavía impunes. Los 35 mil votos faltantes para lograr la primera alternancia se hubieran excedido si las oposiciones se unen para enfrentar al aparato que además del presupuesto controlaba al Instituto y al Tribunal Electoral del Estado.

La manifestación masiva del 6 de junio de 2017 en Saltillo contra los Moreira y la manipulación del proceso debió haber convencido a Riquelme de que las cosas no podían seguir igual y de que la prioridad de su Gobierno debía ser conciliar a una entidad polarizada por unos comicios que dieron más votos a otras opciones.

Imposible sustraerse de esa realidad y ocultar los efectos de la megadeuda en el rendimiento de la Administración. Una vez en el poder, igual pudo haber sido tentado por el espíritu revanchista que se apoderó de Humberto Moreira, o ensoberbecerse como Rubén, pero entendió el mensaje de las urnas y prefirió la mesura. Cualquier otra vía habría enconado aún más al estado y lo hubiera vuelto ingobernable.

El resultado de dos años dedicados a la ardua tarea de armonizar a una sociedad agraviada, de apertura a los agentes y sectores perseguidos por el moreirato y de respeto a los alcaldes de oposición, a los medios de comunicación y a los críticos del poder, se apreció en el informe de Riquelme en Torreón, más que en el Congreso, por ser La Laguna la región donde su partido perdió la mayoría de los cargos disputados en 2017 y 2018.

El enfado social otorgó a los partidos de oposición más alcaldías y asientos en las legislaturas local y federal. Si el Gabinete hiciera eco de esa pluralidad y no fuera ocupado por unas mismas siglas, habría mayor congruencia discursiva y entendimiento con la ciudadanía.

La asistencia al informe de tres exgobernadores previos al desastre del moreirato, uno de los cuales renunció al PRI por la obscena imposición de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano –presentes en la ceremonia– en la jefatura de ese partido, de líderes religiosos y de opinión y de legisladores de oposición refleja los nuevos vientos políticos en Coahuila.

El fracaso del PRI en las últimas elecciones de debe, entre otros factores, al talante faccioso, autoritario, excluyente e iracundo de los Moreira. Riquelme ha mostrado mayor sensibilidad, templanza y oficio político. De haber arrasado en las urnas, quizá hoy su comportamiento sería otro. He ahí la importancia del voto.

Los electores hicieron su parte: sufragaron, protestaron el resultado por las irregularidades evidentes, pero al final aceptaron el fallo del TEPJF, aun dudoso. Son las reglas de la democracia. Riquelme dice gobernar sin banderías partidistas, puede ser, pero para convencer también debe escuchar el clamor ciudadano de justicia por la megadeuda y las empresas fantasma. La misma energía contra los agresores de Villa Unión debe aplicarse con quienes provocaron la ruina financiera del estado.

Si la intención del comando que irrumpió en Villa Unión era demeritar al gobierno de Miguel Riquelme, en un primer momento el cometido se logró con creces. Desde el 30 de noviembre, el tema en los medios de comunicación del estado y el país no ha sido el informe, sino el enfrentamiento, persecución y extermino de presuntos sicarios. Según las autoridades, los agresores pertenecen al Cártel del Noreste (CDN), escindido de los Zetas, cuya estela de muerte y destrucción, durante el moreirato, aún no desaparece. Imposible no pensar en represalias por las bajas en el bando criminal: 16, cuatro por cada policía abatido, consignadas diariamente en comunicados que más bien parecen partes de guerra.

Para tener una idea clara de lo ocurrido, debe terminar primero el operativo y reconstruirse paso por paso los sucesos. Veamos contexto: un municipio de 6 mil 352 habitantes (Inegi, 2015) no puede ser una plaza rentable ni estratégica para ningún cártel, pero tampoco lo era Allende, donde la masacre de 2011 tuvo como móvil la venganza. No es el caso de Villa Unión, según las evidencias, pues: 1) la agresión no se dirigió contra la población civil o familias específicas, sino contra la Policía Estatal,
identificada todavía como Fuerza Coahuila, de acuerdo con las primeras versiones; 2) acribillar la fachada de la presidencia municipal, cuya fuerza pública la componen 10 policías, no sería un aviso para la alcaldesa Narcedalia Padrón Arizpe (PAN), sino para autoridades de mayor jerarquía en el estado; 3) las dos víctimas civiles (un menor de edad y un adulto) habían sido secuestradas.

Si el CDN logró su objetivo de llamar la atención y poner a Coahuila de nuevo en el candelero, Riquelme pudo contener la crisis y evitar que se saliera de control. Acudir a Villa Unión envió un mensaje de autoridad. Paralizarse o esconderse habría agravado el problema. En ese sentido, se mostró como un gobernante capaz de reaccionar con la cabeza fría en situaciones de emergencia. Así, lo que amenazaba con convertirse en un fracaso, por ser la seguridad el rubro donde más énfasis ha puesto: la seguridad, le permitió salvar su informe y lanzar en Torreón un ultimátum: «No permitiremos que los grupos criminales vengan aquí; no los dejaremos entrar».

La ceremonia de este lunes transcurrió en un ambiente distendido, acaso con mayores medidas de seguridad, por la circunstancia, pero sin sobresaltos. Los sectores representados en el Centro de Convenciones y las oposiciones reconocieron la actitud del Gobierno en Villa Unión, pues genera confianza. «En Coahuila -dijo Riquelme- la fuerza de las instituciones es superior a la de los criminales». Antes del informe, el lagunero había recibido un espaldarazo del presidente López Obrador, quien, interrogado en la mañanera sobre la situación en Villa Unión, la cual «se volvió bastante grave», dijo que «el Gobernador de Coahuila ha estado cuidando mucho el tema de la seguridad pública; es de los gobernadores (…) que más atención le dedica al tema de seguridad».

Tener un estado sin los índices de violencia de Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco, Guerrero y Tamaulipas, debe quitarle presión a un presidente reprobado en materia de seguridad. Sin embargo, dar por cerrado el caso de Villa Unión equivaldría tanto como a dar por ganada una guerra que a diario se libra. El Cártel del Noreste quedó herido y buscará desquite en cualquier ciudad y contra cualquier autoridad. El Gobierno debe estar alerta.

La alternancia en el poder Ejecutivo liberó a los gobernadores del yugo presidencial, no del centralismo. En 2001, primer año de la Administración de Vicente Fox, el PRI ocupaba 17 estados, el PAN 10 y el PRD 5.

En un ejercicio propio de sociedades democráticas maduras, y tras siete décadas de una presidencia omnímoda, los mexicanos le entregaron a Acción Nacional la Silla del Águila, pero no el Congreso, pues a pesar de tener más diputados y senadores, el partido del Presidente no era mayoría.

A partir de Fox, los mandatarios locales vivieron sus mejores tiempos: las participaciones federales aumentaron y empezaron a recibir parte de la renta petrolera. Los gobernadores reprodujeron en las entidades el modelo presidencial acotado por la alternancia. Siempre habían controlado a los órganos legislativo y judicial, así como a los alcaldes, y manejado el presupuesto a su arbitrio.

Pero ya sin un Presidente que los vigilara y mantuviera dentro de ciertos límites, y a quien tampoco le debían el cargo, se sintieron absolutos. Entonces empezaron a montar estructuras de poder transexenal en vez de aprovechar las nuevas condiciones políticas y económicas para abatir rezagos sociales y de infraestructura y consolidar la democracia en sus estados.
Libres de cadenas, sin contrapesos y en la mayoría de los casos con una prensa acrítica y adosada, cuyos favores pagaron mediante contratos de obra, cargos públicos y otros privilegios, los gobernadores olvidaron sus responsabilidades y se dedicaron a medrar.

La corrupción se generalizó y su práctica se volvió más cínica. En ese ambiente, los nuevos ricos se reprodujeron como hongos. Las sucesiones estatales, resueltas antes por los presidentes emanados del PRI, con respeto a las formas y cuidado para no crear cacicazgos, fueron asumidas por los mandatarios locales bajo la lógica de la complicidad.

En Coahuila el nepotismo llegó al extremo de que un hermano entronizara a otro, para vergüenza y ruina del estado y asombro del país. Para lograrlo, se valieron del presupuesto, de una clase política genuflexa, de un sector empresarial ávido de ganancias, de partidos de oposición proclives a la componenda y de una sociedad indiferente.

Por si no bastaran los presupuestos cada año crecientes, los gobernadores endeudaron a sus estados a ciencia y paciencia de la Secretaría de Hacienda y con el beneplácito de una banca igualmente voraz. Hubo excepciones. En Coahuila el orden se rompió con los Moreira.

Gobernadores pactaron con la delincuencia organizada, recibieron dinero para sus campañas y aceptaron sobornos a cambio de protección y de territorios; algunos, incluso, movieron droga y lavaron dinero para el narcotráfico, según denuncias del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cuando la situación se salió de control, pidieron auxilio al Presidente. Era una trampa, pues luego culparon a Felipe Calderón de la inseguridad y de la espiral de violencia propiciada por su propia incompetencia, ambición e incuria.

Después de generar el conflicto y de utilizarlo eficazmente con fines electorales, trataron de sofocarlo para darle el mérito a Peña Nieto y colgarse medallas, pero ya era tarde: ellos ayudaron a perder la guerra de antemano.

Los gobernadores de hoy pagan 18 años de dispendio, corrupción y abusos del poder de sus predecesores. La Fiscalía General de la República debe investigar casos emblemáticos como el de Coahuila. El presidente López Obrador no necesita defenestrar a ninguno de los mandatarios de turno, pues ya los controla con el presupuesto y el Congreso.

La crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su primer año de Gobierno ha provenido principalmente de medios de comunicación y de analistas nacionales y extranjeros con los cuales suele confrontarse; de la sociedad civil, a la que califica de “conservadora”, e incluso de exmandos del Ejército.

El sector privado se mantiene expectante, como en cada inicio de Gobierno, pero en general ha reaccionado con tibieza frente a la inseguridad y la política económica de la cuarta transformación. El apoyo de los empresarios a AMLO, para quien la concentración de la riqueza “provoca ingobernabilidad, confrontación, violencia”, es de dientes afuera.

Las corporaciones se sentían más cómodas con Peña Nieto y sus predecesores, pues les permitían, precisamente, acumular capital, hacer negocios con el Gobierno, recibir privilegios fiscales y recuperar porciones significativas de los impuestos pagados. Pocas voces denunciaron la corrupción rampante en el sexenio peñista y guardaron silencio frente a las masacres.

El organismo empresarial más crítico del Gobierno es la Coparmex, de la cual surgió un candidato presidencial, Manuel J. Clouthier. La misma aspiración tendría su dirigente actual Gustavo de Hoyos, sin poseer el liderazgo, el arrojo ni el carisma de Maquío.

AMLO es por ahora el dueño de la situación. El poder recibido en las urnas le permite poner a raya a los gobernadores, cuya influencia en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto creció desmesuradamente, pues dispusieron de dinero y libertad política como nunca.

Además de tener un delegado en cada estado para coordinar los programas sociales y clientelares de la 4T, y de controlar 20 de las 32 legislaturas locales, el Presidente les cerró a los mandatarios las llaves de Hacienda.

Pocos gobernadores se atreven a cuestionar a AMLO como lo hicieron con Calderón –en Saltillo, durante el moreirato, en bardas y otros espacios públicos se le tachaba de borracho–, y menos aún a mangonearlo como a Peña Nieto, para no exponerse a ser investigados por irregularidades propias o de sus predecesores.

Están conscientes de su debilidad frente a un Ejecutivo todopoderoso y a una Unidad de Inteligencia Financiera convertida en azote de los corruptos. Con varios peces gordos en prisión, más vale andarse con cuidado.

En los tres últimos sexenios los gobernadores pudieron presionar al Presidente, negociar con la Federación mayores recursos económicos e inversiones y obtener impunidad de la PGR, porque controlaban a los diputados y senadores, cuyo apoyo en gobiernos divididos es crucial a la hora de votar reformas constitucionales. Eso también cambió.

AMLO, Morena y sus aliados, incluido el PRI, tienen mayoría en el Congreso, donde no solo se aprueba el presupuesto, sino también se pueden iniciar juicios políticos y desaparecer poderes locales. AMLO empieza a reinstaurar la Presidencia omnímoda, sin contrapesos, lo cual representa un retroceso democrático.

En la Suprema Corte de Justicia tendrá pronto mayoría y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impuso a Rosario Piedra Ibarra en un proceso cuestionado. La excandidata de Morena a diputada federal será literalmente una piedra en el zapato de los gobernadores. Frente a las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras y las desapariciones forzadas, el ombudsman Raúl Plascencia prefirió mirar para otro lado.

Miguel Riquelme llega a su segundo informe en paz. Así lo dijo en la inauguración de la ampliación y equipamiento del bulevar José Narro Robles. El exrector de la UNAM y exsecretario de Salud renunció al PRI para no ser comparsa en la mascarada que impuso a Alejandro Moreno y Carolina Viggiano en la presidencia y la secretaría general de ese partido. En tiempos de Rubén Moreira, la vialidad habría cambiado de nombre. A la ejecución de una obra necesaria se sumó el acierto de mencionar al renegado. El Gobernador, por lo visto, no tiene tantas telarañas en la cabeza como su predecesor.

Riquelme se ve tranquilo, en efecto, pese a la trasquilada de participaciones y fondos federales recetada por la Cámara de Diputados donde el PRI y el PAN son convidados de piedra después de haber partido el pastel presupuestario. Visto con simplismo, el sosiego del Gobernador es explicable: 1) él no endeudó al estado con 38 mil millones de pesos, sino los Moreira; 2) las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras se cometieron en el mismo docenio; 3) el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma ocurrió en el gobierno de Rubén; y 4) porque Saltillo «lo ha tratado muy bien».

Sin embargo, lo importante es saber cómo está el ánimo de los coahuilenses con respecto a los tres primeros temas y a la administración. Las encuestas ofrecen una idea. El Estado obtiene buenas calificaciones en economía, empleo y seguridad, pero en aprobación, Riquelme ocupa el lugar 19 (Mitofsky). En «nivel de corrupción» Coahuila cae al puesto 26, de acuerdo con la misma pesquisa. El dato corrobora la inutilidad del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) cuyo autor fue Rubén Moreira.

No haber sido responsable del quebranto financiero no exime a la administración (Fiscalía General del Estado) de investigar las denuncias penales por el ocultamiento de créditos por 4 mil millones de pesos y los recursos desviados a empresas fachada. En la investigación «Megadeuda en Coahuila: justicia simulada», Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad advierte: «Desde que se contrajo la llamada “megadeuda” se iniciaron nueve denuncias (…) pero a la fecha solo se conoce una sentencia…», favorable a Enrique Ledezma Sánchez y a Juan Manuel Delgado Hernández, funcionarios del SATEC.

El caso dista de estar cerrado e incluso podría dar materia a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para intervenir. La dependencia revisa «eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y exgobernadores», declaró su titular Santiago Nieto (Sin Embargo, 19.11.19). Jorge Torres fue extraditado a Estados Unidos por ese y otros delitos, pero no se mandaba solo; los jefes eran Humberto y Rubén Moreira.

Miguel Riquelme no llegará mañana al Congreso con las manos vacías a presentar su informe. El presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño (PAN), reconoce «avances importantes». Hay obra. No la suficiente ni la deseada por el propio Gobernador, debido a la sangría de recursos por la deuda y a los recortes federales. Después de la polarización política por unas elecciones controvertidas y de los agravios e insolencias del moreirato, Riquelme, sin tanto protagonismo, ha logrado conciliar al estado y mantener el equilibrio; el poder, por lo visto, no lo ha mareado. Empero, la condición sine qua non para recuperar la confianza ciudadana consiste en investigar y castigar a los responsables de la deuda y las empresas fantasma.

Veinticinco mil firmas en el portal Change.org le dieron con la puerta en la cara al expresidente Felipe Calderón, quien canceló su participación en el Simposio Internacional de Derecho En Juicio, del Tec de Monterrey, programada para el 9 de octubre. “La ponencia de Calderón representa una grave ofensa a la memoria de Jorge (Antonio Mercado) y Javier (Francisco Arredondo) y de todas las víctimas de violaciones a Derechos Humanos y de desapariciones forzadas cometidos tanto por grupos de la delincuencia organizada como por miembros de la Sedena, Semar y otras instituciones encargadas de salvaguardar la paz de la ciudadanía”, reza la petición.

Mercado, de 23 años, y Arredondo, de 24, ingenieros en mecatrónica por el Instituto Tecnológico de Saltillo, fueron asesinados en el campus por miembros del Ejército el 19 de marzo de 2010. Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge, reprobó la visita del expresidente al Tec. “Es una persona que no tiene memoria, que se olvidó lo que hizo cuando estuvo al mando del país y ahora va como si nada hubiera pasado, pero los muchachos sí tienen memoria, ni siquiera conocieron a Jorge y Javier, pero están luchando por el respeto…” a su memoria, declaró a Azucena Uresti, de Milenio Televisión.

De acuerdo con Calderón, la crítica de Rosa Elvia lo disuadió de acudir al Tec, cuyas autoridades apoyaron inicialmente la versión oficial de que Mercado y Arredondo, quienes cursaban una maestría y un doctorado, eran sicarios “armados hasta los dientes”. “Su parecer… es razón más que suficiente para que suspenda mi visita (…) es fundamental respetar el dolor, independientemente de que haya quien utilice esta circunstancia con propósitos mediáticos y políticos”, dice la carta del expresidente al rector David García.

El caso lo llevó a las pantallas Alberto Arnaut, cuyo largometraje ¡Hasta los Dientes!, ganó el Ariel este año. En su dedicatoria a Jorge Antonio y Francisco Javier, el guionista demandó “un país donde ya no sea necesario que el Ejército esté realizando labores de seguridad pública y donde la Guardia Nacional sea realmente una Guardia Civil” (Excélsior, 25.06.19).

Elena Reina, de El País, reseñó el documental: “Dos estudiantes yacían en el piso de una institución académica sagrada sujetando, ya muertos, dos armas largas. Nadie dudó entonces de que se había ejecutado a dos sicarios. Y lo celebraron. En esos momentos de terror, un asesino menos en las calles era recibido como una victoria para el país. Pero ellos no eran narcos, eran dos alumnos que se habían quedado hasta tarde estudiando y habían salido a por algo de comida. En la puerta de su universidad les alcanzaron los balazos. Podía haber sido un error fatal, pero no lo fue”.

El 22 de octubre –cinco días después de la captura y liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán– el general en retiro Carlos Gaytán criticó al presidente López Obrador por “decisiones estratégicas que no han convencido a todos”, en un desayuno con el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. “Actualmente –dijo– vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento”.

Cuando Jorge Mercado y Javier Arredondo fueron asesinados en el Tec de Monterrey y acusados de sicarios, Gaytán era subsecretario de la Defensa. En ese entonces no cuestionó la guerra de Calderón contra el narco ni la ideología de derecha dominante.

Es cierto, si todos los políticos y funcionarios venales fueran enjuiciados, faltarían cárceles. Empero, con solo uno de ellos en prisión se satisfaría el clamor de justicia de millones de mexicanos: Enrique Peña Nieto.

El presidente López Obrador se comprometió a combatir la corrupción y la impunidad, y ha cumplido. No al ritmo ni con las figuras más nefastas, pero sí con algunos de los intocables de los últimos sexenios, beneficiarios del “capitalismo de compadres” implantado en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Los primeros encausados son Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México y uno de los empresarios más influyentes del país, según la revista Líderes Mexicanos; el abogado Juan Ramón Collado, entre cuyos clientes figuran el expresidente Peña Nieto, Raúl Salinas de Gortari, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva y el exlíder panista Diego Fernández de Cevallos; y la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles.

Excepto Ancira, quien enfrenta en libertad el proceso para su extradición de España a México, los demás están presos. El exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el litigante Javier Coello Trejo podrían hacerles compañía.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda también detectó presuntas irregularidades en las cuentas de José Luis Vargas Valdez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Vargas reportó ingresos por 1.7 millones de pesos en 2013, cuando era abogado electoral, y en 2017, ya en el Tribunal, declaró 7.2 millones de pesos (Reforma, 28.09.19). La responsable de investigar el caso es la Fiscalía General de la República (FGR), dijo AMLO.

No es la primera vez que se habla de corrupción, tráfico de influencias y venta de sentencias en el TEPJF para anular o validar elecciones impugnadas. La crisis en el Tribunal “se gestó cuando el PRI y sus aliados decidieron ampliar los periodos de cuatro magistrados, incluyendo al propio Vargas”», declaró Eduardo Huchim, periodista y exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal a Aristegui Noticias (29.09.19).

Sin embargo, el ícono de la corrupción neoliberal más codiciado hasta el momento es Emilio Lozoya Austin. El exdirector de Pemex habría recibido sobornos por 10 millones de dólares de la multinacional brasileña Odebrecht y de la contratista española OHL.

El Gobierno congeló sus cuentas y la Interpol le pisa los talones. La FGR lo acusa de pagar sobreprecios de cientos de millones de dólares en la compra de Fertinal y Agro Nitrogenados; la segunda planta, adquirida a Altos Hornos de México, además era chatarra.

Gilda Margarita Austin Solís, madre de Emilio Lozoya, fue detenida el 23 de julio por la Interpol en Alemania, donde vacacionaba con sus nietos, y extraditada a México el 2 de noviembre. Enfrenta cargos por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

La mujer, de 71 años, habría recibido alrededor de 7 millones de pesos entre 2010 y 2012 como parte de los sobornos pagados a su hijo por Odebrecht. El exdirector de Pemex caerá en manos de la justicia tarde o temprano. El siguiente debe ser Peña Nieto, jefe de la banda. Si la 4T y su líder AMLO dan ese paso, harán historia.

La violencia de género es una plaga difícil de erradicar, máxime en México, donde la impunidad incentiva la inquina contra las mujeres. En el número 627 de Espacio 4, Renata Chapa presenta otra cara de ese infierno.

“Pardeaba la tarde y abordamos descansar. Luego de horas de trabajo rudo, comimos tacos, refrescos y nos reímos del cansancio. De las ocurrencias. Del destino. Adentro del Centro de Readaptación Social de Torreón, Coahuila, éramos 10 compañeros. Internos, internas y yo.

“Ningún integrante de la parte oficial del penal les preguntaba a ellos o a mí, nunca, qué podíamos necesitar para volver más ligera la causa. Y, la verdad, con el paso del tiempo entendí que eso fue lo mejor. Necesitábamos planear en confianza, “acá entre nos”, para construir identidad. Aquel salón –que, luego de meses, convertimos en aula de educación interactiva– era nuestro proyecto de crecimiento en común.

“El altavoz anunció la hora de cerrar portones. Era mi señal de regresar a casa. Solo quedábamos ella y yo. Sentadas en el suelo de cemento, habíamos convertido la charla, sin querer, en una sobremesa con perspectiva de género.

“‘Aquí son varias las que se echan la culpa de las méndigas sinvergüenzadas de los maridos o de los amantes; o las que se echan la culpa de delitos no cometidos con tal de encubrir a sus hijos o hasta a los nietos.

“‘Un buen de internas están hasta la madre de enamoradas. Se apendejan regacho. No te imaginas lo que son capaces de hacer con tal de que el pinche viejo se les arrime y no las deje por otra de las viejas con las que anda el muy cabrón.

“‘Ese al que adoran y al que le tienen más miedo que a nadie. Ya sabes, el clásico ‘Pégame, pero no me dejes’. Amor apache.

“‘No quieren que sus parejas sufran o que sus niños se queden sin papá porque aparte, se supone que él es el que lleva dinero a la casa, pero míralas. Aquí adentro andan vendiendo lo que sea para mandarles centavos a los chavitos. O hasta para sacar para toallas sanitarias. Se aguantan lo que sea por la ilusión de la méndiga visita conyugal, si es que, bueno, claro, es que las vienen a ver.

“‘O mira, también aquí hay internas muy jovencillas que conviven con otras ya más señoras, de más edad. A todas ellas las condenaron porque, también, se declararon culpables de robos, de la venta de droga y delitos más gruesos que sus angelitos cometieron.

“‘Luego están otras internas más. Esas a las que sí, de plano, se las torcieron en plena movidota: unas son farderas en los súpers o las que se meten de sirvientas de casas millonetas; o las ‘muy, muy’ que se creyeron hechas a mano. Las más chingonas. Las que nadie en el mundo las merece, dizque porque están bien buenas.

“‘Ellas se clavaron a andar en bandas junto con chavos que roban carros, joyas, celulares, computadoras, pantallas de plasma; o que saben esas ondas de clonar tarjetas; o las que son expertas para extorsionar por teléfono. Y las que se cargan rollos más, pero más subidos y andan en ondas del crimen organizado, de prestanombres, puteros y rollos de esos. Las ves y parecieran tan blancas palomas’.

“Salí del penal ya casi sin luz en los cielos. En sentido literal y en el metafórico. Lo recién escuchado había sido parte de un capítulo que solo con la interlocución de aquella interna –hoy aún amiga– pude leer. Dimensioné lo aprendido y continué las visitas casi diarias al Cereso al lado de ella y de los demás reclusos. Nuestra labor conjunta funcionó y logramos el cometido propuesto”.

El presidente López Obrador ha criticado al PRI y al PAN por la venalidad y el crecimiento mediocre de la economía en sus gobiernos.

“El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido sinónimo de corrupción. (…) casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción.

El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación”, dijo en su toma de posesión.

En ese periodo de 36 años, el PIB registró un crecimiento anual promedio de 0.18% en el Gobierno de Miguel de la Madrid; de 3.9% con Salinas de Gortari; de 3.3% con Ernesto Zedillo; de 2.0% con Vicente Fox y Felipe Calderón; y de 2.4% con Peña Nieto. De la Madrid y Zedillo empezaron sus gestiones con crisis económicas severas. Calderón afrontó la Gran Recesión –detonada en Estados Unidos– cuyo efecto se tradujo en una caída del 5.2% del PIB.

Frente al modelo depredador –“la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. (…) y tanto por ella como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población…”, ibídem–, AMLO voltea la mirada a los gobiernos de Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, cuando la economía creció por encima del 6% “sin inflación y sin incremento de la deuda pública”.

Además, acotó, el secretario de Hacienda de López Mateos y Díaz Ordaz, Antonio Ortiz Mena, “no era economista sino abogado”.

Sin embargo, el “milagro mexicano” –comprendido entre 1952 y 1970– devino en pesadilla en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, caracterizados por la demagogia y el populismo. El derroche se compensó con deuda y en la imprenta de billetes del
Banco de México.

Cuando el secretario de Hacienda, Hugo B. Margáin, encendió las luces de alerta –“la deuda externa y la deuda interna tienen un límite. Y ya llegamos al límite”–, el Presidente tomó el control de la economía.

Echeverría sustituyó a Margáin con su amigo José López Portillo –abogado, como Ortiz Mena, pero profano en asuntos económicos– y después lo convirtió en Presidente con el 97% de los votos, pues el PAN, entonces único partido de oposición, no participó en los comicios.

López Portillo terminó la obra iniciada por Echeverría: hundir a México. Con el agua al cuello, nacionalizó la banca y en su último informe intentó lavarse la cara con lágrimas de cocodrilo: “Soy responsable del timón, pero no de la tormenta”.

En su discurso inaugural, AMLO se refirió a ese docenio: “… hubo dos gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía creció a una tasa del 6% anual, pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento”. También con corrupción en el segundo caso.

AMLO prometió crecer el PIB a un ritmo de 4% anual, pero deberá darse de santos si este año sube apenas medio punto y la economía no entra en recesión.

En su carta de renuncia como primer secretario de Hacienda de la 4T, el 9 de julio, Carlos Urzúa prendió las alarmas igual que Margáin lo hizo 46 años atrás: “…toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda”. Sin embargo, el FMI avaló en lo general el manejo de la economía en el primer año de AMLO.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) termina su primer año de gestión en medio de una tormenta provocada por su propia intemperancia. El Presidente más legitimado se ha confrontado con todo el mundo: corporaciones, periodistas, medios de comunicación, calificadoras de riesgo, organismos internacionales y ONG, cuya visión e intereses no coinciden con los suyos.

La captura y liberación de Ovidio Guzmán López provocó la primera crisis de gran calado del sexenio, y enfado en algunos exmandos del Ejército. Dieciocho años atrás, Joaquín “El Chapo” Guzmán, padre del narcojunior, había puesto en ridículo al Gobierno de Vicente Fox al fugarse de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande. En 2015 se evadió del penal del Altiplano.

El balance anual de la 4T es negativo en temas que impactan el acontecer de cada día, el ánimo social y la credibilidad gubernamental. La cifra de homicidios dolosos rebasa a la del peor año de la Presidencia de Felipe Calderón, iniciador de la guerra contra el narcotráfico, en cuyo periodo ocurrieron 121 mil 613 asesinatos. En 2018, la escalada de violencia se cobró la vida de 36 mil 685 personas, según el informe actualizado del Inegi. El sexenio de Peña fue el más cruento con 157 mil 137 víctimas.

Todavía resonaban los ecos del fracaso en Culiacán y las excusas del Gobierno para salir del atolladero; el reproche de los generales en retiro Carlos Gaytán y Mauricio Ávila por la falta de respeto a las Fuerzas Armadas, y la insinuación de AMLO sobre un “golpe de Estado”, cuando un nuevo acto de barbarie sacudió al país, incitó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y provocó un aluvión de críticas de la prensa internacional: el asesinato de nueve integrantes de las familias norteamericanas LeBarón y Langford (tres mujeres y seis niños), el 4 de noviembre.

Trump publicó en su cuenta de Twitter: “Si México necesita o solicita ayuda en eliminar a estos monstruos, EU está listo, con voluntad y capaz de involucrarse para hacer el trabajo rápido y eficazmente. (…) los cárteles son tan grandes y tan poderoso(s) que se necesita un Ejército para derrotarlos”. ¿Solidaridad o censura por el fiasco en Sinaloa, que dejó sin efecto la extradición de Ovidio Guzmán, solicitada el pasado 13 de septiembre?
AMLO declinó el apoyo de Trump y de otros gobiernos para investigar el multihomicidio. “Es algo que le corresponde resolver al Gobierno de México”, dijo. El 11 de noviembre decenas de agentes del FBI llegaron a México para colaborar en las investigaciones.

Mientras en el Capitolio los senadores republicanos Mitt Romney y Mike Lee demandaban castigar a los criminales, en México la senadora panista Indira de Jesús Rosales le obsequiaba al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, un Pinocho en su comparecencia por el caso Guzmán López, cuyo padre –“El Chapo”– purga cadena perpetua en EU. “Mentira tras mentira. La situación se vuelve confusa (…) para todo México”, reconvino la legisladora veracruzana.

Hasta simpatizantes de la 4T, como el actor Gael García Bernal, reaccionaron por la emboscada contra la familia LeBarón, en Bavispe, Sonora. “Si no cambian el Gobierno y López Obrador de narrativa para asumir sus responsabilidades, ¿para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. (…) El horror que vivimos hace que sea bastante intrascendente que cada quien –medios de comunicación– jalen agua para su molino de tuits ajenos. (…) Por lo pronto, lo que importa: que pare la violencia”, escribió en Twitter.

La discriminación desaparecerá con el hombre. Al darle mayor visibilidad y colocarla en el centro de su agenda populista, Donald Trump desató al monstruo y lo hizo aún más excecrable. El expresidente de Bolivia Evo Morales dice que su pecado “es ser indígena”.

El fenómeno es omnipresente y se ha mostrado en la política, el deporte, las artes y en toda interacción social.

Hasta hace relativamente poco la publicidad empezó a tomar en cuenta la diversidad de colores y razas, pero los prejuicios siguen vivos. Países de sangre indígena y mestiza, como el nuestro, cojean del mismo pie.

Para Yásnaya Elena Aguilar, escritora y activista de los derechos lingüísticos, “los pueblos indígenas no somos la raíz de México, sino su negación constante. Esto de ser las raíces de México es despotilizarnos, usarnos para justificar algo en lo que nunca participamos, es decir, crear el Estado. Por eso somos una negación” (El País, 09-09.19). En Bolivia, un descendiente de aimaras alteró esa lógica, pero cometió otro pecado: se volvió adicto al poder.

Morales ganó la presidencia en 2005 al conservador Jorge Quiroga con el 53.7% de los votos, y su partido Movimiento al Socialismo (MAS) alcanzó la mayoría en el Congreso. En los comicios del pasado 20 de octubre, Morales derrotó a Carlos D. Mesa, del Frente Revolucionario de Izquierda, quien ya había ocupado, en un proceso fraudulento. MAS obtuvo más diputados, pero su mayoría es ahora precaria; empero, ganó el Senado.

Entre 2002 y 2005, Bolivia tuvo tres presidentes. Gonzalo Sánchez y Carlos D. Mesa renunciaron por las protestas derivadas de la crisis económica y las políticas neoliberales. El periodo lo concluyó Eduardo Rodríguez. En 14 años de Gobierno, Evo Morales estabilizó el país, hizo crecer la economía y redujo la pobreza y la desigualdad. Su tercer pecado consistió en tratar de perpetuarse en el poder.

Sobre si hubo o no golpe de Estado contra Morales, El País (12.11.12) consultó a cuatro expertos. Resumo sus respuestas.

“Un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de Gobierno por parte de otro agente estatal”. El caso de Bolivia, “los tres elementos están presentes… las Fuerzas Armadas fueron las que definieron el desenlace”. (Andrés Malamud, investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa).

“No fue golpe. Desde el día 20 de octubre, el pueblo boliviano quedó inmerso en la incertidumbre debido al curso tomado por el proceso electoral. Gran parte de esa incertidumbre es atribuible a la sistemática acción del Gobierno por controlar la instituciones (…)”. (Cecilia Salazar, directora del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia).

“Es un “golpe de Estado” en proceso. No fue judicial ni constitucional, sino resultado de una movilización social y una acción opositora conspirativa que fue minando al Gobierno de MAS. (…) el cabecilla de la protesta anunció la instalacion de un ‘Gobierno transitorio’. (…) ¿Quién dijo que no es un golpe?” (Fernando Mayorga, director del Centro de Estudios Superiores, Universidad Mayor de San Simón, Bolivia).

“La crisis política venía incubándose desde que Evo Morales optó por una cuarta elección, contradiciendo la Constitución… Lo hizo desobedeciendo los resultados del referendo de 2016, cuando el pueblo soberano rechazó modificar la Constitución”. (Margarita López Maya, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela).

Morales lleva ganada la partida, pero debe retirarse con dignidad.

“Los golpes de Estado suelen tener en común que sus autores dicen que buscan defender el orden o ‘la democracia verdadera’. Algo así volvió a suceder (…) en Burundi, con el general Gogefroid Niyombare liderando una asonada ‘por el bien de la nación’ y acusando al presidente Pierre Nkurunziza de ‘una violación flagrante a la Constitución’ por buscar otra reelección tras 10 años en el poder.

“A Niyombare cualquiera le diría que ese es un imposible, que un golpe, una acción violenta de la ruptura de la legalidad, no puede ser ‘por el bien de la nación’”, publicó Abraham Zamorano en BBC Mundo el 17 de mayo de 2015.

El golpe devino en fracaso. Niyombare se rindió y Nkurunziza, un acaudalado ultraconservador en temas sociales, fue reelecto el 24 de julio de 2015 con el 69.1% de los votos. El régimen reprimió a los medios de comunicación que cubrieron la intentona. De acuerdo con un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), alrededor de 100 periodistas se exiliaron, y Jean Bigirimana aún se encuentra desaparecido.

El régimen prohibió también las publicaciones independientes y acusó a cuatro reporteros, exiliados en Ruanda, de ser los “autores intelectuales del golpe de Estado”. En la Clasificación Mundial 2019 de la Libertad de Prensa de RSF, Burundi ocupa la posición 159, entre 180 países. Bolivia figura en el lugar 113 y México en el 144.

Evo Morales cometió un error al tratar de reelegirse por cuarta ocasión consecutiva, en contra de la Constitución, y además en un proceso fraudulento. Empero, la intromisión de las Fuerzas Armadas resultó un dislate mayor e inaceptable en cualquier democracia. Máxime cuando el Presidente convocó nuevas elecciones tras el informe de la OEA sobre la jornada del 20 de octubre y las irregularidades del proceso.

Si bien la Presidencia la ocupa interinamente la exsenadora Jeanine Áñez y no un militar, al general Williams Kaliman no le correspondía “sugerir” la de Morales para permitir “la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad”. Para ello existen instancias civiles.

Áñez separó del cargo a Kaliman, pero no podrá gobernar ni resolverá la crisis atizada por el golpe de Estado “cívico, político y policial” incruento apoyado por la OEA. Los más de 20 muertos y los centenares de heridos y desaparecidos son consecuencia de los disturbios poselectorales. Morales ha jugado hasta hoy mejor sus cartas que sus adversarios en Bolivia y en el extranjero.

En su carta al presidente de la Asamblea Legislativa se vacunó contra el caos por venir: “(renuncio) para evitar todos estos violentos sucesos y vuelva la paz social”. El uso indiscriminado del Ejército y la fuerza pública para reprimir a los opositores de Áñez puede aumentar el número de muertos y heridos.

La condena internacional por la violencia del Estado favorece a Morales. Su oferta de regresar a Bolivia “para pacificar y no ser candidato” es plausible, pero igualmente podría ser un ardid, pues si logra lo primero, ¿quién le impediría lo segundo? Áñez y sus aliados están contra la pared.

La salida al conflicto la planteó el mismo expresidente en entrevista a El País: un diálogo nacional con todas las fuerzas política y sociales. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia debe volver a postularse para no convertir un golpe de Estado en una dictadura donde el pueblo le sirva de escudo.

Bolivia tiene, como Chile, Argentina y otros países de América Latina, una larga tradición de golpes de Estado. En las décadas de 1970 y 1980, las dictaduras militares de la región fueron coordinadas por Estados Unidos en el Plan Cóndor, tendiente a erradicar “las ideologías comunistas y afines, opuestas al liberalismo que trataba de implementarse a escala global, (…) teniendo como una de sus consecuencias centrales el desmantelamiento del Estado como articulador de la vida pública y generador del desarrollo económico”.

El país andino registra 89 presidentes en su historia; 28 fueron derrocados y 14 renunciaron. Simón Bolívar, originario de Venezuela, fue el primero en dimitir; y el último, Evo Morales. La adicción al poder del descendiente aymara, exiliado en nuestro país, es característica de los políticos de América Latina. Víctor Paz Estenssoro y José Miguel de Velasco ocuparon la presidencia en cuatro ocasiones, y dos la ejercieron durante tres periodos consecutivos.

La expatriación y el conflicto han marcado el destino de un buen número de mandatarios bolivianos. Los tres exilios de Paz Estenssoro duraron 17 años. Del último regresó para volver a postularse y obtener la Presidencia.

Evo Morales no es el primero en ser acogido en México. El general Juan José Torres, depuesto por el golpe de Estado que encabezó Hugo Banzer, fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires el 2 de junio de 1976. La dictadura de Banzer prohibió la repatriación de su cadáver para evitar levantamientos. Solo ganó tiempo, pues dos años después renunció en medio de protestas populares.

Con el apoyo del presidente Luis Echeverría, los restos de Torres permanecieron en México siete años. Bolivia los repatrió en 1983 para depositarlos en el monumento a la Revolución Nacional junto a los cenotafios de los expresidentes militares Germán Busch y Gualberto Villarroel, también asesinados. Banzer volvió al poder en 1997 por la vía de las urnas, pero su Gobierno devino en desastre. Su alianza con Estados Unidos para erradicar el cultivo de coca y la privatización de servicios públicos (guerra del agua) provocó movilizaciones y protestas sociales; las primeras, encabezadas por el diputado Evo Morales. Antes de renunciar, Banzer murió de cáncer.

Morales es el primer presidente de Bolivia de origen indígena. El Plan Cóndor jamás se lo habría permitido, por su ideología. En 2008, la revista Time lo incluyó entre las 100 personas más poderosas del mundo; dos años después lo criticó, junto con el diario británico The Guardian, por el proyecto de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sucre debido a sus efectos sobre el medio ambiente. Su apoyo a la quema controlada y al desmonte de zonas forestales agravó el incendio en el Amazonas.

En los casi 14 años de la Presidencia de Evo Morales, la economía de Bolivia creció más que la de México en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto. También superó el PIB de la mayoría de países de América Latina.

Esta situación permitió reducir la pobreza y la desigualdad, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Morales no supo retirarse a tiempo y recurrió al fraude electoral para eternizarse en el poder como lo hicieron las dictaduras militares y neoliberales antes y después del Plan Cóndor.

Para el Gobierno de Coahuila resulta cuesta arriba pedirles a los contribuyentes pagar más impuestos e incluso cobrarle a los morosos cuando cargan sobre sus espaldas la deuda de 38 mil millones de pesos impuesta alevosamente por los Moreira sin saber a ciencia cierta a dónde fueron a parar esos recursos. La única certeza es que el Gobierno de Estados Unidos ha decomisado decenas de millones de dólares, propiedades e inversiones a exfuncionarios, contratistas y empresarios mediáticos confesos de haber participado en una trama “para robar dinero del erario”.

La muela de molino atada al cuello de los coahuilenses es un recordatorio del atraco impune. Si durante la segunda mitad del moreirato (2011-2017) el Gobierno pudo sortear la crisis financiera derivada del pago de intereses a una banca cómplice y voraz, fue a costa de la inversión pública, sobre todo en sectores prioritarios como el de salud, donde se restringió el abasto de medicamentos, y del magisterio, con una Ley de Pensiones violatoria de sus derechos.

Además, dispuso de recursos adicionales, gestionados en la Cámara de Diputados, y se pavoneó con la poca obra federal realizada en el estado. El recorte de participaciones y la cancelación de fondos anunciada por la Secretaría de Hacienda para el año próximo obligará a los gobiernos estatales y municipales a ser más rigurosos en el gasto y eficientes en la recaudación.

Estados con altos niveles de deuda, como el nuestro, verán limitados aún más sus márgenes de maniobra para atender la demanda creciente de infraestructura, servicios y equipamiento urbano. Adicionalmente, las regiones sureste, centro, y carbonífera de Coahuila afrontarán mayores presiones por la incertidumbre sobre el futuro de Altos Hornos de México, la cancelación de compras por parte de la CFE y la conversión de la industria automotriz.

En materia de ingresos, los estados están en un callejón sin salida. Por un lado, la Ley de Coordinación Fiscal los volvió dependientes del presupuesto federal. En ese sentido, el reproche de las entidades desarrolladas vuelve a ser que la Federación les reparte “migajas”.

Por otra parte, la mayoría de los gobernadores y alcaldes no puede pedir a los causantes aceptar más cargas fiscales debido a la situación económica y al malestar provocado por el endeudamiento y la corrupción. Mientras no se recuperen caudales y propiedades a quienes se enriquecieron ilícitamente en los últimos sexenios, tampoco habrá confianza ni apoyo a las autoridades.

Lo anterior explica el crecimiento marginal de la recaudación propia en los estados. En 2018 captaron 95 mil 137 millones de pesos en total, equivalentes al 4% de la masa de recursos disponibles, de acuerdo con datos del Inegi y de la Cuenta
Pública.

Hacienda ha exhortado a gobernadores y alcaldes a explorar nuevas fuentes de ingreso. Sin embargo, “ningún Estado ni Municipio quiere asumir el costo político de cobrar impuestos y están basando casi toda su planeación financiera en transferencias de participaciones y aportaciones”, advierte Marco Cancino, director de Inteligencia Pública, centro de investigación dedicado a ciudadanizar la información oficial (Reforma, 23.08.19).

El país necesita un nuevo pacto fiscal para salvar a los estados y municipios de la inopia, y leyes para protegerlos de gobiernos venales e irresponsables.

Andrés Manuel López Obrador debe su éxito mediático a su perseverancia, intuición y capacidad para atraer o desviar la atención. Sin poder económico, demonizado por el gran capital, boicoteado por sectores de la prensa y estigmatizado por algunos intelectuales, el líder de izquierda pudo, desde la oposición, construir y adaptar un discurso que le permitió ganar la Presidencia, en su tercer intento, a un PRIAN desprestigiado por la vanalidad, arrogancia e impericia de sus gobiernos. Hoy, desde el montículo de Palacio Nacional, AMLO lanza curvas y “sliders” para mantener la cuenta a su favor, pero el brazo se le empieza a cansar en la primera entrada.

En cuestión de protestas, bloqueos y manifestaciones, AMLO marcó la pauta. Afrontar a gobiernos autoritarios, débiles o ilegítimos y a políticos distraídos, frívolos o pusilánimes le dio ventaja. La mayoría de los mexicanos identificaba en ellos el origen de sus males: corrupción, violencia, impunidad, pobreza. AMLO capitalizó el enfado social y se erigió en el líder antisistema por antonomasia. El respaldo de las urnas lo utiliza hoy para imponer su voluntad al país y a los poderes Legislativo y Judicial.

Los alcaldes del PAN, el PRD y el PRI –socios de Peña Nieto en el Pacto por México– que acuden a la Presidencia y al Congreso para exigir fondos federales usan la táctica del AMLO opositor: presionan, atraen reflectores y se saltan las formas por una causa “justa”. ¿Quién no quiere para sus ciudades mayor seguridad, bienestar y mejores servicios? El 22 de octubre, los alcaldes no solicitaron audiencia ni acudieron a otras instancias para plantear sus demandas, como el Congreso, los gobiernos locales y la Secretaría de Gobernación. ¿Para qué si AMLO todo lo controla?

La 4T cayó en el juego de los alcaldes al rociarlos con gas lacrimógeno, y López Obrador, al justificar la acción, exhibió una vez más su talante absolutista. Como quiera que sea, eficientes o incompetentes, los presidentes municipales son autoridades legítimas y representan a comunidades donde Morena también tiene seguidores y votantes. Los alcaldes, como los gobernadores y los organismos autónomos, viven hoy la otra cara de la moneda. Del reparto sin control de recursos federales en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, se ha vuelto al centralismo exacerbado.

Sin embargo, la población no ha sido culpable del desorden financiero y la rapiña en las alcaldías y los gobiernos estatales, sino víctima. La política de la 4T tomada del peñismo, de no investigar ni castigar siquiera atracos evidentes, como megadeuda y las empresas fantasma en Coahuila, y múltiples casos de enriquecimiento ilícito –hoy mismo se construyen fortunas bajo el blindaje de la impunidad– causa desencanto e indignación en un país históricamente agraviado y engañado por sus autoridades.

Los electores castigan con su voto a los gobiernos rapaces y a sus partidos; de lo contrario, AMLO no sería hoy Presidente ni habría alternancia en la mayoría de los estados y municipios. Empero, la movilización ciudadana debe ir más allá de las urnas y expresarse en las calles cuantas veces sea necesario como hoy mismo ocurre en otros países; solo así podrán lograrse cambios inaplazables. La protesta de los alcaldes en Palacio Nacional envía un mensaje irrefutable al Presidente: no puede gobernar solo ni de espaldas a la sociedad. La competencia es desigual, pero de otras de su tipo han surgido nuevos liderazgos.

Una vez extraditado a Estados Unidos Jorge Torres López, aún permanecen en prisión los exgobernadores Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y Eugenio Hernández (Tamaulipas). César Duarte, de Chihuahua, se halla prófugo. Los cuatro enfrentan cargos por lavado de dinero y peculado; el veracruzano también está imputado por asociación delictuosa. Antes de ocupar la presidencia, Enrique Peña Nieto presumió a los Duarte y a Borge como los rostros del “nuevo PRI”.

En 2016, el PRI perdió los cuatro estados. Javier Duarte y Roberto Borge huyeron del país, y más tarde fueron capturados en Guatemala y Panamá, respectivamente. A César Duarte lo busca la Interpol. Disparó la deuda estatal a 55 mil millones de pesos y la Secretaría de la Función Pública lo denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por desviar 80 millones de pesos de los trabajadores del Estado al PRI. Sin alternancia, seguirían libres.

El exgobernador de Chihuahua se enriqueció ostensiblemente. La Fiscalía General del Estado (FGE) libró 21 órdenes de aprehensión en su contra, y una la Fepade. Los principales funcionarios de la Administración priista han sido detenidos. Duarte se apropió, según la FGE, de más de mil 230 millones de pesos. El Gobierno de Javier Corral (PAN) ya le aseguró 37 inmuebles con valor aproximado de 100 millones de pesos adquiridos durante su gestión. El 28 de mayo pasado tomó posesión de otros cuatro ranchos.

“Como parte de la operación Justicia para Chihuahua y de la investigación realizada por el grupo especial de fiscales en materia de corrupción, además se hallaron animales exóticos y de colección, entre ellos al menos 30 bisontes, cinco llamas y diversas manadas de jabalíes”, informó el portal Eje Central. Duarte, cuya extradición exigen el Gobierno de Chihuahua y grupos ciudadanos, era uno de los mandatarios protegidos del exlíder del PRI Manlio Fabio Beltrones y del coordinador senatorial Emilio Gamboa.

El único exgobernador sujeto a extradición es Eugenio Hernández. Estados Unidos lo reclama por peculado, lavado de dinero y falsificación de documentos. “El 3 de julio de 2014, la Administración para el Control de Drogas (DEA) reportó presuntos sobornos de un cártel de la droga a Hernández Flores durante su periodo como gobernador, todo para permitir a dicho cártel operar sin restricciones por parte del Gobierno de Tamaulipas. Ese dinero sería posteriormente lavado en el sur de Texas por el empresario Guillermo Flores Cordero, quien, arrestado por la DEA, implicó al exgobernador (Liga DEA con Zetas a Eugenio Hernández, El Norte, 03.07.14). Eugenio Hernández Flores negó esas acusaciones de inmediato” (Wikipedia).

El mismo día de la entrega del exgobernador coahuilense Torres López a Estados Unidos, Karime Macías, esposa del veracruzano Javier Duarte, fue detenida en Londres a solicitud de la Fiscalía General de la República como primer paso para extraditarla a nuestro país. Se les atribuye un fraude superior a los 112 millones de pesos mediante la simulación de contratos a través de empresas fantasma. Macías pagó 150 mil libras de fianza para enfrentar el proceso en libertad. Es la primera esposa de un gobernador perseguida por la justicia.

En Coahuila existen denuncias penales por la megadeuda y el desvío de 475 millones de pesos a empresas fachada durante los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, pero aquí el Sistema Estatal Anticorrupción tiene la misma utilidad que la carabina de Ambrosio. ¿Cómo va a dispararles a sus jefes?

Estados Unidos es corresponsable de la violencia en México relacionada con el narcotráfico. Así lo plantea el periodista Gerardo Moyano en el bisemanario Espacio 4 (626).

“Estados Unidos pone los consumidores; México las drogas. Estados Unidos pone las armas; México los muertos. Esta interrelación entre ambos países tiene un trasfondo histórico que se remonta a finales del siglo 19 y en el cual Sinaloa juega un papel central, en particular Badiraguato, la tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Es allí donde, según historiadores, los inmigrantes chinos plantaron las primeras semillas de amapola. En un principio, para obtener opio para consumo personal, y más tarde, para elaborar medicinas para el tratamiento de úlceras y heridas.

“Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el Gobierno de EU impulsó el cultivo de la planta en México para producir la morfina con la que trataba a los soldados heridos en combate, pues había perdido sus fuentes de abastecimiento en Asia.

“‘Mi padre fue el primer hombre que trajo la semilla, sembró y procesó la goma de opio por aquel tratado que hubo entre México y EU, y enseñó a muchos a trabajarla’, señala un hijo de Lai Chang Wong, cuyo nombre cristiano era José Amarillas, en entrevista para la revista Contralínea, en 2007.

“‘Grandes fortunas se amasaron a finales de la década de los 30 y principios de los 40. Ricas y conocidas familias que actualmente manejan comercios importantes en el estado, o son dueñas de grandes superficies de tierras, tuvieron el origen de su riqueza en el cultivo y el tráfico de drogas’, dijo el hombre de 97 años.

“Por entonces, fue tal el boom de la planta que sus flores llegaron a adornar jardines de viviendas y lugares públicos de Ciudad de México, Oaxaca o Guadalajara, y era común encontrarla en los mercados (Infobae, 09-09-17). Sin embargo, la situación cambió cuando el Presidente republicano, Richard Nixon (1969-1974), declaró la guerra contra los productores que abastecían de mariguana y heroína a EU.

“Sin embargo, la suerte ya estaba echada. El Reporte Mundial sobre Drogas 2013, elaborado por Naciones Unidas (ONU), indicaba que la producción mexicana de heroína (derivada de morfina) era 30 veces mayor a la de Colombia, que durante décadas fue el principal exportador del continente. “Un año antes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) calculaba en 14 mil 347 hectáreas dedicadas al cultivo de amapola. Para 2018, el Transnational Institute (TNI), un instituto internacional de investigación, calculaba el área de estos cultivos en 74 mil hectáreas.

“Esto explica que esta zona haya dado más célebres capos del narcotráfico, como Rafael Caro Quintero, Ernesto ‘Don Neto’ Fonseca Aguilar, Miguel Ángel Félix Gallardo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y los hermanos Beltrán Leyva.

“Apenas una semana antes de los enfrentamientos en Culiacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Sinaloa (11 de octubre) y uno de los temas de su agenda fue la promoción del programa Sembrando Vida, anunciado por la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, en la conferencia mañanera del 9 de octubre…

“Al mediodía del 17 de octubre, mientras la alcaldesa de Badiraguato, Lorena Pérez, agradecía esos pagos en su informe, afuera del auditorio municipal ‘camionetas con muchachos armados salían para Culiacán a rescatar a ‘Los Chapitos’, les dijeron. Y les ofrecieron 40 mil pesos por la osadía’ (Reforma 21-10-19). Lo que aconteció el resto de ese día es historia conocida”.

Después vendría la masacre de los LeBarón en Sonora. La lucha entre cárteles parece no tener fin.

Resulta imposible ver a Jorge Torres subir esposado a un avión para ser extraditado a Estados Unidos y no pensar en sus jefes, Humberto y Rubén Moreira.

Fueron ellos quienes manejaron el estado y lo endeudaron de por vida.

El exgobernador interino se suma a la lista de políticos vinculados a una red de corrupción para desviar dinero de los coahuilenses a cuentas, campañas políticas y negocios particulares: fraccionamientos, ranchos, plazas comerciales.

Es un secreto a voces a dónde fue a parar una parte de los 36 mil millones de pesos de la deuda. Espacio 4 publicó en julio de 2015: “Humberto Moreira está libre (de culpa; de sospecha jamás lo ha estado) porque el sistema lo protege, así de simple”.

Los señalamientos de que ‘robó cientos de millones de dólares del erario de Coahuila’, hechos en la Corte del Distrito Oeste en San Antonio, Texas, colocan al exgobernador en una situación delicada.

La deuda por más de 36 mil millones de pesos dejó de preocuparle, solo en apariencia, cuando la PGR lo eximió por ‘falta de pruebas’ y la ‘extinción del delito’, sin haberlo investigado. Mas no es lo mismo afrontar la justicia en México que al norte del Bravo.

El lagunero Guillermo Flores Cordero, el extesorero Javier Villarreal Hernández y el empresario Rolando González Treviño se declararon culpables de lavado de dinero en EU para reducir sus sentencias e incluso purgarlas en libertad.

Ahora las baterías apuntan a Humberto Moreira. González admitió haber conspirado para enviar dinero a EU de las arcas de Coahuila durante la gestión de Moreira.

Confesó para obtener algunas ventajas, pero además consciente de que el Gobierno estadunidense tiene elementos para probar los delitos.

“Aún sin aclarar el destino de la deuda ni castigar a los responsables, Estados Unidos puso a Moreira bajo los reflectores. Antes lo estuvo el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, preso en Nueva York por lavar dinero para el narcotráfico —cártel de Juárez, el de mayor influencia en el sexenio de Carlos Salinas—; y en tiempos más recientes, los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. ¿Hasta cuándo las autoridades mexicanas harán la vista gorda?”.

Villanueva regresó a México el 19 de enero de 2017 para terminar de purgar una condena de 22 años por lavado de dinero y tráfico de drogas. El exgobernador de Quintana Roo –ligado a Raúl Salinas de Gortari– habría lavado 100 millones de dólares en complicidad con funcionarios de su Administración.

José Chejín Pulido, secretario de Finanzas en el Gobierno de Villanueva, el equivalente de Jorge Torres López y Javier Villarreal Hernández, participó en el proceso como testigo protegido de la DEA.

Otra pieza clave del caso Coahuila es Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, empresario de Matamoros, Coahuila. El narcotraficante y supuesto enlace de Los Zetas en Europa fue extraditado el 28 de febrero a EU donde se le acusa de lavado de dinero, organización criminal y otros cargos.

Muñoz se declaró culpable de uno de los delitos y se acogió a la figura de testigo protegido para seguir en libertad el proceso mientras se le dicta sentencia.

Los mismos pasos se dieron para atrapar y extraditar a Villanueva y Yarrington. Al final fueron colaboradores e informantes quienes pusieron entre rejas a dos intocables del sistema. El moreirato está en jaque.

La masacre contra la familia LeBarón el lunes pasado en los límites de Sonora y Chihuahua, donde cárteles de la droga se disputan el territorio a sangre y fuego, abrió un segundo boquete en la estrategia de seguridad de la cuarta transformación y en la credibilidad del presidente López Obrador, a menos de un mes de la pifia en Culiacán.

Los ejercicios de transparencia chocan con el escepticismo ciudadano. El Gobierno se puso a sí mismo contra las cuerdas. Si con el hijo del “Chapo” fracasó, la circunstancia exige acciones inmediatas y respuestas precisas para dar con los asesinos de los seis niños y las tres mujeres menonitas.

La estrategia federal contra la delincuencia organizada difícilmente variará, pues hacerlo equivaldría a admitir el fracaso de un plan recién puesto en marcha con la Guardia Nacional. En todo caso, deberá reforzarse con ayuda internacional como ocurrió en Colombia para neutralizar a Pablo Escobar Gaviria, “el capo más peligroso del mundo”, jefe del cártel de Medellín. La Casa Blanca y el Capitolio han puesto los ojos sobre México para forzarlo a limpiar la casa de narcos. ¿Vuelta a la política de exterminio de Felipe Calderón y Peña Nieto?

López Obrador ofreció pacificar al país sin balazos. Las Fuerzas Armadas, contra su naturaleza, han acatado la instrucción a regañadientes y silenciando las armas. El narcotráfico interpretó el mensaje como rendición y ha bañado de sangre y plomo al país. Las masacres se suceden una a otra sin que la Federación defienda a la sociedad.

Los gobernadores, en este caso los de Chihuahua y Sonora, están igualmente rebasados y tampoco hacen nada para frenar la escalada de violencia. La tarea y el desgaste se lo dejan al Presidente, como igual lo hicieron con Vicente Fox, Calderón y Peña.

Sin embargo, los cárteles han cruzado un punto sin retorno. Dirigir su insania y sevicia contra mujeres y niños ha provocado repudio dentro y fuera de México. Lo ocurrido en Sonora tendrá graves consecuencias para el crimen organizado, pues activará mecanismos nacionales
e internacionales.

En 1985, el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y del piloto Alfredo Zavala Avelar, desató la ira de la Casa Blanca y una cacería de contra capos de la droga y funcionarios mexicanos a través de la Operación Leyenda, en la cual participaron varias agencias del Departamento de Justicia.

El Gobierno de Reagan presionó al de Miguel de la Madrid hasta que detuvo a Ernesto “Don Neto” Fonseca Carrillo y a Rafael Caro Quintero, y posteriormente a Miguel Ángel Félix Gallardo “El Jefe de Jefes”. Los líderes del cártel de Guadalajara recibían protección de políticos estatales y federales.

El 12 de diciembre de 1989, Caro fue sentenciado a 40 años de prisión por el secuestro de Camarena y Zavala, homicidio calificado, siembra y tráfico de mariguana, suministro de cocaína y asociación delictuosa. En 2013, primer año de Gobierno de Peña Nieto, un tribunal colegiado liberó al capo.

El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por su captura. El narcotráfico en México, como en Colombia, escaló a terrorismo. La presión contra AMLO y nuestro país ya empezó y no cederá hasta que ofrezca resultados concretos.

El senador republicano Josh Hawley ya pidió sanciones contra México, y recordó al Gobierno “que sus cárteles están asesinando ciudadanos estadunidenses, traficando con niños e inundando nuestras comunidades con drogas mortales. Entonces sí: creo las sanciones están justificadas contra aquellos que se niegan a actuar”, publicó en Twitter.

Los Moreira se afianzaron en el poder por tres vías: 1) colocaron a incondicionales en puestos estratégicos –en las secretarías de Finanzas y de Gobierno hubo procesión de legos– y les dieron las arcas del estado, manos libres y protección; 2) eliminaron cuadros y liderazgos del PRI que ponían en riesgo su proyecto transexenal, a unos les ofrecieron candidaturas para hacerlos perder –Alejandro Gutiérrez y Enrique Martínez y Morales– y a otros los persiguieron –Noé Garza, Javier Guerrero y Claudio Bres–, y 3) el control del Congreso, el Tribunal Superior de Justicia y la mayoría de los órganos teóricamente autónomos –Instituto Electoral, ICAI, Derechos Humanos, Sistema Anticorrupción–.

Hasta hoy ningún moreirista ha sido investigado en México por enriquecimiento ilícito. En cambio, integrantes de dos de las familias más influyentes han sido encausados. Alejandro Gutiérrez pasó casi un año en una prisión de Chihuahua acusado de participar en el desvío de 240 millones de pesos del Gobierno a campañas políticas del PRI, junto con el exlíder de ese partido, Manlio Fabio Beltrones, y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. El 13 de mayo pasado, el exsenador coahuilense recibió una sentencia de tres años en libertad condicional por peculado de 1.7 millones de pesos.

Jorge Torres López fue detenido por la Policía Federal Ministerial el 5 de febrero pasado en Puerto Vallarta con fines de extradición. En junio de 2014, Janice Ellington, jueza federal de Texas, lo etiquetó como prófugo de la justicia y la DEA –Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés– emitió una ficha de búsqueda internacional.

Durante ese tiempo, el exgobernador vivió en Saltillo sin ser molestado. Luego de sufrir un infarto en diciembre de 2017, Estados Unidos reactivó los trámites para su extradición.

El político y empresario trató de evitar su traslado a Texas, pero en septiembre pasado decidió ponerse en manos de la justicia norteamericana. Torres López ha pagado caro su ambición y su alianza con los Moreira, quienes utilizaron la marca para relacionarse con el poder económico y neutralizar a políticos acaudalados como Alejandro Gutiérrez, quien aspiró al Gobierno del estado en la sucesión de 2005, cuando el PRI postuló a Humberto Moreira y seis años después a su hermano Rubén.

El 18 de abril de 2008, Torres abrió las puertas de la casa paterna al clan con motivo de los 45 años de Rubén Moreira. La comida devino en fiesta grotesca e ignominiosa. Miles de personas asistieron al besamanos y a la unción del futuro Gobernador. Torres es corresponsable del desastre financiero y de la venalidad en el estado. Su elección como interino de Humberto Moreira no fue un acto de generosidad, sino para terminar de hundirlo y humillar más a su clase. Además, se le impuso una tarea imposible: explicar y justificar el moreirazo de 36 mil millones de pesos.

En el sexto informe de Administración, que no rindió Humberto Moreira por ser ya presidente del PRI, Torres dedicó menos de cinco minutos al tema de la megadeuda. Un fiasco. Según versiones, el exgobernador le habría reclamado por no firmar documentos que lo incriminaban. El 11 de noviembre de 2011, pocos días antes de entregar el poder, Jorge Torres McGregor, sobrino de Torres López, murió acribillado. El asesinato se atribuyó al crimen organizado.

El ascenso de los Moreira al poder no se explica sin una intrincada maquinaria de complicidades cuyos motores eran aceitados por la avaricia –“forma extrema de la corrupción”, según la define el periodista y sociólogo argentino Mariano Grondona– la soberbia y otros pecados capitales.

En una ciudad conservadora y clasista como Saltillo, un clan sin fortuna ni abolengo no habría podido hacerse con el poder 12 años sin cómplices y sin conocer la naturaleza humana. El moreirato explotó las debilidades de las clases media y alta e identificó a políticos y empresarios tan mediocres como ambiciosos para introducirse en sus círculos y trepar en la escala política y social.

Las pocas voces que advirtieron sobre los riesgos de aceptar gobiernos sin escrúpulos, antes de que Moreira I despachara en el Palacio Rosa, fueron ignoradas.
El docenio envileció la política y agravió a la sociedad. Los partidos de oposición, los organismos patronales y la mayoría de los medios de comunicación se rindieron ante el tintineo del dinero. Prefirieron aplaudir que denunciar, callar que alzar la voz, asociarse con el poder en vez de plantar cara. La humillación cayó sobre todos.

Los Moreira actuaron a ciencia y paciencia de la clase política tradicional y de la oligarquía. La primera fue desplazada y sustituida por quienes antes habían sido sus empleados y operadores electorales; hoy les rinden pleitesía. La segunda, acomodadiza, ha sido exhibida con la extradición de uno de los suyos, Jorge Torres López a Estados Unidos, donde se le acusa de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude (electrónico y bancario). Nieto del fundador de Grupo Industrial Saltillo, Isidro López Zertuche, a Torres lo sedujo el canto de sirena del poder y del dinero.

Reconocido como hombre bueno, Torres se prestó al juego de los Moreira –algunos de sus parientes también lo hicieron, desde distintas trincheras, bajo la lógica de ganar sin correr riesgos– para mejorar su posición y obtener mayor notoriedad en la pasarela de las vanidades. La línea no priista de la estirpe ha tenido dos alcaldes por el PAN, Manuel López Villarreal (1997-1999) y su hermano Isidro (2014-2017). La brecha la abrió su tío Rosendo Villarreal, primer presidente de Saltillo postulado por el mismo partido de derecha.

Los Moreira encumbraron a Torres López para después destruirlo. Mientras ellos, desde su nuevo estatus económico, disfrutan la vida como si tal cosa, después de endeudar subrepticiamente al estado con 38 mil millones de pesos, cuyo destino permanece oculto y protegido por el Sistema Estatal Anticorrupción, y las denuncias penales por la contratación ilegal de créditos y las empresas fantasma duermen el sueño de los justos, su peón vive un infierno. Lo suyo no fue inocencia, sino codicia.

El clan convirtió a Torres en Alcalde y en Gobernador interino (de Humberto). También le entregó las llaves de la Secretaría de Finanzas, donde compartió el mando con Javier Villarreal Hernández. El cerebro financiero de Moreira I, gente anónima comparada con Torres, prefirió entregarse al Gobierno de Estados Unidos, renunciar a millones de dólares y a propiedades adquiridas con recursos del erario para dejar de ser un perseguido.

Pero lo más valioso que proporcionó a los fiscales de Texas fue otra cosa: información sobre la corrupción en el Gobierno de Coahuila. Lo mismo hizo el empresario mediático Rolando González Treviño. Igual lo hará Torres.

El descabezamiento de los gremios petrolero y magisterial, en 1989, no tuvo como propósito modernizar al país, suprimir el corporativismo ni legitimar la presidencia de Salinas de Gortari. Esa tarea la cumplieron el PAN, las iglesias, el gran capital y los medios de comunicación proclives a negociar con el poder. Se trató más bien de un ajuste de cuentas y de una maniobra tendiente a controlar dos sectores estratégicos para el Gobierno y para el PRI, pues el sindicalismo oficial es hoy tan antidemocrático y venal como en el siglo pasado.

Salinas sustituyó a Joaquín Hernández Galicia y a Carlos Jongitud Barrios con dos incondicionales: Carlos Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo, quienes duraron 24 y 26 años al frente de los sindicatos petrolero y magisterial, respectivamente, y acumularon grandes fortunas. No en balde encabezaron la lista de «Los 10 mexicanos más corruptos de 2013», según Forbes, junto con Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente. «La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue acusada en febrero de este año (2013) de malversar 200 millones de dólares», cita la revista.

La publicación estadunidense, en cuya nómina anual de multimillonarios aparecieron el político-empresario Carlos Hank González y el narcotraficante Joaquín Guzmán, «el Chapo», dice de Romero: «El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se ha encontrado envuelto en sospechas de tráfico de influencias y enriquecimiento personal». Cinco de la lista de Forbes han estado en prisión -Gordillo, Salinas, Andrés Granier, exgobernador de Tabasco; Humberto Moreira (liberado) y Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quien será juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas, extorsión, fraude y lavado de dinero-. Romero podría ser el próximo.

El exlíder petrolero desmintió la noticia sobre su fuga del país, pero la intervención de la Interpol para localizarlo, a solicitud de la Fiscalía General de la República, de acuerdo con la agencia Reuters, es premonitoria. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Romero por blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito; además fueron congeladas sus cuentas bancarias. También se le imputa, como a Gordillo, haber desviado recursos del sindicato en beneficio propio. Sin embargo, los gremios no presentaron denuncias formales, lo cual, en el caso de la exlíder del SNTE, permitió su liberación en agosto de 2018.

La reforma laboral aprobada por el Senado en abril pasado, con 120 votos a favor y dos abstenciones, pretende sanear el sindicalismo y evitar la eternización de sus dirigentes, cuya riqueza, en un país con millones de pobres y obreros mal pagados, es insultante. Estados Unidos y Canadá condicionaron los cambios en la legislación a la firma del nuevo tratado comercial con México. Los conceptos clave son justicia, democracia y transparencia. Lo paradójico es que Napoleón Gómez Urrutia, quien heredó de su padre la secretaría general del sindicato minero y fue acusado de un supuesto fraude por 55 millones de dólares, presida la Comisión del Trabajo de la Cámara alta por obra y gracia de AMLO.

En lo sucesivo, los líderes serán electos mediante voto personal, libre, directo y secreto, no a mano alzada, y sus periodos serán acotados para erradicar los cacicazgos. La desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje -fuente de corrupción y manipulación política- para ser sustituidas por tribunales adscritos al Poder Judicial, la obligación de rendir cuentas sobre la situación financiera y patrimonial de las organizaciones y la libre afiliación de burócratas, terminarán con el ciclo perverso de líderes ricos y trabajadores pobres.

Coahuila ha tenido 23 gobernadores electos e interinos en los últimos 90 años, todos del PRI. Dos de ellos renunciaron en la parte final de sus mandatos (Óscar Flores Tapia y Pedro Rodríguez Triana) y uno se suicidó (Ignacio Cepeda Dávila) por razones políticas.

Pero ninguno le infligió al estado tanto daño moral y financiero ni lo avergonzaron al grado que lo hicieron Humberto Moreira Valdés, Jorge Torres López y Rubén Moreira Valdez (el cambio de grafía del segundo apellido fue acaso para despistar). Deuda impagable, empresas fantasma, masacres, desapariciones forzadas, arrogancia y envilecimiento político figuran en la lista de agravios.

Humberto Moreira pasó del 15 al 22 de enero de 2016 en la prisión madrileña de Soto del Real. El diario El País presentó así la información: “Figura sombría de la política mexicana, rodeado de sospechas de corrupción por las que fue defenestrado políticamente tras escalar a las más altas esferas del poder como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira ha sido detenido este viernes por la policía española a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas bajo cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos durante su etapa como gobernador del Estado de Coahuila (2005-2011)…

“Moreira (Saltillo, 1966) ha sido detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal dentro de la operación dirigida por Santiago Pedraz, juez de la Audiencia, órgano que asume cargos criminales de especial envergadura como terrorismo, narcotráfico y entramados de desfalco. Según fuentes de la investigación, la justicia española ha actuado a petición de un tribunal de Estados Unidos que investiga la red de blanqueo de Coahuila, región fronteriza con Texas”.
(El País, 16.01.16).

La misma indagatoria condujo a la extradición del gobernador interino Jorge Torres López a EU (no será la única) donde se le acusa de lavado de dinero y fraude (bancario y electrónico) por 8.8 millones
de dólares.

Torres, Javier Villarreal Hernández y otros secretarios de Finanzas (Víctor Zamora Rodríguez y Jesús Ochoa Galindo) no se mandaban solos; obedecían órdenes y cobraban beneficios. Los fiscales y jueces de EU ya completaron el rompecabezas, y con Torres López en su poder solo faltan las piezas principales.

El Departamento de Justicia estadunidense ya ha sentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas al empresario lagunero Guillermo Flores Cordero, (detenido por la DEA en San Antonio en 2013 junto con su esposa) lavador dinero de políticos y exgobernadores, entre ellos el tamaulipeco Eugenio Hernández; al exsecretario de Finanzas Javier Villarreal Hernández, quien prefirió entregarse en el puente Santa Fe, de El Paso, en 2014; al empresario mediático Rolando González Treviño, detenido en Las Vegas ese mismo año; al contratista Luis Carlos Castillo Cervantes, “el Rey de los Dragones”, capturado en 2017; y a Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, operador financiero de los Zetas, cercano
al moreirato.

Todos ellos, y otros que también se enriquecieron con dinero robado a los coahuilenses, se han declarado culpables y entregado propiedades, negocios, decenas de millones de dólares, aviones e información para recibir penas menores y purgarlas fuera de prisión. La historia está por terminar, pero una cosa es segura: no finalizará con Torres López.

Coahuila ha tenido 23 gobernadores electos e interinos en los últimos 90 años, todos del PRI. Dos de ellos renunciaron en la parte final de sus mandatos (Óscar Flores Tapia y Pedro Rodríguez Triana) y uno se suicidó (Ignacio Cepeda Dávila) por razones políticas. Pero ninguno le infligió al estado tanto daño moral y financiero ni lo avergonzaron al grado que lo hicieron Humberto Moreira Valdés, Jorge Torres López y Rubén Moreira Valdez (el cambio de grafía del segundo apellido fue acaso para despistar). Deuda impagable, empresas fantasma, masacres, desapariciones forzadas, arrogancia y envilecimiento político figuran en la lista de agravios.

Humberto Moreira pasó del 15 al 22 de enero de 2016 en la prisión madrileña de Soto del Real. El diario El País presentó así la información: «Figura sombría de la política mexicana, rodeado de sospechas de corrupción por las que fue defenestrado políticamente tras escalar a las más altas esferas del poder como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira ha sido detenido este viernes por la policía española a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas bajo cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos durante su etapa como gobernador del Estado de Coahuila (2005-2011)…

»Moreira (Saltillo, 1966) ha sido detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal dentro de la operación dirigida por Santiago Pedraz, juez de la Audiencia, órgano que asume cargos criminales de especial envergadura como terrorismo, narcotráfico y entramados de desfalco. Según fuentes de la investigación, la justicia española ha actuado a petición de un tribunal de Estados Unidos que investiga la red de blanqueo de Coahuila, región fronteriza con Texas» (El País, 16.01.16).

La misma indagatoria condujo a la extradición del gobernador interino Jorge Torres López a Estados Unidos (no será la única) donde se le acusa de lavado de dinero y fraude (bancario y electrónico) por 8.8 millones de dólares. Torres, Javier Villarreal Hernández y otros secretarios de Finanzas (Víctor Zamora Rodríguez y Jesús Ochoa Galindo) no se mandaban solos; obedecían órdenes y cobraban beneficios. Los fiscales y jueces de Estados Unidos ya completaron el rompecabezas, y con Torres López en su poder solo faltan las piezas principales.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya ha sentado ante la Corte Federal de Distrito Sur de Texas al empresario lagunero Guillermo Flores Cordero, (detenido por la DEA en San Antonio en 2013 junto a su esposa) lavador de dinero de políticos y exgobernadores, entre ellos el tamaulipeco Eugenio Hernández; al exsecretario de Finanzas Javier Villarreal Hernández, quien prefirió entregarse en el puente Santa Fe, de El Paso, en 2014; al empresario mediático Rolando González Treviño, detenido en Las Vegas ese mismo año; al contratista Luis Carlos Castillo Cervantes, el “Rey de los Dragones”, capturado en 2017; y a Juan Manuel Muñoz Luévano, el “Mono”, operador financiero de Los Zetas, cercano al moreirato.

Todos ellos, y otros que también se enriquecieron con dinero robado a los coahuilenses, se han declarado culpables y entregado propiedades, negocios, decenas de millones de dólares, aviones e información para recibir penas menores y purgarlas fuera de prisión. La historia está por terminar, pero una cosa es segura: no finalizará con Torres López.

Las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador aún provocan debates encendidos en los medios de comunicación y en las mesas de café. Incluso se realizan sesudas operaciones para convertir en días, semanas y meses las horas diarias dedicadas a la prensa.

Igual se cuestiona la utilidad de sus viajes en línea comercial, medio usado por José Mujica, exlíder de Uruguay, país de 176 mil kilómetros cuadrados (Coahuila tiene 151 mil), y Mauricio Macri, presidente de Argentina, cuya extensión de 2.7 millones de kilómetros cuadrados supera a la de México
(1.9 millones).

El tiempo que el Presidente pasa en las mañaneras y en los aeropuertos, arguyen sus críticos, debería invertirlo en resolver los problemas del país. El punto de vista es rebatible. Peña Nieto no era asiduo al trabajo; prefería jugar golf con el tenebroso Emilio Gamboa, líder del PRI en el Senado, quien usaba helicópteros de la Fuerza Aérea para trasladarse al “green”. Podría objetarse que pegarle a una pelota no es tan dañoso como la prédica diaria de AMLO en Palacio Nacional. Cuestión de enfoques.

Sin embargo, ningún gobernador iguala el ritmo de trabajo de AMLO. En su visita del 27 de septiembre a Coahuila, viajó de Matamoros a San Buenaventura por carretera (306 kilómetros). Pasó por San Pedro, Cuatro Ciénegas, Sacramento, Lamadrid y Nadadores; luego enfiló hacia Frontera, Monclova y Castaños para dormir en Monterrey y continuar su gira a Chihuahua al día siguiente.

En Coahuila el “moreirazo” obligó a reducir al máximo la renta de aviones. Ahora, según parece, el privilegio es exclusivo del gobernador Miguel Riquelme, el secretario de Gobierno José María Fraustro, el fiscal Gerardo Márquez y el secretario de Seguridad
Pública José Luis Pliego –excolaborador de Arturo Montiel y de Peña Nieto en Estado de México–.

Viajar por tierra le permite al Presidente, entre otras cosas, conocer la situación “vergonzosa” de las carreteras. El 5 de octubre, dialogó con un adulto y un menor –padre e hijo– que pedían ayuda para tapar baches. AMLO grabó “in situ” un video para las redes sociales:

“Nos paramos para mandarle mensaje al Gobernador de Morelos: (Cuauhtémoc Blanco) que se atiendan estos caminos; y a todos los gobernadores y presidentes municipales: estos son caminos estatales y nosotros vamos a procurar que estén bien las carreteras federales”. Al día siguiente, maquinaria del estado ya reparaba la carpeta asfáltica.

El mismo 5 de octubre, en Puebla, AMLO pidió al gobernador Miguel Barbosa (Morena) y al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, poner atención a la región mixteca, donde la población y pequeños comerciantes denunciaron robos, asaltos y extorsiones. Los gobernadores deben bajar de vez en cuando de las nubes y subir al camión o a la camioneta, como en campaña, para detectar problemas que desde el avión no se aprecian.

En Coahuila, algunos tramos de la carretera Torreón-Saltillo son infames, sobre todo entre El Mimbre y Paila y El Sol-La Cuchilla. La de Parras tiene problemas menores, pero la autopista de cuota Nueva Rosita-Allende es la peor. El secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga, parece ajeno a esa situación, pero no el delegado federal Reyes Flores Hurtado.

La carretera que une a la Región Carbonífera con los Cinco Manantiales “es indignante” –dice– y ha exigido su reparación… antes de que AMLO regrese al estado y le apriete las clavijas a las autoridades.

Los gobernadores perdieron el contacto con la realidad cuando dejaron las giras por tierra para subirse a los aviones. Humberto Moreira, quien se hacía llamar “El Hijo del Pueblo” y el “Moreira Channel” lo entronizó así, fue quien abusó más de ese medio de transporte.

En su sexenio, hasta el funcionario de menor rango podía fletar una aeronave para viajes de trabajo, de placer o de negocios a Estados Unidos y otros destinos. En los informes de Gobierno se rentaban flotillas para trasladar a empresarios, directores de medios de comunicación e invitados especiales; todo con cargo al presupuesto.

Coahuila era entonces una fiesta, como el París de Hemingway, con una diferencia: la familia imperial ya no era pobre, pero sí mucho muy feliz. Mientras Moreira echaba la casa por la ventana, surcaba cielos y cruzaba océanos, el boquete de la deuda se ensanchaba. Incluso se le atribuyó ser socio de Rajet Aeroservicios, propiedad de un piloto devenido en magnate en su sexenio.

El San Antonio Express News, que ha informado puntualmente sobre “la red de corrupción urdida desde el Gobierno para robar dinero de Coahuila”, avisó en julio de 2017 sobre una demanda de Estados Unidos para decomisar un Learjet matrícula XA-ARD.

La investigación involucra al dueño de Rajet Aeroservicios en un esquema de sobornos y lavado de dinero encabezado por Luis Carlos Castillo Cervantes, “El Rey de los Dragones”, contratista en las administraciones de Humberto Moreira y Jorge Torres López.

La demanda se presentó un mes antes y fue notificada “a Luis Alfredo Rayet Díaz, un empresario del estado mexicano de Coahuila, que estaba intentando tomar el avión”, dice una nota de la Agencia Proceso (12.07.17).

Castillo ya se había declarado culpable de blanqueo de dinero ante la Corte Federal de Corpus Christi, Texas. “El Rey de los Dragones” entregó al Gobierno estadunidense 36.2 millones de dólares, un Learjet 45 X y una residencia en Mission, Texas.

El 4 de enero de 2017 recibió una sentencia de 20 años de prisión; cinco meses después fue liberado a cambio de información sobre sus enjuagues con Moreira y Jorge Torres, y el pago de 300 mil dólares.

El turno de comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Texas corresponde ahora a Torres López. El exgobernador interino habría recibido sobornos por casi 9 millones de dólares de Castillo Cervantes, cuyas empresas cobraban obras con facturas infladas.

La casa del contratista, en San Antonio, Texas, era frecuentada por gobernadores, políticos y empresarios mediáticos y de otros giros. Mientras Rubén Moreira mide fuerzas con el gobernador Miguel Ángel Riquelme por el control del Tribunal Superior de Justicia, y el Sistema Estatal Anticorrupción lleva más de dos años en Babia, Estados Unidos estrecha el cerco sobre los Moreira.

La corrupción en el docenio es un estigma para el Gobierno y para el PRI. La impunidad por la megadeuda, las empresas fantasma y otras vilezas deja como única vía de castigo las urnas.

Riquelme ganó por un margen de apenas 30 mil sufragios, pero perdió La Laguna –su base electoral–, la mayoría en el Congreso y las alcaldías más importantes, excepto la de Saltillo. Los coahuilenses votarán el año próximo para diputados locales indignados por la deuda de 38 mil millones y las tropelías del clan. Imposible olvidar el atraco.

La desaparición de poderes locales provocaría un efecto cascada. Ningún partido tiene autoridad para tirar la primera piedra, pues ¿cuál de los 32 estados se halla libre de violencia, corrupción, impunidad y malos gobiernos? Así se hizo patente en el Senado, órgano facultado para conocer sobre ese tema. Cuando Morena pidió suprimir poderes en Guanajuato y Tamaulipas, con el argumento de la violencia y la incapacidad de las instituciones para contenerla, el PAN solicitó aplicar la misma receta en Veracruz, Ciudad de México y Jalisco.

La demanda de la bancada de Morena tiene trasfondo. Si bien la escalada criminal pone en entredicho a su líder, quien prometió pacificar el país, Guanajuato es el único estado donde AMLO perdió; Ricardo Anaya obtuvo casi un cuarto de millón de votos más. La entidad del Bajío sirvió a Vicente Fox de plataforma para ganar la Presidencia en 2000. Juan Carlos Romero Hicks, sucesor de Fox en el Gobierno estatal y coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, calificó la actitud de Morena de “irracional, antijurídica y vergonzosa”.

Tamaulipas, base de algunos de los cárteles más peligrosos y sanguinarios, era un infierno mucho antes de la alternancia conseguida apenas en 2016 por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (PRI) son investigados en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos.

El primero fue extraditado en abril pasado y el segundo lo será en los próximos meses. AMLO arrasó en la elección presidencial en ese estado del Golfo, pero en los comicios de este año el PAN derrotó a Morena en 21 de los 22 distritos.

La petición de los senadores morenistas de desaparecer poderes provocó un alud de mensajes en redes sociales y en otros medios de comunicación: “Nuestro voto, nuestro gobernador”. “#AsínoAMLO. El futuro de Tamaulipas lo decidimos los tamaulipecos”. “No a las imposiciones”. La frase “Con Tamaulipas no se juega” se repite en todos los casos y en algunos se alterna con la de: “#YoEstoyconMiGobernador”. García Cabeza de Vaca le plantó cara al Presidente y a su partido, y momentáneamente campeó el temporal.

Frente a la reacción de tirios y troyanos, López Obrador apacentó a sus ovejas. “Yo padecí del desafuero, me desaforaron por cuestiones políticas y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley, pero promovido, impulsado, por venganza o para descalificar a adversarios” (Reforma, 26.09.19).

Mucho ojo, AMLO advierte que la desaparición de poderes es un proceso previsto en la Constitución, del cual no echará mano para librarse de adversarios políticos, pero tampoco lo descarta como opción para imponer orden en los estados donde las autoridades generan conflictos en vez de resolverlos. El Presidente tiene la sartén por el mango: Morena es mayoría en el Senado.

La Fiscalía General de la República también servirá para vigilar y poner raya a los gobernadores; la PGR de Peña Nieto se dedicó a proteger sus latrocinios. Una nueva espada pende sobre ellos: la revocación de mandato aprobada ya por la Cámara de Senadores. La consultas se realizarán a partir de 2022, dos años antes de terminar el mandato de López Obrador. El tema no debe preocupar a Miguel Riquelme, pues su gobierno concluirá en 2023.

El periodista Gerardo Moyano analiza en el bisemanario Espacio 4 la situación en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde la pugna por el poder definirá el futuro de ese órgano sometido al moreirato en los 14 últimos años.

“El Poder Judicial de Coahuila entró en una zona de turbulencias. La renuncia de Miriam Cárdenas Cantú a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), efectiva a partir del próximo 30 de octubre, confirmó sospechas e intensificó la carrera por el control del organismo, en la cual compiten dos corrientes: la del gobernador Miguel Riquelme (MR) y la de su predecesor Rubén Moreira Valdez (RMV).

“Además, los escándalos de corrupción (Ficrea, Infonavit, megadeuda), el aluvión de jubilaciones anticipadas por el temor a la reforma judicial que impulsa la 4T y la lucha por el control del TSJE abren la puerta para la transformación de un poder que carga el estigma de haber sido cómplice y siervo del moreirato.

“Pese a que Cárdenas asegura que su salida se debe a temas de salud, los rumores de su renuncia sonaban desde hace tiempo. Apenas en mayo pasado, la magistrada los negaba: ‘Desde que llegué, dijeron que no iba a aguantar seis meses (…), luego hubo cambio de Gobierno y dijeron que con el nuevo Gobernador también me iba, pero no (…) No hay nada que me impida continuar al frente del Poder Judicial de Coahuila hasta diciembre del 2020’ (El Sol de La Laguna, 22.05.19).

“Luego abrió la posibilidad de retirarse por ‘cuestiones familiares y personales’ y, finalmente, el 9 de octubre, confirmó su renuncia en una comida con magistrados por su 55 aniversario, un año y dos meses antes de concluir su mandato.

“Si bien niega algún desencuentro con el gobernador Riquelme, los nombres que se barajan para sustituirla –con posibilidades de reelegirse en 2020– confirman la intención del Mandatario de tomar el control del TSJE. El favorito es el lagunero Miguel Mery Ayup, quien podría hacer mancuerna con Luis Efrén Ríos, ambos cercanos al Gobernador; y el segundo, también a Moreira. Mery, excandidato priista a la alcaldía de Torreón, preside la Sala Regional Torreón del TSJE desde el año pasado; Ríos podría sumarse al Poder Judicial en noviembre (Zócalo, 10-10-19).

“Por otra parte, se da por sentado que Rubén Moreira intentará imponer a algún incondicional que le cubra las espaldas por los desvíos a empresas fantasma y otros casos de corrupción que marcaron su sexenio (2011-2017). Y quién mejor para hacer ese trabajo que el exprocurador Homero Ramos Gloria, cuya lealtad y esfuerzos por dar carpetazo al moreirazo fueron premiados con una magistratura, en diciembre del año pasado. Sin embargo, los problemas de salud que lo aquejan podrían dejarlo fuera de la carrera. El plan B sería Iván Garza García, exsecretario particular y exsecretario técnico de RMV.

“Un tercer aspirante, aunque con pocas posibilidades, sería Óscar Aarón Nájera Davis, quien se opuso al proyecto de Moreira de crear una nueva Constitución en el estado y estuvo entre los jueces que revisaron y criticaron la sentencia absolutoria a favor del extesorero Javier Villarreal Hernández por el caso de la contratación ilegal de la deuda en el sexenio de Humberto Moreira (Espacio 4, 624).

“En este contexto, la designación del nuevo presidente del TSJE determinará el peso político real de Rubén Moreira, no solo en el Poder Judicial, sino sobre el Gobierno de Riquelme. Sin esa influencia, el moreirato quedaría marginado y expuesto a futuras investigaciones”. (Texto completo en: http://www.espacio4.com)

El 24 de septiembre se invocó por primera vez la desaparición de poderes locales en el Senado, en virtud de los altos índices de violencia y criminalidad en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, los dos primeros gobernados por el PAN y el tercero por Morena.

La misma petición la presentó la diputada Tania Valentina Rodríguez, en el Congreso de Morelos, contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco (exfutbolista), del Partido Encuentro Social, cuya gestión es un desastre.

El presidente López Obrador conjuró el fantasma, recomendó diálogo a las fuerzas políticas y recordó su propio desafuero como jefe de Gobierno de Ciudad de México debido a razones políticas. Vicente Fox buscaba eliminar al gobernador capitalino de la sucesión presidencial de 2006, pero el tiro le salió por la culata pues, de víctima, AMLO se convirtió en el líder antisistema por antonomasia.

Doce años después, ganó la presidencia con 30 millones de votos. Fox acudió el 24 de septiembre al 80 aniversario del PAN; todavía con la espina clavada, pero sin la eficacia de antaño, arengó: “Todos queremos a México, es más que todo eso y México es nuestra meta, es ahí donde tenemos que sumar, donde tenemos que unirnos y donde tenemos que darle en la madre a esta cuarta transformación”. Sin embargo, la 4T se le adelantó al cancelar la pensión y la escolta a los expresidentes.

Fox, con su apatía, frivolidad y cortedad de miras, ayudó a establecer “gubernaturas imperiales”. El líder de la primera alternancia dejó intactas las estructuras del viejo sistema, faltó a su promesa de combatir la corrupción y les soltó la rienda a los gobernadores. AMLO, por el contrario, empezó a cambiar el régimen desde los primeros meses de su gestión y a sentar en el banquillo a empresarios, políticos y jueces venales. Al mismo tiempo modificó el trato con los medios de comunicación, la mayoría de los cuales se sumó a la guerra sucia del PAN para presentarlo como “un peligro para México” en la campaña presidencial de 2006.

AMLO hace lo que ningún otro Presidente se había atrevido: criticar en público a los corporativos mediáticos –beneficiarios de contratos gubernamentales ajenos a su actividad informativa por medio de otras firmas– y reducir a la mitad el presupuesto
publicitario.

En esa línea, la Presidencia entregó al Instituto Nacional de Transparencia una nómina de 36 periodistas cuyas empresas facturaron mil 86 millones de pesos al Gobierno de Peña Nieto. La lista, publicada por Reforma el 23 de mayo, incluye a Joaquín López Dóriga (251 millones de pesos), Federico Arreola (153 millones), Enrique Krauze (144 millones); y con sumas de seis y siete dígitos, a Óscar Mario Beteta, Ricardo Alemán y Pablo Hiriart, entre otros.

Los gobernadores están en el punto de mira de la 4T, pero con ellos la estrategia será otra. No la atrabiliaria ni la del garrote vil empleada por Salinas para defenestrar a más de 10 mandatarios del PRI, en algunos casos por negociaciones con el PAN (“concertacesiones”, las llamó Francisco Cárdenas en su columna Pulso Político).

La insistencia de AMLO, de no ser igual a sus predecesores ni a la mafia del poder (en realidad podría ser peor), es un aviso: la transformación, para cumplirse, también deberá pasar por las entidades. Lo ocurrido en Sinaloa, con el operativo fallido para capturar a los “juniors” del “Chapo” Guzmán, encendió las luces de alerta en Palacio Nacional. ¿Quién gobierna en los estados?

El torbellino de la 4T ya sacudió al Congreso, donde las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se aprueban casi por fast track; a intocables de la cohabitación PRI-PAN como el empresario Alonso Ancira (AHMSA), el litigante Juan Collado, la exsecretaria de Estado Rosario Robles, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, y el exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps. Asimismo, ha puesto bajo los reflectores a figuras políticas (Yeid-ckol Polevnsky y Diego Fernández) y del espectáculo (Juan Gabriel y Angélica Rivera), a consorcios, medios de comunicación y clubes de futbol que recibieron condonaciones fiscales por 400 mil millones de pesos en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto.

Los efectos se han sentido también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la atropellada renuncia de Eduardo Medina Mora. El ministro colgó la toga en medio de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le detectó transferencias a bancos de Estados Unidos y Reino Unido donde había sido embajador. Medina evitó la ignominia de Ernesto Díaz Infante, destituido en 1988 por haber recibido medio millón de dólares para liberar al empresario Alejandro Braun Díaz, sentenciado por la violación y el asesinato de una niña.

Aficionado al beisbol, AMLO ya ha anunciado, como Babe Ruth, la dirección de su próximo batazo: los estados, donde los gobernadores pasaron de subordinados del Presidente a señores de horca y cuchillo, a partir de la alternancia. La inseguridad, la violencia, el nepotismo, la corrupción y el endeudamiento son polvos de aquellos lodos. Libres del yugo presidencial, los sátrapas abandonaron sus responsabilidades para dedicarse a improvisar fortunas, decidir sus propias sucesiones e incluso pactar con la delincuencia organizada.

AMLO se jacta de haber separado ya al poder político del económico. “El gobierno –dijo en su toma de posesión– ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el Gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz”. A escala federal las primeras detenciones relevantes, las investigaciones en curso y la posibilidad de enjuiciar a un expresidente (Peña Nieto) por delitos de corrupción, representan avances plausibles. Sin embargo, en los estados el statu quo permanece inalterable: la cúpula empresarial cogobierna, nombra funcionarios, financia campañas y cobra favores. En ese juego, algunos medios de comunicación, con intereses políticos, también son contratistas del Gobierno. Negocio redondo.

Dejar sueltos a los gobernadores, como lo hicieron Fox, Calderón y Peña –el primero por comodidad, el segundo por falta de autoridad y el tercero por complicidad– arrojará los mismos resultados e incluso más graves: crisis como la de Culiacán, mayor violencia, corrupción disfrazada y un país al garete donde la impunidad alcanza tasas del 99%, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin orden en las entidades federativas será imposible recuperar la paz y el control de la República. AMLO tiene los instrumentos políticos (Congreso, Fiscalía General de la República y Hacienda) para corregir los vicios y distorsiones acumulados en 18 años de libertinaje en los estados donde la división de poderes es inexistente y la mayoría de los organismos autónomos son tan reales como las empresas fantasma.

El fracaso del operativo en Culiacán para detener a uno de los hijos narcotraficantes de Joaquín Guzmán, “El Chapo”, no tiene atenuantes. Anteponer la seguridad de la población y de las familias de los militares en peligro a la conquista de un “trofeo” es plausible.

Sin embargo, el argumento, utilizado por el Gobierno para evadir su responsabilidad y lavarse la cara se derrumba cual castillo de naipes, pues exhibe grietas en un Gabinete de Seguridad pasmado y en una presidencia gelatinosa. Pudo haberse protegido a los culichis sin quedar en ridículo.

Andrés Manuel López Obrador necesita dejar de hacer campaña y sentarse a gobernar. El uso de la violencia, por parte del Estado, debe estar legitimado, y México cumple esa condición; por tanto, AMLO está obligado a aplicarlo. Es jefe de Estado, no predicador. En los presidentes fuertes y sin contrapesos anida su propia némesis. Nada ni nadie había puesto contra las cuerdas al líder de la cuarta transformación como el fiasco en la capital de un estado (no el único) donde los autoridades locales encumbraron al narcotráfico y dieron a los criminales categoría de héroes sin medir las consecuencias.

La federación debe asumir los costos de la ignominia, aprender del error y realizar los cambios que la emergencia demanda en vez de recurrir a la táctica de avestruz. Una situación así de seria no puede afrontarse con sermones o como si lo de Culiacán hubieran sido fuegos fatuos y no una declaración de guerra. Es la continuación de 12 años de políticas fallidas y gobiernos (los de Felipe Calderón y Peña Nieto) cuya consigna era matar, nunca averiguar ni mucho menos castigar (Allende y Piedras Negras son ejemplo irrefutable). Del exterminio se pasó a la rendición. La fórmula puso a Colombia de rodillas frente a Pablo Escobar, capo, político y “empresario”, abatido después sin clemencia por el Bloque de búsqueda integrado por la Policía Nacional, el Ejército y agencias de Estados Unidos.

Cegado por la hibris, Escobar dirigió la violencia y el terror contra la población, donde tenía su principal sustento. Masacrar a inocentes para doblar a los presidentes Belisario Betancourt, Virgilio Barco y César Gaviria e imponerles condiciones sobre su entrega y el Tratado de Extradición, marcó el final del líder del Cartel de Medellín. Con su esposa e hijos bajo asedio quiso negociar, pero ya estaba acabado. Escobar, como “El Chapo”, apareció en la lista de los multimillonarios de Forbes. El capo antioqueño murió a los 44 años; “El Chapo” (65) pasará el resto de su vida en el infierno. Ese es el destino de los narcotraficantes.

Los juniors de Guzmán cometieron el mismo error. “…el jueves pasado los culichis vivimos algo inédito: nunca el cártel de casa había amedrentado a la comunidad desde la que construyó su imperio y en la que todavía vive y viven sus familias. Salvo excepciones de violencia con fines específicos, los sinaloenses aprendimos a convivir con una mafia que buscaba pertenecer a la sociedad antes que expoliarla. Nos creímos el mito del ‘narco bueno’ y el jueves nos enseñó los dientes. Aprendamos”. (Adrián López, director de Noreste en Sinaloa, Reforma, 21.10.19).

Los críticos de AMLO están de fiesta. El fracaso en Sinaloa lo ostentan como triunfo personal. Sacan el pecho, nutren sus fobias. Todavía no le perdonan haber ganado con 30 millones de votos. Sin embargo, el caso de Culiacán sigue abierto, aún falta mucho por aclarar. El Presidente no ha jugado sus ases.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Miriam Cárdenas Cantú, renunciaron a sus cargos en el lapso de una semana. Los motivos son diametralmente opuestos. La dimisión del primero la provocó una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero. La segunda quedó atrapada en una lucha por el control del Poder Judicial cuyos actores son el exgobernador Rubén Moreira y su sucesor Miguel Ángel Riquelme.

Cárdenas decidió jubilarse 14 meses antes de terminar el periodo quinquenal como primera magistrada al frente del TSJE, apadrinada por Moreira. Con su retiro bajará a cinco el número de presidentas de tribunales estatales. Las razones esgrimidas por la exdiputada federal del PRI y expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para colgar la toga son plausibles, pues su tercer informe lo leyó sentada y recién salida del quirófano. La actitud acredita su sentido del deber, pero también refleja las presiones e intereses políticos y económicos en un órgano viciado y con fuerte tufo moreirista.

Renunciar no figuraba en los planes de Cárdenas, pero resultaba incómoda y estaba entre dos fuegos. El 14 de febrero pasado, en su informe, reiteró ante el gobernador Miguel Riquelme su compromiso de trabajar con honestidad, responsabilidad y el mayor de sus empeños. “La impartición de justicia debe estar regida por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, tal como lo mandatan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución local”. El quid es la

independencia. El Poder Judicial sigue supeditado al Ejecutivo; sobre todo en los estados.

Cárdenas exhortó al TSJE, dominado por varones –solo dos de los 11 magistrados son mujeres–, a “redoblar esfuerzos y de ninguna manera tolerar prácticas contrarias a la legalidad y certeza jurídica que debemos a la sociedad (…) los coahuilenses demandan un sistema de justicia efectivo y probo; y en la ruta para consolidarlo, nuestra responsabilidad es y será trabajar al amparo de aquellos principos y valores que asumimos como institución”. En su afán de dominarlo todo, el presidente López Obrador reformará los tribunales de justicia de los estados para atacar la corrupción e independizarlos de los gobernadores.

Los escándalos en el TSJE (megadeuda, Ficrea, Infonavit), Cárdenas los abordó con eufemismos: “(…) nos dimos a la tarea de desterrar acciones que, infortunadamente, pusieron en duda la honestidad y transparecia en la impartición de justicia y comprometieron la reputación de cada una de las personas que laboramos en el Poder Judicial y que realizamos con honestidad las tareas que nos corresponden”. La presión sobre Cárdenas, en lugar de menguar, se intensificó. En mayo salió al paso de intrigas y rumores sobre su permanencia en la jefatura del TSJE: “concluyo mi mandato como presidenta; esa es la responsabilidad que asumí y es la responsabilidad que cumplo”. Cinco meses después cambió la historia. Su reemplazo deberá terminar el periodo inconcluso y seguramente se reelegirá.

El Poder Judicial se encuentra en un proceso de reestructuración. En consonancia con López Obrador, Riquelme busca, como sus predecesores, hacerse con el mando; en su caso, para “desrubenizarlo”. ¿Y la independencia del TSJE? Es un mito. La justicia seguirá en manos de improvisados, políticos fracasados y cómplices del poder.

México y Coahuila no ganan para sustos. La huelga en General Motors tuvo en ascuas a las regiones donde la industria automotriz es vital; entre ellas, el corredor Saltillo-Ramos Arizpe. De haberse prolongado por más tiempo, el resfriado en Detroit, Michigan, se habría convertido aquí en pulmonía. El miedo pasó, mas no la amenaza, pues el sindicato, en consonancia con el presidente Donald Trump, pide la repatriación de plantas a Estados Unidos. Otro problema, planteado por Javier Mariscal en Espacio 4 (625) es la dependencia de México de ese sector.

“Concluida a un mes de haber iniciado, la huelga de General Motors (GM) en EU confirma lo mucho que México depende de esta industria y aumenta la preocupación por la falta de diversificación. El nerviosismo no es para menos. Las actividades automotrices en el país son actualmente el principal canal de captación de divisas, además de ser uno de los más grandes generadores de empleo formal.

“De acuerdo con datos oficiales, el ingreso en dólares que detona todo este ramo industrial en México ya superó en 2018 el reportado por exportaciones petroleras, por las remesas o el turismo. Esto, a pesar de la políticas proteccionistas del presidente estadunidense Donald Trump y los cambios en el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“General Motors, Fiat-Chrysler, Nissan, Ford, Volkswagen, Honda, Mazda, Toyota, Kia, Hyundai y BMW cuentan con líneas de armado de vehículos en México y sus actividades encadenan a un gigantesco entramado de proveeduría, situación que si bien ha empoderado al país en el ámbito internacional por esta industria, la misma se ha convertido en el talón de Aquiles que vuelve vulnerable a la economía nacional.

“Lo anterior se ratifica tan solo con la huelga de GM. La problemática en el vecino país dio inicio con las negociaciones del contrato colectivo de trabajo que GM renegocia “desde cero” cada cuatro años. Agrupada en el Sindicato de Trabajadores Automotrices (UAW, por sus siglas en inglés) la base laboral que comprende a más de 49 mil personas puso sobre la mesa peticiones que la empresa calificó de exageradas.

“Estallada el 16 de septiembre, la huelga se convirtió en la más prolongada en décadas para GM, conflicto que representó pérdidas por más de 80 millones de dólares diarios a la compañía y puso sus acciones en la bolsa de valores de Nueva York a punto del ‘nivel basura’, además de que amenazaba el sostenimiento de decenas de miles de puestos de trabajo, tanto para la empresa como para su gigantesca cadena de proveeduría y servicios en EU y otros países, entre ellos México.

“Las solicitudes del sindicato eran: elevar salarios, reducir la contratación de obreros temporales y aumentar los empleos de tiempo completo. Rechazaba el cierre de las plantas de Lordstown, Ohio, inactiva desde principios de este año, y de Hamtramck, Detroit, que suspendería operaciones a principios de 2020.

“Otros temas que mantuvieron acaloradas las discusiones fueron el seguro de salud y seguridad en el empleo. En las argumentaciones sindicales se echa en cara a la empresa que ‘los trabajadores defendimos a General Motors cuando más nos necesitaba en la crisis de 2007. Ahora se reclama solidaridad para nuestros miembros, sus familias y las comunidades donde trabajamos y vivimos’, dijo el vicepresidente de la UAW, Terry Dittes, vía comunicado”.

Para defenestrarlo del sindicato de Pemex y condenarlo a 35 años de prisión, a Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, el Gobierno federal le “sembró” armas y un cadáver en su domicilio de Ciudad Madero, Tamaulipas, el 10 de enero de 1989.

Carlos Salinas se vengó así del cacique priista por haber apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas y no a él en las elecciones presidenciales de 1988, las cuales ganó con fraude. “La Quina” era un hombre atrabiliario y abusaba del poder, pero no ostentaba su riqueza como Carlos Romero Deschamps, quien renunció a la jefatura del gremio petrolero por acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó el 14 de octubre las cuentas bancarias del exlíder, de su esposa y de sus hijos Paulina y Alejandro, de acuerdo con los recursos de amparo interpuestos. Según el presidente López Obrador, tal cosa no ha ocurrido. Romero es el segundo en la lista de «Los 10 Mexicanos más Corruptos de 2013» de la revista Forbes. Dos semanas antes de los comicios para la Presidencia del año pasado, Reforma informó sobre una residencia del magnate sindical en Acapulco, valuada en 6.4 millones de dólares. La casa la adquirió originalmente la Inmobiliaria Vista Altamira, administrada por un amigo de Romero hoy en prisión: Juan Ramón Collado. Todo cuadra, ¿no?

Romero desvió 500 millones de pesos del sindicato petrolero a la campaña del candidato del PRI a la presidencia Francisco Labastida, en 2000, la cual ganó Vicente Fox. El «Pemexgate» le costó al PRI una multa por mil millones de pesos, pero Romero fue premiado con una diputación federal, la tercera en su carrera. El sucesor de Hernández Galicia -amnistiado en 1997- ha sido dos veces senador; la última, con Peña Nieto.

La prudencia no destaca entre las virtudes de los Romero. Publicar en Twitter excentricidades -fotografías en cabinas de aviones privados durante vuelos trasatlánticos y en suites de hoteles exclusivos con sus mascotas-, como lo hizo Paulina en 2012, encendió la ira de un país con millones de pobres y una empresa (Pemex) en ruinas. Los juniors vieron la tempestad de la 4T y no se moderaron. El pasado 11 de febrero, Proceso dio a conocer la compra de una villa en Miami Beach, Florida, en 5.5 millones de dólares por parte de José Carlos Romero Durán, a quien su padre le había regalado años atrás un Ferrari Enzo valuado en 2 millones de dólares.

«El complejo inmobiliario de la villa se localiza a lo largo de una avenida que corre paralela al océano Atlántico en la zona conocida como “Millonarie’s Row” (Fila de Millonarios). En esa zona y sobre la misma avenida el tenista internacional Novak Djokovic y el matrimonio Kanye West-Kim Kardashian tienen sus lujosas propiedades», dice la nota de Julio C. Roa. Mientras, en México, los servicios de salud están colapsados, legiones de jóvenes carecen de empleo y de espacio en las universidades, y muchos más realizan suertes en cruceros a cambio de unas monedas.

El presidente López Obrador ha cometido errores, la violencia no cesa, la economía se desacelera, su estilo disgusta y es motivo de escarnio, pero sus niveles de aceptación aún son elevados. Una de las razones para explicar el respaldo de una mayoría agraviada por la impunidad endémica es su voluntad para combatir la corrupción. Nadie lo había hecho. Aún faltan peces gordos, pero ya caerán. El sexenio es joven.

Han transcurrido ocho años desde que se destapó la megadeuda y hasta hoy nadie ha sido encarcelado aún por semejante atropello. Coahuila es referente de corrupción e impunidad dentro y fuera del país debido a la contratación irregular de créditos por 36 mil millones de pesos durante la gestión de Humberto Moreira. En un acto servil y traicionero, la 58 Legislatura –dominada por el PRI– legalizó el atraco y condenó a generaciones de coahuilenses a mayores privaciones y sacrificios.

Los diputados del PRI y sus satélites se han dedicado a boicotear cualquier intento de abrir los expedientes de la deuda, investigar su destino y presentar a los responsables ante la justicia. El papel de las fracciones opositoras, sobre todo la de Acción Nacional, ha sido frustrante e incluso motivo de sospecha por su falta de valor, voluntad y compromiso. En las legislaturas 59 y 60 era poco lo que podían hacer, pues la mayoría priista era aplastante. Rubén Moreira protegió a su hermano y obstaculizó cada iniciativa tendente a descubrir la verdad sobre el desfalco. Cuando acudía al Congreso, no era para debatir con un poder soberano, sino para escuchar loas y dictar consignas.

Presionado por el PAN en el ocaso de su sexenio infausto, Moreira formó una comisión de subordinados para investigar la deuda, la cual resultó tan útil como un abrigo en canícula. Era más fácil y barato captar a los diputados incómodos que destapar la cloaca. Sin embargo, la actual Legislatura, donde el PRI ocupa 10 asientos y el PAN 9, no se distingue de las anteriores. El tema del endeudamiento sigue estancado. Pretextos sobran. Frente a la incuria oficial, organizaciones no gubernamentales del país (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) y del estado (Participación Ciudadana 29) desmienten el discurso justiciero y moralizante del caudillo de la cuarta transformación. La megadeuda excede en gravedad a “La Estafa Maestra”, pero recibe menos reflectores.

Ocho años de figurar en los medios de comunicación por escándalos de corrupción, impunidad, masacres y desapariciones forzadas; con un exgobernador en proceso de extradición (Jorge Torres López) y dos denunciados en México e investigados en Estados Unidos (Humberto y Rubén Moreira), hacen mella en la imagen y autoestima de Coahuila. Las acusaciones recurrentes contra el moreirato y sus acólitos en las “mañaneras” del presidente López Obrador no pueden desestimarse por provenir de periodistas y activistas; al contrario, adquieren valor por el silencio de quienes, en una posición de fuerza, optaron por el silencio.

Después de Estado de México y Ciudad de México, los ciudadanos menos orgullosos de pertenecer a su entidad natal son los coahuilenses, incluso están por debajo de la media nacional de 82%, de acuerdo con una encuesta del periódico El Financiero (13.09.19) con motivo de las fiestas patrias. El dato confirma, en el caso de Coahuila, el estado de ánimo de una sociedad agraviada e indignada por las arbitrariedades, los abusos y la nula voluntad política para castigar delitos cometidos desde el Gobierno en perjuicio de millones de personas, pero sobre todo de los más pobres. Sin justicia, difícilmente habrá transformación.

Al menos cinco coahuilenses de la órbita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -exmilitantes del PRI y del PAN- fueron espiados, acosados e incluso amenazados por denunciar la megadeuda, las empresas fantasma y los supuestos vínculos de los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira con el crimen organizado. Todavía en 2016, el empresario Armando Guadiana y el senador panista Luis Fernando Salazar presentaron nuevas acusaciones ante la PGR, lo cual desmiente la versión de AMLO en el sentido de que Felipe Calderón exoneró a Moreira I.

El expediente de la deuda sigue abierto, aun cuando el Gobierno de Moreira II intentó echarle tierra. En febrero de 2017, el entonces procurador Homero Ramos Gloria informó a una comisión de diputados que la PGR -entonces a cargo de Raúl Cervantes, amigo de Peña Nieto y excolaborador de Humberto Moreira en el PRI- investigaba el desvío de recursos del erario para uso personal por parte de servidores públicos que contrataron créditos por 35 mil millones de pesos en el sexenio 2005-2011 (Reforma, 22.02.17).

Al mismo tiempo, la Procuraduría General del Estado (hoy Fiscalía) declaraba el no ejercicio de la acción penal por el ocultamiento de créditos por casi 4 mil millones de pesos transferidos de la Promotora para el Desarrollo Económico de Coahuila a la Secretaría de Finanzas. La Auditoría Superior del Estado (ASE) promovió un amparo contra la resolución, y en agosto pasado el Juzgado Segundo de Distrito de Torreón falló a su favor, por lo cual la Fiscalía General deberá reabrir el proceso. Seis denuncias de la ASE y una del grupo parlamentario del PAN aún se encuentran en fase de investigación, de acuerdo con el estudio «Megadeuda de Coahuila: Justicia Simulada», de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

El tema adquirió relevancia en 2011 cuando Guadiana publicó en diarios de Ciudad de México desplegados donde exigía investigar la deuda y enjuiciar a quienes contrataron créditos con documentos falsos. La presión política forzó a Humberto Moreira a renunciar a la presidencia del PRI. El 7 de julio de 2016, en su carácter de presidente de Claridad y Participación Ciudadana, Guadiana denunció ante la PGR al Gobierno de Coahuila y a la empresa Leadman por la contratación de «aviones no localizados y autos chatarra» por 675 millones de pesos, utilizados para justificar una parte de la deuda. Entonces se comprometió a seguir «luchando para que al pueblo (…) se le haga justicia y para que las autoridades transparenten, peso por peso, el destino de la deuda de Coahuila».

Entre el 26 de julio y el 29 de septiembre de 2016, el senador Luis Fernando Salazar presentó ante la PGR denuncias contra Humberto Moreira por la megadeuda (en Estados Unidos, dijo, también se le investiga por una red de corrupción para invertir dinero robado en cuentas y propiedades en Texas, así como por haber recibido sobornos millonarios del crimen organizado, El Diario de Coahuila, 27.07.16) y contra Rubén Moreira por desviar 160 millones de pesos a empresas fantasma. El monto real era de 475 millones de pesos. En agosto de 2018, la ASE denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado; un año después, no hay resultados.

Javier Guerrero y José Ángel Pérez, excandidatos al Gobierno de Coahuila, y Reyes Flores Hurtado, superdelegado federal en el estado, también denunciaron la deuda y la corrupción del docenio. Lo que extraña ahora es el silencio de Guadiana, senador por Morena, y del diputado Salazar, quien renunció al PAN para incorporarse a la bancada de la Cuarta Transformación.