José Narro Robles resultó ser el as bajo la manga para la sucesión del PRI. Su edad (70) y falta de carrera política pueden ser sus mayores activos tras el batacazo de la “generación Peña Nieto” cuya corrupción y arrogancia le pusieron a López Obrador la presidencia en bandeja de plata.

El PRI elegirá presidente y secretario general el primer domingo de septiembre, para el periodo 2019-2023. El proceso, “libre y abierto” a la militancia, será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), por acuerdo de la 62 asamblea, encabezada por Claudia Ruiz Massieu. Los principales rivales de Narro son: Ulises Ruiz.

Mapache electoral, impuesto por José Murat en el gobierno de Oaxaca (2004-2010), se presenta como el aspirante rupturista. “Les voy a ganar, soy el único que tuve la fortuna de no trabajar con (Enrique) Peña Nieto, no soy de esa expresión política. Soy el único, porque de los dos lados son o los funcionarios de Peña Nieto (Narro ocupó la Secretaría de Salud) que quieren seguir secuestrando al PRI, o los gobernadores de corte peñista como el caso de (Alejandro) Moreno, que es Peña” (ADNPolítico, 27.02.19).

Ruiz permaneció en el banco en el sexenio pasado, pero junto con Humberto Moreira fue uno de los gobernadores que más impulsaron la candidatura presidencial de Peña Nieto. En el conflicto de 2006 con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), varios de sus colegas –entre ellos Peña– le sugirieron renunciar, pero los despidió con cajas destempladas. Peña y Ruiz asistieron al quinto (y último) informe de Humberto Moreira, meses antes de su ascenso a la presidencia del PRI.

Alejandro Moreno. El gobernador de Campeche (43 años) pertenece a la generación de Peña; incluso podría ser su clon. Su carrera política (como la de los Moreira en Coahuila) fue meteórica, igual que vertiginoso ha sido el crecimiento de su patrimonio (otra coincidencia) “el cual debería centrarlo en una investigación de enriquecimiento ilícito” (Alfredo Lecona, Aristegui Noticias, 01-17-17).

Ruiz acusa a Moreno de desviar recursos públicos y por hacer campaña anticipada. En un oficio fechado el 9 de marzo, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, pide a los dirigentes de los sectores, organizaciones y comités estatales y municipales, asumir «una conducta ejemplar ajena a cualquier manifestación de parcialidad (…)”.

Lo anterior, advierte, “no implica limitación o impedimento para reunirse o intercambiar impresiones” con los aspirantes, sin realizar “pronunciamientos” o “asumir posturas que atenten contra nuestros deberes de imparcialidad y de responsabilidad en la preservación de la unidad interna del partido”.

Ulises Ruiz es el aspirante más zorro a la dirigencia del PRI. Y Peña Nieto, el presidente más repudiado –incluso algunos sectores priistas piden su expulsión– y el principal responsable de la derrota que tiene a ese partido al borde de la tumba. Asociar a Narro y a Moreno con el gobierno de la corrupción, la impunidad y la violencia, como lo hace el exgobernador de Oaxaca, es un llamado a la rebelión para impedir que Peña mantenga el control del PRI otros cuatro años.

Ruiz no es el más calificado para hablar de democracia y honradez ni para dirigir al PRI, pero sí quien puede darle la puntilla a un organismo sin liderazgo ni apoyo social.

Nada se construye ni se destruye de un día a otro, por mayor que sea el empeño. Negarlo equivaldría a ignorar la historia. El reto de los alcaldes de Saltillo consiste en mantener y elevar la categoría de la ciudad.

Los avances logrados hasta ahora son resultado de administraciones buenas, regulares y malas, pese a la oposición de gobernadores como Rubén Moreira, quien sistemáticamente bloqueó a un alcalde de su propio partido (Jericó Abramo) para alejarlo de la sucesión estatal, y a otro del PAN, Isidro López, por haberle ganado la elección en la capital.

La historia consigna que el cambio de Saltillo lo inició un político a quien el poder económico —predominante ayer y hoy— le impidió ser alcalde; como gobernador, se le rindió, y en la desgracia le volvió la espalda.

Óscar Flores Tapia, de cuna humilde —ahora las candidaturas las deciden las chequeras— elevó a la ciudad a rango de metrópoli cuando en los 70 y 80 del siglo pasado Torreón era líder.

Saltillo no sería lo que es en la actualidad sin un gobernador-alcalde con las agallas y visión de quien convirtió a la antigua “capital del adobe” en la Detroit de México.

En la construcción del Saltillo moderno participaron gobernadores y alcaldes, cada uno de los cuales generó, quien más quien menos, condiciones para dejar de ser una colonia de Monterrey.

En esa etapa, dos presidentes municipales ocuparon después la gubernatura; el primero de ellos (Enrique Martínez) dotó al estado de infraestructura y saneó las finanzas; el segundo (Humberto Moreira) siempre será recordado no por la obra realizada, sino por la megadeuda de 36 mil millones de pesos, y para más inri, por haber heredado el poder a su hermano.

Antes de ser gobernador, Miguel Riquelme fue alcalde de Torreón. El saltillense Manolo Jiménez quiere dar el mismo paso en 2023. Todavía es temprano, pero los motores de la sucesión ya se han puesto en marcha.

Jiménez es de los polítícos de más confianza de Riquelme, no solo por haberle apostado cuando la candidatura aún no se definía (no tenía otra opción, pues el aspirante de Saltillo al cargo era Jericó Abramo), sino también porque le abrió puertas –sobre todo entre los capitalistas– en una sociedad difícil para los laguneros.

Sin embargo, el Alcalde no es el único pretendiente al Gobierno en el ánimo de Riquelme, quien lo elogia en cada escenario. Lo acaba de hacer este martes ante la oligarquía local en ocasión de su Informe.

El sector popular acudió a echar porras. “Saltillo no es Coahuila”, me dice un amigo. Es cierto. Así como la capital se cierra a los políticos de otras regiones, La Laguna votó contra los Moreira y hoy mismo las principales alcaldías y posiciones del estado las ocupan el PAN y Morena.

Jiménez es un joven dinámico a quien todo le ha salido a pedir de boca. Quizá Luis Horacio Salinas jamás hubiera imaginado que su nieto —dicho por él— iba a ser también alcalde.

Salinas quiso ser gobernador, pero la caída de Flores Tapia acabó con una generación de políticos, entre quienes los había brillantes. Enrique Martínez sobrevivió y alcanzó el poder.

¿Dirá Jiménez algún día —igual que otro Salinas (de Gortari, Carlos, a su padre)—: “Ya la hicimos. Nos tardamos 42 años (25 en el caso citado), pero llegamos”. El tiempo y los electores lo dirán. Mientras tanto, Manolo (nombre torero) debe calmar sus ansias denovillero.

En agosto de 2010, cuando el Gobierno de Coahuila declaraba ante la Secretaría de Hacienda una deuda por 8 mil 267 millones de pesos, la novena más abultada a escala nacional, una indagación de Gabinete de Comunicación Estratégica ponía a Humberto Moreira en los cuernos de la luna. Era “el mejor Gobernador” del país, por encima de Enrique Peña Nieto (Estado de México) y Miguel Osorio Chong (Hidalgo). Calificado como “el más confiable y honesto”, el 53% de los encuestados le habría encargado “las llaves de su casa”, de haber sido el saltillense su vecino y ellos tuvieran que ausentarse de su hogar por varios días.

El resto de la historia es de sobra conocido. Tres meses después de haber asumido la presidencia del PRI, por voluntad de Peña Nieto, la megadeuda se convirtió en escándalo nacional: Coahuila debía 36 mil 509 millones de pesos, ¡28 mil millones más que los reportados el año previo! Peña defenestró a Moreira de la jefatura del PRI, el 2 de diciembre de 2011, luego de asistir a la toma de posesión de su hermano Rubén, quien guardó la información de la deuda bajo siete llaves. El periodismo, empero, hizo su parte: la revista Forbes incluyó al Gobernador honesto en su lista de “los 10 mexicanos más corruptos” de 2013.

Las encuestas son un arma de doble filo. “La popularidad, escribió Víctor Hugo, es la gloria en calderilla”. Sin embargo, los políticos prefieren pasear la mirada entre el ombligo y el espejo en vez de ver la realidad, e improvisar fortunas a costa del erario en lugar de vivir en la honrada medianía juarista. Peña gastó 60 mil millones de pesos en imagen y es el Presidente peor calificado, por la corrupción, la frivolidad y la soberbia de su Gobierno. Lo mismo le pasó a Moreira, cuyo plan era ocupar la silla del águila. La hibris lo perdió como a tantos que abusaron del poder sin medir las consecuencias.

Forzado por las circuns-tancias, Miguel Riquelme templó su carácter, actúa con discreción y dedica parte de su tiempo a restañar las heridas del moreirato. Su refugio natural es Saltillo, pues Torreón y el resto de las cabeceras municipales clave del estado las ocupan el PAN y Morena. Sin embargo, el perfil bajo también puede confundirse con debilidad o falta de liderazgo. Al Gobernador a veces lo opaca el Alcalde.

A diferencia de Humberto Moreira, quien recibió finanzas sanas y un estado ordenado y con buen crédito, y de Rubén Moreira, cuyo acceso a Peña Nieto, al procurador General de la República y a otros miembros del Gabinete le dio impunidad y le permitió ejercer el poder a su arbitrio, Riquelme es un Gobernador acotado. El pago de intereses por la deuda reduce la inversión en obras y servicios públicos, y los ahorros de la última reestructuración serán anulados por la cancelación de fondos federales. Riquelme navega contra corriente.

El presidente López Obrador, como sus predecesores del PRI y el PAN, ha dirigido la mayor parte del gasto federal a los estados gobernados por su partido. Adicionalmente, los programas sociales, antes manejados por los mandatarios locales, ahora son coordinados por delegados de AMLO. La intención consiste en eliminar a los intermediarios y atacar la corrupción, pero también en asegurarle a Morena una base electoral para ganar más guberna-turas y conservar la mayoría en el Congreso. Coahuila está en el punto de mira de la 4T. Riquelme lo sabe, pero dispone de pocas armas para defender la plaza.

Lo que el moreirato destruyó en 12 años, Miguel Riquelme ha tratado de reconstruirlo en dos, en algunos casos con mediano éxito. El daño provocado por la megadeuda es irreparable y permanente. Lo más que hasta ahora ha conseguido es ampliar los plazos de amortización para disponer de recursos y estar en condiciones de paliar la crisis financiera. En el imaginario colectivo, Humberto Moreira puede concitar menos aversión que Rubén, debido a su estilo populachero, pero su iracundia y misoginia revelan su ser verdadero.

Moreira I tiró por la borda lo alcanzado en una sucesión de gobiernos responsables. Repartir dinero del erario a manos llenas le granjeó simpatía en algunos sectores, pero la burbuja de la deuda le explotó en plena cara y acabó con su carrera política sin recibir castigo todavía.

Rubén Moreira ejerció el poder despóticamente y dominado por una megalomanía exacerbada. La soberbia caracterizó su sexenio. Reprimió a las oposiciones, persiguió a militantes del PRI y acosó a líderes empresariales y religiosos. Su inquina contra el obispo de Saltillo Raúl Vera López, es patológica. En su sexenio, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se activó por denuncias de campañas de desprestigio en redes sociales, amenazas e intimidación.

El exalcalde panista Isidro López Villarreal, lo acusó de espionaje, y cuando reclamó la entrega de 136 millones de pesos retenidos por la Secretaría de Finanzas, fue injuriado. “Acabo de recibir una llamada del gobernador Rubén Moreira insultándome y amenazándome por solicitar estos recursos que les corresponden a los saltillenses”, publicó en redes sociales.

Los Moreira andan por la vida como si tal cosa, pero bastaría que el Gobierno federal dejara de hacer oídos sordos al clamor de justicia de los coahuilenses por la deuda, las empresas fantasma y otros desmanes, para invertir los papeles. También está pendiente la denuncia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Allende y en el penal de Piedras Negras en los años negros del moreirato.

“La implicación de los Moreira fue denunciada el jueves 6 ante la Corte Penal Internacional (CPI), en una comunicación bajo el auspicio del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en Busca de Personas De-saparecidas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, con el respaldo de al menos otras 80 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)”, (Proceso, 08.07.17). De ahí viene la aversión del clan contra el obispo Vera.

Riquelme entendió el mensaje de las urnas y se ha abierto a las distintas corrientes políticas y sociales; también ha tendido puentes con los perseguidos por el moreirato. La relación con el PAN, que impugnó su victoria, es de entendimiento, y en el Congreso ha logrado su apoyo para controlar al Poder Judicial. ¿A cambio de qué? De posiciones y de futuras alianzas electorales.

Hasta ahora el Gobernador no se ha visto envuelto en escándalos ni ha tenido conflictos con Morena, pues como partido, en Coahuila, es inexistente, y su trato con el presidente López Obrador es de colaboración. Lo difícil de reconstruir es la confianza ciudadana. Al menos, mientras los latrocinios sigan impunes. Si la Fiscalía General de la República actúa primero, Morena habrá dado un paso importante para convertirse, en 2023, en el partido de la alternancia.

La pérdida de las alcaldías de Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña, aunada a la derrota del PRI en la elección presidencial del año pasado y a la reestructuración de delegaciones federales, controladas ahora por Morena bajo la batuta de Reyes Flores Hurtado, dejó sin empleo a operadores del PRI.

La circunstancia obligó a Miguel Riquelme a echar mano del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para colocar algunas piezas de su tablero: en la presidencia del organismo sustituyó a Miriam Cárdenas con Miguel Mery Ayup, y también vistió con toga y birrete al exdiputado panista José Ignacio Máynez y al exasesor electoral del PRI, Luis Efrén Ríos, quien renunció a la dirección de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, creada por Rubén Moreira, para lavarse la cara por las masacres en Allende y en la cárcel de Piedras Negras.

En el TSJ confluyen las corrientes políticas de Rubén Moreira y de Riquelme. La mayoría de los magistrados no tiene carrera judicial, y quienes sí reunían el requisito fueron excluidos. Los casos del exprocurador de Justicia Homero Ramos Gloria, quien obstruyó las investigaciones de la deuda, y de Iván Garza, exsecretario técnico, demuestran la influencia de su jefe.

La politización del TSJ, avalada por el PAN en el Congreso, no garantiza justicia, sino impunidad. En este sentido, la iniciativa del presidente López Obrador para reformar el Poder Judicial en los estados pretende separarlo de la órbita de los gobernadores.

El Gabinete también refleja el efecto de las elecciones de 2017 y 2018. Los secretarios de Desarrollo Rural, José Luis Flores; del Trabajo, Román Alberto Cepeda; de la Función Pública, Teresa Guajardo; de Turismo, Guadalupe Oyervides; y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, fueron incorporados tras perder como candidatos al Congreso local y federal.

Eglantina Canales y Ana Sofía García, secretarias del Medio Ambiente y de Cultura en el Gobierno de Rubén Moreira ocupan los mismos cargos con Riquelme. Otra herencia de los Moreira es Francisco Saracho, actual titular de Desarrollo Social.

El Gobierno se renovaba antes cada seis años y surgían nuevos perfiles, pero desde Humberto Moreira son los mismos, salvo excepciones; y los que no, tampoco aportan grandes cosas. Es el caso del secretario de Economía, Jaime Guerra, cuyo nombramiento obedece a una concesión al sector privado. El desempeño de los exrectores de la UAdeC, José María Fraustro Siller y José Blas Flores, en Gobierno y Finanzas, ha sido discreto. Son puestos clave, pero en ambos tienen como segundos de abordo a laguneros que le reportan directamente al Gobernador.

Los únicos con sello riquelmista son Roberto Bernal (Salud), el polémico Gerardo Berlanga (Infraestructura), Gerardo Márquez (Fiscalía) y Fernando Gutiérrez (Comunicación e Imagen). José Luis Pliego (Seguridad Pública) colaboró con Peña Nieto en el Estado de México, uno de los más violentos del país, sobre todo contra las mujeres.

Para terminar con la influencia del moreirato, conectarse con otras fuerzas políticas y sociales y recuperar fuelle electoral, Riquelme necesita oxigenar el Gabinete. Para prevalecer, los Moreira excluyeron, pisotearon honras, traicionaron y contuvieron el impulso de liderazgos jóvenes.

En ese proceso, el PRI perdió cuadros importantes, pero sobre todo respaldo en las urnas. El resultado de las últimas elecciones es irrefutable. Por primera vez, el Gobernador obtuvo menos votos que el resto de los candidatos. Y de no haber sido por un fallo discutible del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy la historia sería otra.

El presidente López Obrador ha demostrado que no cometerá el error de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto: soltar las riendas del presupuesto federal al Congreso y a los gobernadores. De esa manera impondrá su política de austeridad y ejercerá control político en los estados. Sus predecesores prefirieron abrir la cartera y “nadar de muertito”. En el pecado llevaron la penitencia. Gerardo Moyano aborda el tema en la nueva edición de Espacio 4.

“El problema es la inflación… y la corrupción. Mientras la oposición se desgarra las vestiduras por el reparto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, analistas financieros, empresarios y hasta la banca reconocen que el plan de gastos aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre ‘genera confianza’ y ‘da certidumbre’.

“Sin embrago, advierten que al tener en cuenta la inflación y la recesión técnica que atraviesa el país –el Inegi informó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.1% en tres trimestres consecutivos– la economía nacional está condenada a crecer por debajo del 2% el próximo año, lejos del 4% que Andrés Manuel López Obrador prometía en campaña –lo que sí cumplió es su compromiso de no aumentar impuestos–.

“Algo similar sucede con las transferencias federales que recibirán los estados, pues si bien tienen un aumento de poco más de 1% nominal, en términos reales obligarán a los gobiernos y municipios a ajustarse el cinturón y plegarse a la austeridad republicana que pregona el Gobierno federal.

“Además, las inversiones y los programas que ejecutará la administración en las entidades estarán ajustados a nuevas reglas de operación, las cuales serán supervisadas por los llamados ‘súper delegados’ del Gobierno federal, lo cual cierra la puerta al tráfico de influencias al que estaban acostumbradas las administraciones estatales.

“De ahí que en rechazo a un presupuesto que considera ‘centralista, clientelar, electorero, opaco y discriminatorio’, el PAN llame a crear un Frente común por México, por la libertad y la democracia, bajo la batuta del diputado panista Juan Carlos Romero Hicks. En este sentido, el partido que presentó 220 reservas al PEF 2020 y se retiró en señal de protesta de la sesión en la que fue aprobado, asegura que apoyará a los presidentes municipales emanados de sus filas para atender ‘los males de este programa de gastos del Gobierno federal’ (El Heraldo de México, 25.11.19).

“El PEF 2020 viene acompañado de un Plan Nacional de Infraestructura (PNI) que contempla una inversión en una primera etapa de 859 mil millones de pesos en 147 proyectos para los próximos tres años, el cual fue respaldado por Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, y Carlos Salazar Lomelín, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), entre otros empresarios.

“Ya sabíamos que no iba a haber crecimiento, sí, pero sentaron las bases con unas finanzas públicas, mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, no hay déficits fiscales, la inflación bajó; entonces están sentadas las bases y eso creó una gran confianza para la inversión financiera, que es la que está disponible, como lo señalaba el presidente de la asociación de banqueros, está disponible para inversión”, dijo Carlos Slim al término de la presentación del PNI, el 26 de noviembre.

El PRI te escrituró un estado y las cadenas de la deuda el diablo. La adaptación de este verso de Suave Patria, de López Velarde, a la realidad de Coahuila le viene como anillo al dedo a Miguel Riquelme, quien ganó la gubernatura en un final de fotografía. El clamor de los coahuilenses en la elección del 4 de junio de 2017 reprodujo la proclama maderista de «¡Abajo los mismos!» citada por el historiador Salvador Rueda Smithers en un programa del canal Once dedicado a Porfirio Díaz el 18 de noviembre.

El moreirato, activo todavía en el PRI, en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y en otras áreas de la Administración, es un lastre del cual Riquelme no ha querido o no ha podido desprenderse por completo. Razones tendrá. Si es por lealtad a la marca, su compromiso con el estado la rebasa; si por debilidad, dos años en el poder deberían haber bastado para asumir por completo el control del Gobierno y alinear a los grupos políticos y de interés; si para no afrontar a un clan experto en guerra sucia, es preferible la ruptura que cuatro años más a medias tintas.

Como secretario de Gobierno de Rubén Moreira, Riquelme pidió pasar página al tema de la deuda. El caso de los 38 mil millones de pesos esfumados serviría para escribir un tratado sobre corrupción. Después de pagar casi 8 mil millones de pesos de intereses en los dos primeros años de su gestión, el Gobernador quizá ahora dimensione: 1) el perjuicio causado por los Moreira a Coahuila y a varias generaciones; y 2) el repudio social contra el apellido y las siglas del PRI.

Maniatado por la deuda, castigados los estados por la Federación con menos participaciones, y sin capacidad de endeudamiento a largo plazo, Riquelme parece condenado a administrar la crisis, herencia del moreirato. Las condiciones no le permiten emprender grandes obras, pero aun así no se amilana: al mal tiempo, buena cara.

En la campaña electoral de 2017, cuando el peso del docenio le doblaba las espaldas y brillaban luces de alternancia, Riquelme quiso deslindarse del pasado. «No me apellido Moreira». Pero la sombra del clan lo persigue. Humberto vive en Saltillo; a su hijo Humberto Rubén el Instituto Electoral de Coahuila, de tufo moreirista, le regaló un partido y dinero para gravitar en torno al PRI; Rubén ostenta un escaño y la jefatura de la anodina diputación coahuilense en el Congreso federal; Carlos hace y deshace en el SNTE; y Álvaro maneja la estructura electoral del Comité Directivo Estatal priista.

Riquelme ha podido lidiar con un Congreso de mayoría opositora cuyo desempeño no se distingue de las anteriores legislaturas, controladas por el PRI. Los acuerdos cupulares con el PAN y la ausencia de liderazgos en Morena le han facilitado la tarea. La falta de voluntad para investigar las denuncias penales por la deuda y el desvío de 475 millones de pesos a empresas fachada, perpetúa la impunidad, desmiente la retórica oficial y vuelve inútil la estructura burocrática creada para atacar la corrupción. En un claro conflicto de interés, el SEA está en manos de exempleados de Rubén Moreira. Riquelme inicia en ese contexto su tercer año de gobierno, marcado por la incertidumbre y lastrado por la deuda y la impunidad.

El discurso del gobernador Miguel Riquelme es consecuente con una elección ganada por un margen de 2.5% y además impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJPF) cuyas resoluciones no siempre se apegan a la legalidad, sino a consignas. La reforma propuesta por el presidente López Obrador pretende erradicar esos vicios.

Riquelme ha dedicado dos años a cubrir el déficit de legitimidad derivado de las urnas, donde el PRI fue castigado por los desmanes del moreirato, todavía impunes. Los 35 mil votos faltantes para lograr la primera alternancia se hubieran excedido si las oposiciones se unen para enfrentar al aparato que además del presupuesto controlaba al Instituto y al Tribunal Electoral del Estado.

La manifestación masiva del 6 de junio de 2017 en Saltillo contra los Moreira y la manipulación del proceso debió haber convencido a Riquelme de que las cosas no podían seguir igual y de que la prioridad de su Gobierno debía ser conciliar a una entidad polarizada por unos comicios que dieron más votos a otras opciones.

Imposible sustraerse de esa realidad y ocultar los efectos de la megadeuda en el rendimiento de la Administración. Una vez en el poder, igual pudo haber sido tentado por el espíritu revanchista que se apoderó de Humberto Moreira, o ensoberbecerse como Rubén, pero entendió el mensaje de las urnas y prefirió la mesura. Cualquier otra vía habría enconado aún más al estado y lo hubiera vuelto ingobernable.

El resultado de dos años dedicados a la ardua tarea de armonizar a una sociedad agraviada, de apertura a los agentes y sectores perseguidos por el moreirato y de respeto a los alcaldes de oposición, a los medios de comunicación y a los críticos del poder, se apreció en el informe de Riquelme en Torreón, más que en el Congreso, por ser La Laguna la región donde su partido perdió la mayoría de los cargos disputados en 2017 y 2018.

El enfado social otorgó a los partidos de oposición más alcaldías y asientos en las legislaturas local y federal. Si el Gabinete hiciera eco de esa pluralidad y no fuera ocupado por unas mismas siglas, habría mayor congruencia discursiva y entendimiento con la ciudadanía.

La asistencia al informe de tres exgobernadores previos al desastre del moreirato, uno de los cuales renunció al PRI por la obscena imposición de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano –presentes en la ceremonia– en la jefatura de ese partido, de líderes religiosos y de opinión y de legisladores de oposición refleja los nuevos vientos políticos en Coahuila.

El fracaso del PRI en las últimas elecciones de debe, entre otros factores, al talante faccioso, autoritario, excluyente e iracundo de los Moreira. Riquelme ha mostrado mayor sensibilidad, templanza y oficio político. De haber arrasado en las urnas, quizá hoy su comportamiento sería otro. He ahí la importancia del voto.

Los electores hicieron su parte: sufragaron, protestaron el resultado por las irregularidades evidentes, pero al final aceptaron el fallo del TEPJF, aun dudoso. Son las reglas de la democracia. Riquelme dice gobernar sin banderías partidistas, puede ser, pero para convencer también debe escuchar el clamor ciudadano de justicia por la megadeuda y las empresas fantasma. La misma energía contra los agresores de Villa Unión debe aplicarse con quienes provocaron la ruina financiera del estado.

Si la intención del comando que irrumpió en Villa Unión era demeritar al gobierno de Miguel Riquelme, en un primer momento el cometido se logró con creces. Desde el 30 de noviembre, el tema en los medios de comunicación del estado y el país no ha sido el informe, sino el enfrentamiento, persecución y extermino de presuntos sicarios. Según las autoridades, los agresores pertenecen al Cártel del Noreste (CDN), escindido de los Zetas, cuya estela de muerte y destrucción, durante el moreirato, aún no desaparece. Imposible no pensar en represalias por las bajas en el bando criminal: 16, cuatro por cada policía abatido, consignadas diariamente en comunicados que más bien parecen partes de guerra.

Para tener una idea clara de lo ocurrido, debe terminar primero el operativo y reconstruirse paso por paso los sucesos. Veamos contexto: un municipio de 6 mil 352 habitantes (Inegi, 2015) no puede ser una plaza rentable ni estratégica para ningún cártel, pero tampoco lo era Allende, donde la masacre de 2011 tuvo como móvil la venganza. No es el caso de Villa Unión, según las evidencias, pues: 1) la agresión no se dirigió contra la población civil o familias específicas, sino contra la Policía Estatal,
identificada todavía como Fuerza Coahuila, de acuerdo con las primeras versiones; 2) acribillar la fachada de la presidencia municipal, cuya fuerza pública la componen 10 policías, no sería un aviso para la alcaldesa Narcedalia Padrón Arizpe (PAN), sino para autoridades de mayor jerarquía en el estado; 3) las dos víctimas civiles (un menor de edad y un adulto) habían sido secuestradas.

Si el CDN logró su objetivo de llamar la atención y poner a Coahuila de nuevo en el candelero, Riquelme pudo contener la crisis y evitar que se saliera de control. Acudir a Villa Unión envió un mensaje de autoridad. Paralizarse o esconderse habría agravado el problema. En ese sentido, se mostró como un gobernante capaz de reaccionar con la cabeza fría en situaciones de emergencia. Así, lo que amenazaba con convertirse en un fracaso, por ser la seguridad el rubro donde más énfasis ha puesto: la seguridad, le permitió salvar su informe y lanzar en Torreón un ultimátum: «No permitiremos que los grupos criminales vengan aquí; no los dejaremos entrar».

La ceremonia de este lunes transcurrió en un ambiente distendido, acaso con mayores medidas de seguridad, por la circunstancia, pero sin sobresaltos. Los sectores representados en el Centro de Convenciones y las oposiciones reconocieron la actitud del Gobierno en Villa Unión, pues genera confianza. «En Coahuila -dijo Riquelme- la fuerza de las instituciones es superior a la de los criminales». Antes del informe, el lagunero había recibido un espaldarazo del presidente López Obrador, quien, interrogado en la mañanera sobre la situación en Villa Unión, la cual «se volvió bastante grave», dijo que «el Gobernador de Coahuila ha estado cuidando mucho el tema de la seguridad pública; es de los gobernadores (…) que más atención le dedica al tema de seguridad».

Tener un estado sin los índices de violencia de Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco, Guerrero y Tamaulipas, debe quitarle presión a un presidente reprobado en materia de seguridad. Sin embargo, dar por cerrado el caso de Villa Unión equivaldría tanto como a dar por ganada una guerra que a diario se libra. El Cártel del Noreste quedó herido y buscará desquite en cualquier ciudad y contra cualquier autoridad. El Gobierno debe estar alerta.

La alternancia en el poder Ejecutivo liberó a los gobernadores del yugo presidencial, no del centralismo. En 2001, primer año de la Administración de Vicente Fox, el PRI ocupaba 17 estados, el PAN 10 y el PRD 5.

En un ejercicio propio de sociedades democráticas maduras, y tras siete décadas de una presidencia omnímoda, los mexicanos le entregaron a Acción Nacional la Silla del Águila, pero no el Congreso, pues a pesar de tener más diputados y senadores, el partido del Presidente no era mayoría.

A partir de Fox, los mandatarios locales vivieron sus mejores tiempos: las participaciones federales aumentaron y empezaron a recibir parte de la renta petrolera. Los gobernadores reprodujeron en las entidades el modelo presidencial acotado por la alternancia. Siempre habían controlado a los órganos legislativo y judicial, así como a los alcaldes, y manejado el presupuesto a su arbitrio.

Pero ya sin un Presidente que los vigilara y mantuviera dentro de ciertos límites, y a quien tampoco le debían el cargo, se sintieron absolutos. Entonces empezaron a montar estructuras de poder transexenal en vez de aprovechar las nuevas condiciones políticas y económicas para abatir rezagos sociales y de infraestructura y consolidar la democracia en sus estados.
Libres de cadenas, sin contrapesos y en la mayoría de los casos con una prensa acrítica y adosada, cuyos favores pagaron mediante contratos de obra, cargos públicos y otros privilegios, los gobernadores olvidaron sus responsabilidades y se dedicaron a medrar.

La corrupción se generalizó y su práctica se volvió más cínica. En ese ambiente, los nuevos ricos se reprodujeron como hongos. Las sucesiones estatales, resueltas antes por los presidentes emanados del PRI, con respeto a las formas y cuidado para no crear cacicazgos, fueron asumidas por los mandatarios locales bajo la lógica de la complicidad.

En Coahuila el nepotismo llegó al extremo de que un hermano entronizara a otro, para vergüenza y ruina del estado y asombro del país. Para lograrlo, se valieron del presupuesto, de una clase política genuflexa, de un sector empresarial ávido de ganancias, de partidos de oposición proclives a la componenda y de una sociedad indiferente.

Por si no bastaran los presupuestos cada año crecientes, los gobernadores endeudaron a sus estados a ciencia y paciencia de la Secretaría de Hacienda y con el beneplácito de una banca igualmente voraz. Hubo excepciones. En Coahuila el orden se rompió con los Moreira.

Gobernadores pactaron con la delincuencia organizada, recibieron dinero para sus campañas y aceptaron sobornos a cambio de protección y de territorios; algunos, incluso, movieron droga y lavaron dinero para el narcotráfico, según denuncias del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cuando la situación se salió de control, pidieron auxilio al Presidente. Era una trampa, pues luego culparon a Felipe Calderón de la inseguridad y de la espiral de violencia propiciada por su propia incompetencia, ambición e incuria.

Después de generar el conflicto y de utilizarlo eficazmente con fines electorales, trataron de sofocarlo para darle el mérito a Peña Nieto y colgarse medallas, pero ya era tarde: ellos ayudaron a perder la guerra de antemano.

Los gobernadores de hoy pagan 18 años de dispendio, corrupción y abusos del poder de sus predecesores. La Fiscalía General de la República debe investigar casos emblemáticos como el de Coahuila. El presidente López Obrador no necesita defenestrar a ninguno de los mandatarios de turno, pues ya los controla con el presupuesto y el Congreso.

La crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su primer año de Gobierno ha provenido principalmente de medios de comunicación y de analistas nacionales y extranjeros con los cuales suele confrontarse; de la sociedad civil, a la que califica de “conservadora”, e incluso de exmandos del Ejército.

El sector privado se mantiene expectante, como en cada inicio de Gobierno, pero en general ha reaccionado con tibieza frente a la inseguridad y la política económica de la cuarta transformación. El apoyo de los empresarios a AMLO, para quien la concentración de la riqueza “provoca ingobernabilidad, confrontación, violencia”, es de dientes afuera.

Las corporaciones se sentían más cómodas con Peña Nieto y sus predecesores, pues les permitían, precisamente, acumular capital, hacer negocios con el Gobierno, recibir privilegios fiscales y recuperar porciones significativas de los impuestos pagados. Pocas voces denunciaron la corrupción rampante en el sexenio peñista y guardaron silencio frente a las masacres.

El organismo empresarial más crítico del Gobierno es la Coparmex, de la cual surgió un candidato presidencial, Manuel J. Clouthier. La misma aspiración tendría su dirigente actual Gustavo de Hoyos, sin poseer el liderazgo, el arrojo ni el carisma de Maquío.

AMLO es por ahora el dueño de la situación. El poder recibido en las urnas le permite poner a raya a los gobernadores, cuya influencia en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto creció desmesuradamente, pues dispusieron de dinero y libertad política como nunca.

Además de tener un delegado en cada estado para coordinar los programas sociales y clientelares de la 4T, y de controlar 20 de las 32 legislaturas locales, el Presidente les cerró a los mandatarios las llaves de Hacienda.

Pocos gobernadores se atreven a cuestionar a AMLO como lo hicieron con Calderón –en Saltillo, durante el moreirato, en bardas y otros espacios públicos se le tachaba de borracho–, y menos aún a mangonearlo como a Peña Nieto, para no exponerse a ser investigados por irregularidades propias o de sus predecesores.

Están conscientes de su debilidad frente a un Ejecutivo todopoderoso y a una Unidad de Inteligencia Financiera convertida en azote de los corruptos. Con varios peces gordos en prisión, más vale andarse con cuidado.

En los tres últimos sexenios los gobernadores pudieron presionar al Presidente, negociar con la Federación mayores recursos económicos e inversiones y obtener impunidad de la PGR, porque controlaban a los diputados y senadores, cuyo apoyo en gobiernos divididos es crucial a la hora de votar reformas constitucionales. Eso también cambió.

AMLO, Morena y sus aliados, incluido el PRI, tienen mayoría en el Congreso, donde no solo se aprueba el presupuesto, sino también se pueden iniciar juicios políticos y desaparecer poderes locales. AMLO empieza a reinstaurar la Presidencia omnímoda, sin contrapesos, lo cual representa un retroceso democrático.

En la Suprema Corte de Justicia tendrá pronto mayoría y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impuso a Rosario Piedra Ibarra en un proceso cuestionado. La excandidata de Morena a diputada federal será literalmente una piedra en el zapato de los gobernadores. Frente a las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras y las desapariciones forzadas, el ombudsman Raúl Plascencia prefirió mirar para otro lado.

Miguel Riquelme llega a su segundo informe en paz. Así lo dijo en la inauguración de la ampliación y equipamiento del bulevar José Narro Robles. El exrector de la UNAM y exsecretario de Salud renunció al PRI para no ser comparsa en la mascarada que impuso a Alejandro Moreno y Carolina Viggiano en la presidencia y la secretaría general de ese partido. En tiempos de Rubén Moreira, la vialidad habría cambiado de nombre. A la ejecución de una obra necesaria se sumó el acierto de mencionar al renegado. El Gobernador, por lo visto, no tiene tantas telarañas en la cabeza como su predecesor.

Riquelme se ve tranquilo, en efecto, pese a la trasquilada de participaciones y fondos federales recetada por la Cámara de Diputados donde el PRI y el PAN son convidados de piedra después de haber partido el pastel presupuestario. Visto con simplismo, el sosiego del Gobernador es explicable: 1) él no endeudó al estado con 38 mil millones de pesos, sino los Moreira; 2) las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras se cometieron en el mismo docenio; 3) el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma ocurrió en el gobierno de Rubén; y 4) porque Saltillo «lo ha tratado muy bien».

Sin embargo, lo importante es saber cómo está el ánimo de los coahuilenses con respecto a los tres primeros temas y a la administración. Las encuestas ofrecen una idea. El Estado obtiene buenas calificaciones en economía, empleo y seguridad, pero en aprobación, Riquelme ocupa el lugar 19 (Mitofsky). En «nivel de corrupción» Coahuila cae al puesto 26, de acuerdo con la misma pesquisa. El dato corrobora la inutilidad del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) cuyo autor fue Rubén Moreira.

No haber sido responsable del quebranto financiero no exime a la administración (Fiscalía General del Estado) de investigar las denuncias penales por el ocultamiento de créditos por 4 mil millones de pesos y los recursos desviados a empresas fachada. En la investigación «Megadeuda en Coahuila: justicia simulada», Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad advierte: «Desde que se contrajo la llamada “megadeuda” se iniciaron nueve denuncias (…) pero a la fecha solo se conoce una sentencia…», favorable a Enrique Ledezma Sánchez y a Juan Manuel Delgado Hernández, funcionarios del SATEC.

El caso dista de estar cerrado e incluso podría dar materia a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para intervenir. La dependencia revisa «eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y exgobernadores», declaró su titular Santiago Nieto (Sin Embargo, 19.11.19). Jorge Torres fue extraditado a Estados Unidos por ese y otros delitos, pero no se mandaba solo; los jefes eran Humberto y Rubén Moreira.

Miguel Riquelme no llegará mañana al Congreso con las manos vacías a presentar su informe. El presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño (PAN), reconoce «avances importantes». Hay obra. No la suficiente ni la deseada por el propio Gobernador, debido a la sangría de recursos por la deuda y a los recortes federales. Después de la polarización política por unas elecciones controvertidas y de los agravios e insolencias del moreirato, Riquelme, sin tanto protagonismo, ha logrado conciliar al estado y mantener el equilibrio; el poder, por lo visto, no lo ha mareado. Empero, la condición sine qua non para recuperar la confianza ciudadana consiste en investigar y castigar a los responsables de la deuda y las empresas fantasma.

Veinticinco mil firmas en el portal Change.org le dieron con la puerta en la cara al expresidente Felipe Calderón, quien canceló su participación en el Simposio Internacional de Derecho En Juicio, del Tec de Monterrey, programada para el 9 de octubre. “La ponencia de Calderón representa una grave ofensa a la memoria de Jorge (Antonio Mercado) y Javier (Francisco Arredondo) y de todas las víctimas de violaciones a Derechos Humanos y de desapariciones forzadas cometidos tanto por grupos de la delincuencia organizada como por miembros de la Sedena, Semar y otras instituciones encargadas de salvaguardar la paz de la ciudadanía”, reza la petición.

Mercado, de 23 años, y Arredondo, de 24, ingenieros en mecatrónica por el Instituto Tecnológico de Saltillo, fueron asesinados en el campus por miembros del Ejército el 19 de marzo de 2010. Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge, reprobó la visita del expresidente al Tec. “Es una persona que no tiene memoria, que se olvidó lo que hizo cuando estuvo al mando del país y ahora va como si nada hubiera pasado, pero los muchachos sí tienen memoria, ni siquiera conocieron a Jorge y Javier, pero están luchando por el respeto…” a su memoria, declaró a Azucena Uresti, de Milenio Televisión.

De acuerdo con Calderón, la crítica de Rosa Elvia lo disuadió de acudir al Tec, cuyas autoridades apoyaron inicialmente la versión oficial de que Mercado y Arredondo, quienes cursaban una maestría y un doctorado, eran sicarios “armados hasta los dientes”. “Su parecer… es razón más que suficiente para que suspenda mi visita (…) es fundamental respetar el dolor, independientemente de que haya quien utilice esta circunstancia con propósitos mediáticos y políticos”, dice la carta del expresidente al rector David García.

El caso lo llevó a las pantallas Alberto Arnaut, cuyo largometraje ¡Hasta los Dientes!, ganó el Ariel este año. En su dedicatoria a Jorge Antonio y Francisco Javier, el guionista demandó “un país donde ya no sea necesario que el Ejército esté realizando labores de seguridad pública y donde la Guardia Nacional sea realmente una Guardia Civil” (Excélsior, 25.06.19).

Elena Reina, de El País, reseñó el documental: “Dos estudiantes yacían en el piso de una institución académica sagrada sujetando, ya muertos, dos armas largas. Nadie dudó entonces de que se había ejecutado a dos sicarios. Y lo celebraron. En esos momentos de terror, un asesino menos en las calles era recibido como una victoria para el país. Pero ellos no eran narcos, eran dos alumnos que se habían quedado hasta tarde estudiando y habían salido a por algo de comida. En la puerta de su universidad les alcanzaron los balazos. Podía haber sido un error fatal, pero no lo fue”.

El 22 de octubre –cinco días después de la captura y liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán– el general en retiro Carlos Gaytán criticó al presidente López Obrador por “decisiones estratégicas que no han convencido a todos”, en un desayuno con el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. “Actualmente –dijo– vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento”.

Cuando Jorge Mercado y Javier Arredondo fueron asesinados en el Tec de Monterrey y acusados de sicarios, Gaytán era subsecretario de la Defensa. En ese entonces no cuestionó la guerra de Calderón contra el narco ni la ideología de derecha dominante.

Es cierto, si todos los políticos y funcionarios venales fueran enjuiciados, faltarían cárceles. Empero, con solo uno de ellos en prisión se satisfaría el clamor de justicia de millones de mexicanos: Enrique Peña Nieto.

El presidente López Obrador se comprometió a combatir la corrupción y la impunidad, y ha cumplido. No al ritmo ni con las figuras más nefastas, pero sí con algunos de los intocables de los últimos sexenios, beneficiarios del “capitalismo de compadres” implantado en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Los primeros encausados son Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México y uno de los empresarios más influyentes del país, según la revista Líderes Mexicanos; el abogado Juan Ramón Collado, entre cuyos clientes figuran el expresidente Peña Nieto, Raúl Salinas de Gortari, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva y el exlíder panista Diego Fernández de Cevallos; y la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles.

Excepto Ancira, quien enfrenta en libertad el proceso para su extradición de España a México, los demás están presos. El exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el litigante Javier Coello Trejo podrían hacerles compañía.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda también detectó presuntas irregularidades en las cuentas de José Luis Vargas Valdez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Vargas reportó ingresos por 1.7 millones de pesos en 2013, cuando era abogado electoral, y en 2017, ya en el Tribunal, declaró 7.2 millones de pesos (Reforma, 28.09.19). La responsable de investigar el caso es la Fiscalía General de la República (FGR), dijo AMLO.

No es la primera vez que se habla de corrupción, tráfico de influencias y venta de sentencias en el TEPJF para anular o validar elecciones impugnadas. La crisis en el Tribunal “se gestó cuando el PRI y sus aliados decidieron ampliar los periodos de cuatro magistrados, incluyendo al propio Vargas”», declaró Eduardo Huchim, periodista y exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal a Aristegui Noticias (29.09.19).

Sin embargo, el ícono de la corrupción neoliberal más codiciado hasta el momento es Emilio Lozoya Austin. El exdirector de Pemex habría recibido sobornos por 10 millones de dólares de la multinacional brasileña Odebrecht y de la contratista española OHL.

El Gobierno congeló sus cuentas y la Interpol le pisa los talones. La FGR lo acusa de pagar sobreprecios de cientos de millones de dólares en la compra de Fertinal y Agro Nitrogenados; la segunda planta, adquirida a Altos Hornos de México, además era chatarra.

Gilda Margarita Austin Solís, madre de Emilio Lozoya, fue detenida el 23 de julio por la Interpol en Alemania, donde vacacionaba con sus nietos, y extraditada a México el 2 de noviembre. Enfrenta cargos por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

La mujer, de 71 años, habría recibido alrededor de 7 millones de pesos entre 2010 y 2012 como parte de los sobornos pagados a su hijo por Odebrecht. El exdirector de Pemex caerá en manos de la justicia tarde o temprano. El siguiente debe ser Peña Nieto, jefe de la banda. Si la 4T y su líder AMLO dan ese paso, harán historia.

La violencia de género es una plaga difícil de erradicar, máxime en México, donde la impunidad incentiva la inquina contra las mujeres. En el número 627 de Espacio 4, Renata Chapa presenta otra cara de ese infierno.

“Pardeaba la tarde y abordamos descansar. Luego de horas de trabajo rudo, comimos tacos, refrescos y nos reímos del cansancio. De las ocurrencias. Del destino. Adentro del Centro de Readaptación Social de Torreón, Coahuila, éramos 10 compañeros. Internos, internas y yo.

“Ningún integrante de la parte oficial del penal les preguntaba a ellos o a mí, nunca, qué podíamos necesitar para volver más ligera la causa. Y, la verdad, con el paso del tiempo entendí que eso fue lo mejor. Necesitábamos planear en confianza, “acá entre nos”, para construir identidad. Aquel salón –que, luego de meses, convertimos en aula de educación interactiva– era nuestro proyecto de crecimiento en común.

“El altavoz anunció la hora de cerrar portones. Era mi señal de regresar a casa. Solo quedábamos ella y yo. Sentadas en el suelo de cemento, habíamos convertido la charla, sin querer, en una sobremesa con perspectiva de género.

“‘Aquí son varias las que se echan la culpa de las méndigas sinvergüenzadas de los maridos o de los amantes; o las que se echan la culpa de delitos no cometidos con tal de encubrir a sus hijos o hasta a los nietos.

“‘Un buen de internas están hasta la madre de enamoradas. Se apendejan regacho. No te imaginas lo que son capaces de hacer con tal de que el pinche viejo se les arrime y no las deje por otra de las viejas con las que anda el muy cabrón.

“‘Ese al que adoran y al que le tienen más miedo que a nadie. Ya sabes, el clásico ‘Pégame, pero no me dejes’. Amor apache.

“‘No quieren que sus parejas sufran o que sus niños se queden sin papá porque aparte, se supone que él es el que lleva dinero a la casa, pero míralas. Aquí adentro andan vendiendo lo que sea para mandarles centavos a los chavitos. O hasta para sacar para toallas sanitarias. Se aguantan lo que sea por la ilusión de la méndiga visita conyugal, si es que, bueno, claro, es que las vienen a ver.

“‘O mira, también aquí hay internas muy jovencillas que conviven con otras ya más señoras, de más edad. A todas ellas las condenaron porque, también, se declararon culpables de robos, de la venta de droga y delitos más gruesos que sus angelitos cometieron.

“‘Luego están otras internas más. Esas a las que sí, de plano, se las torcieron en plena movidota: unas son farderas en los súpers o las que se meten de sirvientas de casas millonetas; o las ‘muy, muy’ que se creyeron hechas a mano. Las más chingonas. Las que nadie en el mundo las merece, dizque porque están bien buenas.

“‘Ellas se clavaron a andar en bandas junto con chavos que roban carros, joyas, celulares, computadoras, pantallas de plasma; o que saben esas ondas de clonar tarjetas; o las que son expertas para extorsionar por teléfono. Y las que se cargan rollos más, pero más subidos y andan en ondas del crimen organizado, de prestanombres, puteros y rollos de esos. Las ves y parecieran tan blancas palomas’.

“Salí del penal ya casi sin luz en los cielos. En sentido literal y en el metafórico. Lo recién escuchado había sido parte de un capítulo que solo con la interlocución de aquella interna –hoy aún amiga– pude leer. Dimensioné lo aprendido y continué las visitas casi diarias al Cereso al lado de ella y de los demás reclusos. Nuestra labor conjunta funcionó y logramos el cometido propuesto”.

El presidente López Obrador ha criticado al PRI y al PAN por la venalidad y el crecimiento mediocre de la economía en sus gobiernos.

“El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido sinónimo de corrupción. (…) casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción.

El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación”, dijo en su toma de posesión.

En ese periodo de 36 años, el PIB registró un crecimiento anual promedio de 0.18% en el Gobierno de Miguel de la Madrid; de 3.9% con Salinas de Gortari; de 3.3% con Ernesto Zedillo; de 2.0% con Vicente Fox y Felipe Calderón; y de 2.4% con Peña Nieto. De la Madrid y Zedillo empezaron sus gestiones con crisis económicas severas. Calderón afrontó la Gran Recesión –detonada en Estados Unidos– cuyo efecto se tradujo en una caída del 5.2% del PIB.

Frente al modelo depredador –“la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. (…) y tanto por ella como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población…”, ibídem–, AMLO voltea la mirada a los gobiernos de Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, cuando la economía creció por encima del 6% “sin inflación y sin incremento de la deuda pública”.

Además, acotó, el secretario de Hacienda de López Mateos y Díaz Ordaz, Antonio Ortiz Mena, “no era economista sino abogado”.

Sin embargo, el “milagro mexicano” –comprendido entre 1952 y 1970– devino en pesadilla en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, caracterizados por la demagogia y el populismo. El derroche se compensó con deuda y en la imprenta de billetes del
Banco de México.

Cuando el secretario de Hacienda, Hugo B. Margáin, encendió las luces de alerta –“la deuda externa y la deuda interna tienen un límite. Y ya llegamos al límite”–, el Presidente tomó el control de la economía.

Echeverría sustituyó a Margáin con su amigo José López Portillo –abogado, como Ortiz Mena, pero profano en asuntos económicos– y después lo convirtió en Presidente con el 97% de los votos, pues el PAN, entonces único partido de oposición, no participó en los comicios.

López Portillo terminó la obra iniciada por Echeverría: hundir a México. Con el agua al cuello, nacionalizó la banca y en su último informe intentó lavarse la cara con lágrimas de cocodrilo: “Soy responsable del timón, pero no de la tormenta”.

En su discurso inaugural, AMLO se refirió a ese docenio: “… hubo dos gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía creció a una tasa del 6% anual, pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento”. También con corrupción en el segundo caso.

AMLO prometió crecer el PIB a un ritmo de 4% anual, pero deberá darse de santos si este año sube apenas medio punto y la economía no entra en recesión.

En su carta de renuncia como primer secretario de Hacienda de la 4T, el 9 de julio, Carlos Urzúa prendió las alarmas igual que Margáin lo hizo 46 años atrás: “…toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda”. Sin embargo, el FMI avaló en lo general el manejo de la economía en el primer año de AMLO.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) termina su primer año de gestión en medio de una tormenta provocada por su propia intemperancia. El Presidente más legitimado se ha confrontado con todo el mundo: corporaciones, periodistas, medios de comunicación, calificadoras de riesgo, organismos internacionales y ONG, cuya visión e intereses no coinciden con los suyos.

La captura y liberación de Ovidio Guzmán López provocó la primera crisis de gran calado del sexenio, y enfado en algunos exmandos del Ejército. Dieciocho años atrás, Joaquín “El Chapo” Guzmán, padre del narcojunior, había puesto en ridículo al Gobierno de Vicente Fox al fugarse de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande. En 2015 se evadió del penal del Altiplano.

El balance anual de la 4T es negativo en temas que impactan el acontecer de cada día, el ánimo social y la credibilidad gubernamental. La cifra de homicidios dolosos rebasa a la del peor año de la Presidencia de Felipe Calderón, iniciador de la guerra contra el narcotráfico, en cuyo periodo ocurrieron 121 mil 613 asesinatos. En 2018, la escalada de violencia se cobró la vida de 36 mil 685 personas, según el informe actualizado del Inegi. El sexenio de Peña fue el más cruento con 157 mil 137 víctimas.

Todavía resonaban los ecos del fracaso en Culiacán y las excusas del Gobierno para salir del atolladero; el reproche de los generales en retiro Carlos Gaytán y Mauricio Ávila por la falta de respeto a las Fuerzas Armadas, y la insinuación de AMLO sobre un “golpe de Estado”, cuando un nuevo acto de barbarie sacudió al país, incitó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y provocó un aluvión de críticas de la prensa internacional: el asesinato de nueve integrantes de las familias norteamericanas LeBarón y Langford (tres mujeres y seis niños), el 4 de noviembre.

Trump publicó en su cuenta de Twitter: “Si México necesita o solicita ayuda en eliminar a estos monstruos, EU está listo, con voluntad y capaz de involucrarse para hacer el trabajo rápido y eficazmente. (…) los cárteles son tan grandes y tan poderoso(s) que se necesita un Ejército para derrotarlos”. ¿Solidaridad o censura por el fiasco en Sinaloa, que dejó sin efecto la extradición de Ovidio Guzmán, solicitada el pasado 13 de septiembre?
AMLO declinó el apoyo de Trump y de otros gobiernos para investigar el multihomicidio. “Es algo que le corresponde resolver al Gobierno de México”, dijo. El 11 de noviembre decenas de agentes del FBI llegaron a México para colaborar en las investigaciones.

Mientras en el Capitolio los senadores republicanos Mitt Romney y Mike Lee demandaban castigar a los criminales, en México la senadora panista Indira de Jesús Rosales le obsequiaba al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, un Pinocho en su comparecencia por el caso Guzmán López, cuyo padre –“El Chapo”– purga cadena perpetua en EU. “Mentira tras mentira. La situación se vuelve confusa (…) para todo México”, reconvino la legisladora veracruzana.

Hasta simpatizantes de la 4T, como el actor Gael García Bernal, reaccionaron por la emboscada contra la familia LeBarón, en Bavispe, Sonora. “Si no cambian el Gobierno y López Obrador de narrativa para asumir sus responsabilidades, ¿para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. (…) El horror que vivimos hace que sea bastante intrascendente que cada quien –medios de comunicación– jalen agua para su molino de tuits ajenos. (…) Por lo pronto, lo que importa: que pare la violencia”, escribió en Twitter.

La discriminación desaparecerá con el hombre. Al darle mayor visibilidad y colocarla en el centro de su agenda populista, Donald Trump desató al monstruo y lo hizo aún más excecrable. El expresidente de Bolivia Evo Morales dice que su pecado “es ser indígena”.

El fenómeno es omnipresente y se ha mostrado en la política, el deporte, las artes y en toda interacción social.

Hasta hace relativamente poco la publicidad empezó a tomar en cuenta la diversidad de colores y razas, pero los prejuicios siguen vivos. Países de sangre indígena y mestiza, como el nuestro, cojean del mismo pie.

Para Yásnaya Elena Aguilar, escritora y activista de los derechos lingüísticos, “los pueblos indígenas no somos la raíz de México, sino su negación constante. Esto de ser las raíces de México es despotilizarnos, usarnos para justificar algo en lo que nunca participamos, es decir, crear el Estado. Por eso somos una negación” (El País, 09-09.19). En Bolivia, un descendiente de aimaras alteró esa lógica, pero cometió otro pecado: se volvió adicto al poder.

Morales ganó la presidencia en 2005 al conservador Jorge Quiroga con el 53.7% de los votos, y su partido Movimiento al Socialismo (MAS) alcanzó la mayoría en el Congreso. En los comicios del pasado 20 de octubre, Morales derrotó a Carlos D. Mesa, del Frente Revolucionario de Izquierda, quien ya había ocupado, en un proceso fraudulento. MAS obtuvo más diputados, pero su mayoría es ahora precaria; empero, ganó el Senado.

Entre 2002 y 2005, Bolivia tuvo tres presidentes. Gonzalo Sánchez y Carlos D. Mesa renunciaron por las protestas derivadas de la crisis económica y las políticas neoliberales. El periodo lo concluyó Eduardo Rodríguez. En 14 años de Gobierno, Evo Morales estabilizó el país, hizo crecer la economía y redujo la pobreza y la desigualdad. Su tercer pecado consistió en tratar de perpetuarse en el poder.

Sobre si hubo o no golpe de Estado contra Morales, El País (12.11.12) consultó a cuatro expertos. Resumo sus respuestas.

“Un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de Gobierno por parte de otro agente estatal”. El caso de Bolivia, “los tres elementos están presentes… las Fuerzas Armadas fueron las que definieron el desenlace”. (Andrés Malamud, investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa).

“No fue golpe. Desde el día 20 de octubre, el pueblo boliviano quedó inmerso en la incertidumbre debido al curso tomado por el proceso electoral. Gran parte de esa incertidumbre es atribuible a la sistemática acción del Gobierno por controlar la instituciones (…)”. (Cecilia Salazar, directora del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia).

“Es un “golpe de Estado” en proceso. No fue judicial ni constitucional, sino resultado de una movilización social y una acción opositora conspirativa que fue minando al Gobierno de MAS. (…) el cabecilla de la protesta anunció la instalacion de un ‘Gobierno transitorio’. (…) ¿Quién dijo que no es un golpe?” (Fernando Mayorga, director del Centro de Estudios Superiores, Universidad Mayor de San Simón, Bolivia).

“La crisis política venía incubándose desde que Evo Morales optó por una cuarta elección, contradiciendo la Constitución… Lo hizo desobedeciendo los resultados del referendo de 2016, cuando el pueblo soberano rechazó modificar la Constitución”. (Margarita López Maya, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela).

Morales lleva ganada la partida, pero debe retirarse con dignidad.

“Los golpes de Estado suelen tener en común que sus autores dicen que buscan defender el orden o ‘la democracia verdadera’. Algo así volvió a suceder (…) en Burundi, con el general Gogefroid Niyombare liderando una asonada ‘por el bien de la nación’ y acusando al presidente Pierre Nkurunziza de ‘una violación flagrante a la Constitución’ por buscar otra reelección tras 10 años en el poder.

“A Niyombare cualquiera le diría que ese es un imposible, que un golpe, una acción violenta de la ruptura de la legalidad, no puede ser ‘por el bien de la nación’”, publicó Abraham Zamorano en BBC Mundo el 17 de mayo de 2015.

El golpe devino en fracaso. Niyombare se rindió y Nkurunziza, un acaudalado ultraconservador en temas sociales, fue reelecto el 24 de julio de 2015 con el 69.1% de los votos. El régimen reprimió a los medios de comunicación que cubrieron la intentona. De acuerdo con un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), alrededor de 100 periodistas se exiliaron, y Jean Bigirimana aún se encuentra desaparecido.

El régimen prohibió también las publicaciones independientes y acusó a cuatro reporteros, exiliados en Ruanda, de ser los “autores intelectuales del golpe de Estado”. En la Clasificación Mundial 2019 de la Libertad de Prensa de RSF, Burundi ocupa la posición 159, entre 180 países. Bolivia figura en el lugar 113 y México en el 144.

Evo Morales cometió un error al tratar de reelegirse por cuarta ocasión consecutiva, en contra de la Constitución, y además en un proceso fraudulento. Empero, la intromisión de las Fuerzas Armadas resultó un dislate mayor e inaceptable en cualquier democracia. Máxime cuando el Presidente convocó nuevas elecciones tras el informe de la OEA sobre la jornada del 20 de octubre y las irregularidades del proceso.

Si bien la Presidencia la ocupa interinamente la exsenadora Jeanine Áñez y no un militar, al general Williams Kaliman no le correspondía “sugerir” la de Morales para permitir “la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad”. Para ello existen instancias civiles.

Áñez separó del cargo a Kaliman, pero no podrá gobernar ni resolverá la crisis atizada por el golpe de Estado “cívico, político y policial” incruento apoyado por la OEA. Los más de 20 muertos y los centenares de heridos y desaparecidos son consecuencia de los disturbios poselectorales. Morales ha jugado hasta hoy mejor sus cartas que sus adversarios en Bolivia y en el extranjero.

En su carta al presidente de la Asamblea Legislativa se vacunó contra el caos por venir: “(renuncio) para evitar todos estos violentos sucesos y vuelva la paz social”. El uso indiscriminado del Ejército y la fuerza pública para reprimir a los opositores de Áñez puede aumentar el número de muertos y heridos.

La condena internacional por la violencia del Estado favorece a Morales. Su oferta de regresar a Bolivia “para pacificar y no ser candidato” es plausible, pero igualmente podría ser un ardid, pues si logra lo primero, ¿quién le impediría lo segundo? Áñez y sus aliados están contra la pared.

La salida al conflicto la planteó el mismo expresidente en entrevista a El País: un diálogo nacional con todas las fuerzas política y sociales. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia debe volver a postularse para no convertir un golpe de Estado en una dictadura donde el pueblo le sirva de escudo.

Bolivia tiene, como Chile, Argentina y otros países de América Latina, una larga tradición de golpes de Estado. En las décadas de 1970 y 1980, las dictaduras militares de la región fueron coordinadas por Estados Unidos en el Plan Cóndor, tendiente a erradicar “las ideologías comunistas y afines, opuestas al liberalismo que trataba de implementarse a escala global, (…) teniendo como una de sus consecuencias centrales el desmantelamiento del Estado como articulador de la vida pública y generador del desarrollo económico”.

El país andino registra 89 presidentes en su historia; 28 fueron derrocados y 14 renunciaron. Simón Bolívar, originario de Venezuela, fue el primero en dimitir; y el último, Evo Morales. La adicción al poder del descendiente aymara, exiliado en nuestro país, es característica de los políticos de América Latina. Víctor Paz Estenssoro y José Miguel de Velasco ocuparon la presidencia en cuatro ocasiones, y dos la ejercieron durante tres periodos consecutivos.

La expatriación y el conflicto han marcado el destino de un buen número de mandatarios bolivianos. Los tres exilios de Paz Estenssoro duraron 17 años. Del último regresó para volver a postularse y obtener la Presidencia.

Evo Morales no es el primero en ser acogido en México. El general Juan José Torres, depuesto por el golpe de Estado que encabezó Hugo Banzer, fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires el 2 de junio de 1976. La dictadura de Banzer prohibió la repatriación de su cadáver para evitar levantamientos. Solo ganó tiempo, pues dos años después renunció en medio de protestas populares.

Con el apoyo del presidente Luis Echeverría, los restos de Torres permanecieron en México siete años. Bolivia los repatrió en 1983 para depositarlos en el monumento a la Revolución Nacional junto a los cenotafios de los expresidentes militares Germán Busch y Gualberto Villarroel, también asesinados. Banzer volvió al poder en 1997 por la vía de las urnas, pero su Gobierno devino en desastre. Su alianza con Estados Unidos para erradicar el cultivo de coca y la privatización de servicios públicos (guerra del agua) provocó movilizaciones y protestas sociales; las primeras, encabezadas por el diputado Evo Morales. Antes de renunciar, Banzer murió de cáncer.

Morales es el primer presidente de Bolivia de origen indígena. El Plan Cóndor jamás se lo habría permitido, por su ideología. En 2008, la revista Time lo incluyó entre las 100 personas más poderosas del mundo; dos años después lo criticó, junto con el diario británico The Guardian, por el proyecto de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sucre debido a sus efectos sobre el medio ambiente. Su apoyo a la quema controlada y al desmonte de zonas forestales agravó el incendio en el Amazonas.

En los casi 14 años de la Presidencia de Evo Morales, la economía de Bolivia creció más que la de México en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto. También superó el PIB de la mayoría de países de América Latina.

Esta situación permitió reducir la pobreza y la desigualdad, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Morales no supo retirarse a tiempo y recurrió al fraude electoral para eternizarse en el poder como lo hicieron las dictaduras militares y neoliberales antes y después del Plan Cóndor.

Para el Gobierno de Coahuila resulta cuesta arriba pedirles a los contribuyentes pagar más impuestos e incluso cobrarle a los morosos cuando cargan sobre sus espaldas la deuda de 38 mil millones de pesos impuesta alevosamente por los Moreira sin saber a ciencia cierta a dónde fueron a parar esos recursos. La única certeza es que el Gobierno de Estados Unidos ha decomisado decenas de millones de dólares, propiedades e inversiones a exfuncionarios, contratistas y empresarios mediáticos confesos de haber participado en una trama “para robar dinero del erario”.

La muela de molino atada al cuello de los coahuilenses es un recordatorio del atraco impune. Si durante la segunda mitad del moreirato (2011-2017) el Gobierno pudo sortear la crisis financiera derivada del pago de intereses a una banca cómplice y voraz, fue a costa de la inversión pública, sobre todo en sectores prioritarios como el de salud, donde se restringió el abasto de medicamentos, y del magisterio, con una Ley de Pensiones violatoria de sus derechos.

Además, dispuso de recursos adicionales, gestionados en la Cámara de Diputados, y se pavoneó con la poca obra federal realizada en el estado. El recorte de participaciones y la cancelación de fondos anunciada por la Secretaría de Hacienda para el año próximo obligará a los gobiernos estatales y municipales a ser más rigurosos en el gasto y eficientes en la recaudación.

Estados con altos niveles de deuda, como el nuestro, verán limitados aún más sus márgenes de maniobra para atender la demanda creciente de infraestructura, servicios y equipamiento urbano. Adicionalmente, las regiones sureste, centro, y carbonífera de Coahuila afrontarán mayores presiones por la incertidumbre sobre el futuro de Altos Hornos de México, la cancelación de compras por parte de la CFE y la conversión de la industria automotriz.

En materia de ingresos, los estados están en un callejón sin salida. Por un lado, la Ley de Coordinación Fiscal los volvió dependientes del presupuesto federal. En ese sentido, el reproche de las entidades desarrolladas vuelve a ser que la Federación les reparte “migajas”.

Por otra parte, la mayoría de los gobernadores y alcaldes no puede pedir a los causantes aceptar más cargas fiscales debido a la situación económica y al malestar provocado por el endeudamiento y la corrupción. Mientras no se recuperen caudales y propiedades a quienes se enriquecieron ilícitamente en los últimos sexenios, tampoco habrá confianza ni apoyo a las autoridades.

Lo anterior explica el crecimiento marginal de la recaudación propia en los estados. En 2018 captaron 95 mil 137 millones de pesos en total, equivalentes al 4% de la masa de recursos disponibles, de acuerdo con datos del Inegi y de la Cuenta
Pública.

Hacienda ha exhortado a gobernadores y alcaldes a explorar nuevas fuentes de ingreso. Sin embargo, “ningún Estado ni Municipio quiere asumir el costo político de cobrar impuestos y están basando casi toda su planeación financiera en transferencias de participaciones y aportaciones”, advierte Marco Cancino, director de Inteligencia Pública, centro de investigación dedicado a ciudadanizar la información oficial (Reforma, 23.08.19).

El país necesita un nuevo pacto fiscal para salvar a los estados y municipios de la inopia, y leyes para protegerlos de gobiernos venales e irresponsables.

Andrés Manuel López Obrador debe su éxito mediático a su perseverancia, intuición y capacidad para atraer o desviar la atención. Sin poder económico, demonizado por el gran capital, boicoteado por sectores de la prensa y estigmatizado por algunos intelectuales, el líder de izquierda pudo, desde la oposición, construir y adaptar un discurso que le permitió ganar la Presidencia, en su tercer intento, a un PRIAN desprestigiado por la vanalidad, arrogancia e impericia de sus gobiernos. Hoy, desde el montículo de Palacio Nacional, AMLO lanza curvas y “sliders” para mantener la cuenta a su favor, pero el brazo se le empieza a cansar en la primera entrada.

En cuestión de protestas, bloqueos y manifestaciones, AMLO marcó la pauta. Afrontar a gobiernos autoritarios, débiles o ilegítimos y a políticos distraídos, frívolos o pusilánimes le dio ventaja. La mayoría de los mexicanos identificaba en ellos el origen de sus males: corrupción, violencia, impunidad, pobreza. AMLO capitalizó el enfado social y se erigió en el líder antisistema por antonomasia. El respaldo de las urnas lo utiliza hoy para imponer su voluntad al país y a los poderes Legislativo y Judicial.

Los alcaldes del PAN, el PRD y el PRI –socios de Peña Nieto en el Pacto por México– que acuden a la Presidencia y al Congreso para exigir fondos federales usan la táctica del AMLO opositor: presionan, atraen reflectores y se saltan las formas por una causa “justa”. ¿Quién no quiere para sus ciudades mayor seguridad, bienestar y mejores servicios? El 22 de octubre, los alcaldes no solicitaron audiencia ni acudieron a otras instancias para plantear sus demandas, como el Congreso, los gobiernos locales y la Secretaría de Gobernación. ¿Para qué si AMLO todo lo controla?

La 4T cayó en el juego de los alcaldes al rociarlos con gas lacrimógeno, y López Obrador, al justificar la acción, exhibió una vez más su talante absolutista. Como quiera que sea, eficientes o incompetentes, los presidentes municipales son autoridades legítimas y representan a comunidades donde Morena también tiene seguidores y votantes. Los alcaldes, como los gobernadores y los organismos autónomos, viven hoy la otra cara de la moneda. Del reparto sin control de recursos federales en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, se ha vuelto al centralismo exacerbado.

Sin embargo, la población no ha sido culpable del desorden financiero y la rapiña en las alcaldías y los gobiernos estatales, sino víctima. La política de la 4T tomada del peñismo, de no investigar ni castigar siquiera atracos evidentes, como megadeuda y las empresas fantasma en Coahuila, y múltiples casos de enriquecimiento ilícito –hoy mismo se construyen fortunas bajo el blindaje de la impunidad– causa desencanto e indignación en un país históricamente agraviado y engañado por sus autoridades.

Los electores castigan con su voto a los gobiernos rapaces y a sus partidos; de lo contrario, AMLO no sería hoy Presidente ni habría alternancia en la mayoría de los estados y municipios. Empero, la movilización ciudadana debe ir más allá de las urnas y expresarse en las calles cuantas veces sea necesario como hoy mismo ocurre en otros países; solo así podrán lograrse cambios inaplazables. La protesta de los alcaldes en Palacio Nacional envía un mensaje irrefutable al Presidente: no puede gobernar solo ni de espaldas a la sociedad. La competencia es desigual, pero de otras de su tipo han surgido nuevos liderazgos.

Una vez extraditado a Estados Unidos Jorge Torres López, aún permanecen en prisión los exgobernadores Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y Eugenio Hernández (Tamaulipas). César Duarte, de Chihuahua, se halla prófugo. Los cuatro enfrentan cargos por lavado de dinero y peculado; el veracruzano también está imputado por asociación delictuosa. Antes de ocupar la presidencia, Enrique Peña Nieto presumió a los Duarte y a Borge como los rostros del “nuevo PRI”.

En 2016, el PRI perdió los cuatro estados. Javier Duarte y Roberto Borge huyeron del país, y más tarde fueron capturados en Guatemala y Panamá, respectivamente. A César Duarte lo busca la Interpol. Disparó la deuda estatal a 55 mil millones de pesos y la Secretaría de la Función Pública lo denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por desviar 80 millones de pesos de los trabajadores del Estado al PRI. Sin alternancia, seguirían libres.

El exgobernador de Chihuahua se enriqueció ostensiblemente. La Fiscalía General del Estado (FGE) libró 21 órdenes de aprehensión en su contra, y una la Fepade. Los principales funcionarios de la Administración priista han sido detenidos. Duarte se apropió, según la FGE, de más de mil 230 millones de pesos. El Gobierno de Javier Corral (PAN) ya le aseguró 37 inmuebles con valor aproximado de 100 millones de pesos adquiridos durante su gestión. El 28 de mayo pasado tomó posesión de otros cuatro ranchos.

“Como parte de la operación Justicia para Chihuahua y de la investigación realizada por el grupo especial de fiscales en materia de corrupción, además se hallaron animales exóticos y de colección, entre ellos al menos 30 bisontes, cinco llamas y diversas manadas de jabalíes”, informó el portal Eje Central. Duarte, cuya extradición exigen el Gobierno de Chihuahua y grupos ciudadanos, era uno de los mandatarios protegidos del exlíder del PRI Manlio Fabio Beltrones y del coordinador senatorial Emilio Gamboa.

El único exgobernador sujeto a extradición es Eugenio Hernández. Estados Unidos lo reclama por peculado, lavado de dinero y falsificación de documentos. “El 3 de julio de 2014, la Administración para el Control de Drogas (DEA) reportó presuntos sobornos de un cártel de la droga a Hernández Flores durante su periodo como gobernador, todo para permitir a dicho cártel operar sin restricciones por parte del Gobierno de Tamaulipas. Ese dinero sería posteriormente lavado en el sur de Texas por el empresario Guillermo Flores Cordero, quien, arrestado por la DEA, implicó al exgobernador (Liga DEA con Zetas a Eugenio Hernández, El Norte, 03.07.14). Eugenio Hernández Flores negó esas acusaciones de inmediato” (Wikipedia).

El mismo día de la entrega del exgobernador coahuilense Torres López a Estados Unidos, Karime Macías, esposa del veracruzano Javier Duarte, fue detenida en Londres a solicitud de la Fiscalía General de la República como primer paso para extraditarla a nuestro país. Se les atribuye un fraude superior a los 112 millones de pesos mediante la simulación de contratos a través de empresas fantasma. Macías pagó 150 mil libras de fianza para enfrentar el proceso en libertad. Es la primera esposa de un gobernador perseguida por la justicia.

En Coahuila existen denuncias penales por la megadeuda y el desvío de 475 millones de pesos a empresas fachada durante los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, pero aquí el Sistema Estatal Anticorrupción tiene la misma utilidad que la carabina de Ambrosio. ¿Cómo va a dispararles a sus jefes?

Estados Unidos es corresponsable de la violencia en México relacionada con el narcotráfico. Así lo plantea el periodista Gerardo Moyano en el bisemanario Espacio 4 (626).

“Estados Unidos pone los consumidores; México las drogas. Estados Unidos pone las armas; México los muertos. Esta interrelación entre ambos países tiene un trasfondo histórico que se remonta a finales del siglo 19 y en el cual Sinaloa juega un papel central, en particular Badiraguato, la tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Es allí donde, según historiadores, los inmigrantes chinos plantaron las primeras semillas de amapola. En un principio, para obtener opio para consumo personal, y más tarde, para elaborar medicinas para el tratamiento de úlceras y heridas.

“Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el Gobierno de EU impulsó el cultivo de la planta en México para producir la morfina con la que trataba a los soldados heridos en combate, pues había perdido sus fuentes de abastecimiento en Asia.

“‘Mi padre fue el primer hombre que trajo la semilla, sembró y procesó la goma de opio por aquel tratado que hubo entre México y EU, y enseñó a muchos a trabajarla’, señala un hijo de Lai Chang Wong, cuyo nombre cristiano era José Amarillas, en entrevista para la revista Contralínea, en 2007.

“‘Grandes fortunas se amasaron a finales de la década de los 30 y principios de los 40. Ricas y conocidas familias que actualmente manejan comercios importantes en el estado, o son dueñas de grandes superficies de tierras, tuvieron el origen de su riqueza en el cultivo y el tráfico de drogas’, dijo el hombre de 97 años.

“Por entonces, fue tal el boom de la planta que sus flores llegaron a adornar jardines de viviendas y lugares públicos de Ciudad de México, Oaxaca o Guadalajara, y era común encontrarla en los mercados (Infobae, 09-09-17). Sin embargo, la situación cambió cuando el Presidente republicano, Richard Nixon (1969-1974), declaró la guerra contra los productores que abastecían de mariguana y heroína a EU.

“Sin embargo, la suerte ya estaba echada. El Reporte Mundial sobre Drogas 2013, elaborado por Naciones Unidas (ONU), indicaba que la producción mexicana de heroína (derivada de morfina) era 30 veces mayor a la de Colombia, que durante décadas fue el principal exportador del continente. “Un año antes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) calculaba en 14 mil 347 hectáreas dedicadas al cultivo de amapola. Para 2018, el Transnational Institute (TNI), un instituto internacional de investigación, calculaba el área de estos cultivos en 74 mil hectáreas.

“Esto explica que esta zona haya dado más célebres capos del narcotráfico, como Rafael Caro Quintero, Ernesto ‘Don Neto’ Fonseca Aguilar, Miguel Ángel Félix Gallardo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y los hermanos Beltrán Leyva.

“Apenas una semana antes de los enfrentamientos en Culiacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Sinaloa (11 de octubre) y uno de los temas de su agenda fue la promoción del programa Sembrando Vida, anunciado por la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, en la conferencia mañanera del 9 de octubre…

“Al mediodía del 17 de octubre, mientras la alcaldesa de Badiraguato, Lorena Pérez, agradecía esos pagos en su informe, afuera del auditorio municipal ‘camionetas con muchachos armados salían para Culiacán a rescatar a ‘Los Chapitos’, les dijeron. Y les ofrecieron 40 mil pesos por la osadía’ (Reforma 21-10-19). Lo que aconteció el resto de ese día es historia conocida”.

Después vendría la masacre de los LeBarón en Sonora. La lucha entre cárteles parece no tener fin.

Resulta imposible ver a Jorge Torres subir esposado a un avión para ser extraditado a Estados Unidos y no pensar en sus jefes, Humberto y Rubén Moreira.

Fueron ellos quienes manejaron el estado y lo endeudaron de por vida.

El exgobernador interino se suma a la lista de políticos vinculados a una red de corrupción para desviar dinero de los coahuilenses a cuentas, campañas políticas y negocios particulares: fraccionamientos, ranchos, plazas comerciales.

Es un secreto a voces a dónde fue a parar una parte de los 36 mil millones de pesos de la deuda. Espacio 4 publicó en julio de 2015: “Humberto Moreira está libre (de culpa; de sospecha jamás lo ha estado) porque el sistema lo protege, así de simple”.

Los señalamientos de que ‘robó cientos de millones de dólares del erario de Coahuila’, hechos en la Corte del Distrito Oeste en San Antonio, Texas, colocan al exgobernador en una situación delicada.

La deuda por más de 36 mil millones de pesos dejó de preocuparle, solo en apariencia, cuando la PGR lo eximió por ‘falta de pruebas’ y la ‘extinción del delito’, sin haberlo investigado. Mas no es lo mismo afrontar la justicia en México que al norte del Bravo.

El lagunero Guillermo Flores Cordero, el extesorero Javier Villarreal Hernández y el empresario Rolando González Treviño se declararon culpables de lavado de dinero en EU para reducir sus sentencias e incluso purgarlas en libertad.

Ahora las baterías apuntan a Humberto Moreira. González admitió haber conspirado para enviar dinero a EU de las arcas de Coahuila durante la gestión de Moreira.

Confesó para obtener algunas ventajas, pero además consciente de que el Gobierno estadunidense tiene elementos para probar los delitos.

“Aún sin aclarar el destino de la deuda ni castigar a los responsables, Estados Unidos puso a Moreira bajo los reflectores. Antes lo estuvo el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, preso en Nueva York por lavar dinero para el narcotráfico —cártel de Juárez, el de mayor influencia en el sexenio de Carlos Salinas—; y en tiempos más recientes, los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. ¿Hasta cuándo las autoridades mexicanas harán la vista gorda?”.

Villanueva regresó a México el 19 de enero de 2017 para terminar de purgar una condena de 22 años por lavado de dinero y tráfico de drogas. El exgobernador de Quintana Roo –ligado a Raúl Salinas de Gortari– habría lavado 100 millones de dólares en complicidad con funcionarios de su Administración.

José Chejín Pulido, secretario de Finanzas en el Gobierno de Villanueva, el equivalente de Jorge Torres López y Javier Villarreal Hernández, participó en el proceso como testigo protegido de la DEA.

Otra pieza clave del caso Coahuila es Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, empresario de Matamoros, Coahuila. El narcotraficante y supuesto enlace de Los Zetas en Europa fue extraditado el 28 de febrero a EU donde se le acusa de lavado de dinero, organización criminal y otros cargos.

Muñoz se declaró culpable de uno de los delitos y se acogió a la figura de testigo protegido para seguir en libertad el proceso mientras se le dicta sentencia.

Los mismos pasos se dieron para atrapar y extraditar a Villanueva y Yarrington. Al final fueron colaboradores e informantes quienes pusieron entre rejas a dos intocables del sistema. El moreirato está en jaque.

La masacre contra la familia LeBarón el lunes pasado en los límites de Sonora y Chihuahua, donde cárteles de la droga se disputan el territorio a sangre y fuego, abrió un segundo boquete en la estrategia de seguridad de la cuarta transformación y en la credibilidad del presidente López Obrador, a menos de un mes de la pifia en Culiacán.

Los ejercicios de transparencia chocan con el escepticismo ciudadano. El Gobierno se puso a sí mismo contra las cuerdas. Si con el hijo del “Chapo” fracasó, la circunstancia exige acciones inmediatas y respuestas precisas para dar con los asesinos de los seis niños y las tres mujeres menonitas.

La estrategia federal contra la delincuencia organizada difícilmente variará, pues hacerlo equivaldría a admitir el fracaso de un plan recién puesto en marcha con la Guardia Nacional. En todo caso, deberá reforzarse con ayuda internacional como ocurrió en Colombia para neutralizar a Pablo Escobar Gaviria, “el capo más peligroso del mundo”, jefe del cártel de Medellín. La Casa Blanca y el Capitolio han puesto los ojos sobre México para forzarlo a limpiar la casa de narcos. ¿Vuelta a la política de exterminio de Felipe Calderón y Peña Nieto?

López Obrador ofreció pacificar al país sin balazos. Las Fuerzas Armadas, contra su naturaleza, han acatado la instrucción a regañadientes y silenciando las armas. El narcotráfico interpretó el mensaje como rendición y ha bañado de sangre y plomo al país. Las masacres se suceden una a otra sin que la Federación defienda a la sociedad.

Los gobernadores, en este caso los de Chihuahua y Sonora, están igualmente rebasados y tampoco hacen nada para frenar la escalada de violencia. La tarea y el desgaste se lo dejan al Presidente, como igual lo hicieron con Vicente Fox, Calderón y Peña.

Sin embargo, los cárteles han cruzado un punto sin retorno. Dirigir su insania y sevicia contra mujeres y niños ha provocado repudio dentro y fuera de México. Lo ocurrido en Sonora tendrá graves consecuencias para el crimen organizado, pues activará mecanismos nacionales
e internacionales.

En 1985, el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y del piloto Alfredo Zavala Avelar, desató la ira de la Casa Blanca y una cacería de contra capos de la droga y funcionarios mexicanos a través de la Operación Leyenda, en la cual participaron varias agencias del Departamento de Justicia.

El Gobierno de Reagan presionó al de Miguel de la Madrid hasta que detuvo a Ernesto “Don Neto” Fonseca Carrillo y a Rafael Caro Quintero, y posteriormente a Miguel Ángel Félix Gallardo “El Jefe de Jefes”. Los líderes del cártel de Guadalajara recibían protección de políticos estatales y federales.

El 12 de diciembre de 1989, Caro fue sentenciado a 40 años de prisión por el secuestro de Camarena y Zavala, homicidio calificado, siembra y tráfico de mariguana, suministro de cocaína y asociación delictuosa. En 2013, primer año de Gobierno de Peña Nieto, un tribunal colegiado liberó al capo.

El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por su captura. El narcotráfico en México, como en Colombia, escaló a terrorismo. La presión contra AMLO y nuestro país ya empezó y no cederá hasta que ofrezca resultados concretos.

El senador republicano Josh Hawley ya pidió sanciones contra México, y recordó al Gobierno “que sus cárteles están asesinando ciudadanos estadunidenses, traficando con niños e inundando nuestras comunidades con drogas mortales. Entonces sí: creo las sanciones están justificadas contra aquellos que se niegan a actuar”, publicó en Twitter.

Los Moreira se afianzaron en el poder por tres vías: 1) colocaron a incondicionales en puestos estratégicos –en las secretarías de Finanzas y de Gobierno hubo procesión de legos– y les dieron las arcas del estado, manos libres y protección; 2) eliminaron cuadros y liderazgos del PRI que ponían en riesgo su proyecto transexenal, a unos les ofrecieron candidaturas para hacerlos perder –Alejandro Gutiérrez y Enrique Martínez y Morales– y a otros los persiguieron –Noé Garza, Javier Guerrero y Claudio Bres–, y 3) el control del Congreso, el Tribunal Superior de Justicia y la mayoría de los órganos teóricamente autónomos –Instituto Electoral, ICAI, Derechos Humanos, Sistema Anticorrupción–.

Hasta hoy ningún moreirista ha sido investigado en México por enriquecimiento ilícito. En cambio, integrantes de dos de las familias más influyentes han sido encausados. Alejandro Gutiérrez pasó casi un año en una prisión de Chihuahua acusado de participar en el desvío de 240 millones de pesos del Gobierno a campañas políticas del PRI, junto con el exlíder de ese partido, Manlio Fabio Beltrones, y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. El 13 de mayo pasado, el exsenador coahuilense recibió una sentencia de tres años en libertad condicional por peculado de 1.7 millones de pesos.

Jorge Torres López fue detenido por la Policía Federal Ministerial el 5 de febrero pasado en Puerto Vallarta con fines de extradición. En junio de 2014, Janice Ellington, jueza federal de Texas, lo etiquetó como prófugo de la justicia y la DEA –Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés– emitió una ficha de búsqueda internacional.

Durante ese tiempo, el exgobernador vivió en Saltillo sin ser molestado. Luego de sufrir un infarto en diciembre de 2017, Estados Unidos reactivó los trámites para su extradición.

El político y empresario trató de evitar su traslado a Texas, pero en septiembre pasado decidió ponerse en manos de la justicia norteamericana. Torres López ha pagado caro su ambición y su alianza con los Moreira, quienes utilizaron la marca para relacionarse con el poder económico y neutralizar a políticos acaudalados como Alejandro Gutiérrez, quien aspiró al Gobierno del estado en la sucesión de 2005, cuando el PRI postuló a Humberto Moreira y seis años después a su hermano Rubén.

El 18 de abril de 2008, Torres abrió las puertas de la casa paterna al clan con motivo de los 45 años de Rubén Moreira. La comida devino en fiesta grotesca e ignominiosa. Miles de personas asistieron al besamanos y a la unción del futuro Gobernador. Torres es corresponsable del desastre financiero y de la venalidad en el estado. Su elección como interino de Humberto Moreira no fue un acto de generosidad, sino para terminar de hundirlo y humillar más a su clase. Además, se le impuso una tarea imposible: explicar y justificar el moreirazo de 36 mil millones de pesos.

En el sexto informe de Administración, que no rindió Humberto Moreira por ser ya presidente del PRI, Torres dedicó menos de cinco minutos al tema de la megadeuda. Un fiasco. Según versiones, el exgobernador le habría reclamado por no firmar documentos que lo incriminaban. El 11 de noviembre de 2011, pocos días antes de entregar el poder, Jorge Torres McGregor, sobrino de Torres López, murió acribillado. El asesinato se atribuyó al crimen organizado.

El ascenso de los Moreira al poder no se explica sin una intrincada maquinaria de complicidades cuyos motores eran aceitados por la avaricia –“forma extrema de la corrupción”, según la define el periodista y sociólogo argentino Mariano Grondona– la soberbia y otros pecados capitales.

En una ciudad conservadora y clasista como Saltillo, un clan sin fortuna ni abolengo no habría podido hacerse con el poder 12 años sin cómplices y sin conocer la naturaleza humana. El moreirato explotó las debilidades de las clases media y alta e identificó a políticos y empresarios tan mediocres como ambiciosos para introducirse en sus círculos y trepar en la escala política y social.

Las pocas voces que advirtieron sobre los riesgos de aceptar gobiernos sin escrúpulos, antes de que Moreira I despachara en el Palacio Rosa, fueron ignoradas.
El docenio envileció la política y agravió a la sociedad. Los partidos de oposición, los organismos patronales y la mayoría de los medios de comunicación se rindieron ante el tintineo del dinero. Prefirieron aplaudir que denunciar, callar que alzar la voz, asociarse con el poder en vez de plantar cara. La humillación cayó sobre todos.

Los Moreira actuaron a ciencia y paciencia de la clase política tradicional y de la oligarquía. La primera fue desplazada y sustituida por quienes antes habían sido sus empleados y operadores electorales; hoy les rinden pleitesía. La segunda, acomodadiza, ha sido exhibida con la extradición de uno de los suyos, Jorge Torres López a Estados Unidos, donde se le acusa de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude (electrónico y bancario). Nieto del fundador de Grupo Industrial Saltillo, Isidro López Zertuche, a Torres lo sedujo el canto de sirena del poder y del dinero.

Reconocido como hombre bueno, Torres se prestó al juego de los Moreira –algunos de sus parientes también lo hicieron, desde distintas trincheras, bajo la lógica de ganar sin correr riesgos– para mejorar su posición y obtener mayor notoriedad en la pasarela de las vanidades. La línea no priista de la estirpe ha tenido dos alcaldes por el PAN, Manuel López Villarreal (1997-1999) y su hermano Isidro (2014-2017). La brecha la abrió su tío Rosendo Villarreal, primer presidente de Saltillo postulado por el mismo partido de derecha.

Los Moreira encumbraron a Torres López para después destruirlo. Mientras ellos, desde su nuevo estatus económico, disfrutan la vida como si tal cosa, después de endeudar subrepticiamente al estado con 38 mil millones de pesos, cuyo destino permanece oculto y protegido por el Sistema Estatal Anticorrupción, y las denuncias penales por la contratación ilegal de créditos y las empresas fantasma duermen el sueño de los justos, su peón vive un infierno. Lo suyo no fue inocencia, sino codicia.

El clan convirtió a Torres en Alcalde y en Gobernador interino (de Humberto). También le entregó las llaves de la Secretaría de Finanzas, donde compartió el mando con Javier Villarreal Hernández. El cerebro financiero de Moreira I, gente anónima comparada con Torres, prefirió entregarse al Gobierno de Estados Unidos, renunciar a millones de dólares y a propiedades adquiridas con recursos del erario para dejar de ser un perseguido.

Pero lo más valioso que proporcionó a los fiscales de Texas fue otra cosa: información sobre la corrupción en el Gobierno de Coahuila. Lo mismo hizo el empresario mediático Rolando González Treviño. Igual lo hará Torres.

El descabezamiento de los gremios petrolero y magisterial, en 1989, no tuvo como propósito modernizar al país, suprimir el corporativismo ni legitimar la presidencia de Salinas de Gortari. Esa tarea la cumplieron el PAN, las iglesias, el gran capital y los medios de comunicación proclives a negociar con el poder. Se trató más bien de un ajuste de cuentas y de una maniobra tendiente a controlar dos sectores estratégicos para el Gobierno y para el PRI, pues el sindicalismo oficial es hoy tan antidemocrático y venal como en el siglo pasado.

Salinas sustituyó a Joaquín Hernández Galicia y a Carlos Jongitud Barrios con dos incondicionales: Carlos Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo, quienes duraron 24 y 26 años al frente de los sindicatos petrolero y magisterial, respectivamente, y acumularon grandes fortunas. No en balde encabezaron la lista de «Los 10 mexicanos más corruptos de 2013», según Forbes, junto con Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente. «La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue acusada en febrero de este año (2013) de malversar 200 millones de dólares», cita la revista.

La publicación estadunidense, en cuya nómina anual de multimillonarios aparecieron el político-empresario Carlos Hank González y el narcotraficante Joaquín Guzmán, «el Chapo», dice de Romero: «El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se ha encontrado envuelto en sospechas de tráfico de influencias y enriquecimiento personal». Cinco de la lista de Forbes han estado en prisión -Gordillo, Salinas, Andrés Granier, exgobernador de Tabasco; Humberto Moreira (liberado) y Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quien será juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas, extorsión, fraude y lavado de dinero-. Romero podría ser el próximo.

El exlíder petrolero desmintió la noticia sobre su fuga del país, pero la intervención de la Interpol para localizarlo, a solicitud de la Fiscalía General de la República, de acuerdo con la agencia Reuters, es premonitoria. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Romero por blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito; además fueron congeladas sus cuentas bancarias. También se le imputa, como a Gordillo, haber desviado recursos del sindicato en beneficio propio. Sin embargo, los gremios no presentaron denuncias formales, lo cual, en el caso de la exlíder del SNTE, permitió su liberación en agosto de 2018.

La reforma laboral aprobada por el Senado en abril pasado, con 120 votos a favor y dos abstenciones, pretende sanear el sindicalismo y evitar la eternización de sus dirigentes, cuya riqueza, en un país con millones de pobres y obreros mal pagados, es insultante. Estados Unidos y Canadá condicionaron los cambios en la legislación a la firma del nuevo tratado comercial con México. Los conceptos clave son justicia, democracia y transparencia. Lo paradójico es que Napoleón Gómez Urrutia, quien heredó de su padre la secretaría general del sindicato minero y fue acusado de un supuesto fraude por 55 millones de dólares, presida la Comisión del Trabajo de la Cámara alta por obra y gracia de AMLO.

En lo sucesivo, los líderes serán electos mediante voto personal, libre, directo y secreto, no a mano alzada, y sus periodos serán acotados para erradicar los cacicazgos. La desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje -fuente de corrupción y manipulación política- para ser sustituidas por tribunales adscritos al Poder Judicial, la obligación de rendir cuentas sobre la situación financiera y patrimonial de las organizaciones y la libre afiliación de burócratas, terminarán con el ciclo perverso de líderes ricos y trabajadores pobres.

Coahuila ha tenido 23 gobernadores electos e interinos en los últimos 90 años, todos del PRI. Dos de ellos renunciaron en la parte final de sus mandatos (Óscar Flores Tapia y Pedro Rodríguez Triana) y uno se suicidó (Ignacio Cepeda Dávila) por razones políticas.

Pero ninguno le infligió al estado tanto daño moral y financiero ni lo avergonzaron al grado que lo hicieron Humberto Moreira Valdés, Jorge Torres López y Rubén Moreira Valdez (el cambio de grafía del segundo apellido fue acaso para despistar). Deuda impagable, empresas fantasma, masacres, desapariciones forzadas, arrogancia y envilecimiento político figuran en la lista de agravios.

Humberto Moreira pasó del 15 al 22 de enero de 2016 en la prisión madrileña de Soto del Real. El diario El País presentó así la información: “Figura sombría de la política mexicana, rodeado de sospechas de corrupción por las que fue defenestrado políticamente tras escalar a las más altas esferas del poder como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira ha sido detenido este viernes por la policía española a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas bajo cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos durante su etapa como gobernador del Estado de Coahuila (2005-2011)…

“Moreira (Saltillo, 1966) ha sido detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal dentro de la operación dirigida por Santiago Pedraz, juez de la Audiencia, órgano que asume cargos criminales de especial envergadura como terrorismo, narcotráfico y entramados de desfalco. Según fuentes de la investigación, la justicia española ha actuado a petición de un tribunal de Estados Unidos que investiga la red de blanqueo de Coahuila, región fronteriza con Texas”.
(El País, 16.01.16).

La misma indagatoria condujo a la extradición del gobernador interino Jorge Torres López a EU (no será la única) donde se le acusa de lavado de dinero y fraude (bancario y electrónico) por 8.8 millones
de dólares.

Torres, Javier Villarreal Hernández y otros secretarios de Finanzas (Víctor Zamora Rodríguez y Jesús Ochoa Galindo) no se mandaban solos; obedecían órdenes y cobraban beneficios. Los fiscales y jueces de EU ya completaron el rompecabezas, y con Torres López en su poder solo faltan las piezas principales.

El Departamento de Justicia estadunidense ya ha sentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas al empresario lagunero Guillermo Flores Cordero, (detenido por la DEA en San Antonio en 2013 junto con su esposa) lavador dinero de políticos y exgobernadores, entre ellos el tamaulipeco Eugenio Hernández; al exsecretario de Finanzas Javier Villarreal Hernández, quien prefirió entregarse en el puente Santa Fe, de El Paso, en 2014; al empresario mediático Rolando González Treviño, detenido en Las Vegas ese mismo año; al contratista Luis Carlos Castillo Cervantes, “el Rey de los Dragones”, capturado en 2017; y a Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, operador financiero de los Zetas, cercano
al moreirato.

Todos ellos, y otros que también se enriquecieron con dinero robado a los coahuilenses, se han declarado culpables y entregado propiedades, negocios, decenas de millones de dólares, aviones e información para recibir penas menores y purgarlas fuera de prisión. La historia está por terminar, pero una cosa es segura: no finalizará con Torres López.

Coahuila ha tenido 23 gobernadores electos e interinos en los últimos 90 años, todos del PRI. Dos de ellos renunciaron en la parte final de sus mandatos (Óscar Flores Tapia y Pedro Rodríguez Triana) y uno se suicidó (Ignacio Cepeda Dávila) por razones políticas. Pero ninguno le infligió al estado tanto daño moral y financiero ni lo avergonzaron al grado que lo hicieron Humberto Moreira Valdés, Jorge Torres López y Rubén Moreira Valdez (el cambio de grafía del segundo apellido fue acaso para despistar). Deuda impagable, empresas fantasma, masacres, desapariciones forzadas, arrogancia y envilecimiento político figuran en la lista de agravios.

Humberto Moreira pasó del 15 al 22 de enero de 2016 en la prisión madrileña de Soto del Real. El diario El País presentó así la información: «Figura sombría de la política mexicana, rodeado de sospechas de corrupción por las que fue defenestrado políticamente tras escalar a las más altas esferas del poder como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira ha sido detenido este viernes por la policía española a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas bajo cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos durante su etapa como gobernador del Estado de Coahuila (2005-2011)…

»Moreira (Saltillo, 1966) ha sido detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal dentro de la operación dirigida por Santiago Pedraz, juez de la Audiencia, órgano que asume cargos criminales de especial envergadura como terrorismo, narcotráfico y entramados de desfalco. Según fuentes de la investigación, la justicia española ha actuado a petición de un tribunal de Estados Unidos que investiga la red de blanqueo de Coahuila, región fronteriza con Texas» (El País, 16.01.16).

La misma indagatoria condujo a la extradición del gobernador interino Jorge Torres López a Estados Unidos (no será la única) donde se le acusa de lavado de dinero y fraude (bancario y electrónico) por 8.8 millones de dólares. Torres, Javier Villarreal Hernández y otros secretarios de Finanzas (Víctor Zamora Rodríguez y Jesús Ochoa Galindo) no se mandaban solos; obedecían órdenes y cobraban beneficios. Los fiscales y jueces de Estados Unidos ya completaron el rompecabezas, y con Torres López en su poder solo faltan las piezas principales.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya ha sentado ante la Corte Federal de Distrito Sur de Texas al empresario lagunero Guillermo Flores Cordero, (detenido por la DEA en San Antonio en 2013 junto a su esposa) lavador de dinero de políticos y exgobernadores, entre ellos el tamaulipeco Eugenio Hernández; al exsecretario de Finanzas Javier Villarreal Hernández, quien prefirió entregarse en el puente Santa Fe, de El Paso, en 2014; al empresario mediático Rolando González Treviño, detenido en Las Vegas ese mismo año; al contratista Luis Carlos Castillo Cervantes, el “Rey de los Dragones”, capturado en 2017; y a Juan Manuel Muñoz Luévano, el “Mono”, operador financiero de Los Zetas, cercano al moreirato.

Todos ellos, y otros que también se enriquecieron con dinero robado a los coahuilenses, se han declarado culpables y entregado propiedades, negocios, decenas de millones de dólares, aviones e información para recibir penas menores y purgarlas fuera de prisión. La historia está por terminar, pero una cosa es segura: no finalizará con Torres López.

Las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador aún provocan debates encendidos en los medios de comunicación y en las mesas de café. Incluso se realizan sesudas operaciones para convertir en días, semanas y meses las horas diarias dedicadas a la prensa.

Igual se cuestiona la utilidad de sus viajes en línea comercial, medio usado por José Mujica, exlíder de Uruguay, país de 176 mil kilómetros cuadrados (Coahuila tiene 151 mil), y Mauricio Macri, presidente de Argentina, cuya extensión de 2.7 millones de kilómetros cuadrados supera a la de México
(1.9 millones).

El tiempo que el Presidente pasa en las mañaneras y en los aeropuertos, arguyen sus críticos, debería invertirlo en resolver los problemas del país. El punto de vista es rebatible. Peña Nieto no era asiduo al trabajo; prefería jugar golf con el tenebroso Emilio Gamboa, líder del PRI en el Senado, quien usaba helicópteros de la Fuerza Aérea para trasladarse al “green”. Podría objetarse que pegarle a una pelota no es tan dañoso como la prédica diaria de AMLO en Palacio Nacional. Cuestión de enfoques.

Sin embargo, ningún gobernador iguala el ritmo de trabajo de AMLO. En su visita del 27 de septiembre a Coahuila, viajó de Matamoros a San Buenaventura por carretera (306 kilómetros). Pasó por San Pedro, Cuatro Ciénegas, Sacramento, Lamadrid y Nadadores; luego enfiló hacia Frontera, Monclova y Castaños para dormir en Monterrey y continuar su gira a Chihuahua al día siguiente.

En Coahuila el “moreirazo” obligó a reducir al máximo la renta de aviones. Ahora, según parece, el privilegio es exclusivo del gobernador Miguel Riquelme, el secretario de Gobierno José María Fraustro, el fiscal Gerardo Márquez y el secretario de Seguridad
Pública José Luis Pliego –excolaborador de Arturo Montiel y de Peña Nieto en Estado de México–.

Viajar por tierra le permite al Presidente, entre otras cosas, conocer la situación “vergonzosa” de las carreteras. El 5 de octubre, dialogó con un adulto y un menor –padre e hijo– que pedían ayuda para tapar baches. AMLO grabó “in situ” un video para las redes sociales:

“Nos paramos para mandarle mensaje al Gobernador de Morelos: (Cuauhtémoc Blanco) que se atiendan estos caminos; y a todos los gobernadores y presidentes municipales: estos son caminos estatales y nosotros vamos a procurar que estén bien las carreteras federales”. Al día siguiente, maquinaria del estado ya reparaba la carpeta asfáltica.

El mismo 5 de octubre, en Puebla, AMLO pidió al gobernador Miguel Barbosa (Morena) y al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, poner atención a la región mixteca, donde la población y pequeños comerciantes denunciaron robos, asaltos y extorsiones. Los gobernadores deben bajar de vez en cuando de las nubes y subir al camión o a la camioneta, como en campaña, para detectar problemas que desde el avión no se aprecian.

En Coahuila, algunos tramos de la carretera Torreón-Saltillo son infames, sobre todo entre El Mimbre y Paila y El Sol-La Cuchilla. La de Parras tiene problemas menores, pero la autopista de cuota Nueva Rosita-Allende es la peor. El secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga, parece ajeno a esa situación, pero no el delegado federal Reyes Flores Hurtado.

La carretera que une a la Región Carbonífera con los Cinco Manantiales “es indignante” –dice– y ha exigido su reparación… antes de que AMLO regrese al estado y le apriete las clavijas a las autoridades.

Los gobernadores perdieron el contacto con la realidad cuando dejaron las giras por tierra para subirse a los aviones. Humberto Moreira, quien se hacía llamar “El Hijo del Pueblo” y el “Moreira Channel” lo entronizó así, fue quien abusó más de ese medio de transporte.

En su sexenio, hasta el funcionario de menor rango podía fletar una aeronave para viajes de trabajo, de placer o de negocios a Estados Unidos y otros destinos. En los informes de Gobierno se rentaban flotillas para trasladar a empresarios, directores de medios de comunicación e invitados especiales; todo con cargo al presupuesto.

Coahuila era entonces una fiesta, como el París de Hemingway, con una diferencia: la familia imperial ya no era pobre, pero sí mucho muy feliz. Mientras Moreira echaba la casa por la ventana, surcaba cielos y cruzaba océanos, el boquete de la deuda se ensanchaba. Incluso se le atribuyó ser socio de Rajet Aeroservicios, propiedad de un piloto devenido en magnate en su sexenio.

El San Antonio Express News, que ha informado puntualmente sobre “la red de corrupción urdida desde el Gobierno para robar dinero de Coahuila”, avisó en julio de 2017 sobre una demanda de Estados Unidos para decomisar un Learjet matrícula XA-ARD.

La investigación involucra al dueño de Rajet Aeroservicios en un esquema de sobornos y lavado de dinero encabezado por Luis Carlos Castillo Cervantes, “El Rey de los Dragones”, contratista en las administraciones de Humberto Moreira y Jorge Torres López.

La demanda se presentó un mes antes y fue notificada “a Luis Alfredo Rayet Díaz, un empresario del estado mexicano de Coahuila, que estaba intentando tomar el avión”, dice una nota de la Agencia Proceso (12.07.17).

Castillo ya se había declarado culpable de blanqueo de dinero ante la Corte Federal de Corpus Christi, Texas. “El Rey de los Dragones” entregó al Gobierno estadunidense 36.2 millones de dólares, un Learjet 45 X y una residencia en Mission, Texas.

El 4 de enero de 2017 recibió una sentencia de 20 años de prisión; cinco meses después fue liberado a cambio de información sobre sus enjuagues con Moreira y Jorge Torres, y el pago de 300 mil dólares.

El turno de comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Texas corresponde ahora a Torres López. El exgobernador interino habría recibido sobornos por casi 9 millones de dólares de Castillo Cervantes, cuyas empresas cobraban obras con facturas infladas.

La casa del contratista, en San Antonio, Texas, era frecuentada por gobernadores, políticos y empresarios mediáticos y de otros giros. Mientras Rubén Moreira mide fuerzas con el gobernador Miguel Ángel Riquelme por el control del Tribunal Superior de Justicia, y el Sistema Estatal Anticorrupción lleva más de dos años en Babia, Estados Unidos estrecha el cerco sobre los Moreira.

La corrupción en el docenio es un estigma para el Gobierno y para el PRI. La impunidad por la megadeuda, las empresas fantasma y otras vilezas deja como única vía de castigo las urnas.

Riquelme ganó por un margen de apenas 30 mil sufragios, pero perdió La Laguna –su base electoral–, la mayoría en el Congreso y las alcaldías más importantes, excepto la de Saltillo. Los coahuilenses votarán el año próximo para diputados locales indignados por la deuda de 38 mil millones y las tropelías del clan. Imposible olvidar el atraco.

La desaparición de poderes locales provocaría un efecto cascada. Ningún partido tiene autoridad para tirar la primera piedra, pues ¿cuál de los 32 estados se halla libre de violencia, corrupción, impunidad y malos gobiernos? Así se hizo patente en el Senado, órgano facultado para conocer sobre ese tema. Cuando Morena pidió suprimir poderes en Guanajuato y Tamaulipas, con el argumento de la violencia y la incapacidad de las instituciones para contenerla, el PAN solicitó aplicar la misma receta en Veracruz, Ciudad de México y Jalisco.

La demanda de la bancada de Morena tiene trasfondo. Si bien la escalada criminal pone en entredicho a su líder, quien prometió pacificar el país, Guanajuato es el único estado donde AMLO perdió; Ricardo Anaya obtuvo casi un cuarto de millón de votos más. La entidad del Bajío sirvió a Vicente Fox de plataforma para ganar la Presidencia en 2000. Juan Carlos Romero Hicks, sucesor de Fox en el Gobierno estatal y coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, calificó la actitud de Morena de “irracional, antijurídica y vergonzosa”.

Tamaulipas, base de algunos de los cárteles más peligrosos y sanguinarios, era un infierno mucho antes de la alternancia conseguida apenas en 2016 por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (PRI) son investigados en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos.

El primero fue extraditado en abril pasado y el segundo lo será en los próximos meses. AMLO arrasó en la elección presidencial en ese estado del Golfo, pero en los comicios de este año el PAN derrotó a Morena en 21 de los 22 distritos.

La petición de los senadores morenistas de desaparecer poderes provocó un alud de mensajes en redes sociales y en otros medios de comunicación: “Nuestro voto, nuestro gobernador”. “#AsínoAMLO. El futuro de Tamaulipas lo decidimos los tamaulipecos”. “No a las imposiciones”. La frase “Con Tamaulipas no se juega” se repite en todos los casos y en algunos se alterna con la de: “#YoEstoyconMiGobernador”. García Cabeza de Vaca le plantó cara al Presidente y a su partido, y momentáneamente campeó el temporal.

Frente a la reacción de tirios y troyanos, López Obrador apacentó a sus ovejas. “Yo padecí del desafuero, me desaforaron por cuestiones políticas y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley, pero promovido, impulsado, por venganza o para descalificar a adversarios” (Reforma, 26.09.19).

Mucho ojo, AMLO advierte que la desaparición de poderes es un proceso previsto en la Constitución, del cual no echará mano para librarse de adversarios políticos, pero tampoco lo descarta como opción para imponer orden en los estados donde las autoridades generan conflictos en vez de resolverlos. El Presidente tiene la sartén por el mango: Morena es mayoría en el Senado.

La Fiscalía General de la República también servirá para vigilar y poner raya a los gobernadores; la PGR de Peña Nieto se dedicó a proteger sus latrocinios. Una nueva espada pende sobre ellos: la revocación de mandato aprobada ya por la Cámara de Senadores. La consultas se realizarán a partir de 2022, dos años antes de terminar el mandato de López Obrador. El tema no debe preocupar a Miguel Riquelme, pues su gobierno concluirá en 2023.

El periodista Gerardo Moyano analiza en el bisemanario Espacio 4 la situación en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde la pugna por el poder definirá el futuro de ese órgano sometido al moreirato en los 14 últimos años.

“El Poder Judicial de Coahuila entró en una zona de turbulencias. La renuncia de Miriam Cárdenas Cantú a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), efectiva a partir del próximo 30 de octubre, confirmó sospechas e intensificó la carrera por el control del organismo, en la cual compiten dos corrientes: la del gobernador Miguel Riquelme (MR) y la de su predecesor Rubén Moreira Valdez (RMV).

“Además, los escándalos de corrupción (Ficrea, Infonavit, megadeuda), el aluvión de jubilaciones anticipadas por el temor a la reforma judicial que impulsa la 4T y la lucha por el control del TSJE abren la puerta para la transformación de un poder que carga el estigma de haber sido cómplice y siervo del moreirato.

“Pese a que Cárdenas asegura que su salida se debe a temas de salud, los rumores de su renuncia sonaban desde hace tiempo. Apenas en mayo pasado, la magistrada los negaba: ‘Desde que llegué, dijeron que no iba a aguantar seis meses (…), luego hubo cambio de Gobierno y dijeron que con el nuevo Gobernador también me iba, pero no (…) No hay nada que me impida continuar al frente del Poder Judicial de Coahuila hasta diciembre del 2020’ (El Sol de La Laguna, 22.05.19).

“Luego abrió la posibilidad de retirarse por ‘cuestiones familiares y personales’ y, finalmente, el 9 de octubre, confirmó su renuncia en una comida con magistrados por su 55 aniversario, un año y dos meses antes de concluir su mandato.

“Si bien niega algún desencuentro con el gobernador Riquelme, los nombres que se barajan para sustituirla –con posibilidades de reelegirse en 2020– confirman la intención del Mandatario de tomar el control del TSJE. El favorito es el lagunero Miguel Mery Ayup, quien podría hacer mancuerna con Luis Efrén Ríos, ambos cercanos al Gobernador; y el segundo, también a Moreira. Mery, excandidato priista a la alcaldía de Torreón, preside la Sala Regional Torreón del TSJE desde el año pasado; Ríos podría sumarse al Poder Judicial en noviembre (Zócalo, 10-10-19).

“Por otra parte, se da por sentado que Rubén Moreira intentará imponer a algún incondicional que le cubra las espaldas por los desvíos a empresas fantasma y otros casos de corrupción que marcaron su sexenio (2011-2017). Y quién mejor para hacer ese trabajo que el exprocurador Homero Ramos Gloria, cuya lealtad y esfuerzos por dar carpetazo al moreirazo fueron premiados con una magistratura, en diciembre del año pasado. Sin embargo, los problemas de salud que lo aquejan podrían dejarlo fuera de la carrera. El plan B sería Iván Garza García, exsecretario particular y exsecretario técnico de RMV.

“Un tercer aspirante, aunque con pocas posibilidades, sería Óscar Aarón Nájera Davis, quien se opuso al proyecto de Moreira de crear una nueva Constitución en el estado y estuvo entre los jueces que revisaron y criticaron la sentencia absolutoria a favor del extesorero Javier Villarreal Hernández por el caso de la contratación ilegal de la deuda en el sexenio de Humberto Moreira (Espacio 4, 624).

“En este contexto, la designación del nuevo presidente del TSJE determinará el peso político real de Rubén Moreira, no solo en el Poder Judicial, sino sobre el Gobierno de Riquelme. Sin esa influencia, el moreirato quedaría marginado y expuesto a futuras investigaciones”. (Texto completo en: http://www.espacio4.com)

El 24 de septiembre se invocó por primera vez la desaparición de poderes locales en el Senado, en virtud de los altos índices de violencia y criminalidad en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, los dos primeros gobernados por el PAN y el tercero por Morena.

La misma petición la presentó la diputada Tania Valentina Rodríguez, en el Congreso de Morelos, contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco (exfutbolista), del Partido Encuentro Social, cuya gestión es un desastre.

El presidente López Obrador conjuró el fantasma, recomendó diálogo a las fuerzas políticas y recordó su propio desafuero como jefe de Gobierno de Ciudad de México debido a razones políticas. Vicente Fox buscaba eliminar al gobernador capitalino de la sucesión presidencial de 2006, pero el tiro le salió por la culata pues, de víctima, AMLO se convirtió en el líder antisistema por antonomasia.

Doce años después, ganó la presidencia con 30 millones de votos. Fox acudió el 24 de septiembre al 80 aniversario del PAN; todavía con la espina clavada, pero sin la eficacia de antaño, arengó: “Todos queremos a México, es más que todo eso y México es nuestra meta, es ahí donde tenemos que sumar, donde tenemos que unirnos y donde tenemos que darle en la madre a esta cuarta transformación”. Sin embargo, la 4T se le adelantó al cancelar la pensión y la escolta a los expresidentes.

Fox, con su apatía, frivolidad y cortedad de miras, ayudó a establecer “gubernaturas imperiales”. El líder de la primera alternancia dejó intactas las estructuras del viejo sistema, faltó a su promesa de combatir la corrupción y les soltó la rienda a los gobernadores. AMLO, por el contrario, empezó a cambiar el régimen desde los primeros meses de su gestión y a sentar en el banquillo a empresarios, políticos y jueces venales. Al mismo tiempo modificó el trato con los medios de comunicación, la mayoría de los cuales se sumó a la guerra sucia del PAN para presentarlo como “un peligro para México” en la campaña presidencial de 2006.

AMLO hace lo que ningún otro Presidente se había atrevido: criticar en público a los corporativos mediáticos –beneficiarios de contratos gubernamentales ajenos a su actividad informativa por medio de otras firmas– y reducir a la mitad el presupuesto
publicitario.

En esa línea, la Presidencia entregó al Instituto Nacional de Transparencia una nómina de 36 periodistas cuyas empresas facturaron mil 86 millones de pesos al Gobierno de Peña Nieto. La lista, publicada por Reforma el 23 de mayo, incluye a Joaquín López Dóriga (251 millones de pesos), Federico Arreola (153 millones), Enrique Krauze (144 millones); y con sumas de seis y siete dígitos, a Óscar Mario Beteta, Ricardo Alemán y Pablo Hiriart, entre otros.

Los gobernadores están en el punto de mira de la 4T, pero con ellos la estrategia será otra. No la atrabiliaria ni la del garrote vil empleada por Salinas para defenestrar a más de 10 mandatarios del PRI, en algunos casos por negociaciones con el PAN (“concertacesiones”, las llamó Francisco Cárdenas en su columna Pulso Político).

La insistencia de AMLO, de no ser igual a sus predecesores ni a la mafia del poder (en realidad podría ser peor), es un aviso: la transformación, para cumplirse, también deberá pasar por las entidades. Lo ocurrido en Sinaloa, con el operativo fallido para capturar a los “juniors” del “Chapo” Guzmán, encendió las luces de alerta en Palacio Nacional. ¿Quién gobierna en los estados?

El torbellino de la 4T ya sacudió al Congreso, donde las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se aprueban casi por fast track; a intocables de la cohabitación PRI-PAN como el empresario Alonso Ancira (AHMSA), el litigante Juan Collado, la exsecretaria de Estado Rosario Robles, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, y el exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps. Asimismo, ha puesto bajo los reflectores a figuras políticas (Yeid-ckol Polevnsky y Diego Fernández) y del espectáculo (Juan Gabriel y Angélica Rivera), a consorcios, medios de comunicación y clubes de futbol que recibieron condonaciones fiscales por 400 mil millones de pesos en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto.

Los efectos se han sentido también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la atropellada renuncia de Eduardo Medina Mora. El ministro colgó la toga en medio de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le detectó transferencias a bancos de Estados Unidos y Reino Unido donde había sido embajador. Medina evitó la ignominia de Ernesto Díaz Infante, destituido en 1988 por haber recibido medio millón de dólares para liberar al empresario Alejandro Braun Díaz, sentenciado por la violación y el asesinato de una niña.

Aficionado al beisbol, AMLO ya ha anunciado, como Babe Ruth, la dirección de su próximo batazo: los estados, donde los gobernadores pasaron de subordinados del Presidente a señores de horca y cuchillo, a partir de la alternancia. La inseguridad, la violencia, el nepotismo, la corrupción y el endeudamiento son polvos de aquellos lodos. Libres del yugo presidencial, los sátrapas abandonaron sus responsabilidades para dedicarse a improvisar fortunas, decidir sus propias sucesiones e incluso pactar con la delincuencia organizada.

AMLO se jacta de haber separado ya al poder político del económico. “El gobierno –dijo en su toma de posesión– ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el Gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz”. A escala federal las primeras detenciones relevantes, las investigaciones en curso y la posibilidad de enjuiciar a un expresidente (Peña Nieto) por delitos de corrupción, representan avances plausibles. Sin embargo, en los estados el statu quo permanece inalterable: la cúpula empresarial cogobierna, nombra funcionarios, financia campañas y cobra favores. En ese juego, algunos medios de comunicación, con intereses políticos, también son contratistas del Gobierno. Negocio redondo.

Dejar sueltos a los gobernadores, como lo hicieron Fox, Calderón y Peña –el primero por comodidad, el segundo por falta de autoridad y el tercero por complicidad– arrojará los mismos resultados e incluso más graves: crisis como la de Culiacán, mayor violencia, corrupción disfrazada y un país al garete donde la impunidad alcanza tasas del 99%, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin orden en las entidades federativas será imposible recuperar la paz y el control de la República. AMLO tiene los instrumentos políticos (Congreso, Fiscalía General de la República y Hacienda) para corregir los vicios y distorsiones acumulados en 18 años de libertinaje en los estados donde la división de poderes es inexistente y la mayoría de los organismos autónomos son tan reales como las empresas fantasma.

El fracaso del operativo en Culiacán para detener a uno de los hijos narcotraficantes de Joaquín Guzmán, “El Chapo”, no tiene atenuantes. Anteponer la seguridad de la población y de las familias de los militares en peligro a la conquista de un “trofeo” es plausible.

Sin embargo, el argumento, utilizado por el Gobierno para evadir su responsabilidad y lavarse la cara se derrumba cual castillo de naipes, pues exhibe grietas en un Gabinete de Seguridad pasmado y en una presidencia gelatinosa. Pudo haberse protegido a los culichis sin quedar en ridículo.

Andrés Manuel López Obrador necesita dejar de hacer campaña y sentarse a gobernar. El uso de la violencia, por parte del Estado, debe estar legitimado, y México cumple esa condición; por tanto, AMLO está obligado a aplicarlo. Es jefe de Estado, no predicador. En los presidentes fuertes y sin contrapesos anida su propia némesis. Nada ni nadie había puesto contra las cuerdas al líder de la cuarta transformación como el fiasco en la capital de un estado (no el único) donde los autoridades locales encumbraron al narcotráfico y dieron a los criminales categoría de héroes sin medir las consecuencias.

La federación debe asumir los costos de la ignominia, aprender del error y realizar los cambios que la emergencia demanda en vez de recurrir a la táctica de avestruz. Una situación así de seria no puede afrontarse con sermones o como si lo de Culiacán hubieran sido fuegos fatuos y no una declaración de guerra. Es la continuación de 12 años de políticas fallidas y gobiernos (los de Felipe Calderón y Peña Nieto) cuya consigna era matar, nunca averiguar ni mucho menos castigar (Allende y Piedras Negras son ejemplo irrefutable). Del exterminio se pasó a la rendición. La fórmula puso a Colombia de rodillas frente a Pablo Escobar, capo, político y “empresario”, abatido después sin clemencia por el Bloque de búsqueda integrado por la Policía Nacional, el Ejército y agencias de Estados Unidos.

Cegado por la hibris, Escobar dirigió la violencia y el terror contra la población, donde tenía su principal sustento. Masacrar a inocentes para doblar a los presidentes Belisario Betancourt, Virgilio Barco y César Gaviria e imponerles condiciones sobre su entrega y el Tratado de Extradición, marcó el final del líder del Cartel de Medellín. Con su esposa e hijos bajo asedio quiso negociar, pero ya estaba acabado. Escobar, como “El Chapo”, apareció en la lista de los multimillonarios de Forbes. El capo antioqueño murió a los 44 años; “El Chapo” (65) pasará el resto de su vida en el infierno. Ese es el destino de los narcotraficantes.

Los juniors de Guzmán cometieron el mismo error. “…el jueves pasado los culichis vivimos algo inédito: nunca el cártel de casa había amedrentado a la comunidad desde la que construyó su imperio y en la que todavía vive y viven sus familias. Salvo excepciones de violencia con fines específicos, los sinaloenses aprendimos a convivir con una mafia que buscaba pertenecer a la sociedad antes que expoliarla. Nos creímos el mito del ‘narco bueno’ y el jueves nos enseñó los dientes. Aprendamos”. (Adrián López, director de Noreste en Sinaloa, Reforma, 21.10.19).

Los críticos de AMLO están de fiesta. El fracaso en Sinaloa lo ostentan como triunfo personal. Sacan el pecho, nutren sus fobias. Todavía no le perdonan haber ganado con 30 millones de votos. Sin embargo, el caso de Culiacán sigue abierto, aún falta mucho por aclarar. El Presidente no ha jugado sus ases.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Miriam Cárdenas Cantú, renunciaron a sus cargos en el lapso de una semana. Los motivos son diametralmente opuestos. La dimisión del primero la provocó una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero. La segunda quedó atrapada en una lucha por el control del Poder Judicial cuyos actores son el exgobernador Rubén Moreira y su sucesor Miguel Ángel Riquelme.

Cárdenas decidió jubilarse 14 meses antes de terminar el periodo quinquenal como primera magistrada al frente del TSJE, apadrinada por Moreira. Con su retiro bajará a cinco el número de presidentas de tribunales estatales. Las razones esgrimidas por la exdiputada federal del PRI y expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para colgar la toga son plausibles, pues su tercer informe lo leyó sentada y recién salida del quirófano. La actitud acredita su sentido del deber, pero también refleja las presiones e intereses políticos y económicos en un órgano viciado y con fuerte tufo moreirista.

Renunciar no figuraba en los planes de Cárdenas, pero resultaba incómoda y estaba entre dos fuegos. El 14 de febrero pasado, en su informe, reiteró ante el gobernador Miguel Riquelme su compromiso de trabajar con honestidad, responsabilidad y el mayor de sus empeños. “La impartición de justicia debe estar regida por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, tal como lo mandatan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución local”. El quid es la

independencia. El Poder Judicial sigue supeditado al Ejecutivo; sobre todo en los estados.

Cárdenas exhortó al TSJE, dominado por varones –solo dos de los 11 magistrados son mujeres–, a “redoblar esfuerzos y de ninguna manera tolerar prácticas contrarias a la legalidad y certeza jurídica que debemos a la sociedad (…) los coahuilenses demandan un sistema de justicia efectivo y probo; y en la ruta para consolidarlo, nuestra responsabilidad es y será trabajar al amparo de aquellos principos y valores que asumimos como institución”. En su afán de dominarlo todo, el presidente López Obrador reformará los tribunales de justicia de los estados para atacar la corrupción e independizarlos de los gobernadores.

Los escándalos en el TSJE (megadeuda, Ficrea, Infonavit), Cárdenas los abordó con eufemismos: “(…) nos dimos a la tarea de desterrar acciones que, infortunadamente, pusieron en duda la honestidad y transparecia en la impartición de justicia y comprometieron la reputación de cada una de las personas que laboramos en el Poder Judicial y que realizamos con honestidad las tareas que nos corresponden”. La presión sobre Cárdenas, en lugar de menguar, se intensificó. En mayo salió al paso de intrigas y rumores sobre su permanencia en la jefatura del TSJE: “concluyo mi mandato como presidenta; esa es la responsabilidad que asumí y es la responsabilidad que cumplo”. Cinco meses después cambió la historia. Su reemplazo deberá terminar el periodo inconcluso y seguramente se reelegirá.

El Poder Judicial se encuentra en un proceso de reestructuración. En consonancia con López Obrador, Riquelme busca, como sus predecesores, hacerse con el mando; en su caso, para “desrubenizarlo”. ¿Y la independencia del TSJE? Es un mito. La justicia seguirá en manos de improvisados, políticos fracasados y cómplices del poder.

México y Coahuila no ganan para sustos. La huelga en General Motors tuvo en ascuas a las regiones donde la industria automotriz es vital; entre ellas, el corredor Saltillo-Ramos Arizpe. De haberse prolongado por más tiempo, el resfriado en Detroit, Michigan, se habría convertido aquí en pulmonía. El miedo pasó, mas no la amenaza, pues el sindicato, en consonancia con el presidente Donald Trump, pide la repatriación de plantas a Estados Unidos. Otro problema, planteado por Javier Mariscal en Espacio 4 (625) es la dependencia de México de ese sector.

“Concluida a un mes de haber iniciado, la huelga de General Motors (GM) en EU confirma lo mucho que México depende de esta industria y aumenta la preocupación por la falta de diversificación. El nerviosismo no es para menos. Las actividades automotrices en el país son actualmente el principal canal de captación de divisas, además de ser uno de los más grandes generadores de empleo formal.

“De acuerdo con datos oficiales, el ingreso en dólares que detona todo este ramo industrial en México ya superó en 2018 el reportado por exportaciones petroleras, por las remesas o el turismo. Esto, a pesar de la políticas proteccionistas del presidente estadunidense Donald Trump y los cambios en el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“General Motors, Fiat-Chrysler, Nissan, Ford, Volkswagen, Honda, Mazda, Toyota, Kia, Hyundai y BMW cuentan con líneas de armado de vehículos en México y sus actividades encadenan a un gigantesco entramado de proveeduría, situación que si bien ha empoderado al país en el ámbito internacional por esta industria, la misma se ha convertido en el talón de Aquiles que vuelve vulnerable a la economía nacional.

“Lo anterior se ratifica tan solo con la huelga de GM. La problemática en el vecino país dio inicio con las negociaciones del contrato colectivo de trabajo que GM renegocia “desde cero” cada cuatro años. Agrupada en el Sindicato de Trabajadores Automotrices (UAW, por sus siglas en inglés) la base laboral que comprende a más de 49 mil personas puso sobre la mesa peticiones que la empresa calificó de exageradas.

“Estallada el 16 de septiembre, la huelga se convirtió en la más prolongada en décadas para GM, conflicto que representó pérdidas por más de 80 millones de dólares diarios a la compañía y puso sus acciones en la bolsa de valores de Nueva York a punto del ‘nivel basura’, además de que amenazaba el sostenimiento de decenas de miles de puestos de trabajo, tanto para la empresa como para su gigantesca cadena de proveeduría y servicios en EU y otros países, entre ellos México.

“Las solicitudes del sindicato eran: elevar salarios, reducir la contratación de obreros temporales y aumentar los empleos de tiempo completo. Rechazaba el cierre de las plantas de Lordstown, Ohio, inactiva desde principios de este año, y de Hamtramck, Detroit, que suspendería operaciones a principios de 2020.

“Otros temas que mantuvieron acaloradas las discusiones fueron el seguro de salud y seguridad en el empleo. En las argumentaciones sindicales se echa en cara a la empresa que ‘los trabajadores defendimos a General Motors cuando más nos necesitaba en la crisis de 2007. Ahora se reclama solidaridad para nuestros miembros, sus familias y las comunidades donde trabajamos y vivimos’, dijo el vicepresidente de la UAW, Terry Dittes, vía comunicado”.

Para defenestrarlo del sindicato de Pemex y condenarlo a 35 años de prisión, a Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, el Gobierno federal le “sembró” armas y un cadáver en su domicilio de Ciudad Madero, Tamaulipas, el 10 de enero de 1989.

Carlos Salinas se vengó así del cacique priista por haber apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas y no a él en las elecciones presidenciales de 1988, las cuales ganó con fraude. “La Quina” era un hombre atrabiliario y abusaba del poder, pero no ostentaba su riqueza como Carlos Romero Deschamps, quien renunció a la jefatura del gremio petrolero por acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó el 14 de octubre las cuentas bancarias del exlíder, de su esposa y de sus hijos Paulina y Alejandro, de acuerdo con los recursos de amparo interpuestos. Según el presidente López Obrador, tal cosa no ha ocurrido. Romero es el segundo en la lista de «Los 10 Mexicanos más Corruptos de 2013» de la revista Forbes. Dos semanas antes de los comicios para la Presidencia del año pasado, Reforma informó sobre una residencia del magnate sindical en Acapulco, valuada en 6.4 millones de dólares. La casa la adquirió originalmente la Inmobiliaria Vista Altamira, administrada por un amigo de Romero hoy en prisión: Juan Ramón Collado. Todo cuadra, ¿no?

Romero desvió 500 millones de pesos del sindicato petrolero a la campaña del candidato del PRI a la presidencia Francisco Labastida, en 2000, la cual ganó Vicente Fox. El «Pemexgate» le costó al PRI una multa por mil millones de pesos, pero Romero fue premiado con una diputación federal, la tercera en su carrera. El sucesor de Hernández Galicia -amnistiado en 1997- ha sido dos veces senador; la última, con Peña Nieto.

La prudencia no destaca entre las virtudes de los Romero. Publicar en Twitter excentricidades -fotografías en cabinas de aviones privados durante vuelos trasatlánticos y en suites de hoteles exclusivos con sus mascotas-, como lo hizo Paulina en 2012, encendió la ira de un país con millones de pobres y una empresa (Pemex) en ruinas. Los juniors vieron la tempestad de la 4T y no se moderaron. El pasado 11 de febrero, Proceso dio a conocer la compra de una villa en Miami Beach, Florida, en 5.5 millones de dólares por parte de José Carlos Romero Durán, a quien su padre le había regalado años atrás un Ferrari Enzo valuado en 2 millones de dólares.

«El complejo inmobiliario de la villa se localiza a lo largo de una avenida que corre paralela al océano Atlántico en la zona conocida como “Millonarie’s Row” (Fila de Millonarios). En esa zona y sobre la misma avenida el tenista internacional Novak Djokovic y el matrimonio Kanye West-Kim Kardashian tienen sus lujosas propiedades», dice la nota de Julio C. Roa. Mientras, en México, los servicios de salud están colapsados, legiones de jóvenes carecen de empleo y de espacio en las universidades, y muchos más realizan suertes en cruceros a cambio de unas monedas.

El presidente López Obrador ha cometido errores, la violencia no cesa, la economía se desacelera, su estilo disgusta y es motivo de escarnio, pero sus niveles de aceptación aún son elevados. Una de las razones para explicar el respaldo de una mayoría agraviada por la impunidad endémica es su voluntad para combatir la corrupción. Nadie lo había hecho. Aún faltan peces gordos, pero ya caerán. El sexenio es joven.

Han transcurrido ocho años desde que se destapó la megadeuda y hasta hoy nadie ha sido encarcelado aún por semejante atropello. Coahuila es referente de corrupción e impunidad dentro y fuera del país debido a la contratación irregular de créditos por 36 mil millones de pesos durante la gestión de Humberto Moreira. En un acto servil y traicionero, la 58 Legislatura –dominada por el PRI– legalizó el atraco y condenó a generaciones de coahuilenses a mayores privaciones y sacrificios.

Los diputados del PRI y sus satélites se han dedicado a boicotear cualquier intento de abrir los expedientes de la deuda, investigar su destino y presentar a los responsables ante la justicia. El papel de las fracciones opositoras, sobre todo la de Acción Nacional, ha sido frustrante e incluso motivo de sospecha por su falta de valor, voluntad y compromiso. En las legislaturas 59 y 60 era poco lo que podían hacer, pues la mayoría priista era aplastante. Rubén Moreira protegió a su hermano y obstaculizó cada iniciativa tendente a descubrir la verdad sobre el desfalco. Cuando acudía al Congreso, no era para debatir con un poder soberano, sino para escuchar loas y dictar consignas.

Presionado por el PAN en el ocaso de su sexenio infausto, Moreira formó una comisión de subordinados para investigar la deuda, la cual resultó tan útil como un abrigo en canícula. Era más fácil y barato captar a los diputados incómodos que destapar la cloaca. Sin embargo, la actual Legislatura, donde el PRI ocupa 10 asientos y el PAN 9, no se distingue de las anteriores. El tema del endeudamiento sigue estancado. Pretextos sobran. Frente a la incuria oficial, organizaciones no gubernamentales del país (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) y del estado (Participación Ciudadana 29) desmienten el discurso justiciero y moralizante del caudillo de la cuarta transformación. La megadeuda excede en gravedad a “La Estafa Maestra”, pero recibe menos reflectores.

Ocho años de figurar en los medios de comunicación por escándalos de corrupción, impunidad, masacres y desapariciones forzadas; con un exgobernador en proceso de extradición (Jorge Torres López) y dos denunciados en México e investigados en Estados Unidos (Humberto y Rubén Moreira), hacen mella en la imagen y autoestima de Coahuila. Las acusaciones recurrentes contra el moreirato y sus acólitos en las “mañaneras” del presidente López Obrador no pueden desestimarse por provenir de periodistas y activistas; al contrario, adquieren valor por el silencio de quienes, en una posición de fuerza, optaron por el silencio.

Después de Estado de México y Ciudad de México, los ciudadanos menos orgullosos de pertenecer a su entidad natal son los coahuilenses, incluso están por debajo de la media nacional de 82%, de acuerdo con una encuesta del periódico El Financiero (13.09.19) con motivo de las fiestas patrias. El dato confirma, en el caso de Coahuila, el estado de ánimo de una sociedad agraviada e indignada por las arbitrariedades, los abusos y la nula voluntad política para castigar delitos cometidos desde el Gobierno en perjuicio de millones de personas, pero sobre todo de los más pobres. Sin justicia, difícilmente habrá transformación.

Al menos cinco coahuilenses de la órbita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -exmilitantes del PRI y del PAN- fueron espiados, acosados e incluso amenazados por denunciar la megadeuda, las empresas fantasma y los supuestos vínculos de los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira con el crimen organizado. Todavía en 2016, el empresario Armando Guadiana y el senador panista Luis Fernando Salazar presentaron nuevas acusaciones ante la PGR, lo cual desmiente la versión de AMLO en el sentido de que Felipe Calderón exoneró a Moreira I.

El expediente de la deuda sigue abierto, aun cuando el Gobierno de Moreira II intentó echarle tierra. En febrero de 2017, el entonces procurador Homero Ramos Gloria informó a una comisión de diputados que la PGR -entonces a cargo de Raúl Cervantes, amigo de Peña Nieto y excolaborador de Humberto Moreira en el PRI- investigaba el desvío de recursos del erario para uso personal por parte de servidores públicos que contrataron créditos por 35 mil millones de pesos en el sexenio 2005-2011 (Reforma, 22.02.17).

Al mismo tiempo, la Procuraduría General del Estado (hoy Fiscalía) declaraba el no ejercicio de la acción penal por el ocultamiento de créditos por casi 4 mil millones de pesos transferidos de la Promotora para el Desarrollo Económico de Coahuila a la Secretaría de Finanzas. La Auditoría Superior del Estado (ASE) promovió un amparo contra la resolución, y en agosto pasado el Juzgado Segundo de Distrito de Torreón falló a su favor, por lo cual la Fiscalía General deberá reabrir el proceso. Seis denuncias de la ASE y una del grupo parlamentario del PAN aún se encuentran en fase de investigación, de acuerdo con el estudio «Megadeuda de Coahuila: Justicia Simulada», de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

El tema adquirió relevancia en 2011 cuando Guadiana publicó en diarios de Ciudad de México desplegados donde exigía investigar la deuda y enjuiciar a quienes contrataron créditos con documentos falsos. La presión política forzó a Humberto Moreira a renunciar a la presidencia del PRI. El 7 de julio de 2016, en su carácter de presidente de Claridad y Participación Ciudadana, Guadiana denunció ante la PGR al Gobierno de Coahuila y a la empresa Leadman por la contratación de «aviones no localizados y autos chatarra» por 675 millones de pesos, utilizados para justificar una parte de la deuda. Entonces se comprometió a seguir «luchando para que al pueblo (…) se le haga justicia y para que las autoridades transparenten, peso por peso, el destino de la deuda de Coahuila».

Entre el 26 de julio y el 29 de septiembre de 2016, el senador Luis Fernando Salazar presentó ante la PGR denuncias contra Humberto Moreira por la megadeuda (en Estados Unidos, dijo, también se le investiga por una red de corrupción para invertir dinero robado en cuentas y propiedades en Texas, así como por haber recibido sobornos millonarios del crimen organizado, El Diario de Coahuila, 27.07.16) y contra Rubén Moreira por desviar 160 millones de pesos a empresas fantasma. El monto real era de 475 millones de pesos. En agosto de 2018, la ASE denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado; un año después, no hay resultados.

Javier Guerrero y José Ángel Pérez, excandidatos al Gobierno de Coahuila, y Reyes Flores Hurtado, superdelegado federal en el estado, también denunciaron la deuda y la corrupción del docenio. Lo que extraña ahora es el silencio de Guadiana, senador por Morena, y del diputado Salazar, quien renunció al PAN para incorporarse a la bancada de la Cuarta Transformación.

Jorge Torres López será el tercer exgobernador enjuiciado en Estados Unidos. En 2013, una Corte de Nueva York sentenció a Mario Villanueva (Quintana Roo) a 10 años de prisión por lavado de dinero (antes se había declarado culpable de tráfico de drogas); en 2017, fue extraditado a México para terminar de purgar una condena de 22 años por narcotráfico. En abril de este año, Italia entregó a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas a Tomás Yarrington (Tamaulipas), quien enfrenta cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y extorsión.

Lanzado al estrellato político y siempre manipulado por Rubén Moreira, el poder detrás del trono en el gobierno de su hermano Humberto, la situación de Torres López es menos grave, pues no se le acusa de narcotráfico, pero sí de blanqueo de dinero, fraude bancario y transferencias electrónicas engañosas por 8.8 millones de dólares —extraídos de las arcas del estado—, de los cuales 2.8 millones ya fueron confiscados.

Torres es el primer exgobernador detenido en la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Su captura la realizaron agentes de la Fiscalía General de la República el 6 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco. El primer secretario de Finanzas del moreirato era buscado en 194 países por una notificación roja de la Interpol («solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción similar»). El 23 de junio de 2014, la DEA lo incluyó en su lista de los más buscados bajo la clave W-739029173.

La Corte del Distrito Sur de Texas inició desde finales de 2017 trámites para la extradición de Torres López, al saberse que el exgobernador interino había sufrido un infarto el 6 de diciembre en Saltillo. Torres y el exsecretario de Finanzas Javier Villarreal fueron acusados de transferir 35 millones de dólares del erario de Coahuila a Estados Unidos. Parte de los fondos se ocultaron en los bancos JP Morgan Chase e Inter National, de Texas, y el Old Mutual de Bermudas.

Tras casi nueve meses de prisión y la negativa de un juez a concederle un amparo para enfrentar en libertad provisional el juicio de extradición, Torres solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores su entrega a Estados Unidos, «de manera inmediata por la vía y conducto legales». Se trata, a toda luz, de un movimiento táctico de la defensa de Torres para negociar con la justicia norteamericana la liberación de su cliente a cambio del dinero congelado y de información.

Javier Villarreal y Rolando González Treviño, socio de Humberto Moreira en la compra de medios de comunicación, siguieron la misma ruta. Ambos se declararon culpables de lavado de dinero y conspiración para transportar en Estados Unidos fondos robados de la hacienda coahuilense; el primero entregó 6.5 millones de dólares y 1.8 millones el segundo, además de pagar una multa por 250 mil dólares; luego fueron excarcelados. González recibió una condena de cinco años de libertad condicional y Villarreal aún espera sentencia.

Los peces gordos de la trama investigada en Estados Unidos son los Moreira -como en su caso lo fueron Mario Villanueva y Tomás Yarrington-, quienes también han sido acusados en cortes texanas por exmiembros de los Zetas de haber recibido sobornos del cártel a cambio de protección. Además de Torres López, el exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández se encuentra en proceso de extradición por lavado de dinero, peculado y falsificación de documentos.

La epidemia de obesidad debe atacarse a fondo para salvar vidas y ahorrarle al país y a la economía familiar gastos millonarios. En ese sentido apunta la aprobación del etiquetado frontal en alimentos procesados y gaseosas, y el reportaje de Javier Mariscal en el número 624 del bisemanario Espacio 4.

“En México, la laxitud de las normas de calidad en alimentos procesados ha propiciado problemas de salud que implican un alto costo sanitario, económico y social. Para contrarrestarlo, el Congreso avaló el 1 de octubre una iniciativa para obligar a las compañías a etiquetar sus productos con sellos que evidencien componentes cuya ingesta, entre otros males, propicia obesidad, hipertensión y diabetes.

“Con 458 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el pleno aprobó la minuta en lo general para que en el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas se ofrezca información nutrimental que advierta sobre la presencia de cantidades nocivas de ciertos componentes. El tema contrapone el interés de una población que intenta mejorar sus decisiones de compra para reforzar su calidad de vida frente al derecho de las compañías a operar bajo condiciones de libre mercado.

“La resistencia empresarial, encabezada por ConMéxico, la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (ANTAD), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamim), argumentaba que el etiquetado de alimentos es voluntario en la gran mayoría de países.

“No obstante, organizaciones civiles como El Poder del Consumidor, dirigida por Alejandro Calvillo Unna, plantean que ‘algo ya evidente en México es que, en la medida en que el modelo económico empobreció a la población, en lugar de políticas por un mejor salario, se relajó la normatividad para que los productos fueran más baratos y se optó por la vía fácil de orientar el consumo hacia lo dulce, salado y grasoso desde edad temprana’.

“A decir de Calvillo Unna, al industrial le importan más las ganancias que el hecho de que esta generación de niños pueda ser la primera en vivir menos que sus padres al llevar la situación a un punto de emergencia epidemiológica. ‘El empresariado ocultó el tema y el Gobierno lo ha solapado con un discurso oficialista que esgrime que ‘en aras de una modernidad que acelera una vida cotidiana en que tanto hombres como mujeres trabajan, son las prisas las que atacan la saludable tradición alimentaria’’, enfatiza. (…)

“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2016 –la más reciente hasta el momento–, el 73% de los adultos mexicanos padece sobrepeso u obesidad –es decir, más de 60 millones de personas– y lo mismo pasa al 36% de los adolescentes y a uno de cada tres niños. Como resultado, cada año mueren más de 90 mil personas por diabetes o enfermedades cardiovasculares, respiratorias e infecciosas. El problema añadido es que cerca de la mitad de estas muertes son de personas en edad laboral, lo que implica que las familias pierden años de ingresos económicos.

“Por otro lado, tratar prolongadamente una diabetes en instituciones privadas implica costos que –tras varios años– pueden superar el millón y medio de pesos, mientras que para el sector de salud pública el costo de atender la obesidad y enfermedades relacionadas supera los 120 mil millones de pesos al año. Según estudios del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gasto se dispara hasta los 250 mil millones de pesos cuando se agrega la merma en productividad, ausentismo y reducción de años de vida laboral”.

El segundo coahuilense en desfilar por la pasarela de las «mañaneras» y poner en la picota a los Moreira fue Albino Córdova, de ACM Canal 54 de YouTube. El origen de los problemas del estado es la corrupción, dijo sin ambages el periodista sampetrino al presidente López Obrador, el 13 de agosto. Tres décadas después de haber recibido una lluvia de tomates y huevos podridos cuando era candidato, «en La Laguna todavía se vive la venganza de Salinas. (…) los campesinos tiran sus melones y sus sandías porque no tienen precio; las tierras ejidales volvieron a ser de unos cuantos». Tal es el resultado de la reforma al Artículo 27 Constitucional, sentenció Córdova con voz trémula.

«¿Es justo -preguntó- que la familia Moreira, en Coahuila, se haya traspasado el poder como una monarquía, en el colmo del cinismo, de la desfachatez, para crear programas electoreros?». «La justicia a veces tarda, pero llega cuando se lucha por ideales y principios», dijo AMLO. Las «mañaneras» se prestan para el lucimiento y el oportunismo. El Presidente escucha. Peña Nieto aplicaba a los periodistas y ciudadanos críticos la receta salinista del «ni los veo ni los oigo». Jamás concedió una entrevista en forma.

El 15 de agosto, Dalila Escobar, de Capital Coahuila, puso a prueba al Presidente: «En el Gobierno de Rubén Moreira se denunció y se demostró que hubo desvío de millones de pesos -475 según la denuncia penal de la Auditoría Superior del Estado-… mediante el esquema de empresas fantasma. Incluso esto derivó en la renuncia de María Esther Monsiváis, secretaria de Infraestructura y brazo derecho del ahora diputado federal. ¿La Unidad de Inteligencia Financiera va a atender estos casos, va a seguir una investigación respecto a este hecho o, en todo caso, quedará impune?».

«No, no queda nada impune, replicó el Presidente, (a) todo lo que se denuncia se le da curso. (…) si nos piden información en el caso de Inteligencia Financiera, que depende de Hacienda…, se entrega; y también cuando se presentan datos se indaga… (si) se encuentra que hay manejos turbios, indicios de corrupción, se procede a entregar esa información a la Fiscalía. Es lo que estamos haciendo».

Seis días después, Escobar volvió a la carga. «Usted me decía que no tenía más información (sobre las acusaciones contra Rubén Moreira); sin embargo, sí existe una denuncia interpuesta por 20 senadores, el 26 de septiembre de 2016… (por) el desvío de recursos a través de empresas fantasma. ¿Este tipo de denuncias van a quedar en la congeladora o se les va a dar seguimiento? Porque sí existen».

«Pues si existe(n), que la Fiscalía (General de la República) les dé curso, como hace en otros casos», replicó AMLO. Acerca de la deuda, dijo que un partido (PAN) acusaba de corrupción a las autoridades, pero «resulta que el Gobierno de ese partido (Calderón era presidente) exoneró a ese personaje (Humberto Moreira)».

No fue Calderón quien absolvió a Humberto, sino su hermano Rubén. En recompensa por obstruir la justicia, el procurador del moreirato, Homero Ramos Gloria, recibió una sinecura en el Tribunal Superior donde cuida los intereses del clan. Las denuncias por la deuda y las empresas fachada, presentadas por la Auditoría Superior del Estado, duermen todavía el sueño de los justos.

El caso no puede ir al «basurero de la historia», como AMLO sugiere, sin antes haber castigado a quienes saquearon las arcas del estado. Menos ahora, cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad lo ha fijado en la agenda nacional con su investigación «Megadeuda en Coahuila: justicia simulada». Ni perdón ni olvido.

«Los laguneros estamos cansados de tanta pinche transa», le espetó Juan Carlos Parga al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, en la rueda de prensa del 23 de julio. «Los gobernadores de Coahuila y Durango han olvidado a La Laguna durante muchos años (…) y han agarrado dinero del Fondo Metropolitano», acusó el activista. Por lo tanto, solicitó auditar el Metrobús, «impuesto por el anterior gobernador Rubén Moreira, (…) porque (el costo) ya subió casi al doble». La obra «está sin pies ni cabeza… mal hecha, mal ejecutada».

Parga no es periodista, él mismo hizo la aclaración, pero aprovechó la política de puertas abiertas en Palacio Nacional para exponerle al Presidente problemas regionales desde la perspectiva de un ciudadano que se ha refugiado en Estados Unidos varias veces «huyendo de las persecuciones». Parga dirige el Movimiento por la Calidad del Agua, y en ese carácter pidió acciones contra el desabasto en la metrópoli lagunera, agravado por la sobreexplotación de los mantos freáticos. «La Laguna puede ser un edén, tenemos el Plan Meva, traer agua por gravedad de la Sierra Madre Occidental (…), pero está fallando mucha gente que se subió con usted. Aquí traigo investigaciones de fraudes en la calidad del agua».

El activista se refirió también, sin citarlo por su nombre, al Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico de La Laguna, instalado por AMLO el 12 de junio en Palacio Nacional. «Tenemos empresas que vienen con usted (que) van a invertir, pero es más el daño ambiental que hacen. Lala nos dejó sin agua durante muchos decenios». También blandió la espada contra los superdelegados de Coahuila (Reyes Flores Hurtado) y Durango (Enrique Novelo Solís, sustituido por Édgar Morales Garfias el 29 de agosto). Los acusó de fallarle al Presidente y de ser camajanes subidos al carro de la Cuarta Transformación: «venían de otros partidos y ahora son “morenos”».

AMLO reconoció el valor de esos diálogos, pues le ayudan a informar a la gente. El plan para dotar a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo de agua suficiente y buena calidad ya está en marcha, dijo. Una de las alternativas es tender un acueducto entre la presa Francisco Zarco y la zona metropolitana. El cultivo de alfalfa redujo el nivel del acuífero y afectó las reservas de Cuatro Ciénegas, aceptó, pero «tampoco se trata de destruir una actividad productiva (lechera), sino de optar por el desarrollo sustentable y, lo principal, (por) la salud del pueblo. (…) cuando se ponen plantas de tratamiento para el arsénico se demuestra que hay un problema grave».

Conjurada con anterioridad «la desaparición de la industria láctea», uno de los pilares de la economía regional, el Mandatario insistió en desarrollar cuencas en el sureste, donde hay agua, con ganado adaptado al trópico. En el proyecto participan empresarios de La Laguna, pero por encima de todo está la salud, insistió. «Como el Gobierno ya no está al servicio de ningún grupo de interés, puede actuar con libertad. Antes, los grupos de interés creados financiaban las campañas y entonces llegaba el nuevo presidente y no podía hacer nada; al contrario, les tenía que dar». Cristóbal Jaime, exdirector de Lala, estuvo al frente de la Comisión Nacional del Agua en el Gobierno de Vicente Fox. Se conocieron en la transnacional Coca Cola.

El nombre de Coahuila y el apellido Moreira han resonado en el Palacio Nacional durante las ruedas de prensa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siempre relacionados con escándalos de corrupción, nepotismo e impunidad. Indignados por las masacres, las desapariciones forzadas, la megadeuda, las empresas fantasma y la ruindad de los dos últimos gobiernos, los coahuilenses claman justicia. El Presidente no puede sustraerse de esa realidad ni del compromiso de castigar a los venales.

Además de conocer el país palmo a palmo, AMLO les toma a diario el pulso a los estados. Los superdelegados son sus ojos y oídos, pero también ellos están bajo escrutinio público. Carlos Lomelí Bolaños, delegado para los programas de bienestar y excandidato al Gobierno de Jalisco en 2018, renunció en julio pasado tras la publicación del reportaje El Emporio Farmacéutico a la Sombra del Súper Delegado Lomelí, elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Familiares y colaboradores de Lomelí manejan una red de empresas que proveen medicamentos a varios estados y al Gobierno central. “Esas compañías ya han recibido contratos de la actual Administración federal por un monto de más de 164 millones de pesos”. El escándalo deja por de pronto a Lomelí fuera de la próxima sucesión. En los comicios del año pasado, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, obtuvo la gubernatura jalisciense con casi el 40% de los votos; Lomelí, postulado por Morena, captó el 24.7 por ciento.

El superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, ha bajado de perfil en las últimas semanas, pero es él quien anuncia las visitas de AMLO, ya no el gobernador, como en el pasado. La quinta gira presidencial, el 27 de septiembre, comprendió Matamoros –donde Morena estrenó la alternancia después de 89 años bajo la férula del PRI– y San Buenaventura, como parte de un recorrido nacional por clínicas y hospitales del IMSS, cuyas condiciones son deplorables en la mayoría de los casos. A diferencia de las comitivas imperiales, las de AMLO son reducidas. Los trayectos se cubren por carretera y es Reyes quien acompaña al Presidente, no el senador Armando Guadiana.

El título de supercoordinador, dado a esa nueva figura, no lo es por disponer de presupuestos abultados, al contrario, sino por tener acceso directo al Presidente y por nuclear a las delegaciones en los estados; sobre todo las encargadas del gasto social. En los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, los delegados dependían de la Federación. Peña Nieto les cedió el control a los gobernadores, los cuales nombraron a incondicionales suyos, propensos a la corrupción.

La cercanía de Reyes Flores con AMLO le permite jugar un papel decisivo para responder las demandas de justicia de los coahuilenses por la deuda, las empresas fantasma y otros actos de corrupción. Como exlíder del PAN y militante de Morena, Reyes fue perseguido por los Moreira y sus secuaces. En vez de arredrarse, realizó huelgas de hambre contra el clan y su partido por despojar a Acción Nacional de la alcaldía de Lamadrid en 2010; contra “el fraude electoral del PRI y de Peña Nieto” en la elección de 2012, y frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para demandar la anulación de los comicios de gobernador de 2017, manipulados por Rubén Moreira en complicidad con el Instituto Electoral de Coahuila. AMLO escucha a Reyes.

La presidencia de Alejandro Moreno en el PRI duró un mes y cuatro días, lapso transcurrido entre su toma de posesión con tufo mortuorio (18 de agosto) y la noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito (22 septiembre). El exgobernador de Campeche es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes, quien es considerado el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Para el pensador francés «La verdadera inteligencia consiste en descubrir la inteligencia ajena». Moreno, sin embargo, ignoró la de sus opositores con olímpico desdén.

El mentís a la versión de que Moreno era el candidato del presidente López Obrador -en realidad representa al peñismo predador y al inepto hidalguense exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio- vino del mismo Gobierno federal. AMLO no necesita por de pronto nuevos satélites ni los 47 votos del PRI en la Cámara de Diputados. En términos de imagen resulta más redituable investigar y eventualmente procesar a uno de los émulos de Peña Nieto, que negociar con un partido agónico cuyos principales enemigos intrigan en su propia sede.

En la columna Capitolio «En rumbo de colisión» (Zócalo, 29.07.19) se lee: «Rubén Moreira le cerró las puertas de Coahuila a Ivonne Ortega (…), pero a Ulises Ruiz no logró intimidarlo». De porro a porro, es más astuto y peligroso el paisano de Juárez y don Porfirio que el «intelectual» del clan. Los promotores de Moreno intentaron por todos los medios persuadir a Ruiz de abandonar la carrera por la dirigencia partidista, pero al fracasar decidieron echarlo por las malas. A diferencia de Ortega, Ruiz no ha renunciado al PRI.

En una carta al priismo contra la «cúpula voraz», de la cual forma parte Rubén Moreira, el exgobernador de Oaxaca sacudió a la fórmula de Moreno y Carolina Viggiano: «El servilismo, el interés, la abyección, la estrechez de miras, el miedo a la competencia, me ganaron en la mesa y no en las urnas». En la misma columna del 29 de julio se advierte: «Ruiz tampoco es un demócrata», pero «era menos peligroso dentro que fuera de la competencia por la jefatura del PRI».

En su embestida contra Moreno, Ruiz señala donde están sus desafectos: «Tu triunfo estará plagado por afiliaciones espurias levantadas con recursos públicos y programas sociales como La Mera Mera en Coahuila, donde se concentra la mitad de las ‘nuevas afiliaciones’ y donde han dejado muestras claras de sus formas, como el proceso interno para elegir al gobernador Miguel Riquelme. ¿Recuerdas cuando obtuvo más de 500 mil votos a partir de 400 mil boletas impresas, siendo gobernador Rubén Moreira, distinguido y prestigiado miembro de nuestro partido? ¡Cien mil votos sin boletas!»…

Moreno está en la picota por soberbio, por venal y por tener en su equipo al «prestigiado» exgobernador que desvió 475 millones de pesos de Coahuila a empresas fantasma. La denuncia por la cual la FGR lo investiga la presentó Ulises Ruiz el 22 de julio, acusado de falsear su declaración 3de3. Si el moreirato ocultó la deuda, «Alito» registró la compra de 15 inmuebles en 103 millones de pesos por debajo de su valor real. Moreno está acabado. Su permanencia en la jefatura del PRI será un recordatorio permanente de la corrupción peñista y de sus gobernadores.

Los últimos presidentes estuvieron condicionados por congresos de mayoría opositora. Tal situación les obligó a ceder espacios y poder para avanzar sus agendas y mantener la gobernabilidad del país. Algunas reformas propuestas por Ernesto Zedillo -en la segunda mitad de su sexenio, el PRI ya no controlaba la Cámara de Diputados-, Vicente Fox y Felipe Calderón fueron modificadas e incluso algunas rechazadas. Peña Nieto firmó el Pacto por México con el PAN y el PRD, pero al final el acuerdo naufragó, los partidos perdieron sustento social y Morena ganó la Presidencia.

El castigo ciudadano a la partitocracia se amplió al Congreso, pues Morena también se hizo con la mayoría en ambas cámaras. Así, después de 21 años, México volvió a tener un gobierno unificado, lo cual convierte a Andrés Manuel López Obrador en un presidente fuerte; el último había sido Carlos Salinas, quien, para obtener la legitimidad no conseguida en las urnas, tejió alianzas con el PAN, las iglesias, los medios de comunicación y los grandes empresarios, además de encarcelar a varios rivales políticos, entre ellos el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia.

AMLO ha logrado en los primeros meses de su gestión reformas que sus predecesores tardaron años en conseguir o no pudieron ejecutar por falta de consenso. Hacerlo sin escuchar ni hacer concesiones a las minorías representadas en el Congreso expone al país a decisiones autoritarias o caprichosas. El Presidente también sometió a los gobernadores, cuyo poder exacerbado les permitía presionar a la federación a través de «sus» diputados y senadores para obtener mayores recursos y no ser investigados por delitos de corrupción. Es el caso de Coahuila.

López Obrador dispone de instrumentos políticos y económicos para someter a los mandatarios locales. Uno de ellos es el presupuesto. En las administraciones de Fox, Calderón y Peña, los estados recibieron recursos federales como nunca. Los gobernadores gestionaban en la Cámara de Diputados fondos e inversiones sin necesidad de acudir a la Presidencia. La costumbre continúa, pero hoy todo se resuelve en la sede del Poder Ejecutivo. Además, de los 53 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 27 son de Morena, 8 del PAN y 4 del PRI; el resto se divide entre otras fuerzas políticas.

La situación ha obligado a los gobernadores a tocar las puertas de Palacio Nacional, pero en virtud de las condiciones económicas y de los excesos cometidos en los últimos sexenios, el Presidente y su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decidieron llevar la «austeridad republicana» a los estados y municipios. El año próximo, el gasto federalizado, compuesto por participaciones, subsidios, convenios de coordinación y aportaciones, disminuirá 0.5% en términos reales, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado al Congreso.

El impacto será mayor en estados como Coahuila, cuya deuda por 38 mil millones de pesos -herencia de los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira- absorberá este año casi 4 mil millones de pesos (8% de su presupuesto), de los cuales solo 75.6 millones se descontarán al capital. La relación del gobernador Miguel Riquelme con el presidente López Obrador parece ser buena, pero las llaves de Hacienda se han cerrado. El daño

Los gobiernos divididos debilitan a los presidentes y los obligan a ceder ante las oposiciones, lo cual es normal en democracias consolidadas; la nuestra aún es balbuciente, pues el PRI monopolizó el poder durante 70 años y retrasó el proceso. Pero mientras los últimos cuatro mandatarios lidiaban con Congresos dominados por fuerzas políticas contrarias a la suya, los gobernadores cobraban fuerza y ejercían el cargo a sus anchas, sin contrapesos y sin rendir cuentas a nadie; ni al presidente ni a la Secretaría de Gobernación como antaño.

Los ejecutivos locales aprovecharon la ocasión para sacar tajadas presupuestarias cada vez más grandes a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. Sin embargo, el aumento en participaciones, fondos federales e ingresos petroleros no siempre se reflejaron en infraestructura, obras y servicios. Adicionalmente, dispararon las deudas de sus estados; el caso más escandaloso fue el de Coahuila. Humberto Moreira contrató créditos por más de 36 mil millones de pesos, la mitad de ellos de manera irregular, sin informar al Congreso ni a los coahuilenses dónde y cómo los iba a gastar.

Cada año por estas fechas, los gobernadores y “sus” diputados negociaban mayores asignaciones para sus estados y universidades, algunas de las cuales servían como cajas menores para campañas políticas y otros fines. La federación metía mano también en las instituciones públicas de educación superior para urdir fraudes como “La Estafa Maestra”. El desfile por el Congreso continúa, pero las circunstancias y los actores son otros.

Como primera fuerza en las dos legislaturas anteriores, en cada una con más de 200 curules, el PRI controló la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, encargada de dictaminar el gasto federal y de distribuir dinero a los estados. A la hora de partir el pastel, los gobernadores priistas siempre eran los primeros en la fila y los más beneficiados. En la 63 legislatura, última de Peña Nieto, la mayoría de los diputados de Coahuila eran del PRI, y dos fungían como secretarios de la poderosa Comisión de Presupuesto: Jericó Abramo y Javier Guerrero, a quienes el entonces gobernador Rubén Moreira siempre bloqueó por interponerse en sus planes sucesorios.

Moreira era un gobernador influyente. Las delegaciones federales dependían de él y el presidente Peña Nieto toleraba todos sus excesos. Además, antes había sido diputado junto con Luis Videgaray, quien presidía la Comisión de Presupuesto y más tarde ocuparía la Secretaría de Hacienda. Esa red de intereses y sus “aportaciones” como operador político, le aseguraron un escaño de representación proporcional en el Congreso, a pesar de haber incrementado la deuda pública y de desviar 475 millones de pesos a empresas fantasma, de acuerdo con la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del Estado el año pasado.

Rubén Moreira es un político venido a menos. Su esposa Carolina Viggiano obtuvo la secretaría general del PRI en un proceso fraudulento, según Ivonne Ortega, quien acusó al exgobernador de Coahuila de haberla amenazado. Miguel Riquelme, quien carga con la herencia del clan –deuda impagable, masacres y desapariciones forzadas impunes, desprestigio–, le ha cerrado espacios a Rubén, cuya intemperancia obliga a enviar señales inequívocas sobre quién está a cargo del estado.

Los gobiernos divididos debilitan a los presidentes y los obligan a ceder ante las oposiciones, lo cual es normal en democracias consolidadas; la nuestra aún es balbuciente, pues el PRI monopolizó el poder durante 70 años y retrasó el proceso. Pero mientras los últimos cuatro mandatarios lidiaban con congresos dominados por fuerzas políticas contrarias a la suya, los gobernadores cobraban fuerza y ejercían el cargo a sus anchas, sin contrapesos y sin rendir cuentas a nadie; ni al Presidente ni a la Secretaría de Gobernación como antaño.

Los ejecutivos locales aprovecharon la ocasión para sacar tajadas presupuestarias cada vez más grandes a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. Sin embargo, el aumento en participaciones, fondos federales e ingresos petroleros no siempre se reflejaron en infraestructura, obras y servicios. Adicionalmente, dispararon las deudas de sus estados; el caso más escandaloso fue el de Coahuila. Humberto Moreira contrató créditos por más de 36 mil millones de pesos, la mitad de ellos de manera irregular, sin informar al Congreso ni a los coahuilenses dónde y cómo los iba a gastar.

Cada año, por estas fechas, los gobernadores y “sus” diputados negociaban mayores asignaciones para sus estados y universidades, algunas de las cuales servían como cajas menores para campañas políticas y otros fines. La Federación metía mano también en las instituciones públicas de educación superior para urdir fraudes como “La Estafa Maestra”. El desfile por el Congreso continúa, pero las circunstancias y los actores son otros.

Como primera fuerza en las dos legislaturas anteriores, en cada una con más de 200 curules, el PRI controló la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, encargada de dictaminar el gasto federal y de distribuir dinero a los estados. A la hora de partir el pastel, los gobernadores priistas siempre eran los primeros en la fila y los más beneficiados. En la 63 legislatura, última de Peña Nieto, la mayoría de los diputados de Coahuila eran del PRI, y dos fungían como secretarios de la poderosa Comisión de Presupuesto: Jericó Abramo y Javier Guerrero, a quienes el entonces gobernador Rubén Moreira siempre bloqueó por interponerse en sus planes sucesorios.

Moreira era un gobernador influyente. Las delegaciones federales dependían de él y el presidente Peña Nieto toleraba todos sus excesos. Además, antes había sido diputado junto con Luis Videgaray, quien presidía la Comisión de Presupuesto y más tarde ocuparía la Secretaría de Hacienda. Esa red de intereses y sus “aportaciones” como operador político, le aseguraron un escaño de representación proporcional en el Congreso, a pesar de haber incrementado la deuda pública y de desviar 475 millones de pesos a empresas fantasma, de acuerdo con la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del Estado el año pasado.

Rubén Moreira es un político venido a menos. Su esposa Carolina Viggiano obtuvo la secretaría general del PRI en un proceso fraudulento, según Ivonne Ortega, quien acusó al exgobernador de Coahuila de haberla amenazado. Miguel Riquelme, quien carga con la herencia del clan –deuda impagable, masacres y desapariciones forzadas impunes, desprestigio–, le ha cerrado espacios a Rubén, cuya intemperancia obliga a enviar señales inequívocas sobre quién está a cargo del estado.

Los presidentes tenían en los estados contactos ajenos a las estructuras del poder y a los partidos a quienes recurrían para conocer más al detalle la situación de una región concreta o de un problema en particular; incluso para sondear la opinión sobre tal o cual gobernador o aspirante al cargo. Los enlaces eran amigos de generación, excompañeros de trabajo o alguna figura económica o social relevante. En una charla informal con Miguel de la Madrid, el expresidente dijo que el método le había funcionado.

Años más tarde, en una entrevista con Carmen Aristegui, para el libro «Transición», De la Madrid admitió haberse equivocado con Carlos Salinas como sucesor, por la corrupción de su gobierno y las denuncias por los supuestos vínculos de su hermano Raúl con el narcotráfico. Los presidentes -advirtió- deberían prestar más atención a la moralidad de sus colaboradores para evitar sorpresas desagradables. El PRI conservaría el poder un sexenio más, con Ernesto Zedillo, y lo recuperaría 12 años después, con Peña Nieto, quien resultó tan venal o más que Salinas.

Atenido a su legitimidad, Vicente Fox se desentendió de los gobernadores. En lugar de combatir la corrupción -promesa de campaña y bandera histórica del PAN-, el Presidente de la alternancia prefirió mirar para otro lado y llevar la fiesta en paz con los caciques regionales. Quizá por ser el suyo el primer gobierno dividido de principio a fin. Entonces la corrupción en los estados no era tan grave, como lo sería en los dos sexenios siguientes, ni las deudas ponían en riesgo sus finanzas.

Sin el bono democrático de Fox, Felipe Calderón no pudo acotar a quienes, para entonces, ya habían convertido a las entidades en feudos personales y devenido en presidentes a escala. Los gobernadores controlaban los poderes Legislativo y Judicial y los órganos supuestamente autónomos. En ese periodo, no solo se dispararon las deudas; en muchos casos, como el de Coahuila, las autoridades locales también pactaron con la delincuencia organizada, contribuyeron a incendiar el país e instalaron en Los Pinos a uno de los suyos.

Si en el pasado los presidentes surgidos del PRI recurrían a fuentes alternas para obtener información sobre la conducta de los gobernadores con el objeto de apretarles las clavijas e incluso para defenestrar a quienes, por descuidar sus obligaciones -en materia de seguridad, por ejemplo-, le generaban conflictos a la federación, Peña Nieto les dio patente de corso, les entregó recursos sin supervisión, les dejó decidir sus propias sucesiones y puso a su servicio las delegaciones federales. Ese fue el premio por haber financiado su campaña… con deuda pública.

Peña Nieto no movió un dedo contra los gobernadores acusados de corrupción; al contrario, la Procuraduría General de la República los protegió. Las detenciones de Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), Jorge Torres (Coahuila) y la fuga de César Duarte (Chihuahua) las forzó la presión ciudadana, la alternancia y las investigaciones en Estados Unidos. Con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, los mandatarios estatales perdieron influencia, pero aún no se aprecia voluntad suficiente para desmontar las estructuras de poder y complicidad que los volvieron absolutos, como hoy son también los de Morena.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es experto en tender cortinas de humo. En 2003, cuando era jefe de Gobierno de Ciudad de México, pidió a los periodistas «darlo por muerto» para la sucesión presidencial. Tres años después se postuló por el PRD y estuvo a una nariz de ganarle a Felipe Calderón. Ya como Presidente, ofreció poner «punto final a esta horrible historia (de corrupción)… mejor empecemos de nuevo; en otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado…». Empero, ya tiene entre rejas a Rosario Robles, una de las colaboradoras más íntimas de Peña Nieto.

También está preso el litigante Juan Collado, expresidente de Caja Libertad y supuesto blanqueador de dinero de figuras del PRI y del PAN. Alonso Ancira, propietario de AHMSA, enfrenta en España un juicio de extradición por la venta de Agro Nitrogenados a Pemex a precio inflado y lavado de dinero. Emilio Lozoya Austin, quien autorizó la operación, como director de la petrolera, se encuentra prófugo. También participó en la trama de la multinacional brasileña Odebrecht, acusada de sobornar a varios presidentes de América Latina, entre ellos el peruano Alan García, quien optó por el suicidio.

Sin embargo, la mayoría de los intocables -expresidentes, exsecretarios de Estado, gobernadores, líderes sindicales, empresarios y banqueros- aún conserva esa condición. AMLO conoce los casos más emblemáticos, pero prefiere administrarlos; no corre prisa. Además, ahora hay un fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuya función no es «ser florero»; y un jefe de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a quien tampoco le tiembla el pulso para aplicar la ley.

¿Quién será el primer exgobernador en ser procesado por delitos de corrupción? ¿Humberto o Rubén Moreira? El Presidente no ha dado pistas, ni las dará, como tampoco lo hizo en los casos de Robles, Ancira, Collado y Loyoza. El tiempo parece favorecer a Humberto aun cuando la deuda permanece impune y sin aclarar su aplicación. Las empresas fantasma y otros desmanes de Rubén están más frescos.

Hasta hoy ningún sátrapa ha sido defenestrado por AMLO como era costumbre en la «presidencia imperial». Carlos Salinas despachó a 15 o 16, algunas veces por un quítame allá esas pajas. El Presidente de la Cuarta Transformación es de otro estilo, pero no frenará a Gertz, a Nieto ni al Congreso para proceder, cuando a su agenda convenga y las circunstancias lo exijan, contra los protegidos de Peña Nieto en los estados. Uno de los candidatos es el predecesor de Miguel Ángel Riquelme.

Las denuncias penales de la Auditoría Superior del Estado por la deuda y las empresas fantasma en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, la investigación «Megadeuda en Coahuila: justicia simulada», de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y la presión social abren resquicios para castigar los delitos cometidos durante el moreirato.

El clamor no es de venganza, sino de justicia. Una de las exigencias al presidente López Obrador consiste en sentar en el banquillo a quienes abusaron del poder en la tierra de Francisco I. Madero, uno de los guías de su movimiento transformador. ¿Es mucho pedir?

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Si el procurador de los Moreira sigue el itinerario del exgobernador Jorge Torres López, su próxima escala será en una celda.

El moreirato acaba de recibir dos noticias, una mala y una peor. La mala es la inminente extradición de su marioneta Jorge Torres López a Estados Unidos, donde se le acusa de lavado de dinero y fraude bancario, convencido de que cualquier nuevo recurso para evitarla sería inútil. ¿Para qué prolongar entonces la agonía? La peor es la investigación Megadeuda en Coahuila: Justicia Simulada, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tan acuciosa y detallada como La Estafa Maestra. Graduados para Desaparecer Dinero Público, por la cual se encuentra presa la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Rosario Robles.

El 1 de febrero de 2017, en el marco del foro, La Sociedad Civil frente a la Corrupción, organizado por la División de Estudios Sociales, la Asociación de Egresados y el Consejo de Presidentes de Sociedades de Alumnos de la Universidad Iberoamericana, el presidente de MCCI, Claudio X. González Guajardo dijo que, de existir en México un “salón de la infamia”, sus ocupantes serían el Presidente de la República (en ese momento lo era Peña Nieto), y los gobernadores Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Manuel Velasco (Chiapas, promotor de “tremenda” corrupción), Guillermo Padrés (Sonora, a quien llamó “terrible”) y Gabino Cué (Oaxaca).

La lista de políticos remata con los hermanos Humberto y Rubén Moreira (Coahuila) y Jesús Murillo (procurador del Peña Nieto, cuya “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa resultó tan genuina como hoy es la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción, según lo demuestra su defensa del clan). La iniciativa privada no podía faltar en la sala de la ignominia y por eso González incluyó a Juan Armando Hinojosa (Grupo Higa, el contratista preferido del peñismo, vendedor de la casa blanca a la exesposa del Presidente), José Andrés de Oteyza y Pablo Wallentin (OHL, transnacional española a la cual Peña, como gobernador de Estado de México, concesionó el Circuito Exterior Mexiquense en un proceso plagado de irregularidades).

Si la pandilla supone que tener a AMLO de su lado y desacreditar a MCCI, como lo hizo ayer el Presidente, la exime de juicios aún no celebrados, se equivoca, por varias razones. 1) AMLO suele engañar con la verdad y contradecirse a sí mismo; 2) las investigaciones de MCCI han anticipado la caída de intocables (Rosario Robles y Carlos Lomelí, exsuperdelegado en Jalisco, por la red de empresas farmacéuticas proveedoras del Gobierno), 3) lejos de ser satélite del poder o una asociación fantasma, como las empresas utilizadas por Rubén Moreira para esfumar y cambiar de bolsa 475 millones de pesos, MCCI tiene prestigio internacional. El año pasado obtuvo, junto con la publicación digital Animal Político, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en la categoría Mejor Historia o Investigación Periodística, por La Estafa Maestra; y 4) con Torres López en su poder, Estados Unidos estrechará aún más el cerco sobre el clan.

AMLO comete un error grave al enfrentarse también a MCCI. La ONG es su principal aliada contra la corrupción y la impunidad, pero en vez de reconocerla así, recurre a la burla y al denuesto. Defender a los Moreira para atacar a Calderón es igualmente infame. La cloaca de la deuda la destapó Ernesto Cordero en 2011, cuando era secretario de Hacienda. Fue Peña Nieto quien rescató a Humberto de la prisión de Soto del Real y concedió a Rubén patente curso. Homero Ramos Gloria, el procurador del moreirato, dio carpetazo a las denuncias por la megadueda. ¿Qué espera para renunciar como magistrado?

El recorte de participaciones y fondos federales en el presupuesto de egresos de 2020 someterá a los estados a mayores presiones económicas, políticas y sociales; máxime a los que registran pasivos elevados. Coahuila tiene una deuda de 12 mil 38 pesos por persona, 2.7 veces por encima del promedio nacional y la más alta del país, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Chi-huahua, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y Coahuila cerraron el primer trimestre del año como las entidades más endeudadas en relación con su PIB.

A diferencia de la deuda de los demás estados, acumulada en décadas, Coahuila disparó la suya en los dos últimos años del Gobierno de Humberto Moreira a 36 mil 509 millones de pesos después de haber recibido pasivos por 323 millones de la administración previa. El incremento resulta escandaloso por sí solo, pues jamás se informó de su cuantía ni sobre el destino de los recursos, pero la contratación de créditos con decretos falsos y otras arterías le dio al caso un cariz delincuencial.

Las investigaciones por el desvío de fondos del erario de Coahuila, realizadas por el Gobierno de Estados Unidos, provocaron la detención del exgobernador Jorge Torres López, del exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, y del empresario mediático Rolando González Treviño, así como el decomiso de varias decenas de millones de dólares. Sin embargo, las cabezas de la trama urdida para enriquecer a un grupo y condenar al estado a una interminable penuria presupuestaria, permanecen impunes.

La disminución de participaciones a los estados y municipios es una forma de obligar a los gobiernos locales a racionalizar el gasto y adoptar las políticas de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los recortes de personal en las secretarías de Estado y en la mayoría de las dependencias han sido arbitrarios en algunos casos, pero las estructuras estaban sobrecargadas y los salarios de la alta burocracia eran excesivos para las condiciones del país y el ingreso de la mayoría de los mexicanos.

Las circunstancias imponen a los gobernadores y alcaldes la tarea de ajustar sus presupuestos, suprimir personal innecesario, prescindir de gastos superfluos y cancelar privilegios a funcionarios y exfuncionarios, cuya protección le cuesta al estado cantidades ingentes. Subir impuestos o crear nuevos derechos o tributos es impopular, sobre todo en años electorales; como el siguiente, cuando se renovará el Congreso local. La resistencia de los contribuyentes a pagar más aumenta por la percepción de que el Gobierno utiliza el presupuesto para otros fines –personales o electorales–. Los recortes en las participaciones buscan también evitar la compra de votos, tipificada ya como delito grave.

Los gobernadores están bajo observación presidencial, y una forma de controlarlos es a través del presupuesto federal, de donde procede la mayor parte de los recursos estatales para gasto e inversión. Coahuila necesita dar ejemplo de congruencia y en ese sentido la Fiscalía General del Estado debe investigar las denuncias de la Auditoría Superior del Estado por la deuda irregular y las empresas fantasma en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira. La comisión legislativa para aclarar el destino de los créditos fue una farsa tolerada por el PAN. Es hora de recuperar propiedades y cuentas adquiridas con dinero de los coahuilenses.

El uso de los colores de la Bandera nacional en el logotipo del PRI, desde su fundación en 1929, menoscabó en el subconsciente el símbolo patrio más visible; los otros son el Himno y el Escudo. Mientras ese partido y las autoridades emanadas de él se apegaron a los postulados de la Revolución, las cosas marcharon más o menos bien, pero a medida que la clase política pervirtió los principios y corrompió el servicio público, el apoyo popular se convirtió en repudio. Esa realidad, irrefutable, se expresó en las urnas el año pasado, con el entierro del “partido tricolor” y el surgimiento de una nueva fuerza política. Morena es el sucedáneo del PRI.

Los últimos mandatarios contribuyeron también al deterioro del símbolo. Sobre todo Peña Nieto, en cuyo Gobierno la corrupción y la impunidad adquirieron categoría de políticas de Estado. Ver los colores del pabellón y el escudo en la banda cruzada sobre el pecho de uno de los presidentes más frívolos, cínicos y venales, representaba un insulto para el país. Cada 15 de septiembre, Peña, su esposa y sus hijos, cual familia imperial, salían al balcón central del Palacio Nacional para saludar al pueblo, reunido en el Zócalo; no por ellos, sino por el significado de la fecha.

Policías armados controlaban el acceso a la Plaza de la Constitución; las revisiones eran arbitrarias e indignantes. El Gobierno del Estado de México enviaba acarreados para ocupar las zonas más próximas al Palacio Nacional y aclamar a su líder. Inútil, pues las rechiflas y consignas contra Peña siempre superaron a las porras. Las protestas eran por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos (“¡Fue el Estado!”), la corrupción (por la Casa Blanca y otros escándalos) y el mal Gobierno (“¡Peña, renuncia!”). Como la Presidencia estaba a cargo de la transmisión, apagaba el audio.

El entusiasmo por las fiestas patrias decayó mucho antes de Peña. En el pasado, las ciudades y los pueblos se adornaban con banderas y pasacalles; en las casas y comercios ondeaban telas tricolores; los autos, camiones y bicicletas lucían rehiletes y banderines verde, blanco y rojo. La política se apropió del símbolo y alteró su contenido. El Presidente, con la banda, personalizaba a la patria, pero la nación no se identificaba con él ni con otro representante popular.

Hoy los modelos son el cantante, el artista y el deportista de moda o, en el peor de los casos, el capo de la nueva narcoserie. Hoy se ondean las banderas de equipos y se celebran triunfos tan efímeros como irrelevantes. Sin embargo, México está por encima de la política y de cualquier partido e interés. Se necesitan ciudadanos, instituciones y líderes que lo respeten y sirvan de inspiración a las futuras generaciones. El país no es culpable de sus crisis recurrentes; somos nosotros, por descuidarlo, y por nuestra falta de compromiso con la patria.

La decisión de Andrés Manuel López Obrador de limitar el uso de la banda presidencial, para descontaminar el símbolo, es positiva, pero sería más importante respetar el pluralismo político y buscar la reconciliación nacional. Si persiste en sembrar vientos, no dejará de cosechar tempestades. La legitimidad obtenida en las urnas puede perderla en el ejercicio del poder. Si AMLO desea transformar el país, debe empezar por contenerse a sí mismo y no tirar por la borda la oportunidad de pasar a la historia como estadista, no como charlatán.

Los grandes cambios se logran con voluntad y coraje. También son consecuencia de actos pequeños e imperceptibles al principio, pero que una vez en movimiento derriban cualquier muralla. Los líderes auténticos no buscan reflectores. Es el caso de la adolescente que ha puesto contra las cuerdas al Presidente de Estados Unidos, de cuyas hazañas escribe Gerardo Moyano en la nueva edición del bisemanario Espacio 4.

“Un año después de aquel primer viernes en que faltó a la escuela para protestar ante el parlamento sueco por la falta de acciones para revertir el calentamiento climático, Greta Thunberg estaba en un velero en medio del océano Atlántico, rumbo a Estados Unidos.

“El 28 de agosto, la joven de 16 años arribó a Nueva York en el Malizia II, una embarcación que no genera emisiones de carbono, junto a los dos tripulantes, su padre Svante Thunberg y el director de cine Nathan Grossman. Diecisiete veleros de Naciones Unidas (NU), uno por cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la escoltaron a su paso por la Estatua de la Libertad.

“Cuestionada sobre qué le diría al Presidente estadunidense Donald Trump, Greta expresó: ‘Le pido que escuche a la ciencia, porque obviamente no lo hace. Si nadie ha podido convencerle todavía, no voy a poder hacerlo yo ahora. Así que me centraré en convencer a la gente’.

“La activista, cuyo ejemplo inspiró a más de un millón de jóvenes que se sumaron a las protestas que se realizaron en más de 100 países, los pasados 15 de marzo y 24 de mayo, acudió a una manifestación frente a la Casa Blanca, la residencia del Mandatario, quien ha llegado a decir que el calentamiento global “es una farsa”.

“Greta se mantuvo en silencio durante casi toda la protesta, pues dijo que no quería robarle protagonismo a los jóvenes que la habían organizado. Al final del evento y a pedido del público, invitó a todos a participar de las diferentes marchas programadas hasta el 20 de septiembre, un día antes de que iniciara la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 de la ONU.

“Tal fue el impacto de su visita, que el Gobierno de la ciudad de Nueva York decidió no computarles las faltas a los alumnos que asistieran a las protestas de los viernes. ‘Aplaudimos cuando nuestros alumnos toman la palabra de manera respetuosa y pacífica sobre temas que los movilizan’, señaló el municipio, el cual se comprometió a promover debates sobre el cambio climático en las escuelas.

“En contraste con el silencio de la Administración de Trump, la cual en los últimos años ha derogado o relajado las normas sobre las emisiones de carbono generadas por automóviles, las centrales de carbón y las plantas petroleras, Amnistía Internacional (AI) galardonó a la joven con el premio Embajadora de Conciencia 2019.

“‘Este premio es para esas millones de personas, gente joven alrededor del mundo que junta ha hecho un movimiento que se llama ‘Viernes para el Futuro’. (…) Estamos peleando por nuestras vidas, pero no solo eso, también estamos peleando por nuestros futuros hijos y nietos, por las futuras generaciones, por cada criatura viviente del planeta’”, dijo Thunberg.

“El premio Embajador/a de Conciencia fue creado en 2002 para reconocer a las personas y grupos que han defendido los derechos humanos y con ello han logrado motivar a personas. Entre los galardonados destacan Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Harry Belafonte, Ai Weiwei, los grupos de jóvenes de África Occidental y Central, Angélique Kidjo, el Movimiento por los Derechos Indígenas de Canadá, Alicia Keys y Colin Kaepernick”.

Una de las sucesiones más suaves en Coahuila fue la de Óscar Flores Tapia y José de las Fuentes, no obstante la crisis por la renuncia del primero cuatro meses antes de concluir su gestión. Don Óscar reincorporó a De las Fuentes a la arena política del estado y le allanó el camino al Palacio Rosa. A principios de 1982, en una gira por Piedras Negras, el presidente López Portillo le pidió al flamante Gobernador detalles sobre el «desastre financiero» que había heredado. «Mi respuesta fue que todo estaba bien», me contó en una charla posterior en su despacho.

Flores Tapia y De las Fuentes se respetaron y fueron amigos hasta el final. No se puede decir lo mismo de otros mandatarios aun cuando lleven el mismo apellido. La sucesión de 1975 había sido ruda y conflictiva. Flores Tapia no era el candidato del grupo en el poder ni de sus adláteres, pero sí del presidente Echeverría. Además recibió una deuda de 500 millones de pesos por impuestos no enterados a la Secretaría de Hacienda, de los cuales la Tesorería del Estado dispuso sin conocimiento del gobernador Eulalio Gutiérrez Treviño.

Don Óscar fue tema de conversación en la charla reciente del grupo de amigos que semanalmente nos reunimos en el Toks para celebrar la vida. La transformación de Saltillo se debe a él; y su consolidación, a quienes le sucedieron en el cargo antes de la deuda. Ser sede de los poderes le brinda ventajas sobre otras ciudades. Torreón vivió sus peores años durante el moreirato; la consigna -celosamente cumplida- era acabar con ella, y el objetivo casi se logra. Hoy, bajo la administración de Jorge Zermeño, los laureles empiezan a reverdecer en la metrópoli lagunera.

Si Flores Tapia detonó el potencial de la capital con infraestructura urbana (todavía hoy se le reconoce como «el mejor alcalde de Saltillo»), Eliseo Mendoza Berrueto (EMB) se anticipó a los retos del Tratado de Libre Comercio y colocó a la Región Sureste al nivel de las más competitivas del país con las primeras autopistas de cuota. La Carbonera-Puerto México-Los Chorros, por cierto, ha sido una de las más rentables. (Aclaración: fui colaborador de Mendoza).

EMB combinó técnica y política, pues, a diferencia de sus predecesores, ocupó cargos en la administración federal (tres veces subsecretario) y de elección popular (senador y diputado). El orden y la disciplina caracterizaron su sexenio. Llegó con grandes planes, pero el presidente De la Madrid le enfrió el ánimo al anunciar que el último año de su gobierno (primero de su amigo en Coahuila) no sería de primeras piedras ni de cortes de listón por la crisis económica. (AMLO no es, pues, el único que ha apretado el cinturón al Gobierno federal y a los estados).

El gobernador recurrió entonces a la imaginación y se crearon programas de alto impacto social como Trabajemos Juntos (precursor de Solidaridad) y Vivamos Mejor, los cuales mezclaban recursos de los tres niveles de Gobierno y mano de obra de los beneficiarios. Las audiencias públicas le permitían conocer problemáticas de todos los sectores y en el programa Coahuila de Frente se comunicaba con el estado y tomaba llamadas del público. Las autoridades nada ganan con lamentaciones. Si el tiempo gastado hoy en futurismo político mejor se dedicara a gobernar y a encontrar soluciones al temporal presupuestario provocado por la 4T, habría menos agobios.

Ronald Reagan fue el último presidente de Estados Unidos en sufrir un atentado. El 30 de marzo de 1981, John Kinckley Jr. le disparó en seis ocasiones: uno de los proyectiles rebotó en el Cadillac One, penetró por la axila izquierda del Mandatario, golpeó una costilla, perforó el pulmón y se detuvo a 2.5 centímetros del corazón.

En el ataque también resultaron heridos el vocero James Brady y los agentes del Servicio Secreto Thomas Delahanty y Timothy McCarthy. Afectado por el síndrome de Clerambault, Kinckley quería llamar la atención de la actriz Jodie Foster. Reagan cuenta el episodio en su autobiografía Una Vida Americana, en cuya presentación ante la prensa dijo, con su típico sentido del humor: “He oído que es un libro estupendo. Uno de estos días lo voy a leer” (El País, 14.12.12).

La infancia de este nieto de irlandés, quien se convertiría en el cuadragésimo Presidente de EU y uno de los líderes mundiales más influyentes del siglo pasado, no fue fácil. Nacido en Tampico, Illinois, narra cómo se las ingeniaba su madre para hacer rendir las compras en la carnicería.

Donald Trump es, para algunos de sus colaboradores, “el Reagan moderno”. Nada más alejado de la realidad. El mitómano está en las antípodas de quien, junto con el papa Juan Pablo II y la primera ministra del Reino Unido, Margaret Tatcher, libraron al mundo de la tiranía comunista. El equivalente de Trump es el nuevo premier británico Boris Johnson. Tan cismático el color naranja como el rubio. Reagan pondría hoy en su lugar a este par de chivos en cristalería: “No hay respuestas sencillas, pero sí hay respuestas simples. Debemos tener el coraje de hacer lo que sabemos que moralmente
es correcto”.

En las redes circula un mensaje de Reagan –uno de los Presidentes más queridos de EU– donde apela a la conciencia de su país, apropiado para estos tiempos marcados por el racismo:

“Como este será el último discurso que daré como Presidente, creo que es adecuado que deje una última reflexión, una observación sobre un país que amo. Se expresó mejor en una carta que recibí no hace mucho. Un hombre me escribió: ‘Puedes ir a vivir a Francia, pero no puedes convertirte en francés. Puedes ir a vivir a Turquía, Alemania o Japón, pero no puedes convertirte en alemán, turco o japonés. Pero cualquiera procedente de cualquier rincón del mundo, puede venir a vivir a Estados Unidos de América y convertirse en un estadunidense’.

“Otros países pueden intentar competir con nosotros, menos en un área vital: como faro de libertad y oportunidades que atrae a la gente del mundo, ningún otro país se nos acerca. Creo que esta es una de las fuentes más importantes de la grandeza de EU. Lideramos el mundo porque, única entre las naciones, conseguimos para nuestro pueblo la fuerza de todos los países y todos los rincones del mundo. Al hacer eso renovamos y enriquecemos nuestra nación
de manera continua.

“Mientras otros países se aferran a un pasado trasnochado, aquí en EU damos vida a los sueños, creamos el futuro y el mundo nos sigue hacia el mañana. Gracias a cada ola de recién llegados a esta tierra de oportunidades somos una nación que se mantiene joven, siempre llena de energía y nuevas ideas y siempre innovadora, siempre llevando al mundo a la próxima frontera. Esta cualidad es vital para nuestro futuro como nación. Si algún día cerraran las puertas a nuevos estadunidenses, nuestro liderazgo en el mundo pronto estaría perdido”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a su primer informe con un cómodo 69% de aprobación, de acuerdo con la encuesta de El Universal (28.08.29). La noticia debió recomerle el hígado a quienes literalmente no pueden verlo ni en pintura, pero siguen sus mañaneras para dar rienda suelta después a su fobia en las redes sociales. Le hacen un favor. En 12 mediciones -iniciadas en agosto de 2018-, «solo en noviembre -cuando aún no asumía el poder- tuvo un bache de aprobación; los demás meses ha estado por encima del 64%», advierte la nota del diario capitalino.

Jair Bolsonaro, el exmilitar de ultraderecha que en octubre pasado ganó la Presidencia de Brasil en segunda vuelta, sin ser el favorito, está en las antípodas. El 53.7% desaprueba su gestión y el 9.5% se declara satisfecho, según la encuestadora CNT/MDA (Hispantv, 27.08.19). El manejo de la crisis por el incendio en el Amazonas y los desplantes con el presidente francés Emmanuel Macron, hundieron más a Bolsonaro.

AMLO es el Mandatario mejor calificado en su primer año de gestión. Le siguen Carlos Salinas y Felipe Calderón (66%), Vicente Fox (62%), Enrique Peña (53%) y Ernesto Zedillo (37%) (Publimetro, 29.08.19). Los mexicanos saben qué país recibió el Presidente. Para 53.9% de los consultados por El Universal, todavía es prematuro evaluar al nuevo Gobierno; 44%, en cambio, respondió que nueve meses ya son suficientes para hacerlo.

Algunos sectores critican a la administración de AMLO por «regalar dinero», pero es en el apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes y a quienes sufren alguna discapacidad donde obtiene mayor reconocimiento, a pesar de que la mayoría no recibe ese beneficio. Los logros principales del incipiente sexenio, según la muestra, son los programas sociales (25%) y el combate al robo de combustibles (16.8%). El 11.8% no aprecia ninguno y solo 8.2% observa avances en la lucha contra la corrupción; un mentís al discurso oficial y una exigencia para profundizarla.

Los errores señalados al Gobierno amlista son por las deficiencias en el combate a la delincuencia (13.6%), la violencia (5%), el narcotráfico (4.8%), la corrupción (3%) y por el manejo de la economía (3.2%). Para 11.6%, López Obrador no ha cometido ninguna equivocación; la diferencia con respecto a quienes opinan que no existen motivos para festejar en el primer informe es de dos décimas.

El gabinete de AMLO ha sido cuestionado por su perfil, opuesto al de los tecnócratas neoliberales de los últimos sexenios, sin embargo, de quien más ayuda recibe «para solucionar los principales problemas del país» es de sus secretarios, respondió 50% de los entrevistados. Para 43.6%, el apoyo procede de los ciudadanos y no del Congreso, dominado por Morena, (17.5%). A los gobernadores, la mayoría de los cuales son del PRI y del PAN, se les ve distantes, pues su participación en el esfuerzo es mínima, opina 53.7 por ciento. La aportación de las organizaciones civiles, a las cuales el Presidente ha criticado y suprimido presupuesto, es solo de 15%, pero quienes de plano en nada apoyan son los partidos de oposición, dijo 51.5 por ciento.

Comunicador por antonomasia, López Obrador ha sabido transmitir confianza y optimismo, y así lo reflejan las pesquisas de las encuestadoras y de los medios de comunicación. La aprobación del Presidente se basa en tres pilares: su honestidad, reconocida por tirios y troyanos; su cercanía con la gente, y la legitimidad obtenida en las urnas con 30 millones de votos.

Los organismos empresariales no se han distinguido precisamente por ser críticos del poder. La atonía del sector es resultado de su sometimiento. Durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, cuando desde el Gobierno se promovieron invasiones de propiedades agrícolas y urbanas y se nacionalizó la banca, surgieron líderes como Manuel J. Clouthier, Maquío, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en los años turbulentos de 1978 a 1980. El PAN lo postuló en 1988 para la Presidencia; un año después murió en un extraño accidente de carretera.

El escritor y periodista Juan María Alponte (1924-2015) recuerda que en una gira proselitista a bordo del autobús Chamaquío, Clouthier habló de su metamorfosis de agricultor a político: «Si algo bueno hizo el expresidente López Portillo fue haber despertado la conciencia del empresariado en la actividad política… Gracias a López Portillo, a medidas populistas como la privatización de la banca, yo estoy aquí, junto con toda esta corriente de mexicanos que antes nos preocupábamos solo por crear riqueza, y ahora interesados en la política, en el Gobierno» (El Universal, 19.02.94, «JLP y Clouthier, germen del cambio«).

Clouthier ya había sido candidato a gobernador de Sinaloa en 1996, pero perdió contra el priista Francisco Labastida en un proceso cuestionado por amplios sectores del estado; él mismo lo calificó de fruadulento en su libro La Cruzada por la Salvación de México (Wikipedia). Dos años más tarde, compitió por la Presidencia contra Carlos Salinas de Gortari (PRI) y Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional. Cuando Cárdenas aventajaba en el conteo de votos, «el sistema se cayó» para hacer ganar al PRI.

Salinas obtuvo oficialmente 9.6 millones de votos (50.3% del total); Cárdenas, 5.9 millones (31.1%) y Clouthier, 3.2 millones (17.7%). Al día siguiente de las elecciones, Maquío denunció que la caída del sistema se debió a que «los representantes de los partidos de oposición en dicho sistema descubrieron un banco de datos ya con los resultados, apenas dos horas después de concluida oficialmente la jornada electoral». El fraude se había consumado.

Clouthier hizo un llamado a la resistencia civil pacífica para exigir nuevos comicios. En la «Caravana del Silencio», los manifestantes se cubrían la boca con mascarillas donde se leía «Que hable México». También ayunó del 15 al 22 de diciembre en el Ángel de la Independencia. Ningún esfuerzo valió para repetir la elección, pero no claudicó. Clouthier formó un gabinete alternativo para vigilar al gobierno de Salinas, entre quienes figuraban dos futuros presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Diego Fernández también formaba parte del gabinete en la sombra, pero devino en aliado de Salinas y en esa condición aprobó la quema de boletas electorales para terminar de borrarse las huellas del fraude de 1988. Manuel Bartlett, secretario de Gobernación y jefe del órgano comicial en el sexenio de Miguel de la Madrid, reconocería casi 30 años más tarde el amaño para imponer a Salinas.

Maquío, padre de Tatiana Clouthier -coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador- falleció el 1 de octubre de 1989 prensado por un tráiler, según las autoridades federales.
Ningún empresario ha hecho lo que Clouthier por la democracia y las libertades políticas. La crítica del sector no pasa de las tertulias y de los medios de comunicación. La arena política les causa urticaria.

Si la estadística oficial sobre feminicidios pone los pelos de punta, la cifra negra provocaría espanto. Es justo lo que sienten las mujeres en nuestro país por la violencia sistemática y la incuria de las autoridades de los tres niveles de Gobierno. Renata Chapa profundiza en el tema del bisemanario Espacio 4 (622).

“Según la perspectiva de analistas políticos y especialistas en temas de género, a partir del 16 de agosto de 2019 quedó bien prendida la mecha sobre la pólvora femenina de millones de mexicanas, dispuestas a ir más allá del altavoz y el asfalto. La probabilidad está cantada: más mujeres bomba están a poco de estallar en la capital y en otras entidades nacionales e internacionales.

“No obstante, desde la perspectiva de la autoridad capitalina, la manifestación y los daños a los inmuebles de la #CDMX fueron una provocación orquestada. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así lo declaró: ‘Querían que el Gobierno utilizara métodos violentos al igual que ellos lo hicieron y, nosotros, por ningún motivo vamos a caer en provocaciones. Claro que habrá carpetas de investigación por lo que ocurrió, particularmente en la Procuraduría General de Justicia, y será la propia institución quien haga las investigaciones y resuelva. Condenamos los hechos’ (eluniversal.com).

“El enrarecido ambiente político que hoy en día predomina en la República Mexicana abona a la confusión, aumenta el escepticismo, multiplica las inferencias exprés. Victimizaciones, golpeteos partidistas, satanizaciones. El enredo informativo es tal que, en medio de las nebulosas mediáticas, se llega a perder el foco de la más sentida y urgente certeza: los cuerpos ‘con y sin vida’ de las mujeres violentadas: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, ancianas. (…)

“En 2019, el libro Las Muertas del Estado. Feminicidios Durante la Administración Mexiquense de Enrique Peña Nieto (Ed. Grijalbo, México, 2013), de los periodistas Humberto Padgett y Eduardo Loza, adquiere una elevada dimensión. Encamina al lector a lo sucedido tres décadas atrás en torno al tema de los feminicidios que, como sostienen sus autores, en 1990, iban en marcado aumento.

“Atendamos los siguientes datos condensados por Irving Pineda al entrevistar a los autores de Las Muertas del Estado: ‘De 1990 a 2011 se levantaron en todo el país 32 mil 172 actas de defunción de mujeres que fallecieron por agresiones; de estas actas, 7 mil 749 se elaboraron en el Estado de México. En 2011, año en que se renovó la gubernatura en el Estado de México, los feminicidios alcanzaron su nivel más alto, 4.5 muertes ocurrían por cada 100 mil mujeres que residen en esa entidad; así lo revelan cifras que emanan de las bases de datos de mortalidad de la Secretaría de Salud federal (…)’.

“‘Lo que nosotros encontramos es que el Estado de México ha mentido reiteradamente incluso con el total conocimiento del hecho, cuando pretendió la alerta de género y quienes sostuvieron la defensa del Gobierno del Estado de México presentaron tasas en las cuales fueron, rebajadas, diluidas a la mitad (…) (Los feminicidios) no se consignan en los expedientes como tales y, de esa manera, empieza a maquillarse el estado de las cosas en el Estado de México. En esa entidad se potenció más la vulnerabilidad de las mujeres por el desconocimiento que las autoridades hacían del fenómeno por el interés electoral de Enrique Peña Nieto (...)’”.

Andrés Manuel López Obrador capitalizó el abandono de las obligaciones del Estado en materia de seguridad, justicia, salud y bienestar, así como el desprecio social hacia la clase política y los partidos tradicionales para hacerse con el poder y controlar el Congreso. De momento no existe una fuerza organizada capaz de afrontar a uno de los presidentes más fuertes y legitimados. Los grandes capitales y los conglomerados mediáticos se han alineado a la Cuarta Transformación, forzados por las circunstancias.

El populismo asusta al statu quo, pero propició su regreso. La concentración de la riqueza, el desencanto por la democracia representativa, la debilidad de las instituciones y la indignación ciudadana por la corrupción y la impunidad muestran el fracaso del modelo neoliberal. En países no democráticos, los jóvenes pusieron en movimiento los engranajes del cambio. La Primavera Árabe, iniciada en 2010, terminó con tres de las dictaduras más longevas (Túnez, Egipto y Libia).

En América y Europa, la crisis financiera de 2008 exacerbó el enojo ciudadano por los recortes presupuestarios y los sacrificios impuestos. Las protestas en las principales capitales pusieron contra pared a los gobiernos neoliberales. De acuerdo con Oxfam Internacional, el 82% de la riqueza generada en 2017 terminó en las manos del 1% de la población del mundo. Para Winnie Byanyima, directora del organismo, “el boom de millonarios… no es un signo de prosperidad de la economía, sino un síntoma del fracaso del sistema económico” (Radio Francia Internacional, 23.01.18).

Protestas multitudinarias alrededor del mundo se han entrelazado para demandar un cambio político y económico global y mejores condiciones de vida. La mecha la encendió el Movimiento 15-M o de los indignados, el 15 de mayo de 2011 en España, con el lema “Democracia real ¡YA! No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Sandra León advierte que “Una de las principales críticas a la democracia (del 15-M) fue la falta de autonomía del poder político. La sensación de que la política estaba desprotegida frente a un poder económico que no rendía cuentas en las urnas”. En su primer informe, AMLO presenta como uno de sus mayores logros haber terminado con esa simbiosis.

La protesta de los indignados gestó la movilización mundial del 15 de octubre de 2011 (15-O) en la cual participaron 82 países, incluido México. Ciudadanos y colectivos fueron convocados para “reapropiarse de la política mediante la participación directa en la vida social, política y económica”, y reclamar “una democratización de la economía y de la gobernanza”. También influyó en los movimientos Ocupa Wall Street “contra el poder omnímodo de las empresas y las evasiones fiscales sistemáticas del 1% más rico”, y Yo soy 132, para rechazar “la imposición mediática de Enrique Peña como candidato en las elecciones presidenciales de 2012” (Wikipedia). En octubre pasado, los Chalecos amarillos protestaron en Francia contra el alza en el precio de los combustibles, la injusticia fiscal y la disminución del poder adquisitivo.

En México, el efecto de esos movimientos fue retardado. Peña Nieto ganó la presidencia, impuesto por los corporativos y los grandes medios de comunicación, pero seis años después los indignados pasaron factura al PRI y al sistema, y votaron por el candidato que mejor los entendía: López Obrador. ¿Estará a la altura del reto? Las encuestas dicen sí, por ahora.

Con el dedo pulgar derecho en alto, en señal de aprobación, y la mano izquierda cerrada, para denotar firmeza, el presidente López Obrador anuncia en uno de los promocionales de su primer informe: «Los compromisos se cumplen. Separamos el poder político del poder económico». En su discurso de toma de posesión dijo que una de las insignias de su Administración sería justamente esa. «El Gobierno ya no va a ser un simple facilitador para el saqueo (…). Ya no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz».

AMLO ya ha dado varios golpes con el puño izquierdo. Entre el 28 de mayo y el 10 de julio pasados fueron detenidos el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, en Mallorca, España, y el influyente abogado Juan Collado. El primero, por la reventa de una planta obsoleta (Agro Nitrogenados) a Pemex por encima de su valor real; y el segundo, por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada. El exdirector de la petrolera, Emilio Lozoya, se encuentra prófugo, acusado de delitos de corrupción, uno de ellos vinculado con la transnacional Odebrecht, la cual habría financiado parte de la campaña de Peña Nieto.

En su mensaje inaugural, AMLO denunció ante Peña: «El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. (…) casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación».

La repulsión del Presidente al neoliberalismo y al sometimiento del poder político al económico no son nuevas. En la sucesión de 1988 se adhirió a la Corriente Democrática -el ala izquierda del PRI- contra la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, quien profundizaría el modelo económico implantado en el gobierno de Miguel de la Madrid y abriría las puertas al «capitalismo de compadres» con la privatización de Telmex, AHMSA, TV Azteca y cerca de 400 empresas más, antes propiedad del Estado. AMLO renunció al PRI para apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por el Frente Democrático Nacional, coalición de partidos de izquierda, pero fue vencido por Salinas en una elección fraudulenta.

Basado en la legitimidad que no tuvieron sus predecesores -excepto Vicente Fox, quien dilapidó el capital de la alternancia en banalidades y fuegos artificiales-, AMLO pretende recuperar el espíritu republicano y las potestades perdidas o cedidas por el Estado en los 36 años del periodo neoliberal para hacer posible la Cuarta Transformación. Ello explica la prisa por cambiar el régimen, la austeridad a rajatabla, el recelo hacia la sociedad civil y el intento por desaparecer o controlar los organismos autónomos.

Algunas iniciativas son buenas y merecen apoyo, como el combate a la corrupción y la impunidad y la atención a los pobres; otras no, pues ponen en riesgo avances democráticos conseguidos según la fórmula churchilliana de «sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor». El país no necesita presidentes imperiales ni caudillos, sino estadistas que piensen en las futuras generaciones, no en la siguiente elección (Bismarck) o, peor aún, en su propia reelección.

En 18 años, los partidos y la sociedad civil, incluidos los empresarios en lo individual y como sector, fueron incapaces de articular un discurso persuasivo y de generar liderazgos sólidos y creíbles para vacunar al país contra el populismo y plantar cara en las urnas a Andrés Manuel López Obrador. El fracaso de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y el retorno del PRI más corrupto a la presidencia con Peña Nieto, le dieron al caudillo de izquierda armas suficientes para socavar un régimen disfuncional controlado por las élites.

La mayoría de los grandes medios de comunicación, en particular los audiovisuales, y de los líderes de opinión también hicieron su parte. Someterse al poder político y económico y seguir sus consignas victimizó a AMLO y lo convirtió en una especie de Atila moderno. Si el Jefe absoluto de los hunos era El Azote de Dios, el Presidente mexicano lo es, desde su perspectiva, del neoliberalismo, de la corrupción y de la impunidad. Consecuencia del sistema, AMLO lo es también de su tenacidad. No engañó a nadie con poses de estadista ni maquillaje mediático. Los debates con Ricardo Anaya y José Antonio Meade los perdió, pero en las urnas ganó
abrumadoramente.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la imposición de proyectos con perfil de elefantes blancos, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya han puesto los pelos de punta a las calificadoras de riesgo, a los inversionistas nacionales y extranjeros y a los analistas. El arbitraje solicitado por la CFE para anular cláusulas del contrato de servicios del gasoducto marino Texas-Tuxpan, atizó la hoguera y dio más parque a los críticos del Presidente y de la cuarta transformación. La firma de un nuevo acuerdo conjuró la crisis.

Jorge Suárez Vélez, economista del ITAM y autor de La próxima Gran Caída de la Economía Mundial –Random House 2011– advierte: “Si bien se comprometió con la disciplina fiscal, la pésima asignación de recursos a obras absurdas –Dos Bocas– y la cancelación de proyectos estratégicos (NAIM) provocarán estancamiento económico, reduciendo la recaudación fiscal, dejándonos apenas con suficiente para financiar programas sociales emblemáticos. Si estos logran beneficiar a más de 20 millones de mexicanos, como se intenta, será difícil que otro Presidente más sensato enmiende el rumbo. El populismo acaba con todo. Desafortunadamente, el deterioro es lento. Me niego a pensar que sea irreversible” (Reforma, 15.08.29, Tres Fases del Populismo).

Sin embargo, nada parece quitarle el sueño al Presidente, como se vio en su primer informe. La inseguridad, en lugar de mejorar, empeora; la economía decrece; la lucha contra la corrupción y la impunidad ha sido más ruido que nueces y así seguirá mientras el expresidente Peña Nieto y sus acólitos no sean encausados. Hasta hoy, la legitimidad ha mantenido a flote a AMLO. Su base electoral es bastante amplia y la mayoría de los mexicanos evalúa bien su Gobierno.

Así lo refleja la escritora y periodista Elena Poniatowska, después de un recorrido con el Presidente por Palacio Nacional: “Yo le ratifico que lo admiro, que me parece que va muy bien, que me conmueve su cercanía tan grande con la gente, que no se ha perdido, es la misma que tuvo desde su campaña y que tiene desde hace muchos años, así como el cariño que le profesan a él. No lo he visto –cambiado– desde que lo conozco es el mismo”, (Reforma, 08.08.19).

La crítica a Andrés Manuel López Obrador empezó mucho antes de su elección y toma de posesión en 2018. Desde entonces, esta crítica no ha menguado ni debe perder vigor, pues cuando se basa en hechos contrastables puede, cual gota de agua, horadar la piedra de la soberbia autoritaria y de la seducción corruptora del poder, como en el segundo caso sucedió con Peña Nieto. Hasta hoy, sin embargo, ni el cuestionamiento más ecuánime y fundado, ni el escarnio ni la ferocidad de las redes sociales han hecho mella en la popularidad del primer presidente de izquierda después de Lázaro Cárdenas. La capa del blindaje está compuesta por 30 millones de votos.

Contra lo que algunos círculos pretenden hacer creer, como si el informe del 1 de septiembre fuese el último y no el primero, y hasta hace poco México hubiera sido un país ordenado, en paz y boyante, López Obrador no devastó el campo; así lo recibió. Lo que sí hizo fue exhibir heridas abiertas –algunas supurantes–, cicatrices mal cerradas, desenmascarar un sistema venal e indiferente ante las desigualdades económicas y sociales y ofrecer un régimen distinto al de privilegios erigido sobre las espaldas de legiones de compatriotas.

El resto lo hicieron los ciudadanos en las urnas para dejar de ser los únicos en pagar sacrificios por cambios que jamás llegaron a ellos y de los cuales esta vez quieren ser agentes. La reacción de los grupos económicos, políticos y mediáticos afectados por el nuevo Gobierno se expresa de distinta manera, dentro y fuera del país, pues han perdido influencia, ventajas y negocios.

Sin embargo, pensar que toda la crítica contra el Presidente responde a esos intereses y es malintencionada, equivale a negar la realidad. Los resultados de los primeros nueve meses de gestión de López Obrador han sido magros, y en temas sensibles como la seguridad y el crecimiento económico la situación ha empeorado. La Administración ha cometido errores, pero también aciertos.

En un país donde los pobres siempre habían servido de anzuelo electoral, la Cuarta Transformación los ha puesto en el centro de la agenda, lo cual causa estupor en algunos sectores y pánico en otros, pues contradice el evangelio neoliberal del descarte. Agraviada por la arrogancia gubernamental y frustrada por el fracaso de las alternancias entre el PAN y el PRI, la mayoría de los ciudadanos votó por la opción radical propuesta por López Obrador en tres campañas.

El país cruje, pues se encuentra en un proceso de cambio solamente visto cuando se intentan sustituir las estructuras de un régimen agotado por otras que respondan a soberanía popular. El repudio hacia una clase política rapaz, que envileció el servicio público y lo convirtió en fuente de riqueza personal, como sucedió en Coahuila, es otra de las razones por las cuales López Obrador despacha hoy en Palacio Nacional.

Las acciones del Gobierno de Morena para combatir la corrupción en nada se parecen a las venganzas de Salinas de Gortari y Peña Nieto contra sus enemigos, pero aún son insuficientes frente al tamaño del abuso y el perjuicio causado al país y a las instituciones. El Presidente debe escuchar el clamor ciudadano. Se comprometió a “barrer las escaleras de arriba para abajo” y debe cumplir; de lo contrario, la nación se lo demandará, tarde o temprano.

Los presidentes de ultraderecha son auténticos chivos en cristalería. En Brasil, Jair Bolsonaro –el Trump de Sudamérica– resultó peor que los últimos líderes de izquierda. Así lo demostró en la crisis por el incendio en la Amazonia, según narra Gerardo Moyano en el nuevo número de Espacio 4.

“Ni los insultos a las mujeres, indígenas, negros y homosexuales, ni sus alabanzas al ‘pasado glorioso’ de la dictadura militar le han costado tanto desgaste al presidente brasileño Jair Bolsonaro como el manejo de la crisis desatada por los recientes incendios en la Amazonia. Con apenas un 29% de aprobación en agosto, el exmilitar se ha convertido en el Mandatario de Brasil peor calificado en los primeros ochos meses de Gobierno, según la última medición de la encuestadora Datafolha (01.09.19).

“El 51% de los encuestados consideró ‘malo o muy malo’ el manejo de los incendios, pero también perdió puntos por la confrontación con los gobernadores del noroeste (a quienes llamó ‘paraibas’, en referencia a la región pobre del norte del país) y la intención de nombrar a su hijo Eduardo Bolsonaro como embajador en Washington, entre otros temas.
“Bolsonaro, el último referente de una oleada de gobernantes de derecha que está alcanzado el poder con discursos racistas en varias partes del mundo, no solo considera la protección de la selva tropical más grande del planeta como un impedimento para el desarrollo económico del país, sino que ha llegado al extremo de culpar de los incendios en la zona a ambientalistas, ‘que quieren llamar la atención contra mí’.

“También se ha confrontado verbalmente con el presidente francés Emmanuel Macron, quien pidió a la Unión Europea que presione comercialmente a Brasil para que mejore su política medioambiental. Bolsonaro tachó a Macron de ‘imperialista’, se burló de la edad de su esposa y prometió no utilizar más bolígrafos de la marca Bic ‘por ser franceses’. Incluso se ha enfrentado a obispos de la Iglesia católica, quienes se declararon ‘junto al papa Francisco’ como ‘defensores intransigentes’ de la preservación de la selva.

“Su desdén a la ayuda internacional ofrecida por el G7 (22 millones de dólares), por considerarla una ‘amenaza a la soberanía nacional’ y su preferencia comercial hacia Estados Unidos, lo ubican como un populista peligroso para el futuro del planeta, junto a Donald Trump.

“‘(Ambos mandatarios) Tienen una visión del mundo que es muy semejante’, dice el canciller brasileño Ernesto Araújo, quien el pasado 30 de agosto se reunió con Trump en la Casa Blanca para negociar ‘un acuerdo de libre comercio muy ambicioso, que para Brasil ha sido durante muchos años un sueño, pero que gobiernos anteriores denegaron por una tendencia antiamericana que correspondía a los intereses de su partido’ (El Nuevo Herald, 03.09.19).
“Para revertir esa ‘tendencia’ que caracterizó al izquierdismo de Lula da Silva y Dilma Rousseff –durante los cuales la deforestación de la Amazonia se redujo 60%–, Bolsonaro comenzó a recortar el presupuesto de las agencias de protección ambiental, relajó lo controles de quema de pastizales y se lanzó contra ambientalistas y comunidades indígenas ‘que se oponen al desarrollo’.

“También trasladó el Servicio Forestal Brasileño del Ministerio de Ambiente al de Agricultura e impulsó la idea de que los fiscales agroambientales ya no iban a ‘molestar’ a los agricultores y ganaderos. “El Gobierno creó una sensación de impunidad entre los agricultores que estaban dispuestos a cometer actos ilegales para deforestar, dijo Rómulo Batista, de la Campaña Amazonia de Greenpeace Brasil”.

El culto a la figura presidencial llegó al paroxismo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien aspiraba a convertirse en el Calles del siglo 21 y acabó, como Plutarco, exiliado. Para mayor seguridad, puso mar de por medio y eligió Irlanda e Inglaterra, con esporádicas visitas a México. La residencia que recién obtuvo le permitirá ingresar y salir del Reino Unido, así como “refugiarse en el viejo continente ante cualquier contingencia legal, sobre todo ahora que el Gobierno de la cuarta transformación analiza realizar consultas y foros para que la población decida si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe investigar a los expresidentes” (Contralínea, 20.06.19). Ese riesgo, sin embargo, lo conjuró por el momento el propio Presidente.

Salinas, cuyo hermano Raúl ocupa el tercer lugar en la lista de Los Diez Mexicanos más Corruptos de 2013, de la revista Forbes –el puesto siete lo tiene Humberto Moreira–, fue protagonista del mayor fraude electoral de finales del siglo pasado. Su Gobierno también ha sido marcado por la historia como uno de los más corruptos, junto con el de Peña Nieto.
Para legitimarse, el expresidente diseñó una agenda común con la Iglesia, los medios de comunicación –en particular con Televisa– y con los grandes empresarios. Su alianza con el PAN, negociada con Diego Fernández de Cevallos, le permitió contener y golpear sistemáticamente al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo.

Acción Nacional recibió a cambio algunas gubernaturas al margen de las urnas, entre ellas la de Guanajuato, donde el interinato de Carlos Medina Plascencia, de casi cuatro años, duró más que el de varios mandatarios del PRI electos para un periodo de seis. Salinas jamás le perdonó a la vieja clase política, representada por los gobernadores, no haberle reunido ni la mitad de los 20 millones de votos prometidos por Jorge de la Vega, presidente del PRI, para las elecciones del 6 de julio de 1988. No es que los caciques locales hubieran fallado, es que Salinas era un pésimo candidato.

De haberse descontado los votos fraudulentos y el efecto por la “caída del sistema”, Salinas habría perdido la presidencia con Cárdenas, quien bajo el paraguas de la coalición Frente Democrático Nacional obtuvo 5.9 millones de votos. Manuel J. Clouthier, abanderado del PAN, captó 3.2 millones de papeletas. “El villano de Agualeguas” les cobró a los gobernadores del PRI su “deslealtad” y defenestró a más de una docena. Humilló al PRI y suplantó a los políticos tradicionales con neoliberales venales y “sin llenadera”, en términos de AMLO. Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex del mismo nombre y ahora prófugo por el caso Odebrecht y otros escándalos de corrupción, ocupó la dirección del ISSSTE en el sexenio salinista.

En los informes de Salinas, el país se detenía. Los gobernadores, el Congreso, los empresarios, las iglesias, los medios de comunicación y las instituciones desfilaban frente al Presidente como soldados del PRI. El besamanos en Palacio Nacional, los desayunos con las Fuerzas Armadas en el Campo Marte y las comidas con los mandatarios locales en la Hacienda de Los Morales eran espectáculos grotescos e ignominioso. Largas filas se formaban para reverenciar y rendir culto a quien ostentaba en el pecho la banda tricolor, y en un salón contiguo, la familia real con el honradísimo Raúl Salinas en primera línea. López Obrador terminó con la presidencia imperial, resucitada por Peña Nieto.

Los partidos de oposición siguen choqueados tras haber pasado sobre ellos la aplanadora de Morena. Más de un año después de las elecciones, la apuesta del PRI, el PAN y el PRD parece ser por el desgaste de Andrés Manuel López Obrador, el cual, hasta el noveno mes de su gestión, no se ha producido, de acuerdo con las encuestas previas al primer informe. Metafóricamente, las oposiciones observan desde las gradas un partido amistoso de tenis en pista de arcilla cuyos jugadores son el Presidente y el Congreso; y el juez de silla, también el Presidente.

La inmovilidad puede pasarles factura en las elecciones intermedias cuando se renovará la Cámara de Diputados en la que Morena, sin aliados, ocupa 259 asientos (51.8%), el PAN 78 (15.6%), el PRI 47 (9.4%), Movimiento Ciudadano 28 (5.6%) y el PRD 11 (2.2%). Cuando AMLO perdía una elección -para gobernador o para presidente- al día siguiente ya estaba en campaña. Los bloqueos en Tabasco y en Ciudad de México por los fraudes -reales o supuestos- se utilizaron para colgarle la etiqueta de ser «un peligro para México», pero al final dieron resultados.

El PRD, que en dos elecciones presidenciales consecutivas se situó como la segunda fuerza electoral, en ambas con AMLO como candidato, ha dado hasta hoy el paso más audaz para salir del marasmo. Tras la fuga masiva de militantes, cifrada en 4 millones, el partido del sol azteca no tenía otra opción que afrontar la realidad o morir de inanición en las urnas. En esa lógica, Plataforma Futuro 21, una especie de PRD reciclado, puede darle un respiro; incluso ese podría ser su nuevo nombre.

Las cabezas visibles de Futuro 21 son perredistas (Jesús Ortega, Rafael Acosta, Jesús Zambrano, Miguel Ángel Mancera y Carlos Navarrete), pero también figuran expriistas (José Narro y Beatriz Pagés) y el excandidato presidencial de Nueva Alianza Gabriel Quadri. La plataforma incorporó también a un puñado de organizaciones civiles para atraer el voto de ciudadanos sin partido. El país necesita una opción de izquierda para plantar cara a Morena. «Una nueva formación política debe ser progresista y tener en el centro de su interés a los más necesitados. (…) libertad, democracia y desarrollo van juntas o no funcionan», declaró Narro.

Movimiento Ciudadano (MC), desde el centro, trata de ocupar vacíos de la izquierda. En las presidenciales de 2006 y 2012, apoyó a AMLO, y en las del año pasado giró a la derecha con Ricardo Anaya. MC es la cuarta fuerza en la Cámara baja, después del PRI, y gobierna uno de los estados más fuertes del país (Jalisco) al cual podría sumarse Nuevo León tras el fiasco de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, primer gobernador independiente de México y acaso el último. En el partido fundado por el expriista Dante Delgado milita Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial asesinado en 1994. Su último refuerzo es Juan Cepeda, candidato del PRD en los comicios para gobernador del Estado de México de 2017.

El proyecto de AMLO y el futuro de Morena dependerán en gran medida de la composición del próximo Congreso federal. En esa tesitura, se verán coaliciones hasta hace poco tiempo inimaginables entre PRI y el PAN, las que harán retorcerse en sus tumbas a Plutarco Elías Calles y a Manuel Gómez Morín. Lo mismo puede ocurrir en Coahuila para las elecciones de gobernador de 2023. Los primeros pasos ya se han dado.

Uno de los silencios más ominosos frente a los excesos del moreirato fue el de los exgobernadores. Por temor o para proteger intereses, ninguno le plantó cara al clan ni previno del desastre. Las oposiciones esperaron hasta el final del docenio para rasgarse las vestiduras y en el pecado llevaron la penitencia. Desde sus torres de marfil, contemplaron inmutables el naufragio. Todavía hoy, algunos prefieren mirar para otro lado e incluso celebran la no alternancia en el estado, mérito que atribuyen al PRI y a sus “buenos gobiernos”.

En la serie de entrevistas de Daniel Valdés y Rodolfo Pámanes con cuatro exgobernadores, la cual incitó este trabajo, solo Rogelio Montemayor aborda la crisis del PRI y las causas de su derrota en las presidenciales del año pasado. “La gente externó en las urnas su hartazgo a la corrupción, impunidad y soberbia en el quehacer político. Los partidos deben entender este mensaje y actuar en consecuencia, construir una narrativa que sea creíble y respaldada con hechos, que les permita generar esperanza y recuperar la confianza de suficientes ciudadanos para ganar. Hacer lo mismo, sin reconocer las fallas, dará los mismos resultados de 2018”.

Montemayor dejó de ser priista el 24 de junio, por los vicios del proceso para nombrar a la nueva dirigencia. “(…) el Dr. Narro representaba la única esperanza de poder reconstruir al PRI”, escribió. Previamente intentó ser de nuevo candidato a senador”, pero Rubén Moreira lo vetó. El sainete para imponer a Alejandro Moreno y a Carolina Viggiano –esposa de Moreira– provocó también la dimisión de la exgobernadora Ivonne Ortega, rival de Moreno.

El PRI se “ganó a pulso” el repudio ciudadano reflejado en las urnas, advierte Montemayor en su carta de renuncia. En ella retrata de soslayo a los responsables de la quiebra de Coahuila. “(…) fueron demasiados personajes a quienes el partido llevó a cargos de representación política que han saqueado y endeudado a sus estados, personajes corruptos y cínicos que abusaron de su cargo y privilegiaron el resolver y asegurar su situación económica y política personal, sobre la obligación de atender los problemas de las comunidades a las que juraron servir (…)”.

Humberto Moreira –expulsado del PRI– endeudó a Coahuila con casi 36 mil millones de pesos, sin tomar en cuenta otros pasivos, de los cuales aún se ignora el destino de 18 mil millones. Daniel Valdés dice en su nota: “(Moreira) sostuvo que la deuda está justificada”, y que si de algo se arrepiente es de “no haber pedido más créditos”. Moreira es el único de los exgobernadores que espera “con paciencia (…) reivindicarse en algún momento (y) ver caer a sus detractores, traidores y a los que le hicieron daño”.

La megalomanía le aflora por los poros. “Obras hice muchas, porque, modestia aparte, he sido el gobernador que ha hecho más obra pública. Después de mí está Óscar Flores Tapia, aunque él siempre fue mi inspiración”. No Enrique Martínez, a quien ignora, ni Peña Nieto, a quien llama “ingrato” después de haber sido él quien lo rescató de la prisión española de Soto del Real. Empero, Flores Tapia no dejó deuda pública, al contrario, pagó 500 millones de pesos reclamados por Hacienda al Gobierno precedente por impuestos no enterados. Tampoco fue el PRI quien lo reivindicó, sino el alcalde panista de Saltillo Rosendo Villarreal.

Los restos de Flores Tapia reposan en la Rotonda de los Coahuilenses Ilustres. Moreira es el séptimo en la lista de los 10 mexicanos más corruptos de 2013, de la revista Forbes.

Ningún gobernador decidió su propia sucesión como lo hizo Humberto Moreira en favor de su hermano Rubén para cubrirse mutuamente las espaldas. En el pasado, tal facultad era exclusiva del Presidente de la República. Terminado ese ciclo por la alternancia, los mandatarios asumieron el papel de electores. En el caso de Coahuila, Moreira aprovechó la confianza y los descuidos de Enrique Martínez para hacerse con el poder. En correspondencia a quien le brindó la oportunidad de ser secretario de Educación y alcalde de Saltillo, y le toleró cualquier tipo de excesos, rompió con él e incluso demolió el Distribuidor Vial Revolución de Torreón, obra insignia de Martínez en La Laguna.

La falta de preparación y compromiso de los Moreira para dirigir el estado se refleja en la deuda explosiva y en las crisis de inseguridad y de salud. Los gabinetes de Humberto y Rubén fueron los más inestables. Cambiaron de secretarios como de calcetines. La improvisación explica el caos. Víctor Zamora, profesor de primaria, fue secretario de Finanzas, de Educación, de Trabajo y de Gobierno; y David Aguillón, de Comunicación, de Gobierno y jefe del PRI. El manejo de las finanzas, la política, la justicia y la obra pública, principales fuentes de corrupción, siempre estuvo a cargo de incondicionales del clan.

Eliseo Mendoza, Rogelio Montemayor y Enrique Martínez realizaron pocos cambios en sus primeros equipos y entregaron finanzas sanas. Ninguno dejó sucesor. El primero, impedido por las reglas; el segundo lo intentó, sin éxito; y el tercero pudo hacerlo, pues las condiciones ya lo permitían, pero su pupilo (Moreira) le comió el mandado.

Mendoza declaró al periodista Daniel Valdés no haber tenido «empacho en reconocer y apoyar a Rogelio Montemayor», el favorito de Salinas de Gortari. «Me di cuenta (de) que las cosas venían en dirección de Montemayor, de manera que no hubo objeción e incluso le ayudé a facilitar las cosas. Cuando llega ya como candidato, le dije: “ahora tú eres el jefe político del PRI; puedes poner al presidente de tu elección”». Montemayor le tomó la palabra y nombró a Óscar Pimentel.

En 1996, tercer año de la gestión de Montemayor, el PRI perdió por vez primera la mayoría del Congreso y las alcaldías de Saltillo, Torreón y Monclova. La alternancia en el estado parecía a tiro de piedra. En su entrevista con Valdés, el exgobernador atribuyó la derrota al malestar social por el «error de diciembre». Sin embargo, también influyeron otros factores como la inadecuada selección de candidatos y el escándalo por la venta del complejo petroquímico de Pajaritos, destapado por el periódico Reforma, a una empresa de la familia Montemayor.

Martínez recuerda así la sucesión de 1999: «Fue la primera vez que se eligió a un candidato por la vía democrática en Coahuila, llegué a la elección interna en un momento muy complicado, pues era evidente que no era el favorito para la elección interna, no era el candidato oficial». Montemayor, impuesto por Salinas seis años antes, cuando Martínez era el candidato natural, promovía al empresario y exdiputado Jesús María Ramón.

En la novela Conversación en La Catedral, de Mario Vargas Llosa, Santiago Zavala pregunta «¿En qué momento se había jodido el Perú?». Aplicada a Coahuila, la respuesta salta a los ojos: cuando el moreirato tomó el poder sin ningún tipo de escrúpulo.