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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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14 Septiembre 2019 04:07:00
La cabeza de Cabeza de Vaca en la mira
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, cometerá un error político fatal si no dimensiona el tamaño del problema que tiene encima con el grave caso de las ejecuciones extrajudiciales y el montaje que policías de su Gobierno habrían realizado en contra de ocho personas a las que, según denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y testimonios de familiares y vecinos, los agentes estatales secuestraron, torturaron, asesinaron y luego sembraron sus cadáveres para hacerlos pasar como víctimas mortales de un supuesto enfrentamiento a tiros con su misma policía el 5 de septiembre pasado.

No solo porque el tema ya está en la mira nacional e internacional y es objeto de una investigación federal, tanto de la Fiscalía General de la República, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por otra indagatoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino porque con este caso, el Mandatario panista que hoy lidera el Grupo de Gobernadores de Acción Nacional se juega la credibilidad y la estabilidad de su Gobierno, que de por sí mantiene una muy tensa relación con la Federación y en esta coyuntura, sus adversarios y enemigos, tanto de la 4T como incluso de su propio partido, tendrían una oportunidad inmejorable para hacerle daño a su Administración y a cualquier proyecto político futuro que tuviera en mente.

El primer síntoma de que Cabeza de Vaca no ha dimensionado que su propia cabeza pende de un hilo si no va al fondo de este asunto y se deslinda completa y creíblemente de un crimen brutal contra civiles que –inocentes o presuntos delincuentes o incluso de ambos– no debieron ser ejecutados y utilizados para simular un enfrentamiento por las fuerzas de seguridad de su Gobierno, es que el Gobernador se limitó a solicitar “una investigación a fondo” del asunto a su procurador estatal, Irving Barrios Mojica, que a pesar de que goce de su confianza, no es precisamente un fiscal con las mejores cartas de credibilidad y eficiencia, además de que por el vínculo político directo que mantiene con él difícilmente podría presentar una conclusión imparcial y objetiva en un caso tan delicado que involucra al mismo Gobierno al que pertenece.

Irving Barros llegó a la Procuraduría de Tamaulipas con un historial dudoso en la procuración de justicia. Él fue como subprocurador de Delitos Federales de la PGR, el encargado de armar y presentar el llamado “michoacanazo” con el que el Gobierno de Felipe Calderón pretendió acusar de vínculos con el crimen organizado a 11 alcaldes, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán en mayo de 2009.

Las detenciones y encarcelamiento de todos esos servidores públicos, ejecutadas por Barros Mojica, terminaron por caerse una a una y ante la “falta de elementos” los jueces liberaron a todos los acusados un año y medio después. De hecho, cuando en el Congreso de Tamaulipas votaron su ratificación, a propuesta del Gobernador, sólo la mayoría panista avaló su nombramiento, mientras que 12 diputados del PRI y otros partidos se abstuvieron al declararse “preocupados por los antecedentes del señor Irving Barros”.

No fue la única vez que el rotundo fracaso del “michoacanazo” le sería recordado a Barros Mojica. Entre 2012 y 2013, luego de ser despedido de la PGR, buscó ser consejero de la Judicatura Federal, pero en las comparecencias ante el Senado, el expediente de los 35 alcaldes y funcionarios de Michoacán acusados y luego liberados volvió a pesar en su contra y no pasó de las primeras rondas de selección.

Después buscó ser fiscal en Guerrero con el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, donde tampoco tuvo suerte y no fue seleccionado por sus antecedentes en el ámbito de la procuración de justicia. Así pasó varios años sin poder ocupar un puesto, hasta que en 2016 el recién llegado Gobernador de Tamaulipas lo rescató y lo propuso para ocupar el primer cargo de fiscal general del Estado.

Recientemente en el caso del asesinato del periodista tamaulipeco Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo el 13 de enero de 2018, la defensa de los acusados de la autoría material de ese crimen acusó al procurador Irving Barros y a su director de Procesos Penales, Natanael Castelán, de haber “fabricado culpables y testigos” en este delicado caso en el que se acusó, con base en un solo testimonio inducido mediante sobornos, a dos jóvenes originarios de Zacatecas, David Mejía y Adrián Montes, a quienes se les ofrecieron 500 mil pesos a cambio de autoinculparse en el asesinato del periodista Domínguez, por parte de un intermediario del director de Procesos Penales de la Fiscalía de Tamaulipas.

El ofrecimiento nunca se los cumplieron y terminaron siendo acusados y procesados con una serie de irregularidades que aún se desahogan en un juicio totalmente irregular, en el que la esposa de uno de ellos ha interpuesto una denuncia de juicio político contra el procurador Barros y contra el mismo gobernador Cabeza de Vaca.

La pregunta es si con ese fiscal, a quien le encargó la investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobernador confía en tener una conclusión creíble y que no genere dudas sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo.

Por algo, en su desesperación tras estallar el escándalo esta semana, mientras él andaba de visita política en Washington, visitando el Pentágono junto a su amigo y asesor, el exsenador panista Roberto Gil Zuarth, Cabeza de Vaca pidió “el apoyo del FBI” en las investigaciones del multihomicidio en la frontera de su estado.

Y es que, si antes de este delicado asunto, en el que se acusa no solo una grave violación de derechos humanos sino también un montaje para simular un enfrentamiento y denunciar un clima de violencia desbordada en su estado, al Gobernador panista no lo habían querido recibir en Palacio Nacional, después de estos hechos ni siquiera le han tomado la llamada y la orden del presidente López Obrador, para que la FGR investigue y atraiga las ejecuciones de Nuevo Laredo, fue tajante. “En este Gobierno no vamos a permitir masacres”, dijo el Mandatario federal.

Para colmo, además del fiscal Gertz Manero y su equipo, hay dos funcionarios federales que recaban pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales y la responsabilidad del Gobierno de Tamaulipas en presuntos montajes.

El primero es Alejandro Encinas, quien lleva la parte de derechos humanos, y el segundo Ricardo Peralta, quien ve la parte de la participación del Gobierno estatal en todo este escándalo. A los dos subsecretarios de Gobernación, Cabeza de Vaca les debe facturas recientes: a Encinas no le quiso financiar centros de Atención Migratoria en el territorio de Tamaulipas; y a Peralta lo acusó de reunirse con grupos de autodefensa criminales en el estado. Y ahora ambos lo investigan. Las vueltas que da la vida. Por eso en este momento, el gobernador Cabeza de Vaca lo que más debe cuidar es la primera parte de su apellido.



NOTAS INDISCRETAS…

Mañana será el primer grito de Independencia que dé Andrés Manuel López Obrador. Hay expectación para ver con qué sorprende el Presidente en la ceremonia oficial, no solo porque todos los presidentes siempre le imprimen su estilo y hasta sus “añadidos” en frases o nombres de héroes a la tradicional proclama, sino porque el tabasqueño desde el inicio de su mandato se ha empeñado en demostrar que él es diferente a todos sus antecesores y se esfuerza siempre por romper moldes y formas políticas para dejar claro que con él hay un antes y un después en la Presidencia.

¿Será que a las frases de los “vivas” y a sus héroes predilectos le suma la frase de “Viva la Cuarta Transformación”? Se aceptan apuestas…

En estos días de porros y encapuchados en la UNAM, en los prolegómenos de la sucesión universitaria, hay nombres que han salido a relucir cuando se habla de quienes mueven a los grupos porriles y anarquistas en la máxima casa de estudios.

Hace unos días informamos aquí de una carta extensa dirigida al rector Enrique Graue, por parte de la Unión de Alumnos Trabajadores y Profesores en contra de la Impunidad en el CCH, en la que se critica la incorporación al área de la Seguridad de los Colegios de Ciencias y Humanidades de Marco Martínez Blas, quien colaboró por más de 10 años en Rectoría con Jaime Vázquez, a quien los firmantes ubican como un “oscuro operador de porros y activistas”.

Con los años, comenzó a utilizar a grupos estudiantiles de porros y activistas. Los encapuchados de la UNAM es una de sus más sofisticadas hechuras. El ataque a Rectoría el 3 de septiembre, dicen los trabajadores y alumnos del CCH, es su responsabilidad.

Pero por el modus operandi todo indica que los desmanes en la marcha feminista de hace semanas en la Glorieta de Insurgentes también. Jaime Vázquez, ha sobrevivido los tres cambios de titular en la Secretaría de Atención a la Comunidad durante la Administración de Enrique Graue. Hasta el fin del priismo tuvo la protección del citado Miguel Robles. La institución debe explicar ¿quién lo protege y con qué fines? ¿Cuál es la razón para seguir contando con sus servicios?

Los dados mandan Escalera doble para el puente. Felices fiestas patrias para todos los amables lectores. ¡Y que Viva México!
25 Enero 2020 04:05:00
Lozoya en Rusia y bailando kasachok
Emilio Lozoya Austin, prófugo de la justicia y sobre quien pesan varias órdenes de aprehensión por delitos de corrupción y sobornos, está ubicado en Rusia a donde huyó desde México en mayo de 2019. El exdirector de Pemex vive en la ciudad de San Petesburgo (antigua Leningrado), donde tiene una novia rusa y cuenta incluso con protección de la mafia rusa, lo que ha dificultado los intentos por iniciar un proceso de extradición en su contra.

Según información de inteligencia del Gobierno mexicano, Lozoya Austin nunca viajó a Alemania, como se creía en un principio por la nacionalidad de su esposa Marielle Helene Eckes, sino que engañó a las autoridades al haber comprado en mayo pasado un boleto con destino a Frankfurt. Incluso, hay registros de que Lozoya se documentó con su nombre y equipaje, aunque nunca abordó realmente el vuelo de Lufthansa a Frankfurt.
Para despistar a la Fiscalía General de la República que ya lo tenía bajo vigilancia cuando se fugó, el exfuncionario peñista tomó primero un vuelo con rumbo a Estados Unidos, luego viajó de ahí por tierra a Canadá y posteriormente se movió a Alaska, desde donde tomó un avión a Rusia, de acuerdo con la trayectoria que tienen confirmada las autoridades mexicanas. Una fuente de primer nivel aseguró que en San Petesburgo, Lozoya se encontró con una mujer con la que mantiene una relación sentimental.
La razón por la que escogió esa ciudad rusa, dice la fuente oficial, es porque ahí tiene su sede una de las grandes petroleras de Rusia, Gazprom, con cuyos directivos el exdirector de Pemex tenía vínculos y una buena relación que trabó durante los años que estuvo al frente de la petrolera mexicana. Una vez en San Petesburgo, Emilio Lozoya ha logrado también la protección de mafias rusas vinculadas a los negocios del petróleo y el gas, algo que ha complicado los esfuerzos del Gobierno de México para extraditarlo.

México y Rusia tienen un Tratado de Extradición y Asistencia Legal vigente, que fue suscrito en 2005, entre el Gobierno de Vladimir Putin y el de Felipe Calderón. Recientemente, justo por los mismos días en que se fugó Emilio Lozoya, el vicecanciller de Rusia, Sergei Riabkov, estuvo de visita en México y se reunió el 24 de mayo de 2019 con los subsecretarios de Relaciones Exteriores, Julián Ventura y Maximiliano Reyes, con quienes habló, entre otras cosas, de revisar el Tratado de Extradición entre los dos países.
“Tras la llegada al poder de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos interesados en llevar adelante este diálogo (...). Nos planteamos ampliar y mejorar la base legal [de cooperación] y los acuerdos”, dijo el vicecanciller ruso en la capital mexicana, según un reporte de la agencia Spuntnik que también informó que “Rusia y México están tramitando varios documentos, entre ellos los convenios sobre extradición, exención de visados, cooperación entre las fiscalías generales, navegación marítima y homologación de títulos universitarios”.

En aquel encuentro, los funcionarios de los dos países acordaron reactivar la Comisión Intergubernamental entre los dos países para dar seguimiento a los distintos acuerdos de cooperación en la relación bilateral.

Seguro en ese momento las autoridades mexicanas no sabían ni sospechaban que el exdirector de Pemex, a quien el 31 de mayo fueron a buscar a su domicilio agentes de la Fiscalía General de la República, ya había partido del país con rumbo final a Rusia. Los ministeriales que llegaron a la residencia en Lomas de Bezares, registraron el domicilio con una orden de cateo, pero no encontraron a Lozoya, ni rastro alguno de él.
En esos momentos, aprovechando la lentitud e ineptitud de la justicia mexicana, Emilio Lozoya Austin ya aparecía como pasajero documentado en el vuelo de Lufthansa con destino a Frankfurt e incluso su maleta ya había sido entregada. Pero en realidad el prófugo estaba tomando un avión a una ciudad del norte de EU, desde donde después se movería a Canadá, de ahí a Alaska y finalmente a la más europea de las ciudades rusas, San Petesburgo, la llamada “capital cultural de Rusia” y a la que los locales llaman cariñosamente Piter. Ahí vive, bien abrigado y protegido, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

Empresas mexicanas
piden ayuda a Trump
El grupo de empresas que conforman Conméxico y que fueron las más afectadas con las reformas a la Ley General de Salud que hará obligatorio el nuevo etiquetado frontal en los productos alimenticios y bebidas con altos contenidos calóricos y azúcares decidieron, en un gesto de desesperación ante la inminente aplicación de esta medida, acudir al Gobierno de Estados Unidos y pedir el apoyo de la Administración de Donald Trump para impugnar la aplicación de la ley mexicana que, argumentan, afectará la venta y comercialización de sus productos.
A través de sus matrices estadunidenses, varias de estas compañías trasnacionales se quejan ante el representante comercial de EU, Robert Ligthtizer, y solicitan su intervención para que se pida al Gobierno mexicano posponer la aplicación de la citada ley y abrir una mesa de diálogo bilateral sobre el diseño y las leyendas del etiquetado frontal a través de cuatro octágonos (“Alto en Sodio”, “Alto en azúcar”, “Alto en grasas saturadas” y “Contiene grasas trans”) que aprobó en noviembre el Congreso mexicano.
Las filiales mexicanas de esas compañías consideran que el etiquetado que será obligatorio afecta a sus productos y dañará su comercialización. Se quejan de que los diputados y senadores del Congreso de la Unión no escucharon sus argumentos y no tomaron en cuenta sus propuestas para un etiquetado menos agresivo y con más información para el consumidor.
La realidad es que la mayoría de esas empresas que hoy se quejan no hicieron nada durante años para mejorar la calidad y el excesivo contenido calórico de sus alimentos y bebidas. Incluso, en 2016, cuando el Estado mexicano declaró una “Alerta de salud por la epidemia de obesidad y diabetes en México”, se intentó en el Congreso de la Unión, en la 62 Legislatura, modificar la Ley de Salud para incluir medidas urgentes, entre ellas el etiquetado y la prohibición de publicidad engañosa de alimentos y bebidas. Pero los enormes intereses económicos de estas mismas compañías que hoy acuden a buscar la ayuda de Trump, frenaron todo intento de avanzar en ese tema.

Con la llegada al poder del presidente López Obrador, el tema fue retomado y cuando la fracción de Morena en la Cámara de Diputados retomó la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, de inmediato los empresarios de ConMéxico, que agrupa a las principales marcas productoras de alimentos chatarra y refrescos y bebidas azucaradas, varias de ellas de origen estadunidense, pidieron una audiencia con el Presidente que los recibió en Palacio Nacional.
Cuando llegaron a ver al Presidente le pidieron que frenara la Ley del Etiquetado y la publicidad y dijeron que ellos se comprometían a cambio a autorregularse y a tomar medidas para apoyar el deporte, la salud y la alimentación balanceada de los mexicanos. López Obrador los escuchó y ofreció analizar su petición. Pero después llamó a Mario Delgado, el líder de la mayoría de Morena en San Lázaro y le preguntó su opinión. El diputado le dijo que de 2016 a la fecha, ese grupo de ConMéxico y sus empresas se habían comprometido a construir y rehabilitar parques y unidades deportivas, a impartir clases y capacitación sobre educación física y a mejorar y disminuir las cantidades de calóricos, grasas trans, sodio y azúcares en sus productos. “Ninguna de esas cosas –le dijo Delgado al Presidente– las han cumplido”. Y le recordó que cuando él fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México, con Marcelo Ebrard, había habido una propuesta similar de los empresarios, que a cambio de que no prohibieran sus productos chatarra en escuelas, habían ofrecido construir bebederos que nunca realizaron.
Fue entonces que el Presidente dio la orden terminante: la reforma a la Ley General de Salud va con todo y etiquetado frontal y regulación y prohibición de publicidad de comida chatarra. Hoy la Comisión Federal de Competencia se ha pronunciado por modificar el etiquetado frontal aprobado y flexibilizar las normas de publicidad, para no afectar la competencia, sobre todo de empresas nuevas que no podrán promover sus productos. Mientras tanto las empresas de ConMéxico han ido a llorar a la Casa Blanca y a suplicar ayuda de Trump, sabedores de que el único ante el que se inclina y se somete López Obrador, es el inquilino de la oficina oval. ¿Será que Trump obliga a México y a su Presidente a retroceder en un tema que es prioritario para la salud de los mexicanos, de sus niños y para frenar la epidemia de diabetes y obesidad que padecemos?
Los dados cierran con Escalera Doble. Semana redonda.


23 Enero 2020 04:07:00
Vienen dos escándalos de corrupción en Aduanas
Dos directores de Aduanas serán removidos y acusados en los próximos días por corrupción y por permitir la entrada de sustancias ilegales y drogas como la efedrina y el fentanilo, además de recibir sobornos de la mafia china por dejar pasar cargamentos de carne de vaquita marina, totoaba y pepino de mar, especies marinas protegidas y que son comercializadas ilegalmente al continente asiático.

El Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen documentados dos expedientes con evidencias de corrupción en las aduanas ubicadas en los puertos de Progreso, Yucatán, y Tuxpan, Veracruz, cuyos directores Abel Cárdenas Lara y Guillermo César Calderón, respectivamente, incurrieron en diversos delitos que van desde el enriquecimiento por pagos de sobornos hasta el permitir el tráfico de drogas a través de los puertos mencionados.

Las investigaciones, que fueron iniciadas a solicitud del SAT, partieron de denuncias de trabajadores, que acusaron directamente a los administradores de estar involucrados en el tráfico de drogas y especies marinas.

La UIF de Hacienda logró documentar, en las cuentas de los funcionarios, movimientos sospechosos y transferencias de dinero

inusuales y que sobrepasan los ingresos de Abel Cárdenas Lara y de Guillermo César Calderón.

Ambos casos, que ya están en manos de la nueva directora del SAT, Raquel Buenrostro, serán presentados ante la FGR y se prevé que soliciten órdenes de aprehensión contra los funcionarios, a quienes se vincula con el exdirector del Sistema de Servicios de Aduanas, Ricardo Peralta, actualmente subsecretario de Gobierno de la Segob.

El caso más grave, según fuentes cercanas a la investigación, se documentó en Progreso, por cuya aduana se permitía el ingreso de cargamentos de efedrina y fentanilo, sustancias utilizadas para producir dos de las drogas más letales y de mayor consumo.

Igualmente, existen evidencias en poder del SAT que muestran que el administrador, Guillermo César Calderón, exdiputado priista, originario del Estado de México, permitía a mafias chinas traficar cargamentos de vaquita marina, totoaba y pepino de mar, que eran pescados ilegalmente en los mares mexicanos y enviados a países de Asia.

Las fuentes consultadas aseguraron que en los próximos días se procederá legal y penalmente en contra de los dos directores de Aduana señalados en las investigaciones que, además de ser destituidos serán puestos a disposición de la justicia por la gravedad de las acusaciones y los millonarios montos que se detectaron en sus cuentas que, se presume, son producto de la corrupción y los pagos que recibían de las mafias del contrabando ilegal.

Será, dicen, el primer golpe directo contra la corrupción que dará Buenrostro, después de que tomó posesión del cargo la semana pasada en el Senado, aunque la investigación ya estaba prácticamente terminada por la UIF y la FGR, pero ha sido la directora del SAT quien dio luz verde para que se proceda contra estos dos funcionarios, a quienes se pretende poner de ejemplo de que el combate a la corrupción en las aduanas, y en todo el sistema fiscal, va en serio y con todo. ¿Será?

22 Enero 2020 04:05:00
El botín de Pemex y el brazo salinista
En el sexenio de Peña Nieto no solo se permitió el saqueo y la corrupción desmedida en Petróleos Mexicanos con acciones y pésimas decisiones financieras y administrativas como la compra de Fertinal y de la planta de Agronitrogenados, los astilleros en Galicia y la complicidad y nulo combate al robo de combustibles, entre muchos otros. Dentro de la estrategia, operada por dos directores muy cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari: Emilio Lozoya Austin y José Antonio González Anaya, también se buscaba debilitar y achicar a la empresa petrolera y su producción para abrirles la puerta y mejorarles las condiciones de competencia a las compañías petroleras nacionales y privadas que participaban en las rondas de la reforma energética.

En ese afán, el salinismo que controlaba Pemex también buscó cambiar y controlar a los mayores proveedores y contratistas de Pemex y para ello decidieron ir por las dos empresas más grandes y fuertes que acaparaban los mayores contratos y activos en la industria petrolera: Oceanografía y Oro Negro. Las dos empresas mexicanas, que se volvieron referente internacional, habían sido creadas bajo la influencia del poderoso exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que se volvió el poder real en el manejo de la petrolera nacional y las finanzas públicas durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

A la llegada de Peña Nieto, cuando este decidió dejar en manos del grupo salinista la política energética y entregarles Pemex, Oceanografía, de Amado Yáñez y Martín Gil Díaz, sobrino de Francisco Gil, y Oro Negro, propiedad del hijo del extitular de Hacienda, Gonzalo Gil White y de un grupo de bonistas se volvieron el primer objetivo de Emilio Lozoya y del secretario de Hacienda peñista Luis Videgaray.

La operación para acusar a Yáñez de fraude contó con el apoyo de los bancos involucrados y una vez que lo metieron a la cárcel, con la fabricación de acusaciones desde el SAT y desde la Unidad de Inteligencia Financiera y la operación jurídica de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Humberto Castillejos, para obtener órdenes de aprehensión, negación de amparos y demás favores de jueces de la Ciudad de México, terminó con el dueño de Oceanografía, que estando ya en la cárcel recibió una oferta-amenaza desde la dirección de Pemex a cargo de Lozoya: “O entregas la empresa, con todos sus activos, o te hundimos en la cárcel”. Amado Yáñez, quien se negó a entregar su compañía, tuvo que verla caer en quiebra, en un manipulado concurso mercantil, y tras dos años en prisión y liberado bajo fianza en 2017, hoy busca documentar todo el ataque y el abuso de poder en contra suya y de su compañía.

La misma historia se repitió con Oro Negro, la empresa de Gil White que había logrado posicionarse con los inversionistas internacionales por su solidez y que era vista como “el tesoro”. Primero con Lozoya y después con José Antonio González Anaya, el brazo salinista operó para que desde el SAT se hiciera un acuerdo con los tenedores de bonos, socios de Gonzalo Gil, para fabricar pruebas de un presunto fraude en contra de los bonistas. El mismo González Anaya que operó el tema primero desde Pemex en 2016-2017 y luego como secretario de Hacienda en 2018, coordinó la operación para la fabricación de evidencias en el SAT y el congelamiento de cuentas de Oro Negro, apoyado en el coordinador de la UIF, Alberto Bazbaz, y el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos, quien también volvió a operar para mandar las denuncias y expedientes a “jueces amigos” de la Ciudad de México, con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia y su presidente Édgar Elías Azar, en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera.

En el embate contra Oro Negro, el congelamiento de cuentas fue clave para declarar la quiebra de la empresa.

Así, con un mismo esquema y con la intención de favorecer los intereses salinistas en Pemex, se decretó el quebranto primero de Oceanografía y luego de Oro Negro, con el trato discrecional e ilegal desde la petrolera, el abuso del concurso mercantil y la manipulación del debido proceso en el sistema judicial de la CDMX.

La mejor manera de confirmar cómo fue que el grupo salinista intentó no solo desmantelar y debilitar Pemex sino quedarse con las principales compañías contratistas y proveedoras de la paraestatal, es que tras los conflictos y la quiebra de Oro Negro y de Oceanografía, los contratos que tenían esas compañías fueron entregados a Seamex, que recibió un trato preferencial tanto de Emilio Lozoya y de González Anaya para beneficiar al socio mexicano de esa compañía, David Martínez, compadre de Carlos Salinas de Gortari, y quien creció tanto en el peñismo que compró ICA.

21 Enero 2020 04:00:00
La conexión Peña-Salinas
Si en la punta del iceberg de la corrupción del sexenio pasado están los casos documentados y procesados de excolaboradores cercanos al presidente Peña Nieto, como Emilio Lozoya, Rosario Robles y al menos una veintena más de nombres que se están investigando e integrando expedientes, en la base de ese enorme témpano y en el centro de la madeja de negocios millonarios realizados desde el poder y para beneficio del poder hay una alianza político-financiera que atraviesa toda la corrupción sistemática que se vivió en los seis años del Gobierno anterior: el acuerdo entre Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

Para llegar a esa base del iceberg, a lo que se considera la “corrupción de alto nivel” en el sexenio anterior, hay dos expedientes que son clave, por el nivel de información que pueden proporcionar sobre el pacto que operó entre el presidente Peña y el expresidente Salinas. El primero es, sin duda, el de Emilio Lozoya Austin, quien en sus intentos por librar las órdenes de aprehensión en contra suya y de su familia, busca hablar de todo el esquema de corrupción en Pemex. Y el otro caso que pue-de dar información directa para llegar a los grandes negocios del sexenio peñista es Genaro García Luna, por ser el funcionario que atravesó y conectó los últimos tres sexenios y que colaboró con un diseño de negocios desde el poder en el tema de la seguridad pública.

Todo se remonta a los primeros años del sexenio 2012-2018. Ante la inquietud y el nerviosismo del expresidente, que reclamaba que el inquilino de Los Pinos correspondiera al apoyo y asesoría que él le brindó para llegar al poder, Peña Nie-

to decidió “concesionarle” al exmandatario, como una suerte de “terapia ocupacional” dos sectores estratégicos y con posibilidades enormes de hacer negocios: el sector energético, particularmente las rondas petro-leras de la reforma energética y la concesión de nuevos yacimientos y plataformas petroleras; y la construcción de infraestructura para la seguridad pública, en forma de reclusorios que se concesionaban en un esquema público-privado.

Si en el tema petrolero Lozoya fue el operador incondicional colocado por el mismo Salinas para manejar todos los contratos de Pemex, con sus respectivos negocios y comisiones, en el tema de seguridad, García Luna fue quien diseñó el modelo de construcción de reclusorios concesionados a grandes empresarios que, a cambio de un contrato mi-llonario del Gobierno federal, pagaban una generosa comisión que era repartida entre las dos cabezas principales: el Presidente y el expresidente.

En el caso de los reclusorios, una fuente que participó de ese esquema y que obtuvo un contrato, asegura que él supo por lo menos de siete reclusorios asignados para su construcción y operación a grandes empresarios mexicanos. Cada contrato era cercano a los 7 mil millones de pesos y el negocio era redondo para todos.

Cuenta el empresario, que en el proceso de negociación con el exmandatario, había varias reuniones en su casa del sur de la ciudad y cuando todo estaba listo, solía llamar para decir en clave: “está listo el tema, no te olvides de mandar el vehículo”, con lo que se refería al dinero que era repartido.

Lo interesante es ver si Genaro García Luna, que tuvo que ver con el diseño del modelo de la construcción de reclusorios, es parte de lo que podría darle como información a las autoridades de Estados Unidos.

Ya se verá qué tanto de la citada conexión Peña-Salinas aflora en la “voluminosa información” que dicen tener el fiscal estadunidense sobre el caso de García Luna y qué otro tanto se va documentando desde acá a través de las indagatorias de la UIF y la FGR, e incluso de los posibles testimonios de empresarios que hoy parecen dispuestos a hablar y a colaborar con la 4T para desvelar la que llaman “la verdadera corrupción, la de alto nivel”, que ocurrió en el sexenio peñista. ¿Qué tanto tomará llegar a la base del iceberg? Es un tema en el que no parece haber prisa, pero tampoco pausa.


20 Enero 2020 04:07:00
El abuelo, la ‘bendición’ y la nuera incómoda
Cuando los medios y las redes sociales se llenaron de información sobre el nacimiento del primer nieto del presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, el Mandatario, tan afecto a hacer públicos en videos y mensajes los asuntos personales y familiares, nada dijo en sus redes sociales de la llegada de Salomón Andrés, que vino al mundo en un hospital de Houston, Texas, justo en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud pública en México.

El niño había nacido desde el 9 de enero; la noticia la publicó la revista Eme Equis el 14 de enero y no fue sino hasta el 15 de enero que, presionado por las preguntas de los reporteros, el abuelo dijo escuetamente que su primer nieto “es una bendición”.

Detrás de ese inusual silencio presidencial, de acuerdo con allegados a la familia presidencial, existen “diferencias” entre López Obrador y su hijo José Ramón que surgieron por la relación entre este y la brasileña Carolyn Adams, una ejecutiva involucrada en el mundo del petróleo y el gas, y que trabaja en México contratada por la firma Cava Energy, que es parte de un fondo financiero especializado en construcción de gasoductos, y que son proveedores de Petróleos Mexicanos.

Tal vez fue esa vinculación con el sector energético por parte de su nuera y madre de su nieto, la que no le gustó desde un principio al Presidente que, según las fuentes consultadas, nunca vio bien la relación de su hijo con Carolyn, quien en México se desempeña como “cabildera” de la mencionada empresa y antes trabajó en Dubái durante 15 años para la petrolera inglesa British Petroleum.

Lo cierto es que, tras varios meses de relación, a José Ramón y a Carolyn se les vio juntos en el evento del 1 de septiembre en Palacio Nacional con motivo del Primer Informe de Gobierno del Presidente. En las fotos de ese día, la pareja estuvo sentada a un lado de Beatriz Gutiérrez Muëller en la primera fila. En los rostros serios y en lo poco que se dirigieron la palabra, se percibía la tensión entre los miembros de la familia presidencial.

Pero, según las fuentes cercanas, antes de esa aparición pública hubo un encuentro en el que, tras varios meses de salir con ella, José Ramón decidió presentar a su novia con su padre. Cuentan que el Presidente salió molesto de aquel desayuno porque, en un momento en el que su hijo se había levantado de la mesa, la joven ejecutiva le hizo un comentario que no le cayó nada bien: “Voy a hacer de tu hijo todo un empresario del sector del gas”.

Tras el encuentro –narran quienes conocen la información de primera mano– el Presidente le pidió a José Ramón que terminara con esa relación. Y sí hubo un distanciamiento en la pareja por unos meses, que se hizo evidente el 1 de diciembre de 2019, cuando el mayor de los López Beltrán acudió solo al mensaje del Presidente en el Zócalo, mientras sus hermanos iban acompañados de sus respectivas parejas.

Al final, la familia presidencial no escapa de diferencias o desencuentros, ni de situaciones difíciles entre los padres, hijos y nueras incómodas, aun cuando siempre quieran vender la imagen de una “familia perfecta” por ser lo más políticamente correcto y conveniente.

Veremos si el amor fraternal ablanda al abuelo y si pronto hay reconciliación y vemos al Presidente cargando en brazos al primer nieto de su descendencia.


18 Enero 2020 04:08:00
La dupla mexiquense en la mira de la FGR
Dos colaboradores cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, del grupo mexiquense, y que tuvieron un enorme poder en la pasada Administración, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República.

Humberto Castillejos Cervantes y Alberto Bazbaz Sacal ocuparon dos posiciones estratégicas en el Gobierno federal, desde las cuales armaron una intrincada red de complicidad que los llevó a utilizar su poder para cometer abusos de poder y obtener ganancias millonarias que hoy son investigadas por la Fiscalía a partir de reportes y seguimientos a sus cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Según una fuente confiable que tuvo acceso a una lista de personajes del Gobierno anterior, en poder del fiscal Gertz Manero, en ese listado figuran los nombres de Castillejos, exconsejero jurídico de la Presidencia, y de Bazbaz, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Aunque a ambos personajes se les siguen indagatorias por separado, hay algunos temas en los que las investigaciones los conectan en actividades que planeaban y ejecutaban juntos, utilizando sus cargos para la obtención de recursos económicos de manera ilícita.

La red tejida desde la Consejería Jurídica de Los Pinos conectaba con la Unidad de Inteligencia Financiera porque ambas dependencias fueron las encargadas por el Gobierno de Peña Nieto de armar los casos, expedientes y acusaciones en contra de políticos, empresarios y otros personajes incómodos u opositores al poder.

Con esa mecánica, Alberto Bazbaz y Humberto Castillejos se encargaron lo mismo de armar el expediente judicial en contra de la maestra Elba Esther Gordillo, que del caso de Javier Duarte; pero también de proceder legal y financieramente en contra de empresarios como Amado Yáñez o de Martí Gil Díaz, de Oceanografía y Oro Negro, en ambos casos bajo las órdenes de Emilio Lozoya Austin y del propio presidente Peña Nieto.

Pero más allá de los casos políticos y públicos, que atrajeron la atención mediática, el mecanismo de investigar financieramente las cuentas y a partir de ahí armar acusaciones penales, también fue utilizado por estos dos funcionarios de primer nivel para establecer un sofisticado mecanismo de extorsión, chantaje y cobro de sumas millonarias a empresarios, políticos y hombres de dinero.

Primero la UIF, a cargo de Bazbaz, se encargaba de investigar, con los instrumentos del Estado, a algún personaje rico para detectar “movimientos inusuales” o transferencias financieras e ingresos no reportados al SAT, que también colaboraba en este entramado.

Con el resultado del seguimiento financiero, se armaba un expediente con los presuntos delitos cometidos por el infractor, previa asesoría de la Consejería Jurídica, y luego se le ubicaba y se le llamaba a las oficinas de la UIF para informarle de la investigación en su contra.

En esa reunión, al presunto infractor se le deban detalles de lo que se había encontrado en sus cuentas, se le hablaba de una investigación oficial y respaldada por el SAT y se le advertían las consecuencias de darle trámite al expediente.

Y cuando el personaje ya estaba aterrorizado, se le ofrecía “una salida”: que recurriera a la asesoría y defensoría de un despacho jurídico que se le recomendaba y que estaba conectado directamente con el consejero jurídico de la Presidencia y desde ahí podían “resolverle su caso” con discreción y con la garantía de que Hacienda no procedería en su contra, el nombre del investigado quedaría “limpio” y el asunto no se haría público.

Así, con las amenazas y los expedientes por delitos financieros armados conjuntamente por la UIF y la Consejería Jurídica, y la asesoría legal y la “solución y limpieza” por parte de los abogados cercanos a Castillejos, se armó un lucrativo negocio a través del cual cobraban sumas millonarias pagadas por las víctimas de ese sistema de extorsión y abuso de poder.

Parte de esas sumas de dinero, junto con otros “movimientos inusuales” e ingresos que no corresponden a sus sueldos como funcionarios, son las que está rastreando la misma UIF, ahora dirigida por Santiago Nieto, y que obran en los expedientes que se integran desde la Fiscalía General de la República.

La fuente cercana a esas investigaciones que proporcionó la información a esta columna, asegura que esto es apenas “la punta del Iceberg” de muchos otros negocios ilícitos que realizaron los personajes de mayor confianza de Peña Nieto, y afirma que los apellidos de Castillejos y Bazbaz son parte de una larga lista de excolaboradores del expresidente, en la que figuran desde secretarios de Estado, directores, subsecretarios, oficiales mayores y hasta exdirigentes del PRI que tiene en su poder directamente el fiscal Alejandro Gertz Manero y contra los cuales se integran averiguaciones judiciales por diversos delitos e irregularidades financieras.

Así que la fuente de acusaciones, investigaciones y casos de corrupción será inagotable para la 4T. Y está claro que el Gobierno del presidente López Obrador sabe que en cada uno de esos expedientes tiene una mina de puntos de aprobación y popularidad que serán utilizados a lo largo de este año y el siguiente con miras a impactar las intenciones de voto en los comicios intermedios de 2021, donde Morena se juega su mayoría parlamentaria.

Panem et circens decían los emperadores romanos, que para distraer a la población de los problemas sociales, económicos o políticos que no podían resolver, le daban al pueblo alimento y diversión. La única diferencia es que entonces aventaban a los cristianos a los leones en el Coliseo; hoy los lanzan a responder ante la justicia.

Notas Indiscretas

…En contra de lo que respondía esta semana el presidente López Obrador, ante la pregunta insistente de una reportera en su conferencia mañanera, donde el Mandatario aseguraba que el enorme subejercicio que tuvo su gobierno en 2019, calculado en 150 mil millones de pesos, no afectaba al tema de la salud ni tenía que ver con los desabastos y carencias que se reportan en clínicas, hospitales e institutos de salud públicos, esta semana se dio a conocer como parte del estudio denominado Los Números del Erario, de la organización México Evalúa, que los subejercicios de gasto en materia de salud alcanzaron 12% hasta noviembre del 2019, es decir que se dejaron de gastar 14 mil millones de pesos a pesar del desabasto de medicamentos y la precariedad en los servicios de salud, sin mencionar la falta de personal suficiente en los centros de salud y hospitales públicos.

Lo que más sorprende en toda esta crisis del Insabi y de la salud pública en general, es que el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, esté completamente desaparecido, mientras un subsecretario como Hugo López Gatell da tumbos y declaraciones conspiratorias todos los días en las que lo mismo acusa a los laboratorios del desabasto, que amenaza a los gobernadores que no quieren adherirse al nuevo instituto, en tanto el arqueólogo Juan Ferrer se ve tan agobiado que ya debe estar extrañando las ruinas de Palenque, por las que tantas veces hizo de guía de lujo para el hoy presidente López Obrador.

En el caso del subsecretario López Gatell, son tantos los yerros que ya en los pasillos del Palacio dicen que su cuenta ya está en dos strikes y que esta próxima semana cuando se pare en la caja de bateo para informar semanalmente de los avances en el funcionamiento del Insabi podrían cantarle el tercero y ¡ponche!...

Recientemente fue dado a conocer que Abel Murrieta Gutiérrez, el exprocurador de justicia en Sonora durante las administraciones de Eduardo Bours y Guillermo Padrés, sería coadyuvante por parte de la familia LeBarón en las indagatorias de la masacre en Bavispe, municipio de la sierra de aquel estado, ¿pero sabrá la misma familia afectada y la propia FGR que Murrieta Gutiérrez es a su vez parte de una indagatoria por falsificación de documentos en el caso de la guardería ABC?

Tanto el exprocurador, como el en su momento gobernador y otros funcionarios habrían falsificado un oficio del IMSS con el que resultaban inculpados dueños de la guardería y funcionarios de la institución.

Por eso la duda de que la familia LeBarón haya tenido conocimiento de estos hechos, además de que en las épocas en las que Murrieta encabezaba la Fiscalía sonorense fue precisamente cuando surgió y cobró fuerza la organización criminal de Los Salazar en aquel estado, mismo grupo con el que supuestamente fueron confundidas las víctimas de Bavispe.

Aquí ya hay un enredo de coincidencias e incongruencias, ya sea por desconocimiento de las víctimas o por intenciones aviesas de Murrieta que, en el caso de los LeBarón, sería algo así como “el abogado del diablo”…

Los dados mandan Serpiente doble. Semana de altibajos.
16 Enero 2020 04:07:00
Candidaturas, los verdaderos cambios del Gabinete
Hace unos días decíamos que el Presidente no quiere hacer cambios en su Gabinete y realmente no está entre sus prioridades hacer ajustes en su equipo de colaboradores. Pero algo en lo que sí está de acuerdo López Obrador es en que desde las secretarías de Estado salgan algunos de los candidatos a gobernador que Morena buscará postular a los comicios del 2021.

Esos movimientos podrían ser los únicos cambios que veamos en el Gabinete presidencial en este año y ocurrirán en noviembre por lo menos en dos secretarías importantes de donde saldrán dos candidatos a los estados: Esteban Moctezuma Barragán, de la SEP, buscaría ser abanderado morenista en San Luis Potosí; mientras que Alfonso Durazo Montaño, se prepara para buscar la candidatura del partido oficial en Sonora.

En el primer caso, el secretario de Educación, aunque es originario de la Ciudad de México, tiene antecedentes familiares en San Luis Potosí de donde es originaria su madre y su abuelo, el general Juan Barragán Rodríguez, un revolucionario que tomó las armas contra Victoriano Huerta después de la llamada Decena Trágica. Es decir que Esteban Moctezuma, según la Constitución Política de San Luis Potosí, es “potosino por nacimiento”, ciudadanía que se obtiene por ser hijo de padre o madre potosino, requisito que cumple el secretario para obtener una candidatura a Gobernador.

El otro requisito que establece la Constitución Potosina a los potosinos “por nacimiento”, en su Capítulo I del Poder Ejecutivo, en sus artículos I y II, es el de “contar con un año de residencia efectiva (en la entidad) no menor a un año inmediato anterior al día de la elección”. Y para cumplir también con ese requisito, Moctezuma Barragán ha iniciado ya consultas y sondeos entre la clase política potosina para ver cómo caería en San Luis una eventual postulación.

Va tan en serio la nominación de Moctezuma, que ya hasta tuvo pláticas con el Gobernador priista de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera, para expresarle sus intenciones y se sabe, por fuentes cercanas a la oficina del secretario, que ya cuenta con un domicilio en la capital de San Luis, a donde acude con regular frecuencia para dejarse ver por los potosinos. La misma Constitución local dice que para los potosinos “por nacimiento” la “residencia efectiva no se pierde por ausentarse del estado o del municipio correspondiente, siempre que en ellos se conserve el domicilio fijo”.

En el caso de Alfonso Durazo, su candidatura a Gobernador es casi un hecho y, además de que cumple con todos los requisitos constitucionales de su estado, cuenta con el aval del Presidente, aunque su único problema sería saber en qué condición llega el actual Secretario de Seguridad y Protección a competir por el Gobierno de Sonora: con o sin resultados en la lucha contra la inseguridad y la violencia que afecta a los mexicanos. De ello dependerían sus posibilidades reales de ganar el estado. Si Durazo se va con el récord actual que tiene de casi 50 mil muertos por homicidios violentos y sin haber esclarecido masacres tan graves como la de Bavispe, precisamente en Sonora, ni la fuerza del presidente López Obrador le ayudaría a ser un candidato ganador.

En todo caso, ya hay fecha comentada en el Gabinete y en Palacio Nacional para que estos dos secretarios renuncien y se vayan en pos de sus aventuras electorales: el 30 de noviembre de este año, para poder iniciar sus precampañas, ya sin el impedimento de un cargo público, sus registros formales y sus recorridos por las entidades que buscan gobernar. Esos serían los primeros cambios seguros que, al menos hasta el momento, se ven en el Gabinete y no serán por resultados, desempeño o capacidad en el cargo, sino por la nueva versión del “chapulineo político” en los tiempos de la 4T.

Moctezuma se iría con la nueva reforma educativa aún inconclusa en su aplicación y dejando a una CNTE totalmente fortalecida y a un SNTE también fuerte pero que vive el embate de Elba Esther Gordillo para un regreso a la dirigencia que no quiere el presidente López Obrador; mientras que Durazo es una incógnita cómo dejará la seguridad en el país por la poca capacidad y la ineficiente estrategia que ha mostrado hasta ahora. Por lo pronto, ayer, su jefe el Presidente, ya le puso al secretario de Seguridad el reto que definirá si es o no un candidato con posibilidades de triunfo: resultados en la disminución de la violencia, los asesinatos y la inseguridad en el país “el 1 de diciembre” de este 2020. ¿Puede Durazo con el plazo que le puso el Presidente?... Los dados mandan Escalera doble. Subida.
15 Enero 2020 04:05:00
Croquetas de pejelagarto, chipilín y apapachos
La República reunida ayer a través de sus poderes Ejecutivos en el Palacio Nacional, parecía que iba a crujir por la tensión de las últimas semanas entre el Gobierno federal y los gobiernos estatales, pero en vez de los tambores de guerra que algunos mandatarios de oposición había anticipado, lo que se escuchó en el mítico salón Tesorería del vetusto Palacio fueron risas, mensajes de conciliación, coordinación y unidad y un brindis también tropical con agua de guanábana.

Mientras que con las delicias de la gastronomía tabasqueña, en primer tiempo croquetas de pejelagarto, de segundo tamal de chipilín y de tercero estofado de short rib, el presidente Andrés Manuel López Obrador, conquistó el paladar de sus 32 invitados especiales –30 gobernadores, una gobernadora y la Jefa de Gobierno– con la mano izquierda y el oficio político que le caracteriza, pidió desde el inicio a todos los comensales, entre los que también estaban miembros de su Gabinete, que “hoy no hablemos de política, ni de temas de trabajo” y que solo tuvieran el gusto de compartir y relajarse, mientras hacía un llamado a la unidad y al trabajo coordinado “por el bien de la República”.

Así, el Mandatario nacional, que todavía en diciembre azuzaba desde su conferencia mañanera y exhibía a los “gobernadores flojos que no se levantan para asistir a las reuniones de seguridad en sus estados”, ayer dejó de lado cualquier reclamo o reproche y con un breve mensaje de 10 minutos llevó el tono de la comida a un ejercicio de convivencia política en el que dijo: “hay que respetar la pluralidad partidista”, para poder trabajar coordinadamente con los estados. El mensaje cayó tan bien entre los mandatarios y mandatarias estatales invitadas que incluso los panistas, que iban preparados para tocar temas de polémica y tensión con el centro –como el Insabi– guardaron los asuntos políticos para otra ocasión, entre ellos ese tema, y se sumaron a la comida sin agenda ni divisiones políticas.

Cuenta un Gobernador de los asistentes que si bien el caos y las fallas del arranque del Insabi y su complicada viabilidad financiera no se abordaron en la mesa ni en los mensajes, en corto sí fue un tema que dominó las pláticas entre los gobernadores de todos los partidos, que entre ellos compartían, incluso con los secretarios del Gabinete invitados, sus dudas y cuestionamientos al nuevo modelo de salud pública gratuita.

“Fue una reunión muy cordial, donde el Presidente manifestó su disposición a seguir trabajando en coordinación con los gobernadores, respetando la pluralidad de origen partidario. No se tocó públicamente el tema del Insabi, pero indudablemente en corto sí fue parte de los comentarios”, dijo a esta columna un Gobernador panista del norte del país, mientras que otro Mandatario del altiplano, del partido Morena, apuntó sobre el ambiente del encuentro en Palacio: “No se habló nada de trabajo, fue una comida que ofreció el Presidente en donde, en un mensaje de 10 minutos, nos dijo que no tenía propósito de reunión de trabajo y que en febrero nos reuniríamos para eso”.

Así es que finalmente ya habrá tiempo para la discusión, el debate y los asuntos de trabajo, por lo pronto en la reunión que en febrero les prometió el Presidente; pero ayer los gobernadores, todos los oficialistas y los opositores, decidieron disfrutar de la comida tabasqueña mientras el Presidente tabasqueño los apapachaba y les confirmaba que, así como en las mañaneras y en sus discursos de gira puede ser belicoso, echador, conspiracionista y en ocasiones insidioso, López Obrador también tiene una muy fina mano izquierda con la que, cuando quiere, puede ser un Mandatario que concilia y une.

Notas indiscretas… detrás del feliz nacimiento del primer nieto presidencial y de la decisión de que el hijo del primogénito José Ramón López Beltrán naciera en Houston, Texas, hay una historia “complicada y difícil” en la familia presidencial. Por eso no es de extrañar que, dado como es a compartir cualquier momento familiar o cotidiano, como lo hizo el lunes con el cumpleaños de su esposa en un video que fue elogiado hasta por sus críticos, por la sencillez y habilidad con la que conecta, en el caso del nacimiento de su primer nieto, AMLO no haya dicho nada, ni en la mañanera ni en sus habituales videos en las redes sociales. ¿Será que hay diferencias o desencuentros en la familia que habita en Palacio Nacional? Que conste que es pregunta… Y aunque en la comida de ayer se tranquilizaron, los nueve gobernadores del PAN no quitan el dedo del renglón sobre su cuestionamiento al Insabi y se reunirán para revisar la propuesta de sus titulares de Salud y la próxima semana estarán anunciando una propia… Preparamos el tiro. Capicúa de los dados.

14 Enero 2020 04:07:00
El Presidente no quiere hacer cambios
En contra de las versiones insistentes que han circulado en las últimas semanas sobre que se avecina un ajuste importante del Gabinete federal y que habría movimientos en varias áreas, en Palacio Nacional se asegura que no habrá tales cambios, al menos no en el corto plazo, porque “el Presidente no quiere hacer ningún cambio en su equipo en estos momentos”, aun cuando en las evaluaciones internas hay varios colaboradores y secretarios de Estado que no han dado los resultados que se esperaba y los asesores presidenciales han recomendado “ajustes necesarios” en varias dependencias.

La razón que argumentan fuentes de primer nivel en la oficina presidencial es que la opinión del presidente López Obrador sobre el desempeño de su equipo de colaboradores no coincide necesariamente ni con la percepción pública sobre varios secretarios a los que se les ve desgastados o ya sin capacidad de operación en las dependencias, ni con los análisis internos que el Mandatario ha pedido realizar sobre los integrantes de su equipo.

“No quiere cambiar a nadie y él siente que hacer movimientos en este momento va en contra de su discurso de que ‘todo está bien’ y de que ‘vamos muy bien’, por lo que mover a sus colaboradores se tomaría como un mensaje de un Gobierno en crisis o que no está dando los resultados prometidos”, comentó una de las fuentes consultadas.

La realidad es que la imagen y la popularidad de López Obrador se mantienen en niveles muy altos en el arranque de este segundo año de Gobierno. Esto podría leerse como un Presidente que sigue recubierto por un fuerte blindaje de apoyo popular, al que ninguna de las crisis que enfrentó en su primer año, ni “El Culiacanazo”, ni las masacres en Minatitlán, Coatzacoalcos o Bavispe, Sonora, ni la escasez de medicamentos y tratamientos en el sector salud que comenzó el año pasado y se agudizó con el arranque del Insabi, y ni siquiera el crecimiento 0% de la economía el año pasado, le afectaron su imagen y sus niveles de aprobación.

Pero eso no significa que la percepción del Gabinete sea la misma. Hay varios secretarios, de los que ocupan áreas clave para la administración pública, que no solo están rebasados y desgastados, sino que ellos mismos han dado por hecho que están en sus posiciones solo como figuras de adorno que salen en eventos y ocupan reflectores, pero cuyas funciones sustantivas les han sido arrebatadas en la mayoría de los casos por el propio Presidente, que decide casi todos los asuntos importantes del Gobierno federal, y en algunos casos por otros secretarios del Gabinete como Marcelo Ebrard, quien realiza funciones extralegales en varias áreas gubernamentales.

Así que quien esté en espera de cambios y ajustes fuertes en el Gabinete que espere sentado. Para López Obrador, en su visión muy particular de la realidad, las cosas marchan muy bien en su Gobierno y en el país, y aun cuando sus mismos asesores se lo sugieran, no planea en este momento hacer movimientos bruscos en su equipo.

Alguna vez, recién llegado a la Presidencia, Andrés Manuel les ofrecía a los mexicanos que él no iba a tolerar gentes ineficientes en su equipo: “El que no funcione se va”, decía. Hoy en la complacencia del poder y con niveles de aprobación de 72% en el arranque del segundo año, el Presidente se siente tan a gusto que se pregunta ¿cambios? Para qué si la gente me apoya y todo va de maravilla.
13 Enero 2020 04:07:00
AMLO y los gobers rebeldes se verán las caras
En medio del accidentado e improvisado arranque del Insabi y del choque que el nuevo esquema de salud provocó entre el Gobierno federal y al menos ocho gobernadores estatales que aún no firman su adhesión a dicho instituto, esta semana el presidente López Obrador tiene agendada una comida con los 31 gobernadores de la República y la Jefa de Gobierno de la CDMX, a la que asistirán los ocho mandatarios estatales que tienen dudas, se resisten o de plano rechazan el modelo de salud pública de la 4T.

Aunque dicha comida se daría en el marco de la reunión que tendrá la Conago con el gabinete de seguridad, para evaluar el tema de los índices delictivos en los estados, es muy probable que el tema de la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar y las inconformidades, denuncias y dificultades que se han registrado en las primeras dos semanas de funcionamiento se toque en el encuentro entre el Presidente y los gobernadores, pues más allá de los estados que se han rebelado abiertamente contra el Insabi, también entre los que ya lo firmaron hay quejas y dudas sobre los mecanismos de entrega de los recursos para los antiguos programas de enfermedades, hospitales y medicinas que cubría el extinto Seguro Popular.

El viernes pasado, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente López Obrador encaró la rebelión de los ocho estados que se niegan a firmar el nuevo convenio de federalización y les dijo que “es voluntario, no obligatorio” y que, aunque la mayoría de las entidades lo está aceptando, a los gobernadores que decidan no adherirse al Insabi, “lo que aplica es que el Estado da el servicio y se dan los recursos que por ley les corresponde”.

Hasta ahora, además de cinco gobernadores del PAN, encabezados por Martín Orozco, de Aguascalientes; Francisco Domínguez, de Querétaro; Carlos Mendoza, de Baja California Sur; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Diego Sinhué, de Guanajuato; se han sumado a la rebelión contra el Insabi el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que abiertamente ha dicho que no firmará porque a su estado no le conviene; el de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, que ha expresado dudas sobre los mecanismos de reparto de recursos y el Congreso local ha pedido revisarlo, caso similar al de Coahuila, donde también el Poder Legislativo local ha pedido mayor información al Gobierno federal para saber si se adhieren o no al Insabi.

Por lo pronto, en apoyo total al Presidente salió ayer su pupila consentida, Claudia Sheinbaum, quien no solo respaldó al nuevo instituto de salud y defendió la visión del Presidente, sino que cuestionó a los gobernadores que se oponen a él y dijo no comprender sus razones: “Yo no entiendo por qué hay gobernadores que no quieren firmar y que prefieren el Seguro Popular; es una concepción completamente distinta. El Seguro Popular asumía que la salud era una mercancía y que había que asegurar a la población para pagar por sus servicios”, fustigó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Veremos en qué termina este nuevo diferendo entre el Ejecutivo federal y los ejecutivos de los estados que se suma a otros choques que ya ha habido entre el centro y las entidades federativas por temas de coordinación fiscal o de la estrategia de seguridad.

Por lo pronto en el encuentro de esta semana podría saberse si el posicionamiento en contra del Insabi de los gobernadores, mayoritariamente panistas, aunque no son los únicos, es solo un tema político o si, como argumentan también varios exsecretarios de Salud federal, el nuevo modelo de salud para la población no asegurada nació con muy buenas intenciones, pero con deficiencias severas en su diseño financiero que lo convertirán en un problema para las finanzas públicas, además de su apresurado e improvisado arranque que no contó con un manual de procedimientos, con directivos incapaces y desinformados y sin una transición ordenada y necesaria para no causar las afectaciones, molestias e imperdonables retrasos en la atención y en los tratamientos a la población atendida.

NOTAS INDISCRETAS… A Javier López Casarín le llamamos aquí El asesor externo del canciller el 22 de julio de 2019 (
http://eluni.mx/ogz4scj1rx) y documentamos cómo este joven y carismático empresario tenía no solo un enorme poder e influencia en la cancillería mexicana, sino que viajaba por el mundo con un pasaporte diplomático oficial y hacía gestiones, negociaciones y hasta organizaba eventos, todo en nombre del canciller Marcelo Ebrard y con un poder amplio otorgado por él sin tener un cargo público. Y este fin de semana la revista Proceso lo llama “Poder fáctico en la cancillería”. Pero en ambos casos la pregunta es la misma: ¿Por qué alguien que no tiene oficialmente un puesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores se maneja como el operador personal del titular de esa dependencia y tiene tanta influencia y manejo en la política exterior, sobre todo en la relación con los Estados Unidos?


11 Enero 2020 04:07:00
Por mi raza, hablarán las armas
Que un niño de 11 años tenga acceso a un arma, que pueda llevarla a la escuela sin ser detectado por nadie y que pueda detonarla para matar a una profesora, herir a seis personas más y luego suicidarse de un disparo puede hablar muchas cosas: desequilibrios emocionales, sociales, ausencia de autoridad, tanto familiar como pública, influencias negativas del medio ambiente, de la tecnología y del constante bombardeo y exposición a información y actividades lúdicas que ensalzan la violencia. Todas y cada una de esas causas pueden estar detrás de la tragedia.

Pero lo más grave y doloroso que gritan los cuerpos inertes de un niño y su maestra sangrando, tirados en el piso de un colegio en Torreón, es que a fuerza de no hacer nada, de desentenderse y ser indolentes, de volverse ineptos e incapaces en la urgencia de frenarla, combatirla y castigarla las autoridades, la sociedad y hasta las mismas familias de México, hemos contribuido a normalizar y a escalar la violencia criminal y mortal que padecemos como país. Y al hacerlo, al quedarnos callados y mirar para otro lado, al culpar a los que nos antecedieron en los cargos públicos o a los “que andan en malos pasos”, pretendemos que no es una aberración que mueran violentamente, en masacres, ejecuciones, tiroteos, torturas, desapariciones y fuegos cruzados casi 300 mil personas en los últimos 19 años —250 mil en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, y 40 mil en el primer año de López Obrador— lo único que hemos logrado, y de ello somos responsables todos, gobiernos y sociedad, es esconder la putrefacción que nos corroe y que nos ha vuelto una nación violenta, insensible, incivilizada y deshumanizada.


¡Son las armas, estúpidos!

Como casi todos los males y problemas que nos aquejan y nos afectan como país, la tragedia de la violencia irracional en la que se inscribe la tragedia del colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila, tiene su origen en los dos fenómenos que han desatado el pandemonium mexicano: la corrupción y la impunidad. La corrupción porque ella permite el ingreso y la proliferación de más de 200 mil armas cada año, según datos oficiales, que proceden de los Estados Unidos y que entran ilegalmente al territorio mexicano. Y la impunidad porque esas armas ilegales pueden ser usadas por criminales, narcotraficantes y delincuentes comunes con total saña y libertad, sin pagar consecuencias por portarlas y dispararlas para robar y matar en todo el territorio nacional.

Y lo más fácil e hipócrita es quejarnos y culpar a Estados Unidos de esa inundación de armas que lleva décadas ocurriendo: “Estados Unidos tiene que hacer muchísimo más (contra el tráfico de armas). Lo que están haciendo es muy poco o casi nada. México va a estar exigiendo las acciones que Estados Unidos debe tomar”, dijo en septiembre pasado el canciller Marcelo Ebrard. Pero nadie en el Gobierno mexicano, ni en el actual ni en los de sexenios anteriores, ha querido aceptar y mucho menos enfrentar, que los cientos de miles de armas estadunidenses, que son compradas legalmente del otro lado del Río Bravo, entran a territorio mexicano por nuestra frontera y nuestras aduanas, en donde no hay ni el equipo, ni la tecnología, ni mucho menos el interés de detectar, frenar y decomisar ese armamento que en la mayor parte de los casos es traído en operaciones hormiga y cruza sin problema en autos particulares o vehículos de carga la línea fronteriza del lado mexicano.

¿Por qué las autoridades mexicanas no empiezan por frenar, en nuestra frontera y nuestras aduanas la entrada de armas ilegales, antes de exigirle a Estados Unidos haga algo para que no vengan esas armas? ¿Será por incapacidad, falta de recursos o por simple corrupción?


La crisis estalló con Rápido y Furioso

En una extraña coincidencia, este viernes casi a la misma hora que el niño Jose Ángel “N” sacaba sus dos pistolas, una calibre 22 y otra calibre 40, las empuñaba y gritaba “Hoy va a ser el día”, antes de comenzar a disparar contra profesores y alumnos en el Colegio Cervantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba en Ciudad Juárez, Chihuahua, a 834 kilómetros de distancia, del fallido operativo Rápido y Furioso que, por acuerdo de los gobiernos de México y EU, detonó la llegada de decenas de miles de armas ilegales que fueron vendidas por agencias estadunidenses a grupos del crimen organizado mexicano con el supuesto objetivo de “rastrearlas”, aunque al final solo sirvieron para aumentar la violencia y las muertes en México.

“Sería importante que también se buscara llegar al fondo porque no solo las autoridades mexicanas, hay también autoridades de Estados Unidos, funcionarios de las distintas agencias que participan en operativos conjuntos. El Rápido y Furioso fue una acción concertada entre el Gobierno de Estados Unidos y el de México. Cuando el Rapido y Furioso, el que estaba encargado de la seguridad era Genaro García Luna… es un operativo de los sótanos, subterráneo, que afectó mucho, estamos hablando de la pérdida de vidas humanas”, dijo el Presidente.

Y en casi todo tenía razón López Obrador: el problema de la proliferación y el uso de armas ilegales en México se disparó y se salió de control cuando entraron las armas vendidas por agencias estadunidenses a grupos del crimen organizado en el país; salvo en algo que al parecer le informaron mal al Presidente porque el responsable del operativo Rápido y Furioso por parte del entonces gobierno de Felipe Calderón no fue García Luna, sino el procurador Eduardo Medina Mora, quien en los primeros meses del 2009 se reunió, en la ciudad de Phoenix, Arizona, con altos funcionarios del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Gobierno de Estados Unidos y aceptó el operativo “experimental” para venderle armas estadunidenses a cárteles del narcotráfico para después rastrearlas en territorio mexicano.

Nunca se supo con exactitud cuántas fueron las armas cortas y largas que se vendieron a grupos criminales e ingresaron a territorio mexicano, pero las estadísticas oficiales indican que a partir del 2009 las cifras de decomisos de armas se dispararon y pasaron de cifras de 49 mil armas anuales antes de ese año, a 154 mil entre el 2009 y el 2012.

El ATF estadunidense le perdió el rastro a la mayoría de las armas de Rápido y Furioso, y de ese operativo secreto, pactado “en los sótanos” como dijo AMLO, solo se supo cuando ocurrieron dos hechos que lo sacaron a la luz: primero en Estados Unidos, donde el 14 de diciembre de 2010 un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos fue baleado por un traficante de origen mexicano, Heraclio Osorio-Arellano, que portaba un arma ilegal de aquel operativo; y en México el escándalo estalló cuando sicarios de Los Zetas atacaron a balazos a dos agentes de la DEA que circulaban en la carretera San Luis Potosí-Querétaro, el 16 de febrero de 2011. Fue ahí cuando se supo que las armas utilizadas por los narcos provenían de un operativo llamado “Rápido y Furioso”.

Por lo pronto, van dos datos que ayudan a demostrar que el problema de violencia desbordada y letal que padecemos -y que este viernes nos mostró uno de sus rostros más dolorosos en el asesinato y la muerte en una escuela primaria- es más atribuible a la impunidad, la corrupción y la ineficiencia de las autoridades mexicanas que a la venta de armas legalizada y relajada en EU. El primer dato son las cifras de decomiso de armas ilegales en los últimos tres gobiernos: en promedio en el Gobierno de Felipe Calderón se decomisaron 35 mil armas cada año; en el de Peña Nieto, 8 mil 500 armas; en el primer año de López Obrador solo se decomisaron 7 mil armas ilegales. Y el otro dato que confirma la descomposición y la falta de efectividad de las estrategias de seguridad y control de armas de los últimos gobiernos mexicanos, incluido el actual, es que en México las mismas armas -aquí ilegales y allá legales- son más letales que en Estados Unidos: en territorio estadunidense se contabiliza un homicidio doloso por cada 9 mil armas de fuego; en la República Mexicana hay un homicidio doloso por cada 600 armas. ¿De quién es el problema y en manos de quién está la solución?...

Los dados mandan Serpiente doble. Caída al precipicio.
09 Enero 2020 04:05:00
Temporada de caza en la 4T: van por Mancera
A partir de un pago realizado en su Administración a las empresas de Genaro García Luna, el Gobierno federal y el Gobierno de la Ciudad de México abrieron investigaciones en contra del exjefe de Gobierno capitalino y actual senador de la República, Miguel Ángel Mancera.

Las transferencias a la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management, propiedad del exsecretario de Seguridad preso en Estados Unidos, fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y ya dieron pie a que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ordene una investigación a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, en la que podría citarse a declarar a Mancera.

Los pagos, plenamente documentados por Hacienda, formaron parte de algunos contratos de asesoría que las empresas de seguridad de García Luna le brindaron al Gobierno de la CDMX en el sexenio pasado.

Incluso, un exfuncionario de la administración mancerista, Joel Ortega, quien fuera director del Metro de 2012 a 2015 y renunciara en medio del escándalo de corrupción de la Línea 12, que fue el punto de ruptura total entre Mancera y su antecesor Marcelo Ebrard, era el vínculo entre el Gobierno capitalino y Genaro García Luna, pues después de que salió del Metro, lo reclutó como su asesor.

Casi al mismo tiempo que Santiago Nieto daba a conocer los pagos del Gobierno mancerista a una compañía de García Luna, se activaron también otros expedientes e indagatorias en contra de excolaboradores cercanos al líder de los senadores del PRD, entre ellos las acusaciones a Julio César Serna Chávez, exjefe de Gabinete de Miguel Ángel Mancera, por diversas irregularidades cometidas durante su gestión como director de la Central de Abastos. Serna obtuvo la suspensión provisional de un juez federal en contra de cualquier orden de captura en su contra.

Raymundo Collins, exdirector del Instituto de Vivienda en el sexenio mancerista, también ha sido acusado de actos de corrupción y de cobro de sobornos a empresarios durante su gestión, de 2012 a 2018, y la Procuraduría General de Justicia ya libró una orden de aprehensión en su contra, ante lo cual también Collins, otro de los cercanos a Mancera, aunque antes lo fue también del ahora canciller Marcelo Ebrard, ha tramitado una solicitud de amparo ante la justicia federal.

Pero el caso García Luna parece haber sido el detonante para que no solo se soltaran los sabuesos de la UIF a nivel federal, sino que finalmente le dieran “luz verde” a Claudia Sheinbaum para comenzar a activar una serie de expedientes que tenían ya armados en la PGJCDMX pero que estaban “frenados por instrucciones superiores”.

Nada le cae mejor en estos momentos a la jefa de Gobierno para evadir los cuestionamientos a su Administración que las acusaciones de corrupción contra su antecesor. Fuentes federales confirman que en estos momentos hay un “cerco” en torno a 12 personas cercanas a Mancera, sobre los que comenzarán a cerrarse investigaciones y órdenes de aprehensión entre los que se mencionan no solo a los dos hermanos Serna, sino también al exconsejero jurídico, Manuel Granados, entre otros varios.

Mancera y Andrés Manuel tenían una buena relación política y personal y la sobrellevaban a pesar de que el exjefe de Gobierno no quiso apoyar la formación de Morena, aunque nunca se afilió tampoco al PRD.

Pero después de obtener el registro de Morena, en 2014, AMLO intentó hacer un mitin en el Zócalo el 20 de Noviembre de aquel año y pidió el permiso al Gobierno de la Ciudad; pero el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se lo negó con el pretexto de que estaba muy fresco el conflicto de los maestros de la CNTE que se oponían a la reforma educativa y temían que aprovecharan la concentración morenista para intentar volver a tomar la Plaza de la Constitución.

Después se comentaría en el círculo cercano de López Obrador que en realidad Mancera se había negado a prestarles el Zócalo acatando “una orden” del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo que provocó que entre los morenistas y lopezobradoristas empezarán a referirse a él como un traidor y lo llamaran despectivamente “Mancerita”.

Así que si la temporada de caza comenzó y han soltado los perros, veremos hasta dónde llega esta persecución contra Mancera y los manceristas, en la que son varios los actores del Gabinete y de la 4T que se frotan las manos porque ven en esta cacería la posibilidad no solo de mejorar su posicionamiento político, sino también de cobrarle antiguas facturas políticas y hasta personales al exjefe de Gobierno.

El más importante, sin duda, se llama Marcelo Ebrard Casaubon, alguna vez padrino político de Mancera y hoy poderoso canciller del Gobierno federal.

08 Enero 2020 04:04:00
Genaro hablando y muchos temblando
La negociación que inició Genaro García Luna con el Gobierno de los Estados Unidos lo llevará, de concretarse un acuerdo con la Fiscalía que lo acusa, a entregar información detallada de las operaciones del narcotráfico y de la narcopolítica en México. Para obtener el beneficio de una reducción de pena, el exsecretario de Seguridad Pública que tuvo un papel central en la estrategia antinarco de los últimos tres sexenios, deberá revelar datos, fechas, operaciones y sobre todo nombres de personajes de alto nivel en la política mexicana que hayan participado de acciones de corrupción o protección a los cárteles de la droga en los gobiernos para los que colaboró.

Y ahí es donde la situación se pondrá delicada para al menos tres expresidentes de la República con los que colaboró García Luna, ya sea como funcionario directo o como asesor externo: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, junto con integrantes clave de sus gabinetes en el área de seguridad, están en este momento bajo la lupa de la justicia estadunidense y, al menos dos de ellos, Calderón y Peña Nieto, ya deben tener abiertos en este momento expedientes de investigación y seguimiento de sus movimientos financieros por parte de autoridades estadunidenses, pues ambos fueron mencionados directamente por testigos en el juicio contra El Chapo Guzmán -al igual que Genaro- por haber recibido, en sus administraciones, sobornos millonarios del Cártel del Pacífico a cambio de protección.

Esa sola mención hace que se activen, para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el inicio de protocolos y carpetas de investigación sobre personajes que son mencionados directamente en un juicio. Si a García Luna comenzaron a investigarlo hace más de un año, justo cuando su nombre fue mencionado por Jesús “El Rey” Zambada y Vicente Zambada Niebla, es casi seguro que también a los expresidentes mexicanos les haya abierto expedientes desde que sus nombres fueron señalados por los mismos testigos. Es decir, que en este momento ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto podrían entrar a territorio de los Estados Unidos, sin exponerse a una detención o una acción judicial en su contra.

Es esa situación lo que explica el silencio repentino de los dos exmandatarios. Tal vez los expresidentes no sean los únicos preocupados y temerosos de lo que pueda resultar del inicio oficial de un intento de negociación entre García Luna y la Fiscalía, pero sus nombres son sin duda los más llamativos y los que más escándalo desatarían a nivel nacional e internacional si es que llegan a ser llamados a un interrogatorio en un posible juicio o si se hace pública una investigación oficial de la justicia estadunidense en su contra. Eso no quita que haya muchos otros que deben estar muy pendientes y angustiados por lo que pueda “cantar” el poderoso exsecretario de Seguridad, desde excolaboradores cercanos suyos, subsecretarios y comisionados, hasta exsecretarios de Estado, exgobernadores y uno que otro general o almirante de las fuerzas armadas que podría ser mencionado por García Luna.

No pasará mucho tiempo para que sepamos si hay o no un arreglo entre la Justicia de Estados Unidos y Genaro García Luna, ni tampoco para que los efectos de algún tipo de acuerdo comiencen a verse reflejados en investigaciones y expedientes en contra de figuras centrales y del más alto nivel político de los últimos 18 años. Todo es cuestión de ver en qué tono y con qué intensidad canta García Luna y con qué intensidad sus notas sacudirán el escenario de la narcopolítica mexicana…

Los dados mandan Serpiente. La primera del 2020.



07 Enero 2020 04:08:00
2020: el fin de los pretextos
El año que comienza será decisivo para la consolidación del proyecto de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su llamada Cuarta Transformación. Si el 2019, como primer año de esta Administración, fue de aprendizaje y de “sentar bases” para intentar resolver “el desastre heredado”, este 2020 tendrá que ser diferente y demostrar, con resultados concretos y ya no con pretextos, la forma diferente de hacer las cosas, lo positivo que presumen de los nuevos programas y políticas de Gobierno y la eficiencia que hasta ahora le ha faltado al aparato gubernamental en el ejercicio del gasto público.

Digamos que, para efectos políticos, en este segundo año del Gobierno lopezobradorista y con los resultados que logre en los dos grandes pendientes con los que cerró el primer año: economía con incertidumbre y sin crecimiento, además de la grave crisis de inseguridad y violencia en casi todo el territorio nacional, se define en buena medida el escenario político-electoral para los comicios intermedios de 2021. Un Gobierno que logre reactivar el crecimiento económico, apoyado en buena medida por un gasto público más suelto y eficiente, junto con una estrategia real y efectiva que disminuya la violencia, llegaría mucho mejor posicionado a la aduana de las urnas que representan las votaciones para la Cámara de Diputados y con posibilidades de ratificar su mayoría parlamentaria. Pero sin esos resultados concretos y medibles, la mayoría legislativa peligra para López Obrador.

Si hasta ahora el Presidente y su movimiento tuvieron como escudo protector el discurso de “las culpas del pasado y el desastre heredado”, en 2020 se ve muy difícil que el argumento de justificar todo por la herencia negativa que recibieron alcance para satisfacer la exigencia de resultados al actual Gobierno. Más allá de la operación de sus programas de apoyo social con dinero en efectivo y del respaldo de su muy leal y combativa base social y política, López Obrador tendrá que mostrar resultados en infraestructura y obra pública, en inversión y crecimiento de la economía, en el funcionamiento adecuado de los programas sociales, educativos y de salud, y en el ejercicio más fluido, eficiente y transparente de los recursos públicos.

Porque aunque el reparto multimillonario de becas, pensiones y subsidios con dinero público tendrá sin duda un efecto político y electoral rumbo a las elecciones parlamentarias, al asegurar votos de sectores beneficiados y clientelares, lo que no puede acentuarse en el año que inicia es la imagen de un Gobierno poco eficiente, que no genera suficiente certidumbre para las inversiones privadas, que no invierte suficiente en gasto de infraestructura y en obras públicas para los servicios públicos básicos que demanda la población y que no puede con el enorme reto de pacificar al país y garantizar la seguridad de los mexicanos.

También es real que, al menos en lo que respecta a la seguridad de la República, el Presidente y el Gobierno federal no son los únicos responsables, si bien son la parte más importante y hasta ahora más ineficiente en el control y combate de los delitos federales que más generan violencia como el narcotráfico y la delincuencia organizada. Los gobernadores que hasta ahora han eludido su responsabilidad y se han desentendido de su obligación también legal de darle seguridad a los ciudadanos de sus estados, también tienen que hacer su parte y colaborar en la atención urgente y apremiante de los delitos del fuero común que siguen siendo los que más se cometen en México y más impactan a la percepción de inseguridad y miedo con la que vive la mayoría de los mexicanos.

Pero en espera de que las dos instancias de Gobierno más pesadas y que más poder concentran, el Gobierno federal y los estatales, sean más eficientes y se coordinen entre sí, y de que ambos vayan al rescate también urgente del nivel de Gobierno más importante, el municipal, que hoy está abandonado, sin recursos suficientes para atender las necesidades básicas de la población y con muy pocas potestades tributarias, lo que hoy es un hecho es que en 2020 el Presidente enfrentará la prueba de fuego del segundo año: o se consolida y avanza su proyecto de la 4T o la primera parte del sexenio se vuelve más errática y regresiva, con el riesgo de perder su mayoría legislativa el próximo año.

Los dados vuelven recargados y abren este 2020 con una Escalera doble para todos los amables lectores. Que sea un gran año para todos.

21 Diciembre 2019 04:09:00
La mancha de Bartlett a la 4T
Hay “verdades oficiales” y “verdades históricas” que por más que se repitan y que digan sustentarse “en la ley”, nunca van a poder borrar la percepción ciudadana y la vox populi; que se encargarán de sostener la versión “no oficial” que termina siendo la más repetida y creíble entre la población hasta borrar y condenar al olvido a la verdad oficial sobre un tema. Eso pasó, por ejemplo, con la llamada Casa Blanca de Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera, que por más que intentaron vestirla de legalidad y borrar con investigaciones y dictámenes jurídicos oficiales su vergonzoso origen de conflicto de interés, en el imaginario colectivo la propiedad quedó como un momento emblemático de la corrupción de todo un sexenio.

Y el pasado jueves, la Cuarta Transformación y el Gobierno del presidente López Obrador emitieron su primera “verdad oficial” sobre las denuncias de corrupción y conflicto de interés del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a quien se le documentaron junto con sus hijos y su pareja sentimental de los últimos 20 años, más de 28 propiedades e inmuebles y 12 empresas que conforman un evidente e inocultable emporio familiar creado y conformado en torno a la actividad única como servidor público de Bartlett por más de 60 años.

La encargada de armar esa versión jurídica y oficial, sostenida en argumentos legales -que no necesariamente morales- y en una “exhaustiva investigación” que los llevó a buscar “hasta debajo de las piedras”, fue la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien para efectos prácticos (y para fortuna de Manuel Bartlett y complacencia del Presidente) no fue la misma comisaria dura e implacable contra la corrupción que ha sido cuando los acusados o investigados son políticos opositores. Esta vez, doña Irma, más suave y comprensiva, llegó a la conclusión de que, al no figurar el nombre ni los apellidos del director de la CFE en las escrituras inmobiliarias ni en las actas constitutivas de empresas, el señor Bartlett Díaz no tiene nada qué ver con las múltiples residencias, edificios y propiedades de sus vástagos ni en las exitosas empresas de su compañera sentimental de 20 años, que no concubina, y que todo fue producto del trabajo y la buena fortuna de los descendientes y la pareja del patriarca Bartlett que, con sus sueldos de funcionario público, logró apuntalar un millonario emporio familiar.

Ni al Presidente ni a su ministra anticorrupción les pareció relevante y mucho menos necesario, por supuestos impedimentos legales, hurgar en la historia personal y política de don Manuel o en sus movimientos financieros de años atrás y en cómo, al mismo estilo de muchos otros políticos del viejo régimen al que él perteneció y del que fue fiel exponente y cancerbero electoral, la fortuna personal y familiar se distribuye, de manera totalmente legal en apariencia, entre hijos, hermanos, esposas, madres y demás familiares, cuya riqueza y crecimiento económico está siempre ligado al ascenso político y burocrático del personaje en cuestión.

Digamos que con los Bartlett y su fortuna no se aplicó el mismo rigor ni claramente la misma vara que llevó a investigar, rastrear y hasta congelar las cuentas y las empresas de los hermanos del ministro Eduardo Medina Mora, a quien presionaron hasta el límite de la renuncia, al documentarle que había utilizado a su familia como los beneficiarios de contratos, pagos y servicios del Gobierno que los llevaron a hacer de una pequeña empresa informática (Compusoluciones), un gran negocio de asesoría y servicios digitales. Tampoco a don Manuel se le dio el trato feroz que a Rosario Robles, encarcelada por un delito que no amerita prisión preventiva con argumentos legaloides de un juez consanguíneo de la diputada morenista Dolores Padierna, y por supuesto jamás le hubiera aplicado al consentido del Presidente un rasero similar al que llevó a detener a la madre de Emilio Lozoya Austin, o a encontrar e investigar una transferencia multimillonaria en beneficio de Genaro García Luna hoy acusado y detenido en Estados Unidos, y ferozmente investigado en México, por los mimos delitos y acusaciones que alguna vez, allá por 1986, le hiciera la justicia estadunidense a Manuel Bartlett Díaz, a quien vincularon al caso “Camarena”.

“Lo que hizo antes eso se juzga, y cada quien tendrá que responder, pero la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso fue lo que se investigó”, dijo este viernes el Presidente que, a diferencia de lo duro que es con sus adversarios políticos, a quienes juzga e investiga por lo que hicieron en el pasado, en el caso de su director de la CFE no consideró relevante ordenar una investigación no solo del último año de su desempeño como funcionario público, sino de toda una historia de crecimiento político y también económico de la familia Bartlett, cuyos negocios, riquezas y propiedades, han fructificado de la mano de la trayectoria pública de su patriarca.
“Tenemos que ser objetivos y responsables, si hay un servidor público corrupto no solo se va a su casa, se va a la cárcel. Pañuelo blanco, no hay corrupción arriba, me atrevo a decirlo y a sostenerlo y quiero que me tapen la boca”, completó el Mandatario en su exoneración política al cuestionado.

Así que ya queda claro que, en el combate a la corrupción del Gobierno lopezobradorista, no hay una sola vara: hay dos o más o las que sean necesarias para tratar cada caso según la conveniencia política y electoral. Por lo pronto, con un reluciente y purificado Bartlett que ayer de puro contento compartía en redes sociales fotografías junto a su amigo, el Presidente de la República, hay dos cosas que se pueden inferir del resultado de las “exhaustivas investigaciones” que exoneraron al director de la CFE: la primera es que la 4T ya tiene su primera “verdad oficial” que será contrarrestada y destruida por lo que piensa la mayoría de los mexicanos; y la segunda, que Manuel Bartlett Díaz, por más que lo defiendan y lo limpien con el discurso presidencial y los instrumentos legales, será la primera mancha que ensucia la imagen de la bandera (¿o pañuelo?) blanca del Gobierno de la honestidad y el combate a la corrupción.

Notas indiscretas
El final de un año y el inicio de otro siempre será momento para agradecer, valorar y reconocer el privilegio de estar aquí. Con el año que despedimos se van muchas cosas, algunas buenas y otras malas, algunas del plano personal y otras del ámbito social o político, pero se quedan, para el año que comienza, los aprendizajes, las experiencias y la oportunidad de siempre poder recomenzar y hacer mejor las cosas, corregir errores y atrevernos a buscar nuevos sueños y objetivos.

Desde este espacio quiero reconocer y agradecer a todos los que nos han dado la confianza de su lectura cotidiana y el favor de sus opiniones y comentarios. Tal vez no siempre coincidamos, tal vez en ocasiones pensemos distinto, pero siempre podremos encontrarnos en el respeto a la libertad y la tolerancia con los que piensan distinto o son diversos en cualquiera de sus acepciones. Gracias a todos los lectores, a los amigos, a la familia y a los directivos y compañeros de esta gran casa editorial de El Universal por la confianza, por el apoyo y por la posibilidad de expresar lo que pensamos y ejercer el derecho sagrado a la opinión y a la crítica de los asuntos públicos. Para todos ellos el deseo sincero de que en estas fiestas haya paz, tranquilidad y salud, y de que el año que comienza sea mejor para cada uno en lo personal y para todos en lo colectivo. Esperemos un 2020 que nos lleve a crecer y a ser mejores…

Los dados cierran año y mandan una doble escalera, cargada de abrazos y deseos de bienestar, paz y trabajo para todos. Volverán a rodar a partir del próximo 7 de enero, hasta entonces y hasta siempre.
19 Diciembre 2019 04:04:00
Van por círculo de García Luna y por calderonistas
Con la Unidad de Inteligencia Financiera como el ariete, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a lanzar las redes en torno a la detención de Genaro García Luna en los Estados Unidos, y han empezado a rastrear los movimientos financieros de varios integrantes de su círculo cercano, además de buscar también que otros personajes del gabinete de Felipe Calderón pueden aparecer vinculados con el exsecretario de Seguridad Pública, hoy acusado de narcotráfico por la justicia estadunidense.

Así, mientras García Luna llegaba ayer esposado de pies y manos a Nueva York, donde se definirá su proceso en la Corte Federal de Brooklyn; en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sabueso, el titular de la UIF, Santiago Nieto, revelaban el “hallazgo” de una transferencia financiera de 2 mil millones de pesos, que fueron “desviados” desde la Secretaría de Gobernación, en el sexenio de Felipe Calderón, entre 2009 y 2012, y que habrían sido depositados a la cuenta de una empresa vinculada con Genaro.

Con motivo de esa investigación, Santiago Nieto mencionó ayer a la prensa el nombre de excolaboradores cercanos al extitular de la SSP que estarían siendo investigados por este desvío millonario: Luis Cárdenas Palomino, excoordinador regional de la SSP y uno de confianza de García Luna. Aunque Nieto se negó a dar más nombres o datos “por la secrecía de las investigaciones”, varios medios difundieron ayer también otros nombres de exfuncionarios que estarían siendo investigados por la Fiscalía General de la República y por la UIF, como el de Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal y también exsecretario de Seguridad en Puebla en el gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle; Javier Garza Palacios, otro de sus hombres más cercanos desde la AFI y a quien García Luna envió como agregado de la Policía Federal en la embajada de México en Colombia; además de Maribel Cervantes, excomisionada también de la PFP y quien sustituyó en ese cargo a Cárdenas Palomino.

Pero el tema del desvío de los 2 mil millones no pararía en García Luna y su círculo cercano y toca también a la Secretaría de Gobernación, de donde se supone que salió el dinero público que terminó en cuentas vinculadas al exsecretario de Seguridad. Ayer mismo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció no tener información de ese desvío y que se enteró por los medios de comunicación de la investigación que involucra a la dependencia que encabeza.

Pero por las fechas que dio Santiago Nieto del tiempo en que se sacó ese dinero de la Segob, entre 2009 y 2012 hubo tres titulares de Gobernación con Calderón: Fernando Gómez Mont, que llegó en 2008 y estuvo en el cargo hasta 2010; Francisco Blake Mora, designado en 2010 y en el cargo hasta noviembre de 2011 cuando falleció en un accidente de helicóptero; y Alejandro Poiré, que sustituyó a Blake y terminó el sexenio en noviembre de 2012. ¿Cuál de ellos tres sería el titular de Gobernación que permitió el desvío de los 2 mil millones de pesos?

Veremos hasta dónde llegan las investigaciones que han iniciado tanto en la FGR como en la UIF, pero sobre todo hasta dónde el Gobierno de López Obrador va a aprovechar la detención y el proceso en contra de García Luna en Estados Unidos, para iniciar aquí una cacería ya no solo en contra de todo lo que tocó el extitular de Seguridad federal y de sus excolaboradores cercanos, sino también de otros funcionarios calderonistas que tuvieron relación con la estrategia de seguridad en aquel sexenio. Por lo pronto han empezado en Gobernación, pero podría haber muchos otros expedientes en distintas dependencias y áreas de la administración federal entre 2006-2012 y, eventualmente uno de esos expedientes, nombres o indagatorias, conectará con el expresidente Felipe Calderón. ¿Será ese el objetivo final?... Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.
18 Diciembre 2019 04:06:00
La reunión de Elba Esther y Romero Deschamps
Creaciones ambos del expresidente Carlos Salinas de Gortari, contemporáneos en el liderazgo de dos de los sindicatos más poderosos de México y de América Latina, Elba Esther Gordillo Morales y Carlos Romero Deschamps mantienen una cercana relación y recientemente se reunieron para comer y conversar, el pasado 3 de diciembre, en un departamento en Polanco, propiedad de la maestra en el edificio que se ubica en la esquina de Campos Elíseos y Galileo.

Aunque ninguno de los dos está en su mejor momento, y ambos fueron defenestrados del enorme poder político y económico que detentaron por más de dos décadas al controlar, ella el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el segundo el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el encuentro entre Gordillo y Romero Deschamps confirma dos cosas: la primera que el exlíder petrolero no se ha ido de México, huyendo de una posible investigación de sus cuentas y su fortuna personal y familiar, como se había especulado; y la segunda es que tanto la maestra como Romero siguen activos políticamente y moviéndose quizás en busca de recuperar el poder perdido.

Al encuentro, pasado el mediodía, llegó el exdirigente del sindicato petrolero convocado por la profesora Gordillo Morales. Después de más de dos horas en privado, Romero Deschamps salió del departamento y se retiró del lugar.

Está claro que el momento de esta reunión coincide con dos proyectos políticos que en este momento animan a los dirigentes sindicales aparentemente en el retiro: Elba Esther en su intento por obtener el registro de su nuevo partido político, Redes Sociales Progresistas, que encabeza su yerno, Fernando González; mientras en el caso del Sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps sigue controlando a la dirigencia provisional que encabeza su compadre Manuel Limón Hernández, en espera de que se convoque a nuevas elecciones para renovar la dirigencia sindical.

Seguramente el tema sindical es parte de lo que motivó ese encuentro porque, en el contexto de la nueva reforma laboral, ahora no solo obligatoria por las leyes mexicanas, sino por la inspección y monitoreo constante de Estados Unidos en el marco del T-MEC, tanto Elba Esther como Carlos Romero tienen intereses que cuidar aún en el SNTE y en el STPRM.

La maestra no quita el dedo del renglón e insiste, a pesar de que ya no tiene ni la fuerza ni las condiciones, en buscar participar en una elección abierta y por voto directo para la presidencia del sindicato magisterial, mientras que para el petrolero es claro que, aún desde afuera y ya sin el poder formal, Romero Deschamps buscaría impulsar a un dirigente a modo en una votación abierta y por voto secreto.

No es la primera vez que se juntan para tramar algo Gordillo y Deschamps. En 2009, ambos dirigentes, entonces en la cúspide de su poder, fueron hasta Canadá a buscar a Napoleón Gómez Urrutia que estaba en el exilio.

Llegaron enviados por el presidente Calderón y por un grupo de empresarios del sector minero que los mandaron como emisarios para hacerle una tentadora oferta a Gómez Urrutia para que renunciara a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Mineros: “100 millones de dólares, a cambio de abandonar la dirigencia sindical y de que te eliminen las acusaciones penales en tu contra”, ofrecieron la maestra y el petrolero, según ha narrado el hoy senador por Morena y presidente de la Comisión del Trabajo.

Hoy, cuando ya no tienen el mismo poder, es muy probable que Elba y Carlos estén tratando de sumar fuerzas para volver por sus fueros, algo que no se ve fácil para ninguno de los dos porque para el Gobierno del presidente López Obrador y para la reforma laboral de la 4T, hoy no solo prioritaria sino de “vida o muerte” por el T-MEC y la supervisión política de Estados Unidos, tanto la exlideresa magisterial como el exdirigente petrolero simbolizan, precisamente, lo que quiere erradicar la Administración lopezobradorista: la corrupción y el charrismo sindical que enriquecieron a los líderes mientras manipulaban y empobrecían a los trabajadores.
17 Diciembre 2019 04:06:00
¿Seade le mintió al Senado?
Si el subsecretario Jesús Seade y el Gobierno del presidente López Obrador creen que una simple carta del señor Robert Lighthizer vale más que una futura Ley del USMCA aprobada por las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, entonces es claro por qué la Administración de Donald Trump hizo lo que quiso a la hora de redactar su ley para instrumentar el acuerdo comercial con México y Canadá.

La “disculpa” del representante comercial de Estados Unidos y su promesa de que los cinco nuevos agregados laborales que mandarán de Washington a vigilar y monitorear el cumplimiento de la reforma laboral no tendrán “facultades de inspección” en territorio mexicano, no quita el hecho de que la Casa Blanca haya actuado de manera unilateral al decidir añadir, por encima de los mecanismos de seguimiento y solución de conflictos en materia laboral (paneles de expertos) un mecanismo más de vigilancia y monitoreo al Gobierno de México y del cumplimiento de las leyes en nuestro país.

Porque aunque esos agregados no actúen aquí, sí se van a encargar de mandar información y reportar información de las empresas y del Gobierno mexicano a dos instancias que sí están mencionadas en la redacción del T-MEC y que tienen facultades para iniciar demandas y quejas en contra de empresas mexicanas: por un lado el Comité de Interagencias en Materia Laboral y por el otro lado el Consejo Independiente de Expertos Laborales, en el que tienen participación miembros del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso de EU. Y esos dos organismos sí están facultados para pedir investigaciones y sanciones en contra de empresas de nacionales que violen la ley laboral o los derechos sindicales y lo harían a partir de la información que manden esos funcionarios de la Embajada de EU en México. ¿Entonces son o no inspectores sin nombramiento esos “agregados laborales”?
Si Seade no supo realmente de la introducción de esos “agregados laborales” en la iniciativa de Lighthizer, entonces pecó de inepto o de confiado. Porque el jueves pasado, en su comparecencia ante el Senado, incluso los senadores de oposición le preguntaron sobre esa figura, mencionada por la priista Claudia Ruiz Massieu y él se dijo “sorprendido” porque la había leído en un comunicado oficial estadunidense. Una y otra vez, el negociador único en el que tanto confió el presidente López Obrador les reiteró a los senadores que “no había una negociación paralela” y que “bajo ningún motivo se aceptó” la figura de los inspectores. Una de dos: o de verdad Seade no se enteró, lo cual pondría en duda su capacidad, o supo y le mintió a los senadores, que hoy están tan enojados con él que ayer la bancada del PAN pedía su renuncia al cargo.

“Ellos llegaron aquí (al Senado) diciendo que habían logrado evitarlo y que ahora serían paneles. Y días después sale la iniciativa de ley en EU insistiendo en el tema de la inspección ahora con agregados laborales. No es creíble o bien son incapaces-ingenuos que les vieron la cara o le mintieron abiertamente al Senado”, comentó ayer el senador Damián Zepeda, quien dijo que su partido volverá a pedir una comparecencia del subsecretario Seade para que rinda cuentas bajo protesta de decir verdad, no con declaraciones a la prensa.

Por lo pronto, ni el propio presidente López Obrador aceptó la figura de los “agregados laborales” que hoy Lighthizer jura que es inofensiva. La molestia ayer en Palacio Nacional por el descuido de su negociador era real y ya había voces que incluso se pronunciaban por “medidas equitativas” dentro de las prácticas de diplomacia. “Si Washington enviará a cinco agregados laborales, México podría enviar también a su embajada en Estados Unidos igual número de agregados laborales mexicanos con el mismo argumento de que ‘apoyamos el T-MEC’ y son parte de nuestras leyes internas”. ¿Se atrevería el Gobierno mexicano a responder así y tendría algún efecto real?

Por lo pronto, ayer en el Senado, tanto en la bancada oficial de Morena, como en las de oposición, defendían su “voto de buena fe”, pero cuestionaban si no se actuó con excesiva premura al pedirle (casi obligar) a los senadores que aprobaran en “fast track” el “Adendo” al T-MEC porque querían mandar una señal de certidumbre a los mercados y presionar a los Congresos de EU y Canadá que de cualquier manera siguen actuando sin prisa y se van hasta finales de enero o principios de febrero para ratificar el nuevo acuerdo comercial. Algunos senadores, que no son pocos, sienten que si a Seade se lo chamaqueó en Washington el “amigou” Ligththizer, a ellos se los chamaqueó el subsecretario en su propia casa.

Notas indiscretas…
En el caso de los funcionarios de Pemex que fueron acusados de participar en la Estafa Maestra, han pasado muchas cosas muy extrañas y contradictorias entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública. El tema se remonta a enero del 2019, cuando el presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera, a pregunta expresa de un reportero, que pediría una investigación contra dos nombramientos hechos por Octavio Romero Oropeza en Pemex, el director de Pemex Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada, el subdirector Operativo y Comercial, Héctor Salvador Salgado y el gerente de Operación y Control Financiero, Luis Galván Arcos, señalados por haber firmado 25 contratos con universidades públicas que simularon la prestación de servicios. De inmediato la Función Pública inicio una investigación y el 31 de enero, la secretaria Irma Eréndira Sandoval, informó que por instrucciones presidenciales los tres funcionarios mencionados habían sido despedidos y eran investigados. Un día después el propio presidente ofreció que los tres funcionarios serían reinstalados en caso de resultar inocentes porque “tampoco se trata de juicios sumarios, tiene que haber pruebas y no se puede afectar la dignidad de las personas”. Dos meses después, el 10 de abril, Pemex notificó a Miguel Ángel Lozada de su suspensión temporal para dar paso a las investigaciones en su contra por probables actos de corrupción. Las investigaciones se desarrollaron y el 26 de junio de este año fue el mismo presidente López Obrador quien informó que la Fiscalía General de la República no halló responsable de acusaciones de corrupción en su contra a Lozada: “Tengo la información de que la FGR hizo la investigación y no encontró responsable a este funcionario de Pemex, pero hoy solicité que me presenten por escrito esa resolución, y cuando ya la tenga, se las paso”. Hasta ahí las cosas parecían claras y se esperaba la pronta reinstalación del director de Pemex Exploración, pero en este mes de diciembre, el asunto dio un giro extraño, pues la Función Pública mandó una solicitud a la FGR para que le reconozca la “calidad de víctima u ofendida” en la carpeta de investigación en la que exonera a Lozada de la Estafa Maestra y de la cual el propio Presidente había dado cuenta públicamente, esto porque desde marzo del 2019 la FGR notificó a la SFP el no ejercicio de la acción penal a su favor al no existir elementos que lo ameriten. Ante tal resolución la SFP se amparó, pero dicho amparo le fue negado y se sobreseyó el recurso. Ante esto, la misma Secretaría presentó nuevamente un recurso de revisión con la intención de que en la segunda instancia le resulte favorable; sin embargo, lo más probable es que el colegiado confirmase la resolución y el recurso iba en quedar sin materia y por tanto en firme la resolución definitiva sobre la exoneración de Miguel Ángel Losada y su supuesta participación en actos de corrupción. Frente a este escenario, y en un afán de no aceptar una derrota, el 11 de diciembre, Función Pública falló por la destitución e inhabilitación por 10 años el proceso administrativo contra Losada como director general de Pemex Exploración y Producción: “La sanción se deriva de las acciones que, desde principios de año, fueron informadas por la propia Irma Eréndira en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su Gobierno que estuvieron relacionados con el esquema de la Estafa Maestra, dijo en un comunicado oficial. El funcionario fue notificado el fin de semana de la resolución, cuyo efecto implica, que Pemex deberá separarlo del cargo que se encuentra ocupando”. Y ahí es donde el asunto ya no se entiende ¿Cómo es que la SFP destituye y sanciona a Miguel Ángel Lozada como servidor público posterior a la resolución de la FGR y previo a la resolución judicial definitiva e inapelable que exonera y decide el no ejercicio de la acción penal en su contra por la supuesta participación en la llamada Estafa Maestra? ¿Mintió entonces el presidente López Obrador cuando públicamente anunció la exoneración y dijo que solo se esperaba el sobreseimiento administrativo de la propia SFP? Evidentemente Lozada impugnará la resolución mediante recurso de revocación o un juicio de nulidad y el amparo por afectación de sus derechos laborales y es muy posible que lo reinstale en su puesto de trabajo del funcionario y le tengan que pagar sus salarios durante el tiempo que estuvo separado de su encargo, pero queda la duda si ¿el Presidente sabrá que, por encima de su palabra empeñada públicamente, su secretaria Sandoval se empeña en hacer “juicios sumarios” que no le gustan a su jefe?...Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
16 Diciembre 2019 04:07:00
El subsecretario chamaqueado y el Presidente confiado
El 10 de diciembre pasado en Palacio Nacional, en medio de la euforia que ese día lo embargaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ante los visitantes de Washington y Canadá, y frente a todos los que atestiguaban la firma del “addendum” del T-MEC, que era tanta su confianza en su negociador único, el subsecretario Jesús Seade, que él no tuvo que leer ni revisar documentos de lo negociado en ese tratado.

“Le tenemos toda la confianza a Jesús, que casi no teníamos que revisar nada, leer documentos, por la confianza que le tenemos. Sabemos que él nos representa con mucho decoro”, sostuvo muy seguro el Mandatario mexicano.

Y al parecer el Presidente no fue el único que no revisó ni leyó los acuerdos negociados en Washington por Jesús Seade. El mismo canciller, Marcelo Ebrard, que ese día, declaró llenó de orgullo ante su jefe: “misión cumplida” o el resto del Gabinete económico que celebraba a tambor batiente sin conocer los detalles de lo que el país había aceptado por conducto de Seade en materia de imposición e intervención de Estados Unidos en materia laboral o comercial, todos festejaron, aplaudieron y después brindaron en una comida privada con el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, y con el yerno de Trump, Jared Kushner, sin conocer las “letras chiquitas” que incluso obligaron al Senado a aprobar por unanimidad sin explicar los alcances que tendrían las enmiendas redactadas en la capital estadunidense.

El propio Seade se dijo, primero “sorprendido” y después entró en pánico, luego de enterarse de que la redacción de lo que él aceptó y cedió ante el colmilludo Lighthizer apareció en los textos finales del “addendum” de manera muy diferente a lo que él medio explicó ese día en Palacio Nacional y después en su apurada comparecencia ante el Senado, donde el 11 de diciembre les repitió a los preocupados senadores de oposición lo mismo que un día antes le había jurado a todos los mexicanos: “No hay ningún riesgo en lo que firmamos… no hay píldoras amargas”.

Pero el fin de semana, cuando se confirmó que en Washington tenían ya listo el nombramiento no solo de uno, sino de 4 “agregados laborales” para mandar a su embajada en México para que supervisen la aplicación de la reforma laboral (algo así como “sherifs laborales”), el chamaqueado Seade voló de emergencia a la capital estadunidense para reclamarle a Robert Lighthizer que le haya visto la cara con la redacción final de ese y otros acuerdos que nuestro negociador, y al parecer todo el Gobierno mexicano, no supo cómo quedaron finalmente en los documentos finales.

Y es que la legislación que implementa el USMCA (T-MEC para nosotros), elaborada por Lighthizer y que él mismo envió a la Cámara de Representantes, contempla el nombramiento de esos 4 nombramientos de “agregados laborales” para operar en México.

Paradójicamente, el representante comercial de EU, al que ahora culpa Seade y va a reclamarle, es el mismo Robert al que el presidente López Obrador llenó de elogios en Palacio al mencionarlo como “un profesional en la negociación de este tipo de tratados” y dijo que era tan serio y tan bueno que “hasta los demócratas le tienen respeto”.

Claro que también Lighthizer se había encargado de endulzarle el oído al Presidente mexicano aquella mañana del 10 de diciembre: “Me siento honrado de estar con esta figura histórica y también el Presidente de Estados Unidos. El que usted haya logrado eso es histórico, es el mejor acuerdo comercial de la historia”, le dijo el viejo lobo de mar de Washington a López Obrador.

Al final, el enojo y los apuros que pasa ahora el Gobierno de México, al percatarse de lo que aceptaron y del chamaqueo de que el país fue objeto en Washington, tiene que ver con la decisión de haber mandado a un solo negociador, plenipotenciario y que negoció todo solo y sin consultar los cambios al T-MEC.

La soberbia perdió a Jesús Seade, que embarcó al Presidente, al Gabinete económico y de paso al Senado mexicano que aprobó al vapor y sin leer siquiera las enmiendas con todo y las “letras chiquitas” en las que la Administración Trump se aprovechó para verle la cara al negociador mexicano y de paso a todo el país.

Con cuánta razón y conocimiento Donald Trump tuiteó aquel martes: “El gran proyecto de ley comercial del USMCA de Estados Unidos se ve bien. Será el mejor y el más importante acuerdo comercial nunca hecho por Estados Unidos”.

El Presidente estadunidense sabía bien lo que contenía ese acuerdo, sobre todo en los últimos cambios que Lighthizer le sacó a México a través de Seade. Seguro Trump también confiaba mucho en su negociador pero al parecer él sí leyó y revisó “los documentos” o al menos a él no lo engañaron diciéndole “misión cumplida”, que “no vendrían inspectores ni agregados laborales sino panelistas” y que tampoco había “riesgos ni píldoras venenosas”.


14 Diciembre 2019 04:06:00
El rastro que llevó a García Luna y el general que le advirtió a Calderón
Genaro García Luna, hoy detenido en Dallas, estuvo en el radar de las autoridades de Justicia de los Estados Unidos a partir del 20 de noviembre de 2018, cuando Jesús “El Rey” Zambada lo acusó en su testimonio ante la Corte Federal de Brooklyn de haber recibido “sobornos millonarios” por parte del cártel de Sinaloa.

Durante casi un año lo observaron buscando elementos que sustentaran el señalamiento del capo sinaloense durante el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Pero no fue sino hasta hace unas semanas, cuando las autoridades financieras estadunidenses realizaban una búsqueda de cuentas y movimientos financieros de los hijos de Marta Sahagún, cuando el nombre de García Luna apareció vinculado a una de las cuentas de los jóvenes Bibriesca Sahagún y al seguir los rastros bancarios y financieros, dieron con varias cuentas a nombre del exsecretario de Seguridad Pública de México, cuyos saldos suman 87 millones de dólares.

Fue en ese momento que el Departamento del Tesoro de EU, sabedores del alto perfil del exfuncionario mexicano que llevaba ya casi siete años radicando en Miami, mandaron una alerta al Gobierno de México y le pidieron ampliar la investigación y la búsqueda de activos, solicitando información detallada sobre García Luna que pudiera ser de utilidad en su investigación.

La indagación financiera de los hijos de la exprimera dama había sido solicitada previamente a las autoridades mexicanas, de la Unidad de Inteligencia Financiera, al Gobierno estadunidense, como parte de una investigación que se realiza al expresidente Vicente Fox y a sus hijos políticos, los Bibriesca, y fue en esa búsqueda que se encontraron con la perla: asociado con las cuentas de García Luna estaba uno de los hijos de Marta Sahagún.

Por todos esos vínculos políticos y financieros es que el exsecretario de Seguridad Pública y responsable directo de la estrategia de seguridad en el país entre 2006 y 2012, está hoy en espera de un juicio que, con los mismos fiscales y en la misma Corte de Brooklyn, donde fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua “El Chapo” Guzmán, tendrá fuertes repercusiones para los tres gobiernos anteriores en México: el de Vicente Fox Quesada, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto.

Eso lo sabía muy bien el Gobierno del presidente López Obrador cuando decidió utilizar este caso como el parteaguas que confirma el nuevo esquema de “cooperación total” con el Gobierno de Donald Trump en el combate al narcotráfico y las redes de protección y corrupción política que han protegido a los cárteles de la droga en México, un esquema de cooperación que, más que poner el énfasis en la tecnología, armamento o recursos financieros por parte de Estados Unidos –que no dejarán de fluir–, se enfoca más en la información de inteligencia y el uso de los aparatos de justicia y de rastreo financiero del país vecino para documentar casos de narcopolítica y de corrupción en México.

Por eso se explica el discurso de este viernes del Presidente en su conferencia mañanera: “Nosotros estamos viviendo en México una situación de inseguridad y de violencia porque fue equivocada la política que se aplicó desde principios de 2007, que se pensó que declarando la guerra al narcotráfico se iba a resolver el problema de la inseguridad y violencia y lo que produjo esa política fue un agravamiento, muchos asesinatos, desaparecidos, destrucción del tejido social, corrupción; bueno, de todo.

“Nosotros heredamos los efectos de esa política equivocada y estamos corrigiendo, pero va a llevar un tiempo. Se supo en el mundo de que el encargado de seguridad del Gobierno del 2006 al 2012 está ahora detenido en EU, acusado de recibir sobornos para proteger a uno de los grupos delictivos de México; entonces estamos nosotros, desgraciadamente, resintiendo los efectos de esa política”, comentó el Mandatario.

En la misma lógica de López Obrador, de repasar y revisar la corrupción y la narcopolítica de los sexenios pasados, en el juicio que le espera a García Luna en Nueva York saldrán también a relucir otros nombres que ya fueron mencionados en el proceso contra “El Chapo” Guzmán, como el de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En el primer caso, el enjuiciamiento a su exsecretario de Seguridad –a reserva de si los jueces y el jurado lo encuentran culpable o inocente– es ya en sí mismo un juicio político del sexenio calderonista y su fallida y polémica estrategia de seguridad que dejó más de 130 mil muertos y un país convulsionado por la violencia en casi todas sus regiones y municipios; pero para Felipe Calderón el impacto podría pasar de la condena pública y política y convertirse también, si su nombre sale a relucir y es señalado como responsable, ya sea por testigos o por el propio acusado García Luna, que siempre tendrá la opción tan común en la justicia estadunidense de negociar información y acusaciones a terceros a cambio de inmunidad o un trato judicial.

En el caso de Peña Nieto, fuentes del Gobierno federal aseguran que el nombre del exmandatario “también va a salir a relucir en su momento, pero va a salir” cuando comience el juicio en la Corte Federal del Este de Nueva York, en donde ya el mexiquense fue acusado por “El Rey” Zambada y por Vicente Zambada “El Vicentillo” de haber recibido también sobornos hasta por 100 mdd de parte del cártel de Sinaloa a cambio de protección.

El general que le Advirtió a Calderón sobre García Luna
Felipe Calderón dice que nunca supo nada de los presuntos vínculos por los que la justicia de EU acusa a Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa.

Pero excolaboradores de su campaña aseguran que siendo presidente electo, allá por el 2006, en el despacho de la Casa de Campaña que tenía en el Eje 6 Sur esquina con Sacramento, en la colonia del Valle de la Ciudad de México, Calderón recibió al general Tomás Ángeles Dauahare, que entonces estaba en la lista para ser secretario de la Defensa Nacional.

A pesar de que el general había pedido hablar a solas con el Presidente, en la plática se quedó como testigo el difunto Juan Camilo Mouriño. Y ahí en esa reunión, el general divisionario le dijo a Calderón que “Genaro protegía al cártel de Sinaloa” y para sustentar su grave acusación le hizo entrega de un expediente que le pedía que revisara a detalle.

El presidente electo lo recibió y le dio las gracias al militar que abandonó la casona en la colonia Del Valle seguro de que algo pasaría, pero cuando el 1 de diciembre de aquel 2006, Genaro García Luna apareció como secretario de Seguridad Pública en el Gabinete, estaba claro que la denuncia del general nunca encontró eco en el entonces Mandatario.

Según lo afirma el mismo general Ángeles Dauahare esa denuncia le costó no solo no llegar a ser titular de la Sedena. García Luna nunca le perdonó haberlo acusado con Calderón y durante todo el sexenio culpó al militar de los ataques en su contra e incluso afirmaba que él era la fuente detrás del libro de la periodista Anabel Hernández, Los Señores del Narco.

Ese enfrentamiento personal y político hizo crisis casi al final del sexenio cuando a Tomás Angeles Dauahare lo acusaron, con base en testimonios de testigos protegidos, de presuntos vínculos con los hermanos Beltrán Leyva, y lo detuvo la PGR de Marisela Morales el 15 de mayo de 2012 junto con el general brigadier Roberto Dawe González.

El propio Tomás Angeles, después de estar preso durante poco más de un año y de ser liberado por falta de pruebas en su contra el 18 de abril de 2013, ya en el Gobierno de Peña Nieto, comentó: “mi error fue delatar a García Luna, pero era mi deber decírselo”.

Surge la interrogante, con todas las denuncias e investigaciones periodísticas que durante su sexenio se publicaron, con las dos cartas que le envió a su propio despacho presidencial el excomisario general de la Policía Federal División Caminos, Javier Herrera Valles, y que el propio expresidente ya reconoció haber recibido y leído, pero afirma que “no hacía ninguna acusación específica”, pero sobre todo con la denuncia y el expediente que, aun antes de iniciar su Gobierno, afirma haberle entregado el general Tomás Ángeles,

entonces candidato a secretario de la Defensa Nacional, ¿de verdad no supo nada el expresidente Calderón o más bien no quiso saber nada y se negó a escuchar o a investigar a fondo las denuncias y acusaciones que proliferaban contra su secretario de Seguridad Pública, hoy detenido en Estados Unidos y a punto de ir a un proceso judicial en el que también estará a juicio su Gobierno?
12 Diciembre 2019 04:07:00
AMLO, los senadores de oposición y un brindis con jamaica
El martes de la firma del “adendo” al T-MEC, en medio de la euforia política, las paradas de cuello y la lluvia de elogios que se vivió en Palacio Nacional, hubo un hecho político que casi pasó desapercibido en el evento, pero que no fue menor: por primera vez, en el año y 10 días que lleva este Gobierno, los líderes de la oposición en el Senado fueron invitados a un acto con el presidente López Obrador –con quien no se habían reunido ni en público ni en privado– y también por primera vez lo saludaron de mano e intercambiaron palabras, mientras el titular del Ejecutivo les hizo un reconocimiento altrabajo legislativo.

Y es que el Presidente andaba tan contento por la firma del añadido al Tratado comercial (“como pollo en mole”, diría un senador) que esta vez no solo tuvo como sus invitados de honor y en primera fila del evento a los senadores opositores, sino que además los invitó a la comida de celebración que, en petit comité, se llevó a cabo después del acto oficial.

En la larga mesa que dispusieron en el Salón “Rojo” de Palacio Nacional, al centro, como en la última cena de Miguel Ángel, estaba el Presidente, a su derecha, Christya Freeland, la viceprimerministra de Canadá cuyo vestido hacía juego con el rojo de las paredes; a la izquierda el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer y al lado de él Jared Kushner, el influyente yerno y consejero de Donald Trump, seguido del embajador Christopher Landau y de la embajadora mexicana Martha Bárcena. Del Gabinete por supuesto, el primero era Marcelo Ebrard, seguido de Jesús Seade, Alfonso Romo, Luisa María Alcalde y la secretaria Graciela Márquez.

Y enfrente del Presidente estaban los líderes de la oposición en el Senado, todos: Mauricio Kuri, del PAN, que llegó acompañado de Gustavo Madero y Josefina Vázquez Mota; Miguel Osorio Chong, del PRI, que fue solo; de MC estuvo Clemente Castañeda; del PRD, Miguel Ángel Mancera, y no podían faltar los aliados del PVEM, Manuel Velasco; del PT, Alejandro González, y del PES, Sasil de León.

A la cabeza de los senadores iba el líder de Morena y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, quien fue el operador de este primer encuentro entre la oposición y el Presidente, y que tuvo que convencer a varios senadores que se mostraban reacios a acudir a Palacio Nacional por temor a un desaire.

Cuando terminaron de servir el pescado, la ensalada y los postres, llegó el momento de los brindis y ante la falta de vino, Marcelo Ebrard levantó el vaso con agua de jamaica para agradecer a los visitantes y el esfuerzo por el T-MEC.

Tras los brindis, llegó el momento del Presidente que, a diferencia de la hora de discurso que aventó en público fue mucho más breve. Contento, casi eufórico, sabedor de que había sido un día redondo para su Gobierno –entre el T-MEC y la detención del “hombre fuerte” de su archienemigo y antecesor Felipe Caderón– López Obrador dijo que eran tiempos de “trabajar pensando en México” y tras los reconocimientos y las bienvenidas a los visitantes extranjeros y de dedicarle otra vez palabras muy elogiosas a Jesús Seade, volvió a reconocer “el gran trabajo de los senadores de todos los partidos, que se han portado a la altura de lo que necesita el país, haciendo a un lado las diferencias”.

Cerca de hora y media duró la comida tras la cual, entre brindis de jamaica, abrazos, elogios y reconocimientos mutuos, el Presidente despidió a sus invitados. Lighthizer, Kushner y el embajador Landau partieron juntos; Freeland hizo lo mismo con su embajador, Graemer C. Clark, mientras los miembros del Gabinete se iban unos por su cuenta y otros acompañaban a López Obrador a su despacho.

Los senadores salieron juntos y se subieron a la camioneta en la que habían llegado desde el Senado; los opositores iban contentos, pero más de uno comentaba que “por fin” el Presidente se había dignado a invitarlos, mientras Monreal salía como el concertador que hizo posible un encuentro que tardó más de un año en realizarse.
11 Diciembre 2019 04:07:00
García Luna, la punta de la madeja
La orden de arresto de la Corte Federal del Este de Nueva York en contra de Genaro García Luna por cargos de conspiración para tráfico de cocaína (5kg) y falsedad en testimonios, está fechada el 4 de diciembre de 2019, justo un día antes de que el presidente López Obrador recibiera en Palacio Nacional al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr.

Y ayer, apenas unas horas después de que el exsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón había sido detenido en Dallas, previo a su traslado a NY donde será juzgado, la Fiscalía General de la República anunció la apertura de una carpeta de investigación en contra de García Luna por los mismos delitos que le atribuyen en EU, anunció su disposición de “mandar todas las pruebas”, que solicite el Gobierno estadunidense e incluso dijo que el Gobierno de México planea pedir la extradición del exfuncionario calderonista para ser también juzgado en nuestro país por delitos contra la salud y actividades con recursos de procedencia ilícita.

¿Todo esto fueron simples casualidades? Todo indica que no. El caso de García Luna y su relevancia política, por la conexión directa que tuvo con el expresidente Felipe Calderón, es el primer paso de la “nueva cooperación para luchar contra los cárteles de la droga”, pactada entre el Gobierno de Donald Trump y el de López Obrador, y fue parte de lo que México aceptó en la reunión de la semana pasada con el fiscal Barr. Una cooperación, según fuentes federales, que más que de armas o recursos económicos o de la injerencia de fuerzas y agencias de seguridad estadunidense en territorio mexicano, se centra en la inteligencia que proveerá Washington a cambio de que México colabore para el desmantelamiento de cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, entre otros.

La captura de García Luna es en ese sentido la punta de una madeja que Estados Unidos empezará a desenredar, con la “total cooperación de México”, como ayer declaró el canciller Marcelo Ebrard, para buscar ya no solo la captura de capos y “objetivos prioritarios”, sino también la exhibición, investigación y captura de funcionarios de sexenios anteriores, particularmente los de Calderón y Peña Nieto, que tuvieron nexos claros con los cárteles de la droga y que les brindaron protección y ayuda para sus actividades ilícitas o incluso para escapar de la cárcel –como el caso de las dos fugas del “Chapo” Guzmán– y en ese objetivo la figura del poderoso exsecretario de Seguridad federal es clave.

No es casualidad que el documento de la orden de captura girado por la Corte Federal del Este de Nueva York y que se titula United States of América vs. Genaro García Luna, el Gran Jurado, cuando formula sus seis cargos contra el mexicano, tres de ellos referidos a la “conspiración para el tráfico de sustancias como la cocaína”, mencione textualmente: “En o entre enero de 2001 y el presente (diciembre de 2019) ambas fechas siendo aproximadas e inclusivas… el acusado Genaro García Luna junto con otros, hizo consciente e intencionalmente conspiración para distribuir y poseer, con intención de distribución, una o más sustancias controladas”, y luego mencionan distintas sustancias entre ellas la cocaína. Enero de 2001 es la fecha en que García Luna fue nombrado director de la desaparecida AFI en el Gobierno de Vicente Fox, cargo desde el cual después ascendería a secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, es decir, que en el juicio que le van a iniciar en Nueva York, en la corte de Brooklyn, la misma donde fue enjuiciado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán, estará a revisión toda la trayectoria pública de Genaro García Luna en las áreas de seguridad federal en México.

Finalmente, es muy posible que la madeja que empezaron a desenredar entre Trump y López Obrador –con el caso de García Luna basado totalmente en las declaraciones de testigos como Jesús “El Rey” Zambada o de Vicente Zambada “El Vicentillo”– el hilo llegue hasta otros políticos y funcionarios mexicanos que también fueron mencionados en el llamado “juicio del siglo” y a los que también, los mismos testigos que acusan a Genaro, señalaron de haber recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Y esa lista, en la que pueden sumarse muchos nombres más, por ahora están a la cabeza Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los dos últimos presidentes de México y los dos claramente en la mira de su sucesor, Andrés Manuel López Obrador.


NOTAS INDISCRETAS…

Será el próximo 6 de enero, justo en el Día de Reyes, cuando la ministra Margarita Ríos-Farjat, tome posesión de su lugar en la Suprema Corte de Justicia. La Ministra que ya estuvo en la sede de la Corte, en una visita de cortesía, conoció la que será su oficina, justamente la misma que ocupaba el defenestrado ministro Eduardo Medina Mora. Dicen que fueron tan fuertes las vibras que se sintieron en esa oficina, que no faltó quien le sugiriera a la nueva ministra hacerle una limpia, por aquello de que los tres últimos ocupantes de ese despacho no terminaron su ministerio. Primero la ocupó el ministro Humberto Román, quien falleció estando en el cargo, luego llegó a sustituirlo el ministro Sergio Valls, que también murió antes de terminar su periodo, y finalmente a Valls lo sustituyó Medina Mora, quien tampoco terminó aunque por razones distintas por su intempestiva e inédita renuncia en medio de acusaciones de corrupción. ¿Valdrá la pena que le hagan la limpia al espacio?... Anoche, después de su primer mensaje de reacción a la detención de su cercanísimo Genaro García Luna, el expresidente Calderón subió un segundo mensaje en su cuenta de Twiiter, en el que se dijo “profundamente sorprendido” y aseguró que desconocía por completo las imputaciones en contra de su exsecretario de Seguridad Pública. Aseguró que espera “un juicio justo y apegado a derecho” en el que si se demuestra la culpabilidad “se aplique todo el peso de la ley”. En lo que pareció un deslinde, Calderón dejó en claro que la política de seguridad durante su Gobierno “ni remotamente era producto de las decisiones de un solo funcionario” y que también en esa política “cooperaba estrechamente el Gobierno de Estados Unidos y sus agencias de seguridad y justicia”. Es decir, que Felipe Calderón ¿ya se está blindando diciendo que todo lo que hizo en materia de seguridad, con García Luna al frente, fue de la mano con Estados Unidos? Baia, Baia, como dicen en las redes sociales… Los dados mandan Serpiente Doble. Eso se pondrá feo.
10 Diciembre 2019 04:07:00
Listo, el T-MEC; bocanada de aire para AMLO y para México
El presidente Andrés Manuel López Obrador, y con él la alicaída economía mexicana, no podía recibir mejor noticia para cerrar este 2019 que la tan ansiada ratificación y firma del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La noticia ayer en Washington de dos acuerdos finales, primero entre los demócratas y los principales sindicatos estadunidenses; y luego entre la líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el Gobierno de Donald Trump, cayeron como auténtico oxígeno para el Gobierno de la 4T que, hoy con la firma de una “addenda” o apéndice del T-MEC que se realizará esta mañana en nuestro país, se manda el mensaje de los tres gobiernos para que los congresos de Estados Unidos y Canadá finalmente ratifiquen el nuevo tratado, como ya lo hizo el Senado mexicano.

Para eso vienen hoy a México Robert Lighthizer y Jared Kushner, que viajaron ayer por la tarde desde Washington, además de la ministra canadiense Chrystia Freeland, que junto con sus contrapartes mexicanas de la Cancillería y la secretaria de Economía, Graciela Márquez, firmarían hoy esa “addenda” en la que se incorporan los nuevos acuerdos y compromisos que se suscribieron en las últimas semanas, sobre todo el tema laboral, en donde México fue el país que más tuvo que ceder, y que todavía ayer mandó sus últimas propuestas a Washington para la última negociación que se cerró al mediodía. Para el Gobierno mexicano, la imagen hoy de la firma, muy probablemente en Palacio Nacional, le da un golpe de certeza a la incertidumbre de todo un año sobre la viabilidad del acuerdo comercial que tanto afectó a nuestra economía.

Aún se desconocen los detalles y los puntos finos en los que México tuvo que ceder a fuertes presiones estadunidenses contra industrias claves de nuestro país como el acero y el aluminio. Es muy probable que en la “contrapropuesta” que mandó la delegación mexicana, liderada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y con Jesús Seade como único negociador, haya habido algunas “concesiones” a las peticiones de Washington de las que ya se verán en los hechos; pero por ahora, como dijo el clásico, “haiga sido como haiga sido”, tenemos Tratado ratificado y el hecho de que se vaya a firmar en territorio mexicano confirma que nuestro país supo negociar al menos la sede de la firma a cambio de lo que concedimos, que según el compromiso público del canciller Marcelo Ebrard no cruzaría, en ningún caso, lo que él mismo llamó “líneas rojas”.

Y es que era tan grave la amenaza que se cernía sobre la economía mexicana, en caso de que no se aprobara el T-MEC en el corto plazo, que varias empresas trasnacionales asentadas en México, por ejemplo las poderosas automotrices japonesas, ya habían anunciado oficialmente al Gobierno de México su intención de buscar otros países para llevarse sus plantas ante la falta de certidumbre en el funcionamiento del tratado comercial con Estados Unidos, que era su principal razón para mantener sus inversiones en México. Muchas maquiladoras también ya tenían listos sus planes de traslado a otras naciones porque veían incierto el panorama y la ventaja de México como principal socio comercial con Estados Unidos.

Al final las cosas se acomodaron para las partes y los temas que habían estado frenando la ratificación del Tratado: a México los acuerdos le ayudan en su marcada urgencia comercial y económica por un año de crecimiento cero de la economía; a la Administración de Donald Trump se le alineó con otros temas como la reciente visita del fiscal William Barr, donde el acuerdo comercial también fue moneda de cambio para otros acuerdos en materia de seguridad y combate al narcotráfico; mientras que la urgencia de los demócratas, que aceleraron sus acuerdos con los sindicatos más grandes de EU, era por desahogar primero el tema del T-MEC, para dejar el campo libre a la votación del “Impeachment” en contra de Trump que ocurrirá la próxima semana.

Hoy veremos y sabremos qué contiene el apéndice o “addenda” que firmarán los tres países y qué se añadirá al contenido original de lo que se había negociado previamente en el texto que firmaron el 30 de noviembre de 2018 los presidentes de los tres países y de qué tamaño fueron las concesiones que el gobierno de López Obrador tuvo que hacer para lograr la urgente y anhelada ratificación del Tratado. Pero por ahora, está claro que para el Presidente y para nuestra economía estancada sin duda la ratificación del T-MEC es oxígeno puro, una noticia cuyo tamaño para México está entre un milagro de la Guadalupana o el cumplimiento anticipado de una carta a Santa Claus.


Notas indiscretas…

Por cierto que la fuerza y el nivel de control que ha logrado Marcelo Ebrard en el Gabinete, se hizo sentir ayer con la instrucción tajante que recibieron todas las áreas del Gabinete económico involucradas en la negociación del T-MEC: “nadie habla, nadie informa, todo lo concentra y lo controla Relaciones Exteriores”. Y sí, dirán que es un tema de orden institucional y de manejo uniforme de la comunicación, pero también es un síntoma de quién manda realmente en el Gabinete lopezobradorista… Todo está listo para que Margarita Ríos-Farjat asuma como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero, en cuanto los ministros regresen de su receso navideño en los primeros días de 2020. Aún no se informa quién sucederá a Ríos-Farjat en el SAT, pero en los pasillos del organismo se insiste en que será Rosalinda López, la tabasqueña que además de ser esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, es hermana del Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Si Rosalinda llega al SAT, entonces sí, como dijeron algunos columnistas, arrancaría el llamado “tren del sureste” pero familiar… Los dados mandan Escalera. Ya se siente el Guadalupe-Reyes en el ambiente.
09 Diciembre 2019 04:07:00
Trump exigió la cabeza del ‘Mencho’ y envío del ‘Menchito’
Aunque oficialmente el canciller Marcelo Ebrard aseguró en entrevistas a medios que “México no le ofreció nada a Trump a cambio de no designar a los cárteles mexicanos como terroristas”, fuentes del Gobierno federal aseguran que el presidente López Obrador sí hizo compromisos para aumentar el combate a los capos del narcotráfico y, en particular, las autoridades nacionales aceptaron al menos dos “peticiones” del fiscal William Barr: la primera, acelerar la extradición y entrega de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, actualmente preso en Hermosillo, y la segunda, aceptar la integración de una “unidad especial” de búsqueda e inteligencia coordinada por los dos países, con inteligencia estadunidense y marinos mexicanos, que empiece una “cacería” para atrapar al narco mexicano más buscado por el FBI y la DEA: Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

Los nombres de los dos narcotraficantes mexicanos fueron puestos sobre la mesa por el fiscal Barr, quien según las fuentes gubernamentales, fue directo en transmitir las peticiones del presidente Donald Trump, bajo el argumento de que tanto Oseguera Cervantes como Oseguera González, son parte de los “objetivos prioritarios” que el Gobierno de Estados Unidos tiene en su lista que ubica al CJNG como una de las cinco organizaciones más peligrosas para la seguridad de su país, y en contra de la cual, los departamentos de Justicia, de Estado y del Tesoro de EU declararon desde octubre de 2018 un operativo especial que incluye “una serie de medidas para atacar y desmantelar”, a la organización criminal transnacional a la que le documentaron la compra de 100 millones de dólares en lingotes de oro para lavar dinero, además de que la acusan de traficar muchas toneladas de cocaína, metanfetaminas y heroína con fentanilo a Estados Unidos, además de ser responsables de miles de muertes en México.

En la búsqueda del “Mencho”, según la versión de las fuentes consultadas, se integraría una “unidad de alto nivel” formada por marinos mexicanos y que trabajaría directamente con asesoría, armamento e inteligencia del Gobierno estadunidense para rastrear y detener al líder del CJNG.

El esquema que habría propuesto la Administración Trump y que aceptó el Gobierno lopezobradorista, es similar a los que se utilizaron en varias ocasiones durante el sexenio de Felipe Calderón, cuya estrategia ha sido duramente criticada por el actual Presidente.

En el caso de Rubén Oseguera González, la petición de extradición de EU ya tiene tiempo formalizada y en proceso por parte del Gobierno mexicano, que incluso el pasado 9 de septiembre ordenó el traslado del “Menchito” de un penal federal en Chiapas al Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, al que según la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal llegó solo “de paso, para esperar su extradición a EU”. Lo que ha complicado el envío del hijo del “Mencho” a la justicia estadunidense, es que la defensa ha interpuesto varios recursos legales con el argumento de que Rubén no es hijo de Nemesio Oseguera.

Así que, aun cuando oficialmente se diga que “no ofrecimos nada”, en los hechos se empezarán a ver acciones y situaciones como la que ya ocurrió con la repentina salida de Evo Morales que fue enviado en un vuelo a Cuba “temporalmente”, aunque ahora se sabe que el expresidente boliviano, que abandonó México casi al mismo tiempo que Trump declaraba en Washington que retiraba su amenaza de “declarar terroristas” a los grupos de la droga mexicanos, busca llegar a Argentina donde lo recibirá Alberto Fernández, a partir del martes que tome posesión. Veremos cómo empieza a ocurrir la entrega del “Menchito” y la persecución en contra del “Mencho”, y cómo padre e hijo se convierten en las “ofrendas” para calmar, al menos por ahora, la ira y las amenazas del “amable y respetuoso” Trump.

07 Diciembre 2019 04:08:00
Rosario Robles vuelve a San Lázaro
Este martes Rosario Robles Berlanga saldrá de la cárcel momentáneamente, en medio de un fuerte operativo de vigilancia, para acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro. Por decisión propia, la exsecretaria de Desarrollo Social se presentará a la sesión de Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados en la que se discutirá el dictamen de juicio político en su contra. Robles va a defenderse, personalmente, de las acusaciones de ser responsable del desvío de 7 mil millones de pesos en sus épocas como titular de Sedesol y Sedatu en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del esquema de contratación y simulación con empresas fantasma, denominado La Estafa Maestra.

Aunque tenía la posibilidad de enviar por escrito su defensa, tal como se lo ofrecieron los legisladores, Rosario pidió que las Comisiones Unidas que votarán el dictamen aprobado por la Subcomisión de Examen Previo, le permitan asistir personalmente para sostener su defensa ante los diputados que definirán si el juicio político en su contra procede y se manda al Pleno legislativo para que se vote una sanción que consistiría en declararla responsable del millonario desvío de recursos públicos e inhabilitarla para ocupar cargos públicos durante los próximos 20 años.

La Robles que llegaría el martes por la mañana al Palacio Legislativo de San Lázaro, se verá muy distinta a la que hace exactamente un año y dos meses, el 16 de octubre de 2018, todavía como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, llegaba al Palacio legislativo enfundada en un traje blanco de diseñador, corte de pelo ultramoderno y cubierta aún por el blindaje que le daba ser parte del Gabinete del entonces presidente, Enrique Peña Nieto. La Rosario de hoy llegará procedente del penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde tiene ya cuatro meses de estar presa, se presentará con 7 kilos menos, con signos evidentes de depresión y con la sensación de que sus antiguos amigos, poderosos de la política en el sexenio anterior, desde el expresidente Peña (“No te preocupes, Rosario”) hasta varios exintegrantes del Gabinete, la abandonaron y la dejaron sola. Ya no llegará ni con su corte de pelo ultramoderno ni con ropa de diseñador; si acaso con su uniforme caqui y con su palabra, con la misma que ha denunciado “persecución política” y “justicia por consigna” en su contra desde el actual Gobierno del presidente López Obrador.

Pero, aun cuando la escucharán, la reunión en San Lázaro no será ningún foro amigable para la otrora expoderosa secretaria de Estado. Ahí en la sesión estará presente el diputado Pablo Gómez, su archienemigo político, hoy de Morena y antes correligionario de Rosario en el PRD. Gómez preside la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, precisamente la encargada de procesar las solicitudes de Juicio Político, y declaró recientemente que, empezando por Rosario Robles, se va a llamar a declarar y a rendir cuentas en este proceso a todas las secretarías, universidades públicas y otras instituciones estatales involucradas en el fraude de la Estafa Maestra.

Así es que, si ya en aquel martes 16 de octubre de 2018 a Rosario la impugnaron, la vilipendiaron con mantas acusatorias, le gritaron “corrupta” y le dijeron en su cara que fuera “preparando sus abogados porque terminaría en la cárcel”, ahora, ya en calidad de presa y visiblemente menos fuerte y completamente vulnerable y sin ningún poder ni protección política, Robles volverá a intentar defenderse y denunciar un proceso “politizado y manipulado” en su contra, en busca de que los medios de comunicación y la sociedad atiendan sus desesperados reclamos y peticiones de ayuda que ha intentado una y otra vez con cartas al presidente López Obrador y al fiscal General, Alejandro Gertz Manero, sin obtener siquiera respuesta a sus misivas.

Sus amigos le dijeron que no fuera, que “la iban a hacer pedazos”, pero ella insistió y este martes, por la mañana, estaremos viendo el regreso de Rosario Robles Berlanga al Palacio Legislativo de San Lázaro de donde, después de una defensa con resultados aún inciertos, deberá volver, irremediablemente, como en aquella cumbia colombiana, por el camino rumbo a Santa Martha.

¿Dados cargados en el caso Oro Negro?
La semana pasada, el 28 de noviembre, un juez de la CDMX libró una nueva orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann De Long, ciudadana americana, todos ellos directivos de Perforadora Oro Negro por un supuesto desvío de recursos por 160 millones de pesos. La investigación de una denuncia de acreedores extranjeros en contra de la excontratista de Pemex, Oro Negro, se basa en la acusación de que la Perforadora recibió 250 mdp para pagar IVA, pero la compañía que encabezaba Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, solo pagó 90 mdp, disponiendo así “indebidamente” de 160 mdp.

Con ese argumento, sin más pruebas y sin llamar a declarar a los acusados ni a sus abogados a pesar de estar registrados sus domicilios en todos los expedientes, la defensa acusa al juez 114 de la CDMX, Joel de Jesús Garduño Venegas, de haber dictado “en lo oscurito” las órdenes de aprehensión y haber procesado con “inusual rápidez” la acusación que los acreedores extranjeros o fondos buitres presentaron a través del fiscal y ministerio público, Edgar Pineda Ramírez y Máximino Pérez Hicks, respectivamente.

Según la queja de los abogados de Gil White y sus demás socios acusados, para poder librar las órdenes de aprehensión se ocultó el hecho de que Oro Negro ya había pagado los 160 millones de pesos de IVA y que estaba recibiendo el reembolso por el pago del mismo y que tenía pendiente de pago 90 millones de pesos de IVA, los cuales inmediatamente pagó al SAT. La defensa acusa también que tanto el fiscal y el MP como el juez omitieron también que todos los pagos que hizo Perforadora con esos 160 millones de pesos que le fueron rembolsados, fueron revisados por el juez concursal y por el Conciliador del Ifecom y fueron aprobados.

En un recurso de revisión que preparan para presentar ante el Consejo de la Judicatura de la CDMX, en contra del juez 114, Joel de Jesús Garduño, los abogados de Gonzalo Gil argumentan que de más de 100 jueces penales que hay en la ciudad, en donde el procedimiento de asignación de casos a los juzgados es por estricta rifa, para evitar jueces favoritos, esto no se respetó en el caso Oro Negro, en el que, acusan “los dados están cargados”. Y mencionan que la orden de aprehensión que se dio a conocer el 17 de julio de este año, contra directivos de Oro Negro, también fue solicitada por el ministerio público, Maximino Pérez Hicks con el apoyo del fiscal Pineda y fue librada por el mismo juez 114.

Esta segunda orden de aprehensión del 28 de noviembre pasado fue, como se dijo, también solicitada por el equipo Pérez Hicks-Pineda, pero en teoría las probabilidades de que este nuevo expediente, en asignación aleatoria, le correspondiera nuevamente al juez 114 eran muy muy pocas, pero mágicamente el caso fue turnado también al juez Joel de Jesús Garduño y aquí, dicen los abogados de Gil White, “aplica el viejo refrán de que lo que no suena lógico, suena metálico”.

La investigación habría durado apenas unos cuantos días antes de que se librara la orden de aprehensión, lo cual es una eficiencia excepcional e inusual, si consideramos otros casos mucho más importantes en la Ciudad de México que no tienen atención tan prioritaria y tardan mucho más tiempo en procesarse. ¿Quiénes o qué intereses están moviendo estos expedientes de manera tan pronta, expedita y clandestina en la Procuraduría de la Ciudad de México?, cuestionan los defensores de este caso. ¿Será que el grupo de acreedores extranjeros de Oro Negro ya encontró la llave mágica que desencadena la acción en la Procuraduría capitalina? De ser así habría que pedirles que compartieran esa llave con muchas otras víctimas de delitos graves en la ciudad que no han merecido ni la atención ni el empeño de casos como este. Los dados mandan Serpiente doble. Semana de sube y bajas.
05 Diciembre 2019 04:03:00
¿Nueva luna de miel con los empresarios?
La relación del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su Gobierno con los empresarios nacionales ha sido como la de un matrimonio promedio: se conocían de tiempo atrás (2006) y tuvieron sus affaires, luego se distanciaron por un rato y cuando se reencontraron (2018) el amor les pegó con tanta fuerza que decidieron casarse y vivieron por varios meses un tórrido romance, en el que tanto en privado como en público, derramaban miel, se decían cosas bonitas y se juraban amor eterno. Todo iba viento en popa, pero cuando una de las partes (AMLO) tomó una decisión drástica (cancelar el aeropuerto de Texcoco), la otra parte (los hombres del dinero) se sintieron hostilizados y empezaron a ver con recelo y como amenaza a su seguridad la actitud presidencial.

Hoy, después de meses de haber sostenido una relación de “apariencias”, el impasse entre López Obrador y los empresarios llegó a su fin y hay “reconciliación”, según asegura el “celestino” de esa relación, el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. El también empresario reconoció en una plática que sí hubo “desencuentros y cierto enfriamiento en la relación”, del Presidente con los capitanes de empresas, pero también sostiene que nunca dejaron de dialogar ni de reunirse. “Finalmente logramos concretar un gran Acuerdo Nacional de Infraestructura, que lo redactamos conjuntamente el Gobierno y los empresarios, y que significa un parteaguas en la relación que, a partir del próximo año 2020 empezará a verse con obras, proyectos e inversiones concretas en materia de infraestructura”, dijo Romo.

Y, siguiendo con el símil, si dicen que las reconciliaciones son intensas, Romo asegura que el plan de infraestructura no es el único y en breve presentarán un Plan de Inversión del Sector Energético, en el que el presidente López Obrador, se comprometió con los empresarios a reabrir la inversión privada en la Comisión Federal de Electricidad, respetando y manteniendo el 46% privado y 54% público en cada proyecto, y también en Pemex volverán a licitar obras, sobre todo de perforación de pozos petroleros para empresas privadas.

Así, la realidad ha terminado de imponerse y, el propio Romo lo reconoce, en el Gobierno ya entendieron que “necesitamos de la inversión privada en infraestructura, en el sector energético y hasta en el sector salud, porque el dinero público no alcanza”.

Y ante esa dolorosa realidad, finalmente en algunas áreas del Gobierno, como el sector energético, donde se encuentran los funcionarios más “duros” y reacios a la inversión privada –léase Manuel Bartlett y Rocío Nahle– están aceptando el regreso de los proyectos y esquemas de coinversión privada y pública en el estratégico tema de energía.

Así que, no se sabe si en la complicada relación habrá un final de cuento y si vivirán “felices por siempre” o al menos por lo que resta del sexenio, pero lo que sí es un hecho es que desde la semana pasada López Obrador y los señores del dinero han vuelto a la “luna de miel” y que pronto, dice Poncho Romo, se verán los “frutos” de ese amor, en obras, inversiones y proyectos de infraestructura y de inversión mixta, pública y privada, en el sector energético. ¿Qué tanto influirá el nuevo enamoramiento en que la economía del país salga del bache en el que la metió la 4T? Eso ya lo veremos.
04 Diciembre 2019 04:04:00
Del Vicegaray al Vicebrard
La pregunta de la senadora Alejandra Reynoso, secretaria de la comisión de Relaciones Exteriores, fue directa: “Es usted para muchos un vicepresidente, se ocupa de muchos temas que van desde la migración hasta la seguridad, ¿es sostenible esta situación?” le cuestionó la legisladora panista a Marcelo Ebrard Casaubón. Y el secretario de Relaciones Exteriores, habilidoso como es, no esquivó la pregunta y su respuesta también fue directa: “¿Que si yo tengo funciones de vicepresidente? No, en México no hay vicepresidentes, soy secretario de Relaciones Exteriores… el señor Presidente me ha delegado esa responsabilidad. Tenemos mucho presidente y no necesitamos vicepresidentes”.

El titular de la SRE que se ha convertido en el hombre más visible y más influyente del Gabinete del presidente López Obrador, es un político que, dentro y fuera del Gobierno, provoca reacciones a favor y en contra de su trabajo y de su protagonismo. La mayoría le reconoce su experiencia como exjefe de Gobierno y la escuela y el colmillo políticos que heredó de su tutor fallecido Manuel Camacho Solís, y no son pocos los que lo ven como uno de los prospectos más claros para la aún lejana sucesión de 2024.

Pero así como sus amigos y admiradores le ven tamaños y capacidades, sus malquerientes también cuestionan el “excesivo protagonismo” y aseguran que el canciller se vale del desinterés del Presidente en todo lo que no sean sus giras por la República, sus programas sociales y sus obras y proyectos personales, para meterse en todo aquello que el Presidente delega y encarga a otros porque ni le entiende ni le interesa mucho ocuparse: desde la política exterior, la seguridad, la migración, la asistencia a foros, cumbres y eventos internacionales, la negociación del T-MEC y por supuesto el diálogo con la Administración de Donald Trump y la relación con Estados Unidos.

Es tal el poder que tiene Ebrard, que es inevitable compararlo con el otro secretario de Relaciones Exteriores (y antes de Hacienda) que se volvió tan poderoso en el sexenio pasado: Luis Videgaray Caso. Si a Videgaray se le consideraba casi un jefe de Gabinete y se le nombraba también en los corrillos políticos como “Vicepresidente” o en tono jocoso “Vicegaray”, es porque también tenía una injerencia desmedida y extralegal en diversas áreas del Gobierno, más allá de las carteras de la SHCP y SRE que ocupó oficialmente.

Quizás la diferencia no menor entre Ebrard y Videgaray es que en el sexenio pasado Luis Videgaray tenía un contrapeso en el mismo gabinete en la persona del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que era el otro “hombre fuerte” de Peña, mientras que en el Gabinete lopezobradorista no se ven otros “pesos pesados” con la fuerza y la influencia que tiene el hoy canciller.

Los únicos dos que le hacen sombra a Marcelo, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, no están en el Gabinete y con ellos no se medirá hasta dentro de unos años si es que el canciller decidiera que, ahora sí, el 2024 va la suya.

Así que vicepresidente o no, lo que es un hecho es que Marcelo Ebrard hoy va a todas y que, tanta exposición, él sabe bien, es un arma de doble filo: así como tanto poder lo puede catapultar a que lo vean como un sucesor natural, también lo expone a ser el blanco perfecto de tantos grupos de interés y de las tribus salvajes de Morena que, ya demostraron, son indómitas y se van a despedazar en el intento de tratar de controlar el poder y la permanencia en el Gobierno. Como dijera un político cercano al Palacio: “Marcelo es como el zorro en el gallinero, que se da la gran vida espantando a las gallinas y se come todos los huevos, hasta que se le aparezca el cazador”.
03 Diciembre 2019 04:03:00
Gobernadores van por un nuevo pacto fiscal con el centro
Lo que comenzó como una demanda y una inconformidad aislada e individual de algunos gobernadores que se quejaban de un trato injusto en el reparto de recursos y partidas de la Federación, ha comenzado a tomar forma de una demanda conjunta que impulsan varias entidades federativas. Los mandatarios estatales, en principio 9 de los 10 del PAN, ya no solo se quejan de que el centro no reparte equitativamente los recursos federales, sino que trabajan en nuevas propuestas para modificar el Convenio de Coordinación Fiscal entre las 32 entidades y el Gobierno federal, que data de 1947, y que hoy consideran “injusto e inequitativo”.

Tal parece que el control presupuestal férreo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impuesto a las entidades ha empezado a hacer crisis ante las denuncias y las quejas, sobre todo de gobernadores de la oposición que no están de acuerdo con lo que consideran un “manejo político del presupuesto” en el que el Gobierno central concentra cada vez más recursos, mientras a los estados se les limitan y reducen las participaciones.

Fueron precisamente gobernadores panistas los que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, comenzaron a hablar públicamente de un “trato injusto”.

“Hay un decremento de las participaciones y las aportaciones federales, porque aunque nominalmente se habla de incrementos, cuando calculamos el costo de la inflación (3.5%) en términos reales perdemos participaciones en relación al año anterior”, dijo el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el pasado 13 de septiembre, antes de la aprobación del PEF. “La drástica disminución de presupuestos nos está alejando del pacto federal”, dijo Corral, quien la semana pasada, tras la aprobación del presupuesto, reiteró su invitación a que “los estados que podamos hacerlo en función de nuestro PIB y nuestras capacidades productivas, descoordinarnos de la Federación”.

Otros gobernadores, como el de Guanajuato, Diego Sinhué, también panista, secundó la propuesta de Corral. “El Sistema de Salud cuesta 13 mil millones de pesos, 8 mil los pone el gobierno federal, 5 mil millones le pone el Estado; en caso de que el Gobierno federal no quisiera darnos esos 8 mil millones, entonces no tiene caso que estemos en el Pacto federal”.

También el Mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, no descartó abandonar el Pacto Fiscal federal debido al recorte que sufrió su entidad para 2020 y comentó la posibilidad de que los impuestos recaudados en el estado ya no se vayan a la Federación.

Pero no solo los panistas encabezan esta propuesta, también en Coahuila, el gobernador priista, Miguel Riquelme Solís, llamó a los diputados federales y senadores coahuilenses “a unirse en un frente común para luchar a favor de que desde la Federación se defina un presupuesto justo para esta entidad”.

Se ve que esta vez va en serio la exigencia de los estados y sus gobernadores por modificar las reglas y el reparto de los recursos en la República federal. Veremos cómo toma y procesa el presidente López Obrador y su 4T la intención de modificar sus facultades y la enorme concentración que hoy tiene el Gobierno central en materia de reparto, administración y ejercicio del gasto público, y cuántos gobernadores se animan a sumarse a un movimiento que, aclaran los estados, “no es separatismo, pero sí una exigencia de equidad fiscal”, al señalar que no pretenden desconocer el Pacto Federal ni separarse de la República, pero sí exigir que se les den más recursos y capacidades fiscales y que se acabe el trato centralista y político del presupuesto.
02 Diciembre 2019 04:07:00
Un año más, pide el Presidente para resultados
Un Presidente en su elemento. La plaza llena de leales y seguidores “que piensan como nosotros” y un discurso que, entre el informe, la arenga y el mensaje político, se cargó de optimismo para decir que “vamos muy bien y hemos hecho mucho” en este primer año: desde reformas constitucionales que “sientan las bases” del cambio de régimen, reformas contra la corrupción, hasta el reparto del presupuesto a sectores necesitados para equilibrar y mejorar el reparto de la riqueza.

Pero aún en la complacencia, sin llegar a la autocrítica, acepta que un año no es suficiente y que no ha habido crecimiento ni paz en el país, y pide esperar otro año más, al 2020, para que el elefante, reumático y mañoso del Gobierno de la 4T tome vuelo.

Fue un mensaje para las bases lopezobradoristas, para las que estaban ahí, venidas en camiones desde distintos puntos de la República y de todas las alcaldías capitalinas, y para las que no pudieron llegar al Zócalo.

Durante una hora y 20 minutos, el Presidente volvió a repetir y a actualizar sus mismas cifras del primer-tercer Informe de Gobierno del pasado 1 de septiembre. Y en la parte política una elegía “al pueblo, que siempre me levanta”, mientras que para los “adversarios” y los opositores, apenas algunas menciones genéricas y abstractas, salvo para uno, su nuevo “villano favorito” al que sí mencionó por su nombre para hablar de la violenta y “absurda guerra contra el narco”: Felipe Calderón Hinojosa.

Para el resto de los mexicanos que no piensan como él, y que por decenas de miles protestaban pacíficamente y con consignas contra su Gobierno lo mismo a unas cuadras del Zócalo, en el Paseo de la Reforma, que en movilizaciones y marchas en la mitad de los estados de la República, 18 en total, las principales en entidades y municipios gobernados por el PAN, no hubo ninguna palabra de López Obrador ni para bien ni para mal.

Si bien también a ellos se les garantizó su derecho a la manifestación y la protesta pacífica, en el discurso presidencial de ayer todos los mensajes y las arengas fueron para ese sector, entre 68% y 58% de los mexicanos que, según la mayoría de las encuestas, sigue manteniendo el respaldo y la aprobación a la figura del Mandatario y la esperanza de que cumplirá con la transformación prometida.

En términos de números, sobre todo los “oficiales”, la convocatoria del Zócalo fue, con mucho, mayor a la de las marchas anti-AMLO. Pero ninguna de las dos expresiones, con todos sus sesgos de “movilización” a través de camiones, o de la injerencia de partidos opositores, debe desdeñarse.

El Presidente no tuvo problema para llenar la plaza pública, que sin verse totalmente tapizada, el mitin cumplió las expectativas y las formas esperadas. Del crecimiento nulo de la economía, solo el reconocimiento de que “no ha habido el crecimiento deseado”, pero a cambio hay dinero del presupuesto para los sectores vulnerables y un mejor reparto de la riqueza; y de la seguridad, todo es culpa de la perversa guerra de Felipe Calderón que “no volveremos a repetir” y, con cifras inexactas y desactualizadas, que difieren de las oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que la incidencia delictiva “ha disminuido”, aunque la cifra de homicidios violentos ya haya roto todos los registros históricos y esté a punto de convertir el 2019 en el año más violento de la historia.

Pero eso sí, el Presidente no duda de que, en un año más –primero fueron 100 días, luego 6 meses, después un año y ahora al menos otro año– “vamos a serenar al país”, aunque es claro que ya no usa la palabra “pacificar” que prometía en campaña y que suponía la aceptación de que había una “guerra” en México, y ahora que no quiere volver a hablar de guerra, AMLO solo ofrece “serenar” a la República. ¿Le alcanzará un año más para todo eso?
30 Noviembre 2019 04:05:00
Tres estados de AMLO en el primer año
El arribo al primer año de la cuarta transformación se produce con cuatro condiciones distintas que, aunque no se contraponen, tampoco se complementan. Por un lado, a 365 días de desempeñarse como Presidente (sumando los 120 días que ejerció como tal aun siendo electo), Andrés Manuel López Obrador llega como un Mandatario fuerte, con niveles de aprobación, que si bien han disminuido en las encuestas, aún muestran a un político con gran aceptación que sigue conectando y hablándole a la gente que a él le interesa; pero por otro lado su Gobierno empieza a mostrar signos de cuestionamiento y reprobación en temas específicos como la inseguridad y la economía; mientras su Gabinete llega al primer año del sexenio con un desempeño disparejo e irregular en el que pocos brillan y la mayoría se opaca en la incapacidad.

Porque aunque hay quienes ya lo ven cansado o desgastado físicamente –producto de un ritmo tan intenso y agotador que hasta sus más cercanos colaboradores le insisten en que “le baje” y que descanse al menos uno o dos días a la semana, pero no les hace caso–, el motor que sigue moviendo a López Obrador, y se verá este domingo en el Zócalo, es su pasión por estar cerca de la gente.

El contacto y la comunicación permanente con sus seguidores y el efecto que él sabe provocar en ellos, se siguen manifestando en un sector de la población cuyas expresiones de apoyo al Presidente van desde la simpatía hasta el fervor, y de la convicción hasta el fanatismo y el culto al personaje.

Eso lo mantiene así, como el político más fuerte y apoyado de México, sin que ningún líder o personaje de la debilitada oposición, de la sociedad civil o del empresariado, le pueda hacer ni la más mínima sombra.

Gobierno lento
Pero si el Presidente aún no resiente en su imagen y su aprobación el desgaste del primer año, cuando se trata de medir o calificar el desempeño de su Gobierno, en términos de efectividad, la cosa cambia. La percepción de este primer año, en términos de eficiencia gubernamental, no es la misma que la que se tiene el Presidente.

Empezando por el
desorden y el caos que impera en la Administración pública, con áreas que se han paralizado o han burocratizado el ejercicio del gasto federal, los trámites y permisos, las compras o hasta los pagos a proveedores, la imagen del Gobierno lopezobradorista por eficacia y eficiencia no es la mejor en este primer año, aun cuando se alegue la consabida “curva de aprendizaje”.

El desgaste mayor en este primer año, que se confirmará y agudizará con las cifras oficiales en el cierre del 2019, tiene que ver con el desempeño del Gobierno en dos áreas tan estratégicas como sensibles para las necesidades básicas de la población: por un lado la economía –que estancada y en recesión técnica o no– posee un innegable crecimiento cero que amenaza con convertirse en “decrecimiento” o crecimiento negativo, y se mantiene a flote no gracias a su producción o dinamismo, sino a las neoliberales “variables macroeconómicas” de la disciplina fiscal, el déficit controlado y la estabilidad financiera y del tipo de cambio que evitan una caída mayor del empleo (3.26% menos, según el Inegi) y que la incertidumbre y desconfianza que se sienten en el ambiente, no se vuelvan un tema de crisis.

Y por otro lado, la inseguridad y la violencia, que tiene a varias regiones y estados del país fuera de control (Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Baja California y Guanajuato) y a la República en su conjunto viviendo el que será el año más violento de la historia reciente, con una cifra que al final de diciembre podría superar los 33 mil asesinatos, aunado a la creciente violencia feminicida, a las desapariciones y a la actuación cada vez más cruel y desafiante de los grupos del narcotráfico que, terroristas o no, están actuando cada vez más en contra de la población civil e infundiendo miedo y terror entre la población.

Mientras la estrategia de seguridad federal, que nadie conoce y que solo se resume a un despliegue nada efectivo de la Guardia Nacional y el mensaje de “abrazos, no balazos” a los criminales, se encuentra cada vez más cuestionada y rechazada dentro y fuera del país, y con la posibilidad de que, ante la presión y la amenaza electorera de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump, termine por dar un viraje a una estrategia más de golpear a los cárteles del narcotráfico, que a querer o no terminará decidiendo el Presidente, tal y como ya lo hizo una vez con su política migratoria, que tuvo que cambiar radicalmente ante las amenazas de Trump.

Lo que importa no es el cargo, sino el encargo.

Y si el funcionamiento y los resultados de Gobierno difieren notoriamente de la fuerza y la popularidad del Presidente, el desempeño del Gabinete de López Obrador es algo que también queda mucho a deber a los mexicanos
en este primer año.

El mismo Presidente, que recién definió públicamente que lo que a él más le importa al elegir a un colaborador no es la experiencia ni la capacidad sino la honestidad (“90% honestidad, 10% experiencia”), ha dicho una y otra vez a sus secretarios y colaboradores cuando se llegan a quejar de que no les gusta el cargo o las condiciones en que tienen que trabajar acotados, sin presupuesto y en muchos casos maniatados: “No te preocupes, lo que importa no es el cargo, sino el encargo”.

Disparejo y disímbolo, el ejercicio de los secretarios y colaboradores cercanos obliga a segmentar al equipo presidencial en por lo menos tres categorías: los operadores, que ante la opacidad general brillan mucho y abarcan más, en donde se ubican en primer lugar el canciller Marcelo Ebrard, que por encima de su responsabilidad legal y constitución de manejar la política exterior y la relación bilateral con EU, también maneja la migración, la seguridad, las negociaciones comerciales y ahora hasta los asuntos de la seguridad nacional y el terrorismo.

De Marcelo dicen algunos en el Gabinete que es como “el zorro en el gallinero, que se da gusto comiéndose todos los huevos y desplumando a las atemorizadas gallinas”. Junto con Ebrard, en los operadores más políticos y de confianza va Julio Scherer, el influyente consejero jurídico que no solo tiene legalmente nivel de secretario de Estado –porque su antecesor Humberto Castillejos modificó la ley para darle ese nivel al consejero jurídico– sino que en la práctica opera al mismo nivel que cualquiera de los titulares del Gabinete legal.

También ahí entraría el secretario de Hacienda, operador en la parte económica y financiera, que con su fama y prestigio de buen técnico y su estilo pragmático, tiene ascendencia en el Presidente, aunque no es para nada el prototipo de secretario de Hacienda fuerte o que tome todas las decisiones de política económica que hoy están sujetas a la última palabra del inquilino del Palacio
Nacional.

Después de esa primera línea que es la que más influye, está otro grupo del Gabinete que es también muy visible y algo influyente, aunque por diferentes razones. Son los “ideológicos” que tienen un peso importante por sus posiciones militantes y comprometidas con el Presidente, y ejercen un control férreo de sus áreas, más con un sentido ideológico que práctico.

Ahí entran figuras como la secretaria de Energía, Rocío Nahle; la de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; la del Bienestar, María Luisa Albores, y la del Trabajo, Luisa María Alcalde. También en ese grupo se ubica el director de la CFE, Manuel Bartlett, que con todo su desgaste y su cuestionada imagen, es uno de los funcionarios que siguen pesando por su nacionalismo a ultranza.

La tercera categoría podría a su vez subdividirse en dos: “Los floreros”, que aunque ocupan posiciones importantes y estratégicas, no dan resultados ni operan ni resuelven problemas, donde van desde Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, Semarnat, Agricultura, Sedatu, Salud y todas las demás; y “Los Fantasmas”, que son aquellos secretarios y directores que nadie ve pero existen, aunque no tengan ninguna incidencia ni pública ni en sus posiciones: y ahí encabezan la lista Javier Jiménez Espriú, de Comunicaciones y Transportes, y Octavio Ramírez, de Pemex.

Así, en este primer año, llegan en condiciones muy distintas el Presidente, la percepción de su Gobierno y el desempeño de su Gabinete. Uno adelante y jalando el peso del proyecto, otro arrancando con lentitud y falta de resultados en áreas estratégicas, y los terceros –muy pocos– apoyando y al mismo tiempo jalando reflectores para ellos, mientras la mayoría son un fardo a los que carga en la espalda el Ejecutivo.
28 Noviembre 2019 04:07:00
Se entrampa elección de la Corte en el Senado
Como si se repitiera el escenario de una falta de mayoría calificada que se vivió recientemente en el caso de la CNDH, ahora en el Senado de la República el nombramiento de una nueva ministra para la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra entrampado, porque las bancadas partidistas están divididas en sus votos y ninguna de las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene los apoyos suficientes para alcanzar las dos terceras partes de los senadores que conforman la mayoría calificada que la ley establece como requisito para el nombramiento de un nuevo ministro en la Corte.

Dos son las candidatas que han dividido a los senadores: por un lado Margarita Ríos Farjat, actual directora del SAT, y a quien apoyan Morena, PT, PES y PVEM, además de unos cuantos diputados del PRI y de Movimiento Ciudadano; y por el otro lado Ana Laura Magaloni, la jurista y académica prestigiada a quien respaldan los senadores del PAN, la mayoría de la bancada del PRI, la mayoría también de MC y los tres senadores del PRD. La tercera integrante de la terna para la Corte, Diana Álvarez Maury, actualmente subsecretaria de Gobernación, no ha despertado simpatías ni apoyos entre los senadores, que se dividieron entre las dos primeras.

El problema es que, sumando los votos partidistas que tiene cada una, ni Ana Laura Magaloni ni Margarita Ríos Farjat alcanzan la cifra mágica de los 85 votos que se consideran necesarios para alcanzar una mayoría calificada, aunque la cifra depende de la cantidad de senadores presentes al momento de la votación. A pesar de los cabildeos, las negociaciones y el diálogo que ha sido intenso en estos días en el Senado, el coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, no ha podido convencer a senadores de la oposición para apoyar a Ríos Farjat, y salvo el caso de algunos priistas y senadores de MC que irían con la directora del SAT, el resto de la oposición del PAN, PRI, MC y PRD está cerrando filas con la doctora Magaloni y defiende que es la única que, además de experiencia y capacidad jurídica, garantiza la autonomía y la independencia necesarias para ser ministra de la Corte, algo que en opinión de los opositores no cumple una integrante del gabinete de López Obrador como Ríos Farjat.

El fantasma de la cuestionada elección de Rosario Piedra para la CNDH también está pesando y contaminando en la decisión para la Corte. Las bancadas de oposición han endurecido su posición y dificultan cualquier tipo de negociación porque la consigna es no darle a la 4T otra ministra cercana, y privilegiar los equilibrios dentro de la Corte con una jurista acreditada y con mayor independencia.

En tanto la bancada de Morena defiende el perfil de Ríos Farjat, que más allá de ocupar hoy la dirección del Servicio de Administración Tributaria, también ha ocupado cargos en el Poder Judicial de la Federación y la consideran una abogada experimentada y con capacidad para convertirse en ministra. Margarita fue colocada en el SAT por su cercanía con su paisano Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Los próximos días serán clave para saber si se resuelve o no el nombramiento de la Corte, pero las cosas están tan entrampadas entre Morena y la oposición en el Senado, que hay incluso quien dice que, como difícilmente se van a mover los votos y las posiciones, es muy probable que dicha terna le tenga que ser regresada al Presidente para que, según la Constitución, presente una nueva terna. Y si en una segunda ocasión la terna presidencial volviera a ser rechazada, entonces el Presidente tendría la facultad constitucional de decidir él a quién nombra ministra de la Corte. Se ve difícil que esto último ocurra, pero lo que sí es casi un hecho es que la actual terna con Magaloni, Ríos Farjat y Álvarez tenga que ser regresada ante la falta de mayoría, y que ya no sea en este año, sino hasta el próximo cuando se discuta una nueva terna en el Senado.

Así de entrampadas se encuentran las cosas con una mayoría de Morena que no le alcanzan los votos y quiere, otra vez, a una ministra cercana como Ríos Farjat en la Corte, y una oposición que, con la consigna de “ya nos lo hicieron una vez, no nos lo volverán a aplicar”, está decidida a respaldar solo a Magaloni y con ella mandar a la Corte a una jurista con autonomía e independencia de la 4T.
27 Noviembre 2019 04:07:00
Entre infraestructura, el pago y el empresariado de la 4T
Económicamente está por verse si el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura resulta tan efectivo y eficiente para detonar el crecimiento y dinamizar a la recesiva economía nacional, y mucho depende de qué tan rápido fluyan y se terminen los proyectos y las 147 obras en las que se pretende invertir 859 mil millones de pesos en lo que resta del sexenio; pero políticamente ese acuerdo ya dio frutos de manera inmediata porque ayer mismo, en la presentación del plan conjunto del Gobierno y un grupo de los empresarios nacionales, terminó de tomar forma lo que podría llamarse el “empresariado de la 4T”.

Los empresarios y las organizaciones empresariales que acudieron ayer al Palacio Nacional a respaldar el Acuerdo, sabían que su presencia les garantizaba no solo ser parte del proyecto sexenal de infraestructura del presidente López Obrador; al mismo tiempo sabían que el Mandatario, con este plan a cinco años que garantiza obras y concesiones a las empresas participantes, termina de saldar y de cubrir cualquier afectación que causara a grandes empresarios su decisión irreversible de cancelar el NAIM en Texcoco. En términos políticos el plan de ayer fue el cierre de la “herida” o el fin a la desconfianza que se abrió entre empresarios y el Presidente tras la cancelación. Por eso, más allá de las cifras y las proyecciones para construir infraestructura en toda la República con un componente mayoritario de inversión privada y obras concesionadas, el acto que encabezó el Presidente sirvió para medir, en las presencias, pero también en las ausencias, a los capitanes de empresa que están alineados ya con el proyecto de la cuarta transformación, algunos incluso al grado de despojarse definitivamente de vínculos políticos que tuvieron en el pasado para apostar por el actual Gobierno y cuidar y blindar sus negocios e inversiones de cualquier desacuerdo o desavenencia con el poder.

El caso más claro y llamativo ejemplo de este realineamiento sexenal que se consumó ayer en el mundo empresarial mexicano, es sin duda el del ingeniero Carlos Slim Helú. Tras varios coqueteos, escarceos, diferencias y hasta autoelogios con el Presidente, el ingeniero finalmente se despojó ayer de su salinismo de origen para comprometerse, al menos por los siguientes cinco años, con López Obrador y con la 4T. Así, el hombre más rico de México, que siempre ha sabido jugar sexenalmente con todos los presidentes, se volvió ayer la cabeza y la certeza por la que otros empresarios importantes decidieron dejar sus dudas, incertidumbres y dubitaciones, para invertir finalmente de la mano de la actual Administración.

Junto a Slim van otros grandes como Rogelio Zambrano, de Cemex; Roberto Hernández; Carlos Mora, de Vidanta; Tania Ortiz Mena, de IEnova; Antonio del Valle, que aunque representa al Consejo Mexicano de Negocios, no garantiza tampoco la presencia de algunos integrantes de ese organismo que tienen pleitos irreconciliables con el Presidente como Claudio X. González, el padre y el hijo; Alejandro Ramírez, de Cinépolis, y Alberto Bailleres y Germán Larrea. Representando a Ricardo Salinas Pliego, y también al apoyo de la banca al programa de infraestructura, estaba Luis Niño de Rivera.

Por parte de otros organismos empresariales, la presencia de Carlos Salazar, del CCE –al que además le atribuyen aspiraciones a una candidatura de Morena al Gobierno de Nuevo León– contrastaba con la ausencia notoria de Gustavo de Hoyos, crítico de la 4T y quien mandó a un representante; y jugando alineados con el Gobierno estaban Francisco Cervantes, de Concamin; José López, de Concanaco y Manuel Escobedo, de la AMIS.

Así que tal vez no sean todos los que estén ni estén todos los que son, pero las presencias y las ausencias de ayer en Palacio Nacional, en la presentación del plan sexenal de infraestructura del presidente López Obrador, se pudo ver claramente que si bien este Gobierno no tendrá una clase empresarial privilegiada y favorecida con contratos, obras, favores y corrupción, como si lo tuvieron casi todos los presidentes antes que él, lo que sí habrá es un sector del empresariado que claramente se alinea con la 4T mientras otros deciden combatirla.


NOTAS INDISCRETAS

El anuncio ayer de Donald Trump, de que en breve su Gobierno declarará a los cárteles del narcotráfico que operan en México como “grupos terroristas”, representa un duro revés a la política exterior del presidente López Obrador y la confirmación de que la lucha electoral en Estados Unidos y la candidatura a la reelección de Trump en 2020, impactarán fuertemente todo lo que tenga que ver con la relación bilateral con México. Porque el mismo Trump confiesa ayer que tiene 90 días preparando este asunto que, no solo ignoraban completamente en Palacio Nacional, sino que además se negaban a ver la intención clara que ya existía en distintas declaraciones que tuvieron como origen la petición del canciller Marcelo Ebrard de que el atentado de El Paso, en el que murieron 8 mexicanos, fuera declarado un “acto de terrorismo” para que México pudiera iniciar un juicio aquí y solicitar la extradición del asesino. Si ya se percibía que esa estrategia de pedir una declaración de “terrorismo” en la balacera de El Paso había sido un error, los comentarios recientes del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, llamando “narcoterrorismo” a la violencia en Nuevo Laredo y todas las críticas y cuestionamientos en Washington tras el operativo fallido de captura de Ovidio Guzmán, en Culiacán, y luego la terrible masacre de las familias LeBarón y Langford, en Bavispe, Sonora, vinieron a reforzar y a confirmar lo que incluso desde un mes antes de esos hechos ya había sido puesto en marcha desde la Casa Blanca, en donde este asunto de declarar “terrorismo” a la violencia criminal del narcotráfico en México se empezó a fraguar desde 2018, cuando el Departamento de Justicia de EU señaló a cinco grupos criminales como las principales amenazas de la delincuencia organizada internacional: Hezbolá, MS-13, cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa y cártel del Golfo. ¿Nadie lo vio venir en la 4T?... Y a propósito de la nueva relación entre los empresarios y el Gobierno de la 4T, el lunes pasado Integralia Consultores, de Luis Carlos Ugalde, y la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, organizaron un foro denominado La Industria de los Asuntos Públicos y las Relaciones IP-Gobierno en el México de AMLO. Entre las conclusiones del evento se destacó que “aunque López Obrador encabeza un Gobierno personalista y vertical, hay espacio para influir, por parte de los empresarios, en el diseño e implementación de las políticas públicas”. Justo el evento de ayer en Palacio Nacional, lo confirma…Los dados mandan Serpiente. Mal tiro.

25 Noviembre 2019 04:07:00
Remember Texas, ¿vientos separatistas en la frontera?
Tres estados de la República, casualmente los tres ubicados en la frontera con Estados Unidos, han emprendido acciones, declaraciones o movimientos de la mano de sus gobernadores que desafían y cuestionan al poder central de la Federación.

Los tres utilizan argumentos en los que acusan ya sea un “abandono”, un “trato injusto e inequitativo” o una “falta de atención” a las necesidades de sus estados; y aunque se trata de señalamientos distintos, unos relacionado con los problemas de inseguridad y violencia en su entidad, otro con un intento de ignorar la Constitución y a las instituciones federales y el otro con el diseño y funcionamiento del pacto fiscal y la distribución de recursos a los estados, al final en Tamaulipas, Baja California y Chihuahua, los discursos de sus gobernadores tienen un mismo tufo separatista.

Se trata de dos gobernadores del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Javier Corral, de Chihuahua, y de un gobernador de Morena, el recién llegado Jaime Bonilla, de Baja California.

El primero en utilizar ese discurso localista y chauvinista fue el gobernador de Baja California. Aún antes de llegar al cargo, cuando todavía era gobernador electo, Jaime Bonilla inició un movimiento que comenzó por cooptar diputados de la mayoría de oposición en el Congreso local para que le aprobaran una reforma a la Constitución del Estado para ampliar el periodo de duración de su gubernatura de los dos años por los que fue electo y votado en las urnas, a cinco años que él consideraba necesarios para poder llevar a cabo sus planes de gobierno.

Cuando esa reforma fue severamente cuestionada e impugnada por instituciones federales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Instituto Nacional Electoral, además de recibir críticas de distintas organizaciones políticas y civiles, el entonces mandatario electo comenzó a utilizar el discurso de la soberanía estatal y de que “los bajacalifornianos decidimos nuestros asuntos” y lanzó consignas como “ya basta del abandono histórico del centro” y de sus imposiciones.

El otro caso de un Estado que desafía y acusa un trato injusto del poder central es Tamaulipas. Su gobernador, el panista Francisco García Cabeza de Vaca ha sido uno de los más incómodos y críticos hacia la 4T y el presidente López Obrador, quién en casi un año que lleva en el poder se ha negado a recibir en audiencia al Mandatario tamaulipeco, a pesar de que éste se lo solicitó en varias ocasiones primero de manera oficial y luego públicamente.

Cabeza de Vaca ha acusado que el Gobierno federal se ha negado a mandarle toda la ayuda necesaria en materia de seguridad a su estado, que tiene problemas severos, sobre todo en sus municipios fronterizos, donde distintas escisiones y células de cárteles del narcotráfico se disputan con violencia el control de plazas y territorios.

En el caso de Chihuahua y Javier Corral, el motivo de queja hacia el Gobierno central es el fiscal. Dos días después de la aprobación del Presupuesto Federal 2020, el Mandatario panista, que también ha tenido diferencias con la 4T, se pronunció abiertamente por que Chihuahua y otras entidades federativas que tienen las capacidades productivas y económicas rompan el Pacto de Coordinación Fiscal con la Federación, según el cual el Gobierno central distribuye los recursos federales.

“Hay que pensar en la posibilidad de que si no se modifican estas reglas, descoordinarnos de la Federación los estados que podamos hacerlo en función de nuestro Producto Interno Bruto y nuestras capacidades económicas y productivas”, dijo Javier Corral en tono abierto de amago.

Así es como tres gobernadores cuyos estados que comparten frontera con Estados Unidos y donde se ubican expresan abiertamente su molestia e inconformidad con el Centro. Unos lo hacen de manera más política, otros en tono de abierto desafío, pero en los tres casos es innegable que subyace el mismo argumento de fondo que, toda proporción guardada, esgrimían aquellos colonos protestantes de Texas que en el siglo 19, que “el centro no nos atiende ni nos resuelve nuestras necesidades”. ¿Será que en pleno siglo 19 y en plena 4T de nuevo soplan vientos separatistas en la República?

23 Noviembre 2019 04:06:00
Refuerzan hipótesis de sabotaje interno en Pemex
Dos empresas especializadas en tecnología informática y telecomunicaciones que han estudiado el ataque cibernético a Pemex ocurrido el 10 de noviembre, concluyen en sus investigaciones que el hackeo no necesariamente fue obra de piratas cibernéticos desde puntos remotos y manejan la posibilidad de que el virus secuestrador Dopplepaymer, haya sido introducido a la red informática de la petrolera por alguien interno que tenía “credenciales de administrador” o algún empleado que utilizó una memoria USB para infectar el Site con el malware que encripta información y puede impedir el acceso a archivos específicos o incluso desaparecerlos.

En un análisis de Microsoft sobre el ransomware (en inglés ransom: secuestro y malware: software malicioso) que infectó los sistemas de Pemex, se establece que la forma de acceso y dispersión de este virus es a través de operadores humanos que de forma remota utilizan credenciales de administrador de los sistemas a los que buscan infectar y diseminarlo.
“Microsoft ha estado investigando ataques recientes de actores maliciosos utilizando el ransonware Dopplepaymer. En nuestras investigaciones descubrimos que el malware se basa en operadores humanos remotos que usan las credenciales de administrador de dominio existentes para extenderse a través de una red empresarial”, señalan en un comunicado Mary Jensen y Dan West, directivos del Centro de Seguridad de Microsoft.

Por su parte Axtel, que tiene un contrato para la operación y seguridad cibernética de un centro de datos en Pemex, ha alertado a la empresa de la importancia de bloquear los puertos USB, pues por ahí se pueden descargar archivos infectados con fines de ciberataque o cibersecuestro, como el caso que afecta a la petrolera mexicana. El hackeo que sufrió Pemex pudo provenir desde el interior de la compañía, incluso por la conexión de una memoria USB, según declararon técnicos de Axtel en declaraciones a los medios. Luis Ochoa, director de Operación TI y Ciberseguridad, le declaró al diario El Sol de México que, a pesar de que Axtel garantiza la seguridad cibernética de sus clientes, las empresas no están exentas de un ataque debido a la falta de medidas de seguridad interior. “Esto es para que nadie pueda llevar una USB y estar insertando y sacando información o datos que contengan el dispositivo que, si vienen desde afuera, pueden contener virus”.

Aunque Petróleos Mexicanos no ha dado aún un reporte oficial sobre las investigaciones que realizan el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen) y la Policía Cibernética, ni se ha informado tampoco el nivel de daño o de afectación a los sistemas, archivos e información de la empresa pública, las opiniones de expertos refuerzan la posibilidad de que el ataque que sufrió Pemex haya sido ejecutado desde adentro de la propia empresa y que la finalidad, más que un “secuestro” con fines de cobrar una recompensa económica, haya sido el bloqueo o el borrado de información sobre actividades financieras que estaba siendo investigada en casos de corrupción del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

La coincidencia de fechas entre un operativo de la Fiscalía General de la República, realizado el viernes 8 de noviembre, para extraer información y expedientes internos de Pemex para una indagatoria sobre corrupción, y el ciberataque a los sistemas informáticos la mañana del domingo 10 de noviembre, hace pensar que el objetivo de quienes infectaron el ransomware Dopplepaymer era, más que chantajear a la empresa con dinero (supuestamente 5 mdd) impedir que el Ministerio Público tuviera acceso a ciertos archivos y expedientes comprometedores por manejos irregulares o ilegales en la petrolera durante el sexenio anterior.

Pemex no sería la primera institución atacada a través de sus dispositivos internos. En 2008, los sistemas informáticos del Pentágono de Estados Unidos fueron objeto de uno de los mayores ataques cibernéticos de la actualidad y, según lo confirmó dos años después el Departamento de Defensa, el ataque fue propagado mediante una descarga hecha por un dispositivo USB que se conectó a las computadoras del Pentágono, al parecer por alguien que tenía las credenciales de acceso.

Dos semanas después, en el caso de Pemex, lo que prevalece es el silencio de sus autoridades y las especulaciones ante el vacío y la falta de información detallada por parte de las autoridades. Pero las opiniones de expertos como Microsoft y empresas de seguridad como Axtel, parecen ir en el mismo sentido de una de las principales hipótesis que están investigando los agentes del CNI y la Policía Cibernética. Sigue faltando un informe oficial sobre las dimensiones y los objetivos del ataque a la empresa pública más importante de este país. Si alguien ve o sabe algo de Octavio Romero Oropeza, avísele que sigue siendo director de Pemex y que como tal, tiene obligación de informar y dar la cara a los mexicanos que pagamos su sueldo con impuestos.

Notas indiscretas
Lo positivo de Presupuesto 2020 es que es un documento que manda señales de certeza a los mercados internacionales al mantener estables las variables macroeconómicas, la disciplina fiscal e incluso al garantizar que no habrá los consabidos “gasolinazos” que nos propinaban a los mexicanos los anteriores gobiernos del PRI y del PAN. También se puede destacar como algo bueno que se eliminaran tantas manos, grupos e intereses que se metían al diseño del presupuesto y que terminaban sacando recursos públicos a través de los llamados “moches” que se eliminaron totalmente. Pero en la parte que ya no es tan positiva, al igual que lo hicieron todos los presidentes, pero al mismo tiempo mucho más que todos los presidentes, el presupuesto fue aprobado totalmente a modo de Andrés Manuel López Obrador. “Ni un punto ni una coma deben quitarle al presupuesto" fue la orden del Presidente y el compromiso que todos los diputados de Morena, PT, PES y PVEM aceptaron y acataron, la mayoría de buen gusto y algunos, los menos, a regañadientes y cuestionando la nulificación y el sometimiento de su papel como legisladores. El resultado ya se sabía: la mayor parte del gasto público, 402 mil millones de pesos, se destinan a los programas sociales que entregan dinero en efectivo y directo a la población vulnerable (que al mismo tiempo son las clientelas más fieles al lopezobradorismo) y a las dependencias que le interesa reforzar y apoyar a la 4T, y el resto a las obras y proyectos prioritarios del Mandatario. Es decir, que tienen razón el Presidente y sus fieles diputados de Morena, cuando dicen que este presupuesto es “diferente”, que “no contiene moches” y que representa, en términos presupuestales, la materialización de un “cambio de régimen”; pero lo que están diciendo también significa que en el PEF 2020 la única voz que se escuchó y las únicas prioridades que se atendieron, fueron las del Presidente y no las de otros actores políticos, gobernantes de otros niveles y mucho menos de organizaciones y sectores de la sociedad. El presupuesto es pues, una reafirmación del enorme poder que hoy concentra el Presidente, que al mismo tiempo que avasalla a los otros Poderes –el Legislativo a sus órdenes y el Judicial sometido– también golpea y debilita presupuestalmente a los órganos autónomos que debieran ser su contrapeso y aplasta a una oposición que, en su pequeñez y desarticulación, tan solo alcanza a patalear y a vociferar sin poder generar propuestas alternativas ni un debate que modifique ni una sola coma del paquete económico. Es como si con la votación de ayer y en todo el desaseado proceso legislativo que se siguió para llegar a esta aprobación –dos horas antes de votarlo les dieron el dictamen a los diputados de la Comisión de Presupuesto– pasáramos del histórico “¿Qué horas son?” “Las que usted diga, señor Presidente” ahora a “¿Qué presupuesto tendrá el país para el próximo año?” “El que usted quiera, señor Presidente”…Los dados mandan Escalera doble. Semana de subidas.
21 Noviembre 2019 04:06:00
2019, violencia histórica y ¿narcoterrorismo?
El de ayer fue un día negro para el Gobierno de la 4T en materia de seguridad. Porque si se evalúa al primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus cifras de inseguridad y violencia, el resultado es catastrófico: los primeros 12 meses de esta Administración, a punto de cumplirse en 10 días, se perfilan ya como el año más violento de la historia reciente, a juzgar por las cifras oficiales de homicidios dolosos y de feminicidio que reportan, hasta el momento, 29 mil 547 asesinatos violentos tan solo de enero a octubre; algo que ya supera en casi mil ejecuciones, las 28 mil 868 registradas en todo el año 2018, el último de Peña Nieto, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Si ya es oficial que la violencia del primero año de López Obrador será la más grave de la historia, a eso hay que añadirle las declaraciones que ayer hizo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, uno de los mandatarios panistas más incómodos para la 4T, quien puso el dedo en la llaga al definir como “narcoterrorismo”, la situación violenta que vive su estado, especialmente la frontera de Nuevo Laredo en las últimas semanas: “Hay situaciones de violencia que se están generando aquí y no vamos a tapar el sol con un dedo. Es el comportamiento de criminales que quieren de alguna manera provocar el caos, el pánico la inseguridad a través de actos de violencia, sobre todo promoviendo el miedo y el terror, su comportamiento es de narcoterrorismo es un tema muy delicado el que está habiendo y se tiene que actuar en consecuencia”.

La palabra más evitada y temida para el Gobierno en estos momentos, es precisamente la que invocó el gobernador Cabeza de Vaca. Y es tan incómoda y delicada, porque al equiparar la violencia desbordada del narcotráfico con el terrorismo, lo que se hace es que la problemática de violencia y criminalidad en México, entren en el radar y en las prioridades del Gobierno de Estados Unidos, que según sus leyes de seguridad nacional, pueden y deben intervenir en aquellos países cuyos problemas por la acción de grupos “terroristas” representen una amenaza para la seguridad de los estadunidenses.

Por algo el canciller Marcelo Ebrard y el Gobierno lopezobradorista se han negado una y otra vez a que se clasifique como “terrorismo” a sucesos de violencia en México, como las masacres recientes de la familia LeBarón y Langford en Sonora.

La declaración de García Cabeza de Vaca reconociendo que lo que pasa en México ya se convirtió en “narcoterrorismo”, proviniendo de un gobernador fronterizo como el de Tamaulipas tendrá un impacto sin duda del otro lado del río Bravo y se convierte en una muy incómoda posición para el Gobierno de López Obrador que no tiene muchos argumentos para defenderse porque las masacres y multihomicidios suman más de 663 víctimas en 149 ataques en este año. Y si se observa la crueldad cada vez mayor en la ejecución de civiles inocentes, niños, mujeres, jóvenes que son torturados, masacrados y baleados con armas de alto calibre y hasta quemados vivos, la pregunta y el tema que plantea Cabeza de Vaca es inevitable e ineludible ¿no es eso narcoterrorismo?
20 Noviembre 2019 04:04:00
Morena, entre la rebelión y la trampa
Aunque muchos pensaron que tras el manotazo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la operación de su enviada, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, las cosas se iban finalmente a ordenar en Morena y sus dirigentes y grupos acatarían las “instrucciones” que les mandó el Presidente para poner fin al enconado conflicto morenista, resulta que el ultimátum desde el Palacio Nacional solo funcionó a medias.

Porque por un lado Yeidckol Polevnsky se negó a acatar completamente la orden presidencial y, aduciendo que “el Presidente dijo que no se mete en los asuntos partidistas”, decidió buscar unilateralmente una prórroga de su mandato por los próximos 6 meses para mandar la realización de las encuestas para elegir al dirigente nacional hasta el próximo año y no este año como quería el Presidente; y por el otro lado, aunque el grupo de Bertha Luján en apariencia aceptó la propuesta de AMLO para validar el método de las encuestas para elegir dirigentes, en el Congreso del próximo 30 de noviembre, se propondrá ahora que en esas encuestas solo se consulte a militantes acreditados y empadronados de Morena, con lo que se mantendría el “candado” y el sesgo de una elección cerrada en el partido y no abierta a toda la sociedad como lo proponía el Presidente.

En el primer caso, la rebelión de Yeidckol la confirmó la propia Sheinbaum, quien en su reporte a Palacio Nacional, después de reunirse por separado con Yeidckol y con Luján –porque Polevnsky se negó a un encuentro conjunto con Luján– comentó que cuando ella transmitió el mensaje presidencial a las dos, para que cancelaran las dos convocatorias a Congresos diferentes y aceptaran el método de las encuestas para renovar la dirigencia nacional, la primera en aceptar fue Bertha Luján que no puso resistencia, mientras que Yeidckol comentó que estaba bien, pero que entonces el proceso para el levantamiento de encuestas debía prepararse con mayor tiempo y por lo tanto no podría realizarse este año.

“Pero eso no es lo que pide el Presidente, sino que se lleven a cabo las encuestas de manera inmediata”, le dijo la mensajera de Palacio a Polevnsky; pero esta replicó el comentario con cierto tono rebelde: “Pues el Presidente dijo que él ya no se metía en los asuntos de Morena, y hay que hacer caso de lo que el Presidente dijo, por lo tanto nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones solos y yo voy a posponer el proceso hasta el próximo año”. Y así fue que Yeidckol aceptó el Congreso el 30 para definir el método de encuestas por la dirigencia nacional, pero al mismo tiempo anunció unilateralmente que pediría una prórroga de seis meses en su actual dirigencia. Es decir, se hará lo que el Presidente quiere, pero no como el Presidente quiera.

Por el otro lado, ahora al interior de Morena se habla de una “trampa” que empujaría el grupo de Luján en el Congreso del 30 de noviembre en el que buscarán sí validar en los estatutos el método de encuestas para elegir al dirigente, pero con un “candado” que beneficia al grupo que tiene el control de la estructura nacional morenista: que en la encuesta solo puedan participar militantes activos y empadronados del partido Morena. Algo que claramente beneficia a Luján, presidenta del Consejo Nacional, y afecta a Mario Delgado, quien tiene más fuerza afuera que adentro de Morena.

Así que, si el Presidente pensó que, con el envío de su muy cercana Claudia Sheinbaum, las cosas habían quedado claras y se acabarían los problemas, al parecer se equivocó. El “Frankestein” en que se convirtió el partido oficial ha cobrado vida propia y ahora ya no escucha ni siquiera a su creador y fundador. Y por más que el líder moral y político quiera evitar el descontrol y el caos en el movimiento que fundó y que lo llevó al poder, al que ahora quiere ver civilizado e institucionalizado, todo apunta a que las ambiciones de poder ya hicieron presa de los grupos morenistas, que se le rebelan o hasta le quieren hacer trampas al que, dicen de palabra, es su “líder máximo”.
19 Noviembre 2019 04:05:00
El camino empedrado de Piedra
Para Rosario Piedra Ibarra no será nada fácil ejercer su cuestionada autoridad como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Primero porque su elección dejó dudas fundadas de un fraude cometido y avalado por la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado; segundo porque pocos creen que pueda demostrar la autonomía e independencia que su cargo requiere por su estrecha relación política, afectiva y personal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tercero porque casi una tercera parte de los gobernadores estatales de la República, ha desconocido la legalidad y legitimidad de su designación y advierte que no atenderá sus recomendaciones ni su autoridad.

A la renuncia de 5 de los 10 consejeros del Consejo Consultivo de la CNDH, encabezados por el exsacerdote Alberto Athié, y el cuestionamiento abierto de diversas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos a las dudas que dejó la votación en que fue electa, se sumaron la semana pasada los ocho gobernadores surgidos del Partido Acción Nacional, que a través de un comunicado calificaron la elección de Piedra Ibarra como “una clara violación a la Constitución y a los tratados internacionales”, al tiempo que dijeron que no reconocerán “la autoridad de quien es producto de un fraude”.

Ayer, el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dijo que en su estado no se atenderán ni tomarán en cuenta las acciones o recomendaciones que emita la CNDH encabezada por Rosario Piedra “porque su elección fue ilegal”.

A pesar de todo eso, Rosario Piedra recibió, desde el 16 de noviembre, la presidencia de la CNDH en un acto formal de entrega-recepción con su antecesor, Luis Raúl González Pérez, y sin dar importancia a los cuestionamientos y desconocimientos a su presidencia, la nueva ombudsperson anunció el inicio de “una nueva etapa en la CNDH que privilegiará los derechos de las víctimas” y en la que ha anunciado también la aplicación de “la política de austeridad del presidente López Obrador” en el organismo autónomo, lo que supone la disminución de sueldos, privilegios y prestaciones para el personal de altos mandos de la institución.

Piedra Ibarra ha hecho hasta ahora caso omiso de la ola de dudas y ataques a su nombramiento y, aunque apenas renunció a su militancia política en Morena el jueves de la semana pasada, algo que según la ley era indispensable con al menos un año de anticipación para que Rosario cumpliera con todos los requisitos necesarios para presidir la CNDH, repite en entrevistas que los que dudan de su capacidad de independencia y autonomía “se van a convencer por los hechos y por mis acciones que sí soy independiente”.

Y mientras muchos auguran una etapa “de decadencia” y sometimiento al poder político para la institución autónoma y ponen en duda que una presidenta manchada de origen y cuestionada no por su persona ni por su trayectoria, sino por su designación ilegal, pueda tener la calidad moral y la legitimidad que requiere la responsable de defender los derechos humanos de los ciudadanos, a Piedra Ibarra, más allá del evidente y notorio apoyo político que tendrá del Gobierno de López Obrador y de la 4T, le espera un camino tortuoso y empedrado para poder consolidar una presidencia que nace bajo sospecha de ilegalidad.
18 Noviembre 2019 04:06:00
La mensajera y el mensaje
El efecto que la disputa enconada de Morena estaba teniendo en la percepción ciudadana de un partido sin control e incapaz de ponerse de acuerdo en lo más elemental, aunado a la cercanía del primer año de Gobierno y a la baja de 10 puntos que las últimas encuestas documentaron en la aprobación popular, fueron determinantes para que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidiera poner fin al pleito morenista y a la actitud de necedad, confrontación y rebeldía en la que habían caído las dos dirigentes mujeres del partido oficial: Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján.

Cuando el Presidente le pidió personalmente a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que fuera la portadora de un mensaje claro y contundente para las dos lideresas de Morena, fue porque ni Yeidckol ni Bertha estaban atendiendo ya los llamados y las peticiones de Alejandro Esquer, el secretario particular del Presidente, quien había sido designado interlocutor personal del Jefe del Ejecutivo para los asuntos del partido. Pero como a Esquer ya no le estaban haciendo caso ninguna de las dos, ni tampoco Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia, López Obrador decidió que fuera Sheinbaum la encargada de darles el ultimátum a los rebeldes dirigentes que no querían ceder en sus posiciones irreductibles.

Fue así que, tras reunirse con ambas dirigentes por separado este fin de semana, la Jefa de Gobierno fue muy clara en el mensaje que le pidió transmitir el Presidente: o los dos grupos ponían fin a su disputa irracional, cancelando sus dos convocatorias distintas y programando solo una reunión de Consejo Nacional, el 30 de noviembre, en el que se modifiquen los estatutos y se valide el método de las encuestas para elegir al nuevo dirigente nacional, o el Presidente cumpliría su amenaza de renunciar definitivamente a Morena y les quitaría hasta el nombre del partido, tal y como él mismo se los advirtió públicamente el 29 de agosto.

El nombre de la mensajera, por la cercanía que tiene con el Presidente y su influencia indiscutible en Morena, sumado a la contundencia del mensaje tuvieron un efecto inmediato: después de reunirse con la doctora en el Palacio del Ayuntamiento, Polevnsky y Luján, junto con Héctor Díaz Polanco, aparecieron para anunciar el nuevo y único Consejo y la confirmación de que, tras varios meses de pleitos, encontronazos y descalificaciones mutuas, finalmente estaban de acuerdo en que la elección de la dirigencia nacional se llevara a cabo a través de encuestas, cuya cantidad, muestra y fechas para su realización se programarán en semanas venideras para llevarse a cabo el próximo año.

El presidente no recibía a Yeidckol desde febrero, incluso, el 7 de noviembre López Obrador ignoró y no saludó a Polevnsky cuando salía del evento de la Semana Nacional de la Radio y la Televisión y ella se paró en la valla por donde pasaba el Mandatario, quien no se detuvo a saludarla. De hecho, en su decisión de no involucrarse en asuntos de su partido, tampoco tenía diálogo con Bertha Luján y para comunicarse con ambas utilizaba a Alejandro Esquer. Pero cuando la interlocución de su secretario particular ya no funcionó ante el nivel de encono y confrontación que tomaron las cosas en Morena, el Presidente decidió mandar a Sheinbaum para poner fin al caos y el desorden.

Veremos en qué terminan la elección del dirigente de Morena después del manotazo del Presidente. Pero con Sheinbaum operando la solución a la disputa por la vía de las encuestas, un método por el que ya se habían pronunciado Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard al expresar su apoyo a Mario Delgado, está claro que las cosas se van alineando y definiendo al interior del partido. Si los tres políticos mejor posicionados en la 4T y en el ánimo presidencial ya están de acuerdo y se alinean al liderazgo indiscutible del Presidente, es muy probable que las cosas tomen su cauce en el problemático partido de Morena y que de las encuestas surjan nuevos liderazgos y un partido que, por fin, transite por la vía de la institucionalización y empiece a dejar de ser ese conglomerado amorfo y belicoso.
16 Noviembre 2019 04:05:00
Evo no se queda en México
La presencia de Evo Morales en México, en condición de asilado, será sólo temporal y en las próximas semanas el expresidente de Bolivia se trasladaría a otro país latinoamericano en donde tenga condiciones para armar su plan de resistencia y su estrategia para intentar volver en un futuro próximo a Bolivia a recuperar el poder y el movimiento político que se mantiene fiel a su causa, a pesar de que el nuevo Gobierno provisional de Janine Áñez, con el apoyo del Ejército, ha comenzado a reprimir y a dispersar a los grupos de “evistas” que tienen su mayor fuerza en la región de Cochabamba.

Las opciones que tiene Evo para buscar una residencia después de México son Cuba y Venezuela, países donde tendría mayor margen para poder moverse, operar y tratar de rearmar su movimiento político. De acuerdo con fuentes cercanas al exmandatario y también del Gobierno mexicano, ya se realizan las gestiones diplomáticas y políticas para ver a cuál de los dos países se traslada a Morales y a sus colaboradores más cercanos.

Aunque el expresidente boliviano ha sido recibido con todas las cortesías y los honores por el gobierno de López Obrador y por la 4T, y según las fuentes consultadas, “él está muy cómodo y contento con el trato que le han dado en México”, la decisión de moverse de aquí tiene que ver con que necesita un lugar donde tenga menos exposición, política y mediática, y en donde pueda operar más libremente sin comprometer o causarle un problema al gobierno local. Porque aunque el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard han insistido en que “no hay ningún problema ni ninguna tensión” con los Estados Unidos y con la Administración de Donald Trump por la decisión de concederle el asilo político a Evo, la realidad es que aunque haya habido reacciones en Washington, una estancia más prolongada del boliviano en territorio mexicano y sobre todo que desde aquí el expresidente operara políticamente para intentar recuperar el poder en su país, sí se convertiría en un tema delicado para la relación bilateral que no sería tolerado por la Casa Blanca.

Es decir que si bien Trump y sus halcones han sido hasta ahora respetuosos de la decisión soberana del Gobierno mexicano de recibir y asilar a Evo Morales, tampoco verían con buenos ojos que el Gobierno de López Obrador apoyara y menos financiara una campaña del depuesto presidente para recuperar el poder en Bolivia. Por eso es que la presencia de Evo no puede alargarse demasiado en territorio nacional, pues entre más tiempo pase aquí, se convertiría en un foco de tensión entre México y Estados Unidos, sobre todo en el ambiente electoral y las campañas presidenciales para el 2020 que ya están en marcha en el vecino país.

¿AMLO PIDIÓ PERMISO A ESTADOS UNIDOS PARA ASILAR A EVO?
El mismo Evo ha comenzado ya a preparar el terreno para su eventual partida de México y en diversas entrevistas que ha concedido a medios internacionales y mexicanos, ha expresado que su intención es “volver a Bolivia” y recuperar el poder que le fue arrebatado de manera inconstitucional porque su mandato aún no concluía y en lo que él mismo define como un “golpe de Estado”, por la presión y el desconocimiento que sufrió de la Policía y el Ejército de su país.

¿Cuánto tiempo pretende permanecer en México?, le preguntaron a Evo en una entrevista con el diario El País de España: “Ahora mismo quiero irme. Si puedo aportar a la solución pacífica, después de mi renuncia, lo haré”. ¿Usted está dispuesto a volver al país y no seguir en el poder ni ser candidato con tal de pacificar?, le insistió el periodista.

“Claro. He renunciado y sigue la violencia”. Más adelante, en esa misma entrevista, Evo narró cómo se dio el ofrecimiento de asilo político por parte de México y aseguró que hubo una llamada del Gobierno de Estados Unidos al canciller (Marcelo Ebrard) para autorizar su traslado a territorio mexicano en un avión de la Fuerza Aérea, lo que haría pensar que el Gobierno del presidente López Obrador habría consultado con Washington antes de otorgarle el asilo a Morales, según lo que narra el ex presidente de Bolivia: “México nos ofreció asilo. Estados Unidos llamó al canciller para decirle que podían llevarme donde querían. Muy raro fue eso para mí. Yo dije que tal vez no íbamos a llegar a Chimoré, que tuviésemos cuidado de que nos fuesen a atrapar, por eso pedí que se concentraran miles de compañeros.

Cuando nos dijeron que el avión [de la Fuerza Aérea mexicana] iba a aterrizar, fuimos por sendas, pero no lo dejaron entrar al espacio aéreo. Miles de compañeros se quedaron porque veían que algo no estaba bien. Finalmente, el avión aterrizó, llegamos al extremo de la pista, nos subimos y nos dicen que no hay permiso para ir a Lima. Un general nos dijo también que el permiso para volar había terminado. Tenían preparado bajarme al avión. Pero un oficial de la Cancillería mexicana me dijo que no me tenía que preocupar”.

¿Es decir que la decisión de traer a Evo y ofrecerle asilo político no fue del todo una “decisión soberana” del Gobierno de México, tal como lo ha repetido el presidente López Obrador, y tuvo antes de ejecutarse y de mandar un avión militar a recogerlo a Cochabamba que consultar la opinión de Estados Unidos? Al menos eso es lo que afirma Evo Morales cuando dice que “Estados Unidos llamó al Canciller para decirle que podían llevarme a donde querían”, y luego más adelante, ante el temor del expresidente de que lo iban a bajar del avión mexicano, el “oficial de la cancillería me dijo que no me tenía de que preocupar”. ¿Todo el operativo para sacar a Evo de Bolivia y traerlo a México estuvo entonces aprobado y avalado por la Casa Blanca? Eso supondría entonces que no fue tan “soberana” la decisión de la Administración lopezobradorista.

NOTAS INDISCRETAS…
Por cierto que los gastos para la manutención de Evo Morales en México, que han desatado tanto interés y polémica entre los mexicanos, por el costo que significa y el excesivo aparato de seguridad que le pusieron con lo que parecen ser 12 agentes del desaparecido Estado Mayor Presidencial, cuatro camionetas blindadas y hasta una de ellas equipada con una metralleta para reaccionar en caso de atentado, ahora también son motivo de discordia entre la 4T. Porque a pesar de que el subsecretario Maximiliano Reyes, encargado de la Política para América Latina y El Caribe en la SRE, afirma que hay “partidas especiales de recursos” destinados para sufragar los costos de casos de asilo político como el de Evo, han surgido otras propuestas como las del diputado Gerardo Fernández Noroña de que todos los legisladores de Morena y sus aliados cooperen con 500 pesos mensuales de su dieta para mantener al expresidente boliviano. Y aunque en principio las bancadas de diputados y senadores del oficialismo que suman más de 324 en total se dijeron dispuestos a hacer esa donación total de 189 mil pesos mensuales, en corto, tanto en San Lázaro como en el Senado se escuchan algunos legisladores de Morena y de otros partidos aliados que cuestionan que en medio de tanta austeridad que les han aplicado “¿nosotros por qué tenemos que dar parte de nuestro sueldo?”. En fin, que no todos se dicen dispuestos a ser tan solidarios con la causa del indígena aymara…Y hablando de legisladores, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, insiste en que en el zafarrancho que ocurrió en la tribuna el pasado martes, cuando se tomó protesta a Rosario Piedra como nueva presidenta de la CNDH, el agresor inicial fue el senador panista Gustavo Madero, quien se dirigió a ella en actitud violenta y tras jalarla y lastimarla de un brazo, intentaba tirarla de su silla. “Me sentí vulnerada, atacada y entendí cómo se sienten muchas mujeres mexicanas que son violentadas”… Los que se mueven habitualmente en Palacio Nacional afirman que la figura de César Yáñez, durante muchos años el hombre más cercano y leal al presidente López Obrador, está volviendo a cobrar fuerza y que ya quedó superado todo el episodio de su boda que le costó un cierto distanciamiento con el Presidente... Los dados cierran con Serpiente doble. Buen fin, pero semana intensa.
14 Noviembre 2019 04:07:00
El ataque a Pemex ¿hackeo o sabotaje?
La alarma por el ciberataque a los sistemas informáticos de Petróleos Mexicanos se detonó a las 7 de la mañana del pasado domingo y pudo tratarse no de una acción de hackers externos con fines de secuestro y rescate, como se pensó en un principio, sino de un virus ransomware que se introdujo de manera deliberada, a través de una memoria USB, desde adentro de las instalaciones de la empresa y por algún empleado que tenía acceso abierto al site de Pemex.

Esa es la principal hipótesis en las investigaciones forenses en este momento, a cargo del Cisen y de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en las que se indaga la posibilidad de que el virus haya sido introducido al sistema desde un equipo de cómputo de la propia petrolera, con el fin de que no pudieran utilizar información y borrar archivos y carpetas de los CPU, justo el mismo fin de semana en el que la Fiscalía General de la República había comenzado a requerir información interna de Pemex para investigaciones claves de corrupción en el pasado sexenio. Porque precisamente el viernes 8 de noviembre se llevó a cabo un operativo con guardias internos armados y agentes de la FGR para recabar y obtener información de la Subdirección de Finanzas de la petrolera.

Esta “coincidencia” entre el operativo de la FGR el viernes por la tarde y el ataque cibernético 24 horas después, hace pensar que más que un caso de hackeo con fines de secuestro y cobro de rescate de 5 millones de dólares, se trate de un acto interno de sabotaje para tratar de ocultar información clave en los casos de corrupción cometidos en el Gobierno de Peña Nieto y bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin o de otros exdirectores.

De acuerdo a lo que ha trascendido por fuentes cercanas a las investigaciones forenses que se realizan en el site de Pemex, el virus que se introdujo al sistema no es muy sofisticado y ya se ha utilizado en ataques conocidos a otras empresas; sin embargo, el malware sí tiene la capacidad comprobada de borrar archivos y carpetas. Por eso la hipótesis que siguen los expertos del Cisen y de la Policía Cibernética apunta a que quien lo soltó, muy probablemente desde adentro de la empresa, en realidad no quería un pago como el que se manejó de los 5 mdd, sino que la petición de “rescate” sería una fachada para cubrir la intención real que era desaparecer información “confidencial y comprometedora” para las investigaciones de malos manejos financieros en la paraestatal. Sería pues un distractor, para borrar evidencias claves en esquemas de corrupción.

Ayer, de nueva cuenta ante el silencio ya acostumbrado del director de Pemex, Octavio Romero, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, tuvo que dar la cara y aseguró que el problema del ciberataque “ya se está resolviendo” y que “no habría ningún pago de rescate”. Por lo pronto, el sabotaje, más que hackeo, tiene todas las huellas de un “inside-job” que no necesitó de evadir sistemas de seguridad y fire-walls pues se habría infestado desde dentro al site. La gran pregunta que tendrán que responder los investigadores es no solo quién introdujo el malware, que pudo ser cualquier empleado, sino quién fue el autor intelectual del ataque y qué información querían esconder sobre la enorme corrupción en Pemex.…Tiro caliente. Capicúa de los dados. Repetimos.
13 Noviembre 2019 04:07:00
¿Habrá coletazo de Washington?
Un par de horas después de que recibiera con abrazos y apapachos a Evo Morales a su llegada a México, los periodistas le preguntaron a Marcelo Ebrard si la decisión de dar asilo al depuesto presidente de Bolivia, cuya dimisión fue celebrada por Washington como un “triunfo democrático”, no generaba tensión en la siempre compleja relación entre México y Estados Unidos. Y el canciller mexicano, que ha sido al mismo tiempo el principal interlocutor con el Gobierno de Donald Trump y ahora promotor denodado de la condena al “golpe de Estado” del asilo de Evo en territorio mexicano, respondió con notoria seguridad que no esperaba reacción alguna de la Casa Blanca.

“Estados Unidos tiene otro punto de vista; bueno, cada quien tiene su punto de vista, son distintos. Los intereses de México no son exactamente los de Estados Unidos. Vamos a seguir así, no tenemos tensión”, sostuvo Ebrard, quien fue el encargado de organizar el complicado traslado y el periplo que tuvo que sortear Evo Morales para poder llegar ayer al hangar presidencial, luego de que Bolivia y Perú le impidieran sobrevolar su espacio aéreo. Fue el mismo Marcelo quien recibió con toda la formalidad oficial y con un claro afecto al defenestrado mandatario y se encargó de mandarlo a una “casa oficial”, dispuesta por el Gobierno mexicano, cuya ubicación no se reveló por razones de seguridad.

Y aunque ayer mismo trascendía por fuentes oficiales mexicanas que Evo solo estará por un lapso breve en México y que de aquí será llevado a Cuba o a Venezuela en donde él quiere residir para “reorganizar su movimiento”, mencionan excolaboradores de la embajada estadunidense en nuestro país que desde el operativo fallido en Culiacán, hasta la masacre de mujeres y niños de las familias mormonas de los LeBarón y Langford, sumada a la reciente visita del peronista argentino Alberto Fernández que vino a hablar del “nuevo eje progresista” en Latinoamérica, rematando ahora con la posición mexicana sobre el golpe de Estado en Bolivia y el asilo a Evo, “hay muchas cosas que han ido acumulando tensión y molestia en Washington”. Y es que aunque el Gobierno lopezobradorista y el canciller Ebrard crean que el rol activo de México defendiendo y arropando a los cuestionados gobiernos del Grupo del Alba, junto con la promoción de un nuevo alineamiento del llamado “eje socialista o izquierdista” en la región latinoamericana, no le preocupan a Washington, la realidad es que por muy soberana y respetuosa de la Doctrina Estrada que resulte la política exterior mexicana, sí está chocando con las posiciones y los intereses de la política imperialista de EU.

De hecho, Carlos Trujillo, representante del Gobierno de Trump, hizo un ataque indirecto a México: “Estados Unidos nota la hipocresía de Estados miembros de la OEA que afirman su apoyo a la democracia y la no injerencia (…) y decidieron violar ambos principios: se oponen a todos los esfuerzos para que Bolivia tenga elecciones libres y justas, y ahora intervienen mediante el apoyo a funcionarios del exgobierno, quienes planearon y ejecutaron un fraude electoral masivo”, dijo en clara alusión al asilo que México concedió a Morales y sus colaboradores. Con este choque abierto, ¿es tan seguro pensar que no habrá un “coletazo” desde Washington en los próximos días? ¿En qué forma llegará la reacción del Gobierno de Donald Trump si es que la hay?… Los dados mandan Escalera doble. Subida y felicitación para el cumpleañero de Palacio que hoy festeja entre tanta bajada.
12 Noviembre 2019 04:07:00
¿Qué pasa en Pemex?
Algo extraño está pasando en Petróleos Mexicanos. Ayer circularon profusamente versiones confirmadas por trabajadores y empleados de la petrolera nacional que hablaban de un “ciberataque” o secuestro cibernético a la red interna que se utiliza en las operaciones en el sur del país. Según una nota informativa que Pemex manejó internamente, el 10 de noviembre a las 13:00 horas, en la empresa productiva del Estado ocurrió “un incidente en el centro de cómputo” denominado SITE.

De acuerdo con la información que se manejaba en esa tarjeta interna se trata de un ataque de un virus denominado “ransomware”, el cual tiene capacidad de bloquear y cifrar el contenido del disco duro de todos los equipos de la empresa a nivel nacional. A los empleados se les informó que “se están tomando las previsiones técnicas para mitigar el ataque” y que “la persona o personas que instalaron el virus mencionado son los únicos que tienen la capacidad de eliminar el ‘ransomware’”.

La empresa, se precisó, está haciendo investigaciones de los posibles responsables, aunque también al interior de la petrolera se comenta que Pemex no pagó su licencia corporativa de antivirus desde diciembre pasado, lo que ocasionó que se paralizaran las operaciones en plataformas, refinerías, almacenamiento y distribución y centros administrativos, lo que afectó los sistemas de distribución de combustibles y desató los rumores de un posible “desabasto”. Sin embargo, ayer la secretaria de Energía, Rocío Nahle, salió al quite y desmintió que exista riesgo de escasez de combustibles y garantizó que hay reservas de gasolina y diésel suficientes para garantizar el consumo nacional por varios días.

Pero más allá del ciberataque, que ayer negaban oficialmente en la Dirección de Comunicación Social, los empleados de la petrolera narraron que el viernes pasado se llevó a cabo un operativo judicial en el corporativo de Pemex, en el que participaron integrantes de la Guardia interna, equipados con armas largas, de uso exclusivo del Ejército y que fueron acompañados por agentes de la Fiscalía General de la República.

Aunque todo se manejó herméticamente, se denunció la sustracción de documentos confidenciales de la Dirección Corporativa de Finanzas, a cargo de Alberto Velázquez, y los guardias y agentes de la FGR se habrían llevado “discos duros con información sensible”, según trabajadores de la dirección mencionada. ¿Qué estarían buscando los agentes de la Fiscalía y con qué investigación penal puede estar relacionado ese operativo para llevarse documentos oficiales de la petrolera nacional?

En fin, que en medio de todo esto llama la atención el silencio del director de Pemex, Octavio Romero, quien no salió a responder a ninguno de los graves hechos que se estuvieron denunciando desde adentro de la empresa que dirige.

Veremos qué sucede en la petrolera mexicana y si se aclara si existe o existió el ciberataque y qué tanto afectó en la fuga de información confidencial y delicada. Por lo pronto, todas estas versiones y rumores que tienen su origen en el propio Pemex, no son buenas noticias para la empresa del Estado que de por sí ha recibido muy malas noticias en las últimas semanas con las cifras recientes de producción que confirman que, a pesar de la millonaria inyección de recursos y el intenso plan de “rescate” del Gobierno de la 4T, la producción petrolera siguió cayendo en el tercer trimestre del año con 6.7% menos de barriles y una pérdida financiera de 87.8 mil millones de pesos; eso sin contar que también la producción de combustibles en las seis refinerías de Petróleos Mexicanos cayó en ritmo descendente, al pasar de 264 mil barriles diarios en la semana 27 de este año, a 165 mil barriles de gasolinas Magna y Premium para la semana 42, según datos de la Sener.

Y entonces, entre el caos interno y las caídas de producción, vale la pena hacer dos preguntas. La primera: ¿qué está pasando en Pemex y quién se hace responsable? Y la segunda: ¿está funcionando el “plan de rescate” que nos está costando miles de millones de pesos a los mexicanos?
11 Noviembre 2019 04:07:00
La caída de Evo y el eje socialista latinoamericano
La efervescencia política de las últimas semanas en Sudamérica cobró ayer su primera víctima: Evo Morales, el Presidente de Bolivia que intentó forzar su cuarta reelección en los comicios del 20 de octubre, con un triunfo que fue denunciado como “fraude escandaloso” por sus opositores, dimitió en medio de agitadas protestas populares, y después de que la policía nacional se le rebeló y que los altos mandos del Ejército boliviano le sugirieran públicamente “renunciar a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad”.

La caída de Morales, que llevaba ya 14 años en el cargo y buscaba reelegirse hasta 2025, significa un revés para el llamado “Eje Socialista” latinoamericano. Lo que no ha podido hacer EU en Venezuela, con el intento de derrocar a Nicolás Maduro, ni pudieron hacerlo los campesinos sublevados en Ecuador contra Lenin Moreno, ni los jóvenes chilenos que se han levantado en contra del Gobierno de Sebastián Piñera, lo hizo la oposición boliviana en tres semanas de protestas y revueltas apoyadas por la derecha y que lograron primero el apoyo de la policía y después la presión del Ejército, que fue decisiva para que Evo decidiera dimitir.

Paradójicamente, la caída de Evo se produce 10 días después de la victoria del peronista Alberto Fernández en Argentina y apenas 48 horas después de que el expresidente brasileño Luis Inacio Lula Da Silva, dos hechos que, junto con la visita a México del argentino Fernández y su reunión con López Obrador, fueran interpretados como un fortalecimiento de un nuevo “Eje socialista” en la región latinoamericana.

Y como en este intento de realineamiento de la izquierda continental México juega un papel clave incluso de liderazgo, el Gobierno mexicano también recibió como una “afrenta” la dimisión obligada de Evo. El canciller Marcelo Ebrard había intervenido el fin de semana apoyando la convocatoria a nuevas elecciones que había hecho Evo y que el presidente López Obrador había calificado como “un triunfo de la democracia”.

Pero después de que el Ejército se pronunció sugiriendo la renuncia a Evo, las gestiones mexicanas para convocar a nuevas elecciones fracasaron. Por la noche, el Gobierno de México rechazó el golpe de Estado y ofreció asilo al depuesto presidente. El canciller Ebrard confirmó que 20 excolaboradores cercanos del Mandatario boliviano ya dormían anoche en la embajada mexicana en La Paz en calidad de refugiados políticos.

López Obrador dijo que hoy su Gobierno fijará una postura más amplia sobre el tema, pero de entrada anoche el ánimo en la Administración lopezobradorista era de total respaldo al caído presidente y de rechazo a las presiones militares que recibió para que dimitiera.

Veremos en qué termina el caso boliviano y cómo impacta en los esfuerzos por impulsar una nueva alineación de países latinoamericanos, a la que el presidente argentino Alberto Fernández llamara desde México “el nuevo eje progresista” que pidió construir “de norte a sur, no para molestar a nadie sino para lograr la igualdad social en la región”. Y está claro que el Gobierno del presidente López Obrador quiere liderar ese nuevo eje que sí molesta a EU y que ayer sufrió un duro revés con el primer presidente indígena de Bolivia que intentó su cuarta reelección y terminó siendo obligado a dimitir.



09 Noviembre 2019 04:06:00
El ánimo del Presidente
Las últimas dos o tres semanas, a partir del fallido operativo de Culiacán, los que están más cerca del inquilino del Palacio Nacional confirman un cambio notorio e inocultable en el ánimo presidencial que se siente crispado.

A las crisis de seguridad que se han sucedido una tras otra desde el 17 de octubre, empezando con la vergonzosa liberación de Ovidio Guzmán, la masacre en Sonora de nueve mormones, niños y mujeres de nacionalidad estadunidense, junto con otros hechos graves de violencia como los 10 ejecutados en Cd. Juárez, se añaden los jaloneos y confrontaciones por la discusión del presupuesto federal 2020 al interior de las bancadas de Morena en el Congreso y el duro impacto del crecimiento 0 reportado por el Inegi y el estancamiento de la economía nacional; todo eso ha afectado y alterado el estado de ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay incluso quien comenta que, con sus gentes de más confianza, el mismo Presidente que públicamente repite como mantra “vamos muy bien”, ha aceptado que se acerca al primer año de su Gobierno con una situación y un panorama que nunca visualizó en su proyecto de la cuarta transformación. “No imaginé nunca que el primer año fuera a ser así”, ha dicho en corto
el Mandatario.

Y aunque públicamente López Obrador explica y justifica la turbulencia que está marcando los primeros 12 meses de su Administración, como el efecto de “un cambio de régimen, no de gobierno” y una transformación –la cuarta en vida de la República, según el discurso oficial– que busca erradicar la corrupción y la impunidad, y que trastoca intereses y privilegios de grupos, y provoca inconformidades, en privado el Jefe del Ejecutivo se reconoce insatisfecho con la forma en que camina su proyecto.

Un reflejo de ese ánimo alterado que por estos días trae el Presidente, se observa en las varias confrontaciones y diferencias que ha tenido con distintos sectores dentro y fuera de su Gobierno.

Desde el enfrentamiento con un sector cupular del Ejército que lo desafió públicamente, al grado que lo hicieron hablar de un posible “golpe de Estado” que después intentó corregir y alejar, hasta la confrontación abierta y sin sentido contra la prensa y los medios de comunicación a los que cuestionó y descalificó por criticar y cuestionar la actuación de su Gabinete de Seguridad, reprochándoles que “muerden la mano del que les quitó el bozal”, pasando también por una ríspida reunión el jueves pasado con los diputados de la bancada oficialista en San Lázaro –a los que López Obrador llamó “corruptos” en una reunión en la que el Presidente salió en medio de rechiflas de legisladores del PES– cuando los diputados de la mayoría de Morena y sus aliados le reprocharon la eliminación de rubros del presupuesto 2020, que dejan a los legisladores federales sin recursos para “bajar a sus distritos”, mientras que a su pupilo y operador Gabriel García le da “manga ancha” para mover los recursos federales en todo el país.

Y si a todo eso sumamos la presión real que ha comenzado a ejercer la Casa Blanca y la mayoría republicana del Senado de los Estados Unidos para que la violencia criminal de los cárteles de la droga en México sea clasificada como “terrorismo” y con ello se abra la puerta a la intervención legal de las agencias de seguridad estadunidenses para combatir al narcotráfico y a sus violentos capos y sicarios en el territorio mexicano, es claro que aún en el político que muchos consideran el más astuto, completo y hasta taimado, el efecto de tanta presión terminará con un efecto como el que por estos días se ve en el Presidente mexicano.

El choque con diputados oficialistas
El último episodio en el que afloró el ánimo molesto del Presidente ocurrió apenas el jueves por la tarde en Palacio Nacional. El Presidente recibía a las bancadas de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados para escuchar sus posiciones sobre la discusión del Presupuesto de Egresos federal de 2020.

Los legisladores llegaron encabezados por el coordinador Mario Delgado y lo que se planeó como un encuentro de diálogo y entendimiento, terminó con una imagen que confirma el ambiente de crispación que se vive en estos momentos en la 4T: López Obrador abandonando el salón sin despedirse, enojado, mientras un grupo de legisladores del PT y del PES, dos bancadas aliadas, le lanzaban chiflidos de rechazo desde el Salón Tesorería de la sede presidencial.

Versiones de varios diputados asistentes proporcionadas a esta columna, afirman que el encuentro, que no duró ni una hora, se tensó cuando los diputados oficialistas, en su mayoría petistas y de Encuentro Social, pero también algunos de Morena, comenzaron a quejarse de que se hubieran eliminado del paquete presupuestal todos los conceptos y partidas que permitían a los diputados federales hacer labor de gestión y “bajar recursos y programas federales” en sus distritos, porque todos esos conceptos fueron erróneamente considerados como “moches”, cuando se trataba de presupuesto que terminaba beneficiando a los ciudadanos por la vía de sus diputados.

Al Presidente no le gustó el tono del reclamo, que se agudizó cuando algunos legisladores se quejaron de que mientras a los congresistas se les escamoteaban y negaban los recursos para hacer trabajo social, al coordinador de los Programas Federales de la Presidencia, Gabriel García, se le daba “manga ancha” en el manejo del presupuesto con sus “súper delegados” y sus coordinadores regionales de los “servidores de la Nación”.

Lo que más irritó al Presidente fue cuando un par de legisladores del PES lo interrumpieron en su mensaje para reclamarle a voz en cuello que lo que imperaba en el presupuesto federal del próximo año eran criterios de “clientelismo” a través de los programas sociales, le reprochó uno, mientras el otro diputado de plano aseguró que los apoyos para el campo nacional eran una “mentira”.

Fue entonces cuando López Obrador perdió la calma y lanzó la primer pregunta a los diputados del oficialismo: “¿Será que aquí hay corruptos?”, preguntó el Mandatario, ante lo cual surgieron los primeros chiflidos. Y entonces el Presidente arremetió: “Hay algunos que se están volviendo conservadores, y créanme, no les conviene”.

Para ese momento, el coordinador morenista, Mario Delgado, intentaba acallar las expresiones de inconformidad en las bancadas oficiales, pero los reclamos se habían desatado. López Obrador insistía en que la 4T debe estar a la altura de otras transformaciones que le antecedieron en el país y hablaba de establecer en la Constitución los derechos a los apoyos sociales de los sectores más vulnerables del país.

Pero hubo un momento en que la tensión entre el Presidente y varios diputados se volvió evidente en el murmullo que se escuchaba cada vez más fuerte, mientras el Mandatario trataba de explicarles a los legisladores.

Hasta que de plano AMLO perdió la paciencia y se levantó del presidium para retirarse sin una despedida, mientras atrás sonaban las rechiflas de algunos grupos petistas y del PES, en algo que deja claro que los ánimos están alterados no solo en la casa presidencial, sino también entre sus aliados.
07 Noviembre 2019 04:04:00
¿Y dónde está el general?
Asistente asiduo a las conferencias mañaneras y uno de los miembros del gabinete con los que a diario hablaba el presidente López Obrador, al general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, no se le ha visto en lo que va de esta semana en Palacio Nacional y no ha aparecido en eventos en donde se convoca al gabinete de seguridad federal.

Su ausencia llama la atención porque se produce justo cuando crecen las versiones de una “fractura” y un “choque” en la relación entre los mandos del Ejército Mexicano, sobre todo en las cúpulas castrenses, y el mando civil del Presidente de la República, a partir de cuestionamientos a la política del actual Gobierno y a la ideología, “dominante que no mayoritaria” de la 4T, que fueron hechos en un discurso del divisionario Carlos Gaytán Ochoa con generales del Ejército que encabezaba precisamente el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio, justo cinco días después del fallido operativo en Culiacán que terminó con la liberación de Ovidio Guzmán.

Los comentarios de ese discurso, avalado en aquel evento del 22 de octubre con aplausos de pie por los miembros de las cúpulas castrenses, que conocieron y consensuaron previamente el contenido del mensaje leído por Gaytán Ochoa, provocaron la molestia del presidente López Obrador, que primero los calificó ingenuamente como “un acto de libertad de expresión”, pero después, cuando el tema creció y se dimensionaron las críticas y el desafío que aquellas palabras significaban al venir de un sector importante de las Fuerzas Armadas, el Mandatario comenzó a hablar de una amenaza de “golpe de Estado” a su Gobierno y consideró “imprudentes” las palabras del exsubsecretario de la Defensa.

Por eso extraña que la última vez que se vio en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, al secretario de la Defensa, fuera el viernes que estalló el escándalo y la tensión entre esos grupos cupulares del Ejército y el Presidente. La ausencia del general se hizo más evidente el martes durante la crisis del cruel atentado contra nueve integrantes de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, a donde el Presidente mandó a Marcelo Ebrard, a la cabeza del gabinete de seguridad, pero en el grupo que acompañaba al canciller iban el secretario de la Marina, Rafael Ojeda; el director de la Comisión Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Homero Mendoza Ruiz.

Curiosamente el canciller Ebrard justificó la ausencia del secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo “porque tenía comparecencia en el Congreso”, pero nunca explicó por qué no había acudido el general Cresencio Sandoval y en su lugar iba solo el jefe del Estado Mayor de la Sedena.

Desde que nombró al general Luis Cresencio Sandoval, a quien no conocía, pero recibió muy buenas referencias de su militar de más confianza, el general retirado Audomaro Martínez Zapata, el Presidente rompió con las reglas históricas y con el escalafón que operaba en el Ejército para el nombramiento del general secretario. Cresencio ocupaba el lugar número 12 en la lista de escalafón de los generales elegibles para titular de la Defensa y al nombrarlo, varias generaciones de divisionarios que se sentían con méritos y trayectoria se sintieron desplazados e ignorados por el nuevo Gobierno.

Hoy no está claro si en la molestia que corre en las cúpulas del Ejército y del desafío abierto que un sector de los militares le lanzaron al presidente López Obrador está o no incluido el secretario de la Defensa, porque también hay otro sector del Ejército que sigue leal a la Cuarta Transformación. Por lo pronto, lo que es un hecho es que el general secretario estuvo presente, escuchó y avaló el discurso incómodo y rebelde del general Gaytán Ochoa, y que, a diferencia de los 11 meses de este Gobierno, cuando no pasaba día sin que se le viera o en la mañanera o conversando con el Presidente en su despacho después de la reunión diaria del gabinete de seguridad, hoy no se ve al general Sandoval y la tensión entre un grupo cupular del Ejército y el Gobierno lopezobradorista es ya inocultable.
06 Noviembre 2019 04:04:00
El caos mexicano, en la mira de Estados Unidos
En menos de un mes, dos crisis graves en materia de inseguridad y violencia del narcotráfico en México han involucrado directamente a Estados Unidos: primero, el operativo fallido en Culiacán el 17 de octubre, en donde el Gobierno mexicano no pudo retener a Ovidio Guzmán ni cumplir una petición de extradición de la justicia estadunidense, y luego, la terrible masacre de nueve ciudadanos norteamericanos, tres mujeres y seis niños, todos ellos pertenecientes a la poderosa comunidad mormona.

Con esos hechos, la situación caótica de la inseguridad en nuestro país y la estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador, para contener la violencia y controlar a los cárteles del narcotráfico, se ha puesto directamente en la mira del radar estadunidense. El impacto de la violencia en México provoca reacciones cada vez más fuertes y directas desde el vecino país, que van desde la preocupación por sus intereses y la vida de sus ciudadanos, hasta la duda y la crítica abierta a la incapacidad del Gobierno mexicano para controlar los niveles de violencia.

Ayer mismo, justo cuando el presidente Donald Trump decía que “si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos ‘monstruos’, Estados Unidos está dispuesto a involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, lo que subyacía en ese ofrecimiento no era solo un acto de generosidad de Trump, sino más bien una forma elegante y algo sarcástica de decir que el Gobierno mexicano no puede con la crisis de inseguridad en el país y que ya no están viendo, desde la Casa Blanca, capacidad de la actual Administración para enfrentar a los “monstruos” que el Presidente de EU ve en los narcotraficantes y sus crueles sicarios.

Paralelamente, en el discurso de los medios y los analistas estadunidenses, comenzó a ser utilizado el término de “terrorismo criminal”. Y hablar de “terrorismo” desde EU, en cualquiera de sus acepciones, en este caso de “terrorismo criminal”, es abrir la puerta a un terreno que siempre ha rechazado el Gobierno de México, pero que al Gobierno de EU le daría elementos legales, de acuerdo con sus leyes extraterritoriales de Seguridad Nacional, para intervenir en cualquier país donde grupos terroristas amenacen intereses o a ciudadanos norteamericanos.

Hubo voces de la política estadunidense que empezaron a hablar del riesgo de un “Estado fallido” en México y cuestionaron duramente la política de “Abrazos, no Balazos” de López Obrador, entre ellas las del senador y excandidato presidencial Mitt Romney, quien exigió que su Gobierno trabaje “en conjunto” con el Gobierno mexicano para detener a los culpables de lo que llamó una “violencia sin sentido” contra la comunidad mormona, de la cual el propio Romney es integrante; mientras otro senador republicano, Lindsey Graham, dijo en un video que prefería “ir a Siria que a México” ante los niveles de violencia que se registran en nuestro país.

Pero el tono de las reacciones subió no solo en la Unión Americana. El actor Gael García Bernal, quien había sido un entusiasta defensor y votante del presidente López Obrador, publicó ayer en Twitter: “Si no cambia el Gobierno y @lopezobrador_ de narrativa para asumir sus responsabilidades ¿Para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo (sic)”, dijo el actor.

Está claro que, por más que al presidente López Obrador le cause gracia y hasta se ría en medio de la tragedia al decir que, “aunque no quieran voy a tener que hablar del pasado”, el discurso de eludir su responsabilidad y culpar a las estrategias fallidas de presidentes o gobiernos anteriores, cada vez funciona menos, ya no solo en México, sino en Estados Unidos, donde tienen la mira puesta en el caos de violencia en que se está sumiendo nuestro país, sobre todo cuando afecta directamente a sus intereses y ciudadanos.
05 Noviembre 2019 04:04:00
Calderón, el nuevo ‘villano favorito’
Si Ernesto Zedillo hizo de Carlos Salinas de Gortari “el villano favorito” de los mexicanos, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en el expresidente Felipe Calderón a su “villano favorito”.

Con los instrumentos del poder, desde la Presidencia de la República, el actual mandatario ha convertido a su antecesor –al que culpa de haberle “robado la Presidencia” en 2006– en el catalizador de todos los males y todas las culpas, al tiempo que intenta borrar cualquier legado del sexenio calderonista.

Es la reedición de un viejo pleito, pero ahora agravado también por la imprudencia y el nulo tacto político del expresidente Calderón que, no conforme con haber tenido su sexenio y haber dejado al país convulsionado por la violencia tras su fallida guerra, y de haber luego intentado hacer presidenta a su esposa Margarita Zavala, hoy pretende crear un nuevo partido político y un nuevo movimiento que se le oponga al lopezobradorismo.

¿Tiene derecho a hacerlo? Sí, pero políticamente es como si el exmandatario agitara un capote rojo cuando tiene enfrente a un toro de Miura de la política. Eso explica no solo el último episodio de esta confrontación abierta y cada vez más virulenta entre el Presidente en funciones y el expresidente de México.

Las alusiones a un intento de “golpe de Estado” que el fin de semana hiciera López Obrador, fueron la respuesta al discurso fuerte y crítico de un exjefe castrense retirado que fue cercano al Gobierno de Felipe Calderón, el general divisionario Carlos Gaytán Ochoa, cuyos comentarios molestaron y le parecieron “imprudentes” al jefe del Ejecutivo que ayer aclaró, tras azuzar el tema golpista en las redes sociales presidenciales, “que no hay condiciones para un golpe de Estado en el país”.

También el embate contra las “granjas de bots” y la supuesta #prensasicaria que según el Presidente “atacan a su gobierno”, se inscriben en esa animadversión creciente hacia todo lo que huela a Calderón. Pero esta vez el Presidente escaló el pleito al señalar desde Palacio Nacional al hijo, Luis Calderón Zavala, y atribuirle acciones casi conspiracionistas desde las redes sociales, junto con otros personajes del panismo y del peñismo como el exsecretario de Educación Aurelio Nuño y el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

El Presidente confunde y se confunde él mismo –aunque lo haga con toda la intención– al equiparar a la crítica y ejercicio informativo de la prensa hacia su Gobierno con sus odios y rencillas políticas.

Alguna vez durante su campaña presidencial de 2018 al candidato López Obrador se le escuchó decir, en corto a sus colaboradores, que si llegaba a la Presidencia se iba a encargar “de que no quede piedra sobre piedra de lo que fue el Gobierno de Calderón”.

Y hoy, parece claro que ya como presidente Andrés Manuel está decidido a borrar todo vestigio del paso del calderonismo por el poder, empezando por atizar y azuzar contra la imagen pública del exmandatario, al que claramente ubica como líder de los “conservadores hipócritas y doblecara”.

Y detrás de varias decisiones y políticas de su gobierno se ve esa intención de extinguir al calderonismo; lo mismo en invitar a su gobierno a expanistas como Germán Martínez o Manuel Espino, que se pelearon con Calderón, como al desaparecer las estancias infantiles, idea impulsada por la exprimera dama Margarita Zavala, hasta en la desaparición de la Policía Federal, apoyada con todo por Felipe Calderón, y en la más clara y directa declaración para satanizar y borrar al calderonismo: la estrategia de seguridad federal que declara “terminada la Guerra contra el Narco” y afirma que “ya no hay guerra” y que fue un error “combatir el fuego con el fuego”.

Así que no hay duda de que Felipe es el nuevo “villano favorito” para Andrés Manuel, tanto, que ya incluso enterró y jubiló de esa posición a Carlos Salinas de Gortari, con un epitafio brutal: “Fue el padre de la desigualdad moderna”.

El pecado original de Calderón fue el fraude electoral del 2006 y que durante su sexenio se dedicó a proscribir a López Obrador; y su nuevo pecado es pretender ahora atravesársele al Presidente con un nuevo partido y pretender ejercer un liderazgo opositor que desde Palacio no parecen dispuestos a concederle.
04 Noviembre 2019 04:04:00
Del golpe al Estado,  al golpe de Estado
En tan solo 15 días el presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de asestarle un golpe al Estado mexicano, con su decisión de liberar al narcotraficante detenido Ovidio Guzmán López, a empezar a hablar de un posible “golpe de Estado” en contra de su Gobierno. ¿Qué pasó en ese lapso que desató en la mente y el discurso del Presidente un tema históricamente vetado para los presidentes mexicanos?

Hubo dos consecuencias relacionadas con el fallido operativo de Culiacán detrás del alterado estado de ánimo presidencial. La primera fue el fuerte impacto que causaron en el Presidente las duras críticas a la actuación de su Gobierno por parte de la opinión pública nacional e internacional y el manejo informativo de los medios de comunicación en ese suceso que, en el juicio particular de López Obrador, fue excesivamente crítico y despiadado.

La segunda consecuencia, que es la que más explica la aparición del fantasma “golpista” en el discurso presidencial, tiene que ver con el malestar y la indignación que causó en las Fuerzas Armadas el maltrato y el desprestigio de que fueron objeto por las decisiones civiles tomadas aquel 17 de octubre en la capital de Sinaloa.

Fueron esos mensajes de molestia, que comenzaron a circular en las cúpulas castrenses, los que más preocuparon y afectaron al Presidente. El discurso revelado en medios y redes sociales del general divisionario Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, pronunciado en presencia del general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, donde se cuestionaban las decisiones tomadas por el “Comandante Supremo” en el operativo de Culiacán y se criticaba la situación de “polarización” en que se encuentra el país.

Al interior del Gobierno esos mensajes calaron fuerte y motivaron que López Obrador comenzara a hablar del maderismo y de la figura del último presidente de México que fue derrocado por un golpe de Estado.

No está claro si el Presidente tiene información real de la existencia de una deslealtad grave en las filas castrenses o incluso de un intento real de sectores de la derecha empresarial, que él ubica como “conservadores”, de desestabilizar a su Administración, o incluso si sospecha o teme una injerencia extranjera en contra de su Presidencia.
O también, cabe la posibilidad, de que lo que esté haciendo López Obrador es concitar e inflamar a sus bases sociales y políticas ante las expresiones de inconformidad y molestia en las Fuerzas Armadas pretendiendo anticipar un “blindaje” que lo proteja si ese tipo de manifestaciones crecieran o se agravaran ante sus decisiones en materia de seguridad.

En cualquier caso lo que más llama la atención que el origen del discurso sobre la posibilidad de un “golpe de Estado” es el mismo Presidente aunque no queda claro si lo hace para alertar de un riesgo real o para inflamar el fanatismo de sus bases; en cualquier caso, parece claro el intento de cambiar el foco y la atención de la opinión pública para que, en vez de hablar del daño que se le hizo al Estado mexicano en Culiacán, hoy hable de la amenaza de un golpe de Estado, después de los yerros en Culiacán.
02 Noviembre 2019 04:07:00
El nuevo ‘outsider’ de la política nacional
Con Jaime Bonilla en la gubernatura de Baja California –ya dirá la Corte si por dos o por cinco años– no solo termina una era política de 30 años de panismo para el estado fronterizo donde inició la alternancia política en México; también emerge una nueva figura en el escenario nacional que, al mismo tiempo que será polémica, se convertirá en el gobernador más fuerte y visible políticamente del partido Morena y de la cuarta transformación, donde el resto de los mandatarios estatales brilla por su medianía e inexperiencia política.

Bonilla no solo tiene cercanía y confianza con el presidente López Obrador, sino que su origen y personalidad, más de empresario que de político, le dará un margen que hoy pocos gobernadores tienen en una República en la que los poderes estatales se han eclipsado por el férreo control presupuestal de la Federación y una fuerza creciente del poder presidencial.

Un mensaje claro de cómo irrumpe Bonilla en el escenario local y nacional, fue su toma de protesta en la que, desafiando a todas las voces y actores nacionales que cuestionan e impugnan la modificación del tiempo de su gubernatura, asumió el cargo por los cinco años que dice en este momento la Constitución local de Baja California, sin importar que haya en este instante más de seis recursos en la Suprema Corte que piden revisar la constitucionalidad de la reforma local que alteró la duración de su Administración.

Y para que no haya dudas de que el nuevo Gobernador bajacaliforniano no está solo en esa intención, está la grabación en video donde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con la representación personal del Presidente, le dice ayer en tono no solo festivo sino aprobatorio: “Acabo de hacer una declaración muy importante; me dijeron ¿es legal por cinco años? (la toma de protesta por cinco años). Es legal porque la norma está vigente y porque hay una norma que así lo dice”. Y la respuesta no menos festiva del flamante Gobernador: “Es todo lo que necesitamos ¿no? Aunque no nos den los cinco años con eso tengo”.

Esa fuerza y ese espaldarazo desde el Gobierno federal, combinada con la personalidad entrona y echada para adelante del empresario tijuanense, lo convierten en el nuevo outsider de la política nacional, que además llega al cargo con la espada desenvainada y dispuesto a cortar cabezas y a sacudir a la clase política local y a instaurar a una nueva élite gobernante en el que caben lo mismos sus amigos y compadres empresarios, que la vieja clase priista que, ante el desplazamiento local y el desmoronamiento del PRI en los comicios federales de 2018, se adhirió al bonillismo y a Morena para acabar con el dominio panista de tres décadas en Baja California.

De entrada su antecesor Francisco “Kiko” Vega debió haber cruzado ayer mismo la frontera para irse a San Diego porque desde sus primeros discursos como Mandatario, Bonilla ha retomado su promesa de campaña de que llevará a la cárcel al exgobernador panista y a buena parte de su Gabinete que le entregaron, dice, unas “arcas vacías y un panorama tétrico en los recursos presupuestales del Estado”. Si a eso se añade su intención de crear la versión local del “Instituto para devolverle al Pueblo (de Baja California) lo Robado”, es claro que los primeros meses del nuevo Gobierno serán una calca de lo que ha sido la cuarta transformación a nivel nacional, al hacer del combate a la corrupción y de la cacería de exfuncionarios del Gobierno estatal, una de las principales líneas de acción de la Administración entrante.

La diferencia entre el gobernador Bonilla y otros gobernadores de Morena que hasta ahora han resultado grises y fallidos, es que además de la personalidad y el estilo tan peculiar del Mandatario, también tiene en su equipo a políticos tan experimentados y colmilludos como su secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, un consumado operador político del viejo priismo, además de Fernando Castro Trenti, excandidato a la gubernatura por el PRI y otros nombres que le darán al gobierno de Baja California un peso político que no tienen otras administraciones morenistas, donde a la improvisación e inexperiencia del Gobernador, se suman gabinetes sin perfiles capaces de ayudar a sus gobernadores.

Por eso y por la polémica que lo ha rodeado desde que impulsó en el Congreso la multicitada reforma constitucional de ampliación de mandato, la mirada nacional estará puesta en Baja California en el arranque de mandato de un Gobierno que, más allá de lo que dure, se volverá un referente dentro de la llamada cuarta transformación y también del resto de los gobernadores estatales que hoy muy pocos levantan la voz y la cabeza, por miedo a que se las corten desde el Palacio Nacional.


Notas Indiscretas

A propósito de la secretaria Olga Sánchez Cordero, tal parece que su reciente viaje por Japón la regresó revitalizada. Después de varios intentos de sus adversarios y malquerientes dentro del Gabinete, la funcionaria no solo se siente fortalecida sino que ella misma dice que tener “todo el afecto y el cariño del Presidente”.

Incluso, a quienes la ven confrontada o amenazada por el canciller Marcelo Ebrard, doña Olga les dice que tiene una “extraordinaria relación con Marcelo, a quien conozco desde que era pequeño y le tengo un enorme cariño”. En fin, que a juzgar por sus comentarios de ayer en Baja California, la secretaria de Gobernación se siente muy segura de lo que es y de su cargo…

En la disputa por la CNDH el argumento del PAN para rechazar a Rosario Piedra Ibarra, es que la activista e hija de Rosario Ibarra no solo es cercana al ánimo del presidente López Obrador, sino que fue militante de Morena, como lo confirma un registro del padrón de ese partido en 2014, unos meses antes de obtener su registro oficial.

Aunque Piedra Ibarra dijo ante las Comisiones Unidas del Congreso que “nunca ha militado en ningún partido político”, los panistas mandan copias de ese padrón que obtuvieron vía el INE y sostienen su negativa a darle los votos porque consideran que su llegada a la CNDH significaría “entregarle al Presidente la autonomía de esa comisión”.

Este martes se volverá a someter a votación el nombramiento del ombudsperson nacional y veremos si Morena insiste en su candidata o, ante la insuficiencia de votos, opta por Jesús Orozco o Arturo Peimbert, los otros dos integrantes de la terna…Se lanzan los dados. Escalera doble. Semana perfecta.
31 Octubre 2019 04:07:00
Revés del Tribunal Electoral a los duros de Morena
Lo que no fueron capaces de entender y escuchar los grupos de Morena, cuando el presidente López Obrador les dio “línea” en forma de la “sugerencia” de que se dejaran de procesos internos que los dividían y confrontaban y que eligieran a su dirigente nacional a través del método de las encuestas, lo entendieron y acataron mucho más rápido y claro los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ayer, por mayoría, anularon la elección interna y los Congresos y Asambleas del partido gobernante, ante la “falta de certeza en su padrón nacional y la exclusión de militantes”. Y aunque el Tribunal no lo dijo, en su fallo que invalida el cuestionado proceso interno en el que se registraron denuncias de irregularidades, rasuramiento de militantes, robos de urnas e incluso balaceras, los magistrados electorales dejan implícito que al final Morena tendrá que recurrir al método de las encuestas para elegir a su dirigente nacional, tal y como lo había “recomendado” desde hace dos meses, el 29 de agosto pasado, el presidente López Obrador.

Pero en una muestra de lo tensas y complicadas que están las cosas en Morena, donde los grupos más duros desafiaron incluso al presidente López Obrador e impusieron un proceso estatutario que sólo apoyaba la facción más radical que apoyaba a Bertha Luján, en contra de la opinión de los otros tres aspirantes como Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky y Alejandro Rojas Durán que exigían la aplicación del método de las encuestas, ayer precisamente el ala dura morenista intentó presionar e intimidar a los magistrados federales y se lanzaron duramente contra la sentencia de los juzgadores electorales. Fue precisamente Bertha Luján quien encabezó un grupo que acudió a la sesión del Tribunal y lo acusaron de intervenir en “la vida interna de Morena” y de pretender decidir por los militantes de su partido. “La historia los va a juzgar y vamos a empezar por investigar su situación patrimonial, porque ahí es donde están las ganancias que reciben por este tipo de actitudes”, dijo Bertha Luján entre gritos de “!bravo, bravo!” de sus seguidores que llamaban “traidores” a los magistrados electorales a los que ella no sólo acusaba de recibir sobornos a cambio de su fallo, sino que llamaba a “levantar las banderas de la autonomía y la independencia de Morena”.

Era tal la molestia de doña Bertha, que se opone férreamente al método de las encuestas, que después de amenazar y acusar de corruptos a los magistrados, arremetió también contra sus correligionarios de Morena a los que, sin identificar por nombre o apellido, llamó “traidores a la democracia, traidores a la 4T y traidores a la Patria” por haber impugnado su proceso interno. “Hay gente de Morena que está metida aquí y le está haciendo el caldo gordo a esta gente y no digamos a los adversarios de Morena”, sentenció Bertha Luján.

Veremos si doña Bertha y el ala radical que ella representa en Morena, le pone nombre y apellido a esos “traidores” a su partido y a la 4T, pero por lo pronto está claro que el partido gobernante empieza a crujir y que soplan vientos de fractura. Si el morenismo logra sobrevivir a esta crisis y si antes el Presidente no cumple su amenaza de irse, abandonarlos y hasta quitarles el nombre, está claro que aquel gran movimiento se va a dividir en por lo menos dos grandes bloques ¿quién se queda con la marca y quién se va? ... Los dados mandan Serpiente. Descendemos.
30 Octubre 2019 04:07:00
El cónsul caído de Las Vegas y su padrino
¿A quién se le ocurrió nombrar como cónsul de México en Las Vegas a un sujeto acusado y procesado por estupro en contra de una menor de edad? El nombramiento de Alberto Barreras Castro, aprobado por la Secretaría de Relaciones Exteriores apenas el pasado 7 de septiembre se hizo a partir de una recomendación del secretario Alfonso Durazo, quien previamente había contratado al agresor sexual de una niña de 14 años en Ciudad Obregón, Sonora, como director general de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El escándalo destapado por la periodista Dolia Estévez en su columna en donde publicó el número de la Averiguación Previa con la que el flamante cónsul mexicano fue acusado de estupro en 2011 en Sonora, puso en evidencia el poco rigor con el que algunos funcionarios de la cuarta transformación contratan y otorgan nombramientos a personajes de muy dudosa honorabilidad, pues antes de que el canciller Marcelo Ebrard aceptara otorgarle el nombramiento diplomático para representar a México en Las Vegas, Alberto Barrera Castro ya había ocupado una posición importante nada menos que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Este martes tras la revelación periodística que trascendió al país y tuvo impacto hasta en los Estados Unidos, donde los escándalos del “Me Too” y las recientes acusaciones contra la red de pederastia del empresario Brian Epstein, quien se suicidó en prisión tras ser acusado de controlar un esquema de abuso y explotación sexual de menores de edad en el que participaban políticos y empresarios estadunidenses y que además era amigo personal del presidente Donald Trump, el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció en su cuenta de Twitter que había ordenado la suspensión del nombramiento del cónsul Barreras Castro, y le pidió intervenir al Comité de Ética de la Cancillería.

Ebrard tuvo que sacar la cara y destituir a un recomendado de Alfonso Durazo, quien también intentó deslindarse rápidamente del escandaloso caso de su excolaborador, con un mensaje en su cuenta de Twitter: “En relación al artículo publicado por Dolia Estévez el día de hoy, expreso mi pleno respaldo a la decisión del canciller Marcelo Ebrard. He dado instrucciones a los órganos correspondientes de la SSPC para apoyar sin reservas al Comité de Ética de la SRE”, dijo Durazo.

Lo que no explicó el secretario de Seguridad es por qué él recomendó a Barreras Castro para ocupar ese consulado y por qué lo contrató y le otorgó un nombramiento tan importante si había antecedentes de su paisano sonorense.

La periodista Estévez publicó que en mayo de 2011 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Penal de Ciudad Obregón, giró orden de aprehensión en contra de Barreras por el delito de estupro (relaciones sexuales con menores de edad) pero quedó libre tras el pago de fianza y una negociación de compensación económica con la familia.

Lo más grave del caso es que la denuncia de los antecedentes de Alberto Barreras Castro ya se había hecho pública desde que éste fue dirigente de Morena en el comité municipal de Cajeme. Pero entonces se desecharon los señalamientos en su contra argumentando que se había realizado una búsqueda del expediente y este no había sido encontrado en los archivos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Penal de Cajeme.

Hoy que la periodista publicó el expediente número 141/2011 y dijo tenerlo en su poder, se sabe que el ahora cónsul destituido mandó
desaparecer el expediente del juzgado referido para tratar de borrar el delito grave de su pasado.

La pregunta que queda después de la vergüenza para el Servicio Diplomático Mexicano es si ¿el secretario Durazo desconocía los antecedentes penales graves de su colaborador y recomendado y si aun así lo contrató y después lo promovió para que fuera enviado como representante a Las Vegas?

Mucho se dice que las cosas en la 4T cambiaron o están cambiando. Pues en este caso, donde se sigue contratando a amigos o recomendados sin importar su historia y sus antecedentes, y donde además se nombra como embajadores o cónsules del país a personas sin experiencia diplomática pero con “palancas” y recomendaciones dentro del Gobierno, parece que nada ha cambiado y en el Gobierno del presidente López Obrador se sigue actuando igual que lo hicieron en su momento el PRI y el PAN… Los dados mandan doble
Escalera. Mejora el tiro.

29 Octubre 2019 04:07:00
Morena sigue en ruta de colisión y AMLO toma distancia
Mientras que su partido continúa en una ruta de choque y se ahondan los conflictos internos por la renovación de su dirigencia nacional en un accidentado proceso al que no se le ve salida, Andrés Manuel López Obrador parece decidido a tomar distancia y por lo pronto, desde principios de este año, solicitó una licencia a su militancia partidista, por lo que en estos momentos no es militante en activo de Morena.

En enero, según fuentes de la Presidencia, presentó ante las instancias internas de Morena, una petición de licencia por tiempo indefinido como militante de ese partido, del cual fue fundador y dirigente desde su creación en 2015 y hasta que comenzó su campaña presidencial en diciembre de 2017. La intención de suspender su militancia, explican los cercanos al Presidente, tiene que ver con su convicción de no hacer del Movimiento de Regeneración Nacional un “partido de Estado” que se aproveche del poder y de los recursos públicos para obtener ilegalmente ventaja sobre los partidos de oposición.

Por eso López Obrador no solo ha sido un Presidente distante y ajeno a los asuntos de su partido sino que, literalmente, puso en pausa su pertenencia y su liderazgo moral y político sobre el partido, lo que ha desatado una crisis interna porque son varios los grupos morenistas que se sienten con el derecho de asumir la dirección del partido.

En ese distanciamiento de su partido, el presidente ha evitado intervenir y hasta opinar sobre los temas y disputas partidistas y cada que le preguntan, repite “ya no quiero intervenir en los asuntos de los partidos”. Solo en tres ocasiones ha hecho de lado esa convicción: la primera la hizo en su conferencia del jueves 29 de agosto cuando habló por primera vez de la posibilidad de abandonar a Morena.

La otra ocasión lo hizo ese mismo jueves por la tarde, primero en privado, cuando se reunió en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios de diputados y senadores de su partido, además de miembros de la dirigencia nacional. Ahí, les sugirió a los morenistas lo mismo que un día después revelaría él mismo en la conferencia matutina del viernes 30 de agosto: que para evitar “confrontaciones y pleitos” realizaran una encuesta nacional para elegir a su nuevo dirigente nacional.

Pero la “opinión” y el “punto de vista” de López Obrador fueron olímpicamente ignorados por el Consejo Nacional de Morena y por la Comisión de Honestidad y Justicia, cuyos titulares, Bertha Luján y Héctor Díaz Polanco, argumentaron que “los estatutos no permiten la elección de dirigentes mediante el método de encuestas”.

Veremos en qué termina el cuestionado y descalificado proceso interno. Por lo pronto, está claro que al pedir licencia a su militancia, el Presidente dio un primer paso y que si no le gusta lo que suceda en Morena o el rumbo que tome ese partido y si él cree que “se echó a perder” no dudará en dejar a su partido y llevarse hasta el nombre. Y hay muchos grupos políticos, que recibirían felices al Presidente y a los que se fueran con él si abandona Morena, que se calcula serían más de la mitad de los militantes, y esos van desde el Partido Encuentro Social, de Hugo Erick Flores, que busca recuperar el registro, hasta las Redes Sociales Progresistas de Elba Esther Gordillo o el Partido Ambientalista Nacional que busca crear Nicolás Mollinedo, exchofer y asistente de Andrés Manuel López Obrador. Así que la pregunta se mantiene en el aire: ¿se irá AMLO de Morena?
28 Octubre 2019 04:03:00
La ‘trifecta perfecta’ de García Cabeza de Vaca
“Las mujeres en Tamaulipas daremos la sorpresa”, reza un enorme espectacular en las calles de Ciudad Victoria y en las de otras ciudades del estado. Junto a esa leyenda aparece una foto en grande con la imagen de Mariana Gómez Leal, la esposa del Gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca. Al mismo tiempo, en las redes sociales del panismo se reproduce profusamente la imagen de la señora que “quiere dar la sorpresa”, y cuya promoción de su imagen personal forma parte del proyecto político de su esposo rumbo a la sucesión de su gubernatura en 2022.

Y es que Cabeza de Vaca no solo busca emular los pasos del fallecido Rafael Moreno Valle y postular a su esposa para un cargo de elección que, no se descarta pudiera ser la candidatura a gobernadora, sino que además tiene otras dos apuestas con las que el Mandatario panista busca tener en sus manos el control total de su sucesión: por un lado su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, que sería su otra carta para la gubernatura por el PAN, y por el otro su cuñado, José Ramón Gómez Leal, quien es actualmente superdelegado de programas federales en Tamaulipas y podría ser un prospecto de candidato a gobernador para Morena.

Es decir, que el gobernador de Tamaulipas no tiene una, sino tres apuestas familiares, y no está pensando solo en controlar la decisión de la candidatura del PAN en 2022, ya sea con su esposa y su hermano (ella podría como plan B ir de candidata al Senado si no da para la gubernatura) sino que también busca influir en la postulación de Morena, con su cuñado el superdelegado estatal de la 4T.

Así Cabeza de Vaca prepararía la apuesta perfecta para los comicios estatales dentro de año y medio, porque con cualquiera de los tres ganaría él; es lo que en las carreras de caballos se conoce como la “Trifecta”, en la que el jugador apuesta no solo al ganador sino a los tres primeros lugares.

Con todo, su verdadera apuesta es hacer ganar a Acción Nacional y mantener para su partido el Gobierno de Tamaulipas y dejar ya sea a su hermano o a su esposa. Sería una sucesión dinástica por vía de consanguinidad o por afinidad matrimonial, algo que para él sería clave si decidiera ir, una vez definida su sucesión, por la otra gran apuesta que tiene en mente Francisco García Cabeza de Vaca: la candidatura presidencial de PAN en 2024.

En todo este plan político-familiar, en el que la campaña de posicionamiento de su esposa ya está en marcha y su hermano el senador hace constante presencia y proselitismo en el estado, solo hay un pequeño problema: el cuñado del Gobernador, el superdelegado de Programas Federales en el estado, José Ramón Gómez Leal, ha sido denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por utilizar a los “Servidores de la Nación”, la estructura operativa de los programas sociales de la 4T, para hacer proselitismo en favor de su candidatura a gobernador y también en favor de la campaña de Bertha Luján a la dirigencia nacional de Morena.

Así que veremos si al Gobernador le avanza bien su “trifecta” en la carrera rumbo a 2022 con su esposa, hermano y cuñado, o si en el año y medio que falta no se le cae algún jinete o se le cansa algún caballo. Por lo pronto, Cabeza de Vaca juega de dueño del hipódromo, de entrenador y hasta de jinete de su sucesión.
26 Octubre 2019 04:07:00
La filtración que enloqueció al ‘Mayo’ y desató la guerra en Culiacán
La reacción virulenta del cártel de Sinaloa, que lo llevó, en contra de su costumbre, a declararle la guerra al Gobierno federal y a sacar todo su poderío de fuego a las calles de Culiacán el pasado jueves 17, se debió a una filtración que salió desde el Gabinete de seguridad. Según fuentes federales, desde la oficina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo Montaño, se filtró la información de que una célula del Ejército había capturado a Ovidio Guzmán, incluso antes de que los militares extrajeran de la capital de Sinaloa, al presunto narcotraficante.

Cuando personal de la oficina de Durazo comenzó a confirmarle a medios y periodistas que el hijo de Joaquín Guzmán Loera había sido detenido “con fines de extradición a Estados Unidos”, antes de las 6 de la tarde, la reacción del jefe del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, rompió todos los cánones de institucionalidad que suele manejar y ante la amenaza de que el hijo de su compadre “El Chapo” fuera enviado a EU, “El Mayo” dio la orden de sacar a las calles todo el poder armamentístico y de sicarios de la organización del Pacífico para evitar “a cualquier precio” que Ovidio Guzmán “El Ratón” fuera extraditado.

Fue entonces que “El Mayo” tomó el control total del levantamiento armado del cártel sinaloense y ordenó incluso la liberación de los más de 50 reos del penal de Aguaruto, que salieron a reforzar al ejército del narco, que ya para entonces superaba con creces a los 30 soldados que tenían en su poder a Ovidio.

Pero el movimiento táctico que terminó por doblegar al Ejército, al presidente López Obrador y a su Gabinete de seguridad, fue la orden de tomar las unidades habitacionales donde vivían los militares destacamentados en Culiacán y amenazar con que mantendrían como rehenes a las familias, mujeres y niños incluidos, y que empezarían a matar uno por uno de los familiares de los oficiales de la Sedena, hasta que soltaran al hijo de Guzmán Loera.

Eso y los videos donde se mostraba a un grupo de soldados capturados, a los que les habían quitado las camionetas, y se grababa la ejecución de uno de ellos por parte de los sicarios del cártel, fue lo que llevó al Presidente y a los secretarios de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y al jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, a dar la orden a los soldados, que resistían escondidos, con Ovidio Guzmán en su poder, el embate letal de las tropas del “Mayo” Zambada y de Iván Guzmán, de que entregaran al detenido “para evitar más muertes” y que se cumplieran las amenazas de matar a más soldados y a sus familias.

Sedena dirigió el operativo y Durazo quiso colgarse la medalla

Las fuentes que confirmaron la existencia de una filtración que detonó la declaratoria de guerra del cártel sinaloense, confirman también que la organización y ejecución del operativo para detener y extraditar a Ovidio Guzmán, cumplimentando una petición del Gobierno de EU, fue totalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo aparato de inteligencia diseñó la operación de captura “en total sigilo” y sin informar detalles ni tiempos al Presidente ni al resto de las dependencias del Gabinete de seguridad. “Lo que se pretendía era una operación quirúrgica y de bajo perfil, que no llamara la atención, precisamente para evitar una reacción del cártel de Sinaloa”, dice la fuente. “Pero nadie contaba con que, desde el mismo Gabinete de seguridad, cuando se enteraron en otras áreas, se filtraría la información, por personajes que pretendieron adjudicarse el mérito de la detención y colgarse una medalla que no les correspondía, pero además lo hicieron antes de tiempo”.

Hasta antes de que se filtrara, desde la Secretaría de Seguridad, la captura de Ovidio Guzmán, pero sobre todo que se revelara en esa filtración que había una “petición de extradición de EU”, la situación estaba complicada, porque ante los rumores ya habían salido algunos grupos de hombres armados del cártel a las calles, pero todavía el Ejército tenía el control y ya se preparaba el operativo de extracción del detenido, con el envío de helicópteros que lo sacarían de Culiacán con rumbo a la Ciudad de México, para de ahí enviarlo extraditado al Gobierno estadunidense, pero en el momento que al “Mayo” Zambada le avisaron de la intención de extraditarlo, la ofensiva de los sinaloenses escaló, en armamento y en número, hasta el grado de amenazar con matar a mujeres, niños y soldados capturados.

Fue por eso que, cuando desde las 6 de la tarde varios periodistas comenzaron a difundir en sus redes sociales la información “confirmada” que les llegó desde la oficina de Durazo, la guerra en Culiacán estalló con toda la fuerza. Y el cártel sinaloense, que suele declararse un “grupo institucional” que evita la confrontación violenta con el Gobierno y suele mandar mensajes de que su interés solo es comerciar la droga, pero no generar violencia y menos en la capital del estado de donde ellos son originarios, donde viven, conviven y se mueven sus familias, esta vez rompió sus propios códigos y enseñó su poder armado con tal de evitar la extradición del hijo de “El Chapo”.

Esa es la explicación, dicen las fuentes oficiales, de porqué el Ejército tuvo que aceptar una rendición humillante, pero también de por qué, con toda la experiencia de las áreas de inteligencia militar, que durante más de 13 años han coordinado y ejecutado operativos de captura de capos de la droga y criminales peligrosos, esta vez el fracaso fue total y terminó con la entrega de un delincuente capturado no por la falta de preparación, de valor o de capacidad de los militares que habían capturado a Ovidio Guzmán, sino por la filtración y la ambición de funcionarios civiles que quisieron colgarse una medalla que no era suya y que con su protagonismo dejaron en ridículo al Presidente, al Ejército y al país dentro y fuera de nuestras fronteras.


Notas indiscretas

Con ropa sport y como simple mortal, el miércoles, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, fue visto en las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al parecer haciendo trámites para el desbloqueo y descongelamiento completo de sus cuentas y las de sus familiares. Sin el boato de seguridad que le acompañaba cuando era ministro y con una actitud que contrastaba con la soberbia de otros tiempos, el abogado Medina Mora hacía sus trámites y gestiones como cualquier otro ciudadano, claro salvo que él, hasta donde se sabe, sigue siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y por la Fiscalía General de la República. A menos que después de que entregara su escueta y enigmática renuncia le hayan otorgado una carta de impunidad y le hayan dado carpetazo a las investigaciones abiertas que incluso mencionó el presidente López Obrador como causa de su renuncia… Ayer en Tamaulipas estalló un escándalo de presunta corrupción y tráfico de influencias en la delegación regional del IMSS en ese estado, luego de que se revelaran grabaciones de una conversación telefónica en donde el delegado, Juan Manuel Gochicoa Gutiérrez, hablaba con un proveedor de medicinas de la empresa Medigesa, S. A. de C.V. sobre una licitación de medicamentos para ls entidad. El delegado del Seguro Social le pedía al representante de la empresa que “se hiciera a un lado” y renunciara a competir por el contrato para permitir que ganara otra compañía en la que el funcionario tenía especial interés. Anoche el IMSS confirmó que destituyó al funcionario y presentó una denuncia ante la FGR para que se investigue la actuación del delegado Gochicoa Gutiérrez, y se sancione si hubo una conducta ilegal porque “no toleraremos ningún acto irregular o de corrupción”... Los dados mandan Serpiente doble. Semana complicada.
24 Octubre 2019 04:04:00
¿AMLO se va de Morena?
En Palacio Nacional, entre los integrantes de la cúpula del Gobierno, circula una pregunta inquietante: ¿en qué momento y en qué día, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador anunciará su renuncia a Morena y que se va del partido que él mismo fundó y que lo llevó a la Presidencia de la República?

Porque los desacuerdos, el desorden y el enfrentamiento que prevalece en Morena, en el proceso de renovación de su dirigencia nacional, han ahondado la “molestia y la decepción” que el Presidente expresó hacia su partido, en la advertencia que les hizo públicamente desde el pasado 29 de agosto.

Y es que en Morena han ignorado los llamados y las amenazas del Mandatario, como la recomendación que les hizo de renovar su dirigencia mediante el método de las encuestas, por la insistencia de una facción en llevar a cabo un proceso de elección interna con asambleas de militantes que han resultado turbulentas y cuestionadas porque el padrón que se está utilizando no es confiable y fue realizado y controlado por uno de los grupos que buscan la dirigencia.

Pero además de las reyertas internas, lo que ha aumentado la molestia de López Obrador con su partido, son los intentos de un grupo de utilizar los recursos públicos, a través de los delegados federales en los estados, para favorecer la campaña de una de
las candidatas.

Por eso, en la reunión que sostuvo el martes pasado con los 32 superdelegados de cada una de las entidades federativas, y con su coordinador Gabriel García, el Presidente fue muy duro en la amenaza de que se va a despedir e incluso a acusar penalmente a aquellos coordinadores estatales de su Gobierno que desvíen recursos y programas federales para intervenir en el proselitismo de los candidatos de Morena.

“No somos el PRI para repetir lo que nos hicieron a nosotros, fraudes con el aparato y los recursos del Estado. Hacer proselitismo con el dinero público ya es delito grave por iniciativa de nosotros mismos y se va a despedir y a aplicar la ley a aquellos que lo hagan desde este Gobierno”, les advirtió López Obrador a sus superdelegados y al propio Gabriel García, incluso con algunas palabras subidas de tono.

El ambiente, en esa reunión de Palacio Nacional, cuentan algunos de los asistentes, fue totalmente tenso y ante el fuerte regaño y la amenaza del Presidente, varios de los coordinadores estatales volteaban a ver a Gabriel García, pues según afirman algunos de ellos, fue el coordinador de Programas Federales de la Presidencia, quien les pidió movilizarse para apoyar la candidatura de Bertha Luján.

Así que, ante el desgarriate morenista, y la incapacidad del partido gobernante de resolver sus pugnas y estar a la altura de lo que les exige la cuarta transformación, que nadie se sorprenda si un día de estos, desde la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que se va de Morena.

No sería la primera vez que abandona a un partido que fundó y dirigió, ya lo hizo con el PRD y antes con el PRI. Solo que ahora, siendo Presidente, el hecho cobraría una nueva dimensión y, todo indica que sin AMLO Morena se desinfla y, según estimaciones internas, más de la mitad del partido seguiría al Presidente y abandonaría también las filas morenistas. ¿Qué pasaría si eso ocurre en las elecciones intermedias de 2021?
23 Octubre 2019 04:02:00
Mentiras, deslindes y responsabilidades, Culiacán cimbra a la 4T
A la luz de las contradicciones, el cambio de versiones y posturas, deslindes, ocultamiento de información y hasta mentiras que hemos escuchado en el Gobierno de la República sobre la crisis en Culiacán el jueves pasado, está claro que el fallido operativo de captura y liberación de Ovidio Guzmán, la rendición del Ejército y las responsabilidades penales que se configuran en las decisiones y acciones que derivaron en los hechos ocurridos en la capital de Sinaloa, están provocando un cisma en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en su Gabinete de Seguridad Federal.

Porque amén de la desinformación oficial que priva en este caso y las versiones encontradas que han manejado los responsables en esta crisis, están emergiendo datos, acciones y consecuencias que conducen el tema al ámbito de las responsabilidades públicas, oficiales y penales en las decisiones erróneas que se tomaron desde el Gabinete de Seguridad y que fueron la causa de una situación límite que puso en riesgo la vida de miles de personas, desde la población civil, hasta los militares y sus familias que fueron tomadas como rehenes y amenazadas de muerte.

El indicador más claro de la tensión que Culiacán ha provocado en el Gobierno de la 4T, es el deslinde abierto que ayer hizo el presidente López Obrador de la decisión de enviar un operativo mal hecho a capturar al hijo de “El Chapo” Guzmán a la cuna del cártel de Sinaloa. “Yo no estaba informado, no me informan en estos casos porque hay una recomendación general. Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa (Sedena)”, dijo ayer el presidente, contradiciendo totalmente sus afirmaciones de apenas 24 horas antes, en donde sostuvo que sí supo del operativo: “El Presidente de México tiene información y sabe muy bien todo lo que está sucediendo y toma las decisiones”.

¿Qué pasó en menos de un día para que López Obrador se desdijera y se deslindara de la decisión de su Gabinete de seguridad que él mismo avaló y respaldó el viernes pasado, un día después de los hechos? Todo indica que alguien de su círculo más cercano, que conoce de leyes y que sabe de las responsabilidades penales que se configuran en la liberación de un presunto delincuente detenido, asesoró al Presidente y le recomendó no asumir una responsabilidad que podría derivar en una acusación penal grave, que incluso amerita cárcel.

Porque hay por lo menos dos ordenamientos legales que claramente se refieren al delito de evasión de un detenido, procesado o condenado y de las graves penas en que incurre quien ayude a los servidores públicos o integrantes de las Fuerzas Armadas que ayuden a escapar o liberen a un delincuente sea presunto, procesado o sentenciado. Y podrían aplicarse no solo a los soldados o guardias nacionales que liberaron a Ovidio Guzmán, sino también a los mandos superiores que les dieron la orden de soltarlo cuando ya lo tenían detenido o ubicado, es decir desde el Presidente hasta sus secretarios del Gabinete de Seguridad.

El primer precepto legal que se configura en los hechos de Sinaloa se refiere al Título Cuarto del Código Penal Federal, Delitos contra la Seguridad Pública, que en su capítulo 1, Evasión de Presos dice en el Artículo 150: “Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impodrán de siete a 15 años de prisión o bien, en tratándose de la evasión de un condenado se aumentarán hasta 20 años de prisión”. Luego añade: “Si quien propicie la evasión fuese servidor público se incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este Artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a 12 años”.

Si ese Artículo ya es delicado y aplicable a toda la cadena de mando que participó en la decisión de liberar a Ovidio Guzmán –y según versiones del corresponsal del NYT también dejar escapar a Iván Guzmán, el jefe y heredero de “El Chapo” y quien organizó la rebelión del cártel de Sinaloa con el apoyo de su tío Ismael “El Mayo” Zambada– hay otro en el Código de Justicia Militar que suena aún más delicado. En el capítulo IV Bis titulado, Traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas, establece en su Artículo 275 inciso Tercero: “Se sancionará con pena de prisión de 15 a 60 años y baja de la Fuerza Armada que corresponda, al militar que: (y en el apartado XI) Ponga en libertad a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa o proteja o facilite su fuga”. Y aunque ese precepto no aplica a todos los miembros del Gabinete de Seguridad, sí lo hace para aquellos que formen parte de las fuerzas armadas, a saber el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, el comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, y el comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Andrés Manuel López Obrador.

¿Es eso lo que explica por qué han comenzado los deslindes y la contradicción en declaraciones y posiciones entre el titular del Ejecutivo, la Secretaría de la Defensa y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana? ¿Quién dio la orden de mandar el fallido operativo de captura en Culiacán y quién la de liberar al detenido narcotraficante Ovidio Guzmán? Lo dicho: Culiacán está cimbrado y marcará a la 4T…Los dados mandan Escalera doble. Subimos.
22 Octubre 2019 04:02:00
La ‘lista negra’ de los peñistas en la mira de la 4T
En lo que parece ser un estrechamiento del cerco en torno a Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha pedido información detallada de los movimientos financieros y bancarios de 56 políticos, empresarios, excolaboradores y amigos del expresidente de México, todos ellos originarios o avecindados en el Estado de México, y a quienes están rastreando lo mismo en la banca privada y en las Sofom, que en sus “operaciones inusuales”, que en peticiones a la Fed de Estados Unidos, vía la embajada en México, y la Interpol, o en información pedida a la Unión Europea, a la Defensa y la Marina, en la Plataforma México, que en los tribunales penales y administrativos.

La lista de peñistas y mexiquenses, todos vinculados al Grupo Atlacomulco y cercanos al expresidente Peña Nieto, incluye desde el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; su oficial mayor, Rodrigo Ramírez Reyes; el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el extitular de Sedesol, Luis Miranda Nava; el exdirector de la CFE y exdirigente del PRI y actual diputado federal, Enrique Ochoa Reza, y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, hasta el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos; el exsecretario particular, Erwin Lino; el exvocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández; el exsecretario auxiliar y actual diputado federal del PVEM, Jorge Corona Méndez; el extitular de la UIF de Hacienda, Alberto Bazbaz; el extitular de Capufe, Benito Neme Sastre; la excoordinadora de Estrategia Digital de Los Pinos, Alejandra Lagunes, y el exsecretario de Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar.

A todos ellos se les rastrean además sus vuelos nacionales y extranjeros, tanto privados como comerciales con rutas y destinos; sus compras en agencias de vehículos, y autos en el Registro Público Vehicular y en los estados, sus movimientos en notarías públicas, y se solicita un Reporte Blanco y del antiguo Cisen, además de que son objeto especial de un seguimiento por parte de un equipo especial de la SHCP y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Una fuente del Gobierno de la República confirmó que derivado de los hallazgos de estas investigaciones se solicitará a la Fiscalía General de la República que inicie carpetas de investigación en contra de los políticos y empresarios mexiquenses, cuya información será “administrada y dosificada” para, en los casos en que se detecten irregularidades o delitos graves que perseguir, solicitar las investigaciones y las posibles órdenes de aprehensión en contra de quienes hayan incurrido en violaciones legales.

En la “lista negra” de peñistas mexiquenses también aparecen los empresarios Armando Hinojosa Cantú, constructor y compadre de Peña Nieto y quien financió la “Casa Blanca” de Las Lomas; Francisco Funtanet Mange, Gabino Fraga Mouret, José Chedraui Budid, quien operó el esquema de las tarjetas Monex para financiar la campaña de Peña; Ricardo San Román Dunne, Jorge Antonio Haua Rancher y José Miguel Bejos.

El listado en poder de la UIF la completan Alejandro Quintero Íñiguez, publicista y exvicepresidente de Televisa y acusado de producir documentales y campañas negras en contra de Andrés Manuel López Obrador; Luis Maccise Uribe, empresario de medios que adquirió varias empresas en el sexenio anterior; Juan Carlos Morales, exfotógrafo oficial de Los Pinos; Gustavo Cárdenas Monroy; Luis Felipe Puente Espinoza, exdirector de Protección Civil de Segob; Manuel Cadena Morales, Ricardo de la Cruz Musalem, Fernando Florez Fernández, Erasto Martínez Rojas, Maribel Cervantes Aguirre, Xavier Lazcano Díaz, Gabriel O’Shea Cuevas, Eustaquio de Nicolás Gutiérrez, Pedro Acra Negrete, José Manzur Quiroga, exsecretario de Gobierno del Edomex; Carlos Rello Lara, extitular del Fondo de Expropiación de los ingenios azucareros; Daniel Madariaga Barrilado, Eduardo Gasca Pliego, Jesús Alcántara Núñez, Eduardo Luque Altamirano, José Antonio Rodarte Leal, Óscar Callejo Silva, Isaac Gamboa Lozano, Antonio Chemor Ruiz, Ricardo Mercado Galán, Héctor Velasco Monroy, Evangelina Lara Alcántara, César Nomar Gómez Monge y Adrián Fuentes Villalobos.

La pregunta, con tantos peñistas del círculo cercano político, empresarial y de colaboradores, que están siendo investigados en sus movimientos y manejos financieros, es cuántos de ellos serán llamados a cuentas por la FGR y cuántos de esa larga “lista negra” estarían dispuestos a “cantar” o a dar información que conduzca a la punta de la pirámide que los une a todos: el expresidente Enrique Peña Nieto. Será cuestión de tiempo para ver cuántos de los políticos, empresarios, exfuncionarios y colaboradores empiezan a aparecer en investigaciones judiciales que, según insisten las fuentes gubernamentales, no serán sacados todos de golpe sino, poco a poco, conforme la cuarta transformación vaya requiriendo de un poco de “sangre” y otro poco de “caja china” para enfrentar los tropiezos y complicaciones naturales en cada Gobierno.

Y como el momento actual, con todo lo que pasó en Culiacán, generó una fuerte crisis al interior del Gobierno de López Obrador, no sería raro que por estos días salieran algunos nombres de peñistas y mexiquenses encumbrados desde la Fiscalía General de la República.
21 Octubre 2019 04:07:00
¿AMLO juró sobre la Constitución o la Biblia?
El presidente Andrés Manuel López Obrador llevó ayer al terreno moral y religioso el debate nacional sobre la actuación de su Gobierno y su Gabinete de Seguridad en Culiacán, Sinaloa, el jueves pasado. Al defender su decisión de liberar a un presunto narcotraficante detenido y haber rendido al Ejército y a su Guardia Nacional ante el poder armado de grupos criminales, como una “decisión muy difícil, pero muy humana”, el titular del Ejecutivo sostuvo que “la paz, la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia, la hermandad, el amor al prójimo, esa es la filosofía, esa es la doctrina de este Gobierno”.

Incluso, dijo que no le importa que “los conservadores, los autoritarios quieran que se gobierne de otra manera, ya ellos lo hicieron y no dio resultados, enlutaron a México, convirtieron a México en un cementerio. Esa estrategia de apagar el fuego con el fuego, de combatir la violencia con violencia nunca más”.

Extrañamente, en toda la argumentación de López Obrador para justificar su polémica decisión, no aparece nunca la aplicación de la ley, el cumplimiento de la Constitución y de todas las leyes que de ella emanan, tal como él juró al rendir protesta como Presidente. Aparecen sí conceptos pacifistas, morales y hasta religiosos como la “no violencia”, la “hermandad” y “el amor al prójimo”.

Y la pregunta obligada que surge es si ¿al Presidente le importan más sus creencias y convicciones personales a la hora de gobernar que lo que dicen las leyes y la Constitución de la República?

Por qué cuando dice que la decisión fue “difícil” y que tuvieron que optar por “las vidas humanas”, lo que no dice el presidente López Obrador es que esa situación no se generó de manera espontánea, y que el peligro para esas vidas humanas lo generaron sus mismos secretarios del Gabinete de Seguridad, al haber ordenado y enviado un operativo mal diseñado, que no tomó en cuenta ni el nivel del narcotraficante que iban a detener, ni el lugar en donde querían detenerlo y menos la capacidad de respuesta de un grupo criminal como el cártel de Sinaloa, que además estaba en su tierra y con todo el control territorial.

Y ante el desastre y el caos que ellos mismos generaron por decisiones negligentes e incapaces, en vez de buscar una salida legal y constitucional, a la que estaban obligados, optaron por negociar la ley con el crimen organizado, aduciendo principios “humanistas y pacíficos”.

Si esa es la “doctrina de su Gobierno” ¿para qué entonces mandaron a 25 soldados a Sinaloa a capturar, sin el apoyo de fuerza suficiente, a Ovidio Guzmán? Si no tenían la capacidad ni la decisión de ejecutar una acción tan arriesgada, no debieron entonces actuar de la forma en que lo hicieron.

Y ahora para tratar de enmendar el fuerte daño que se hicieron ellos mismos y que le causaron al Estado y a la sociedad, al rendirse ante criminales armados y mandar el mensaje que los que mandan son los delincuentes, justifican esa grave decisión con un discurso de “paz y hermandad”.

Decir que decidió no enfrentar a un grupo de criminales armados, “para salvar vidas humanas” es una forma dramatizada de encubrir una actuación inepta de su Gabinete de Seguridad. Porque al verse rebasados en número y en armamento por el cártel de Sinaloa, el Gobierno tenía la posibilidad de mandar refuerzos y apagar lo que ya era una “rebelión” del crimen organizado.

Al no hacerlo se salvaron sí las vidas de los soldados, que ya estaban copados cuando no secuestrados, pero también se salvaron la vida de los criminales, los que se sublevaron contra el Gobierno y los más de 50 asesinos, secuestradores y violadores que fueron liberados de la cárcel de Aguaruto para apoyar al cártel como sicarios. La población civil, para esas horas, ya estaba toda resguardada. Así que el Presidente debería ser más claro en su discurso: no quisimos sacrificar a más soldados y preferimos rendirnos a ser humillados con una derrota.

La posición del Presidente en estos momentos difíciles y de crisis para su Gobierno, define claramente qué lo que más le importa a este Gobierno no es el cumplimiento de la ley, sino la actuación según las convicciones y creencias del Ejecutivo.

Y eso remite a una pregunta que se plantea el politólogo y filósofo italiano, Norberto Bobbio, en su libro El Futuro de la Democracia: ¿Gobierno de los hombres o gobierno de las leyes?, una interrogante que siempre se han planteado los estudiosos de la filosofía política para dilucidar si un buen gobierno ¿es aquel en el que los gobernantes son buenos porque respetan las leyes, o bien aquel en el que son buenas las leyes porque los gobernantes son sabios?

Citando textos clásicos y reflexiones de estudiosos del Derecho y del Estado, Bobbio explica, de forma sintetizada, que el Gobierno de leyes es aquel donde el gobernante decide con las leyes y evita incurrir en arbitrariedades o en aplicar su juicio sobre lo justo y lo injusto, al sujetarse a normas y a las leyes generales que privan para todos sin distingo de intereses y no ejercer el poder parcialmente y en defensa de intereses privados; en el caso del Gobierno de los hombres no importan tanto las leyes como la sabiduría del gobernante, el hombre “regio” y “sabio” que busca dar a cada quien lo suyo y que no necesita sujetarse al imperio de las leyes porque parte de la idea de que es un “buen gobernante”.

El mismo autor concluye más delante de su texto que “la respuesta ampliamente predominante a lo largo de los siglos ha estado en favor de la superioridad del gobierno de leyes, generalmente ha sido negativo el juicio sobre aquellos a los que la suerte o la virtud, o una combinación de ambas (por emplear las conocidas categorías de Maquiavelo) han puesto en condiciones de regir los destinos de un Estado”.

Tal vez ese sea el verdadero “punto de inflexión” que nos deja la crisis de Culiacán, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya definió claramente que lo que a él más le importa son sus convicciones y sabiduría personal más que lo que digan las leyes.

Así que en lo que reste de su Gobierno habrá que atenerse a que, en cualquier situación que amerite una decisión de aplicar la ley en este país, por encima de lo que diga la Constitución y las leyes, estarán siempre los conceptos personales y morales del jefe del Ejecutivo, “aunque no les guste a los conservadores”.

19 Octubre 2019 04:08:00
La crisis de Sinaloa marcará a la 4T
Reconocida ya al interior del gobierno como la “crisis más grave” que hayan enfrentado en estos 11 meses, lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, sacudió fuertemente a la administración del presidente López Obrador, al grado de que anoche fuentes bien informadas del Palacio Nacional, aseguraban que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, le presentó su renuncia al Mandatario pero que éste decidió no aceptarla.

Y es que más allá de argumentos, pretextos y justificaciones que se invoquen –sean de “privilegiar la paz”, “salvar vidas” o “hacer las cosas diferentes”– la crisis de Culiacán representa un hecho sin precedentes que marcará un antes y un después en la llamada Cuarta Transformación y que, a querer o no, provoca un daño incuestionable a la imagen del Presidente no sólo ante los mexicanos, sino ante el mundo.

Ningún jefe de Estado al que un grupo armado, sea criminal o subversivo, lo desafíe de esa manera, le secuestren y le maten cruelmente a soldados y le tomen una ciudad entera, y como única respuesta a todo eso decida finalmente rendirse y entregar a un presunto delincuente al que tenían copado y detenido, saldrá bien librado de una decisión tan difícil como polémica.

Primero porque renuncia a su principal obligación y facultad, que es la de garantizar la seguridad de sus gobernados, con la aplicación de la ley y del monopolio de la fuerza que esa misma ley le concede; y segundo porque la población no lo eligió para ser sólo un predicador que proclama la paz y la no violencia con muy buenas intenciones, pero no demuestra que esté tomando acciones reales, contundentes y necesarias para garantizar esa paz, más allá de plegarse o rendirse ante los criminales.

Al impacto de la orden presidencial del jueves por la noche, porque la decisión de rendir y retirar al Ejército entregando a Ovidio Guzmán al Cártel de Sinaloa no pudo ser de nadie más que del Presidente como jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, se suma el error garrafal de un pésimo operativo, mal planeado y peor ejecutado, que decidió mandar a una de las plazas más importantes del narcotráfico, cuna del Cártel del Pacífico, a 25 soldados para cumplir una orden de aprehensión –hoy se sabe que con fines de extradición a los Estados Unidos– en contra de un desconocido hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán, lo que terminó desatando la peor crisis de seguridad que se recuerde en los últimos años y una solución que también es tan controvertida como inédita.

Si el Presidente decide no aceptar las renuncias, si es que se presentaron, de sus titulares del gabinete de seguridad, no por la decisión que él tomó y respaldó de abortar la detención de un presunto criminal, sino por la planeación y ejecución equivocada de un operativo judicial y militar que terminó en crisis y le costó la vida a algunos soldados secuestrados y masacrados por los sicarios del crimen organizado, entonces el daño será mayor y total para él mismo.


¿CAMBIO NECESARIO DE ESTRATEGIA O CONVICCIÓN DOCTRINARIA?

El efecto de desgaste, a tan sólo unas horas de lo ocurrido, ya se siente en una estrategia de seguridad que perderá toda confianza y certidumbre no sólo de los mexicanos sino también de otros países donde deja la percepción de un gobierno rebasado y sometido por la delincuencia. Ya comenzaron las voces, dentro y fuera del mismo gobierno y de la 4T, a sugerir o reclamar un “cambio urgente” una “rectificación” o un “golpe de timón” a la fallida estrategia que ayer sucumbió y se hundió junto con la dignidad de las fuerzas armadas, obligadas a rendirse y capitular.

Porque cuando se habla de “cambiar la estrategia” no necesariamente se aboga por una respuesta violenta, como la que quiere evitar a toda costa el Presidente, sino por muchas otras medidas, de inteligencia y coordinación intergubernamental, de golpes financieros contundentes a los cárteles y de decomisos patrimoniales y desmantelamiento de la red de narcopolítica y narcoempresarial que lava las millonarias ganancias del crimen organizado mexicano.

Aunque lo quiera ver o no, aunque insista en que “vamos muy bien” y que no va a hacer las cosas de otra manera, la seguridad ya no sólo es el problema mayor y prioritario que enfrenta AMLO. A partir del “jueves negro” en Culiacán y de la decisión presidencial de replegar, rendir y capitular al Ejército y con él a la fuerza del Estado mexicano, la seguridad de los mexicanos se convirtió en un tema de emergencia nacional para este gobierno, la obligación más apremiante.

Y para hacerlo, algo distinto y realmente efectivo tendrán que idear, porque esta semana violenta que tuvimos en el país, cerrada con la peor crisis que haya enfrentado este gobierno, dejan muy claro que ya no les va alcanzar sólo con un discurso retórico a favor de la paz y con reuniones muy tempranas del gabinete de seguridad... Los dados mandan Escalera doble.

18 Octubre 2019 04:01:00
Del Estado fallido al Estado rendido y derrotado
Un Gobierno que decide negociar la paz ante la fuerza de las armas del crimen organizado, es un Gobierno que se rinde y capitula al sentirse rebasado y derrotado por la capacidad de violencia de los delincuentes. Pasamos así, con la inédita entrega de un presunto criminal que es devuelto a los grupos armados que exigieron su liberación a balazos y tomando y sitiando la capital de una entidad federativa, de un Estado que parecía fallido, a un Estado rendido y sometido por la capacidad de fuego y desestabilización del narcotráfico.

Porque al haber entregado ayer al hijo de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, con el argumento de “garantizar la paz y la seguridad de la población”, el Gobierno del presidente López Obrador y su gabinete de seguridad claudicaron a su obligación y facultad máxima y decidieron ceder el monopolio de la fuerza y la violencia, que les concede la Constitución, a los criminales que pudieron más con el poder de sus balas y su despliegue armamentístico y doblegaron a todas las fuerzas federales y estatales y a su comandante en jefe.

Si la detención de un hijo del “Chapo” desató tanta violencia por la innegable capacidad de fuego y movilización del Cártel de Sinaloa, el Estado y sus instituciones de seguridad debieron haber enviado todo su poderío para aplastar a los sicarios, que al tomar y sitiar ayer toda una capital estatal, de uno de los estados más productivos del país, se convirtieron en una fuerza rebelde y sublevada a la que el Gobierno debía haber enfrentado, sometido y derrotado con toda su capacidad y fuerza. No haberlo hecho, esgrimiendo que se quería preservar la paz y la seguridad, significa que este Gobierno se reconoce impotente y débil para enfrentar una amenaza real a la estabilidad de toda una ciudad y sus habitantes.

Se manda así el peor de los mensajes no solo a los grupos del crimen organizado y narcotráfico que ya de por sí llevan más de una década desafiando al Estado, sino a todo el mundo: en México el Gobierno no puede ni quiere usar legítimamente la fuerza que la ley le concede para garantizar el orden y la prevalencia de la certidumbre y la seguridad de la población. Si eso pudo hacer, en unas horas, el dividido y fragmentado Cártel del Pacífico, que no es hoy el grupo más poderoso y violento del narcotráfico mexicano, ¿qué no podrían hacer otros cárteles que hoy tienen mucho más poder logístico, de fuego y mayor presencia y control a nivel nacional que los sinaloenses, como por ejemplo el Cártel Jalisco Nueva Generación? Solo pensarlo asusta y nos hace sentir una gran vulnerabilidad total como país.

Si López Obrador y su fallido gabinete de seguridad ya de plano se rindió y declinó usar la fuerza que legítimamente le concede la Constitución y le otorgaron de manera clara la mayoría de los votantes, entonces tendrá que tener otra estrategia, de combate al dinero, a la narcopolítica o a golpear y confiscar a fondo los bienes patrimoniales del crimen, porque si unos cientos de sicarios, armados eso sí hasta los dientes, pudieron desquiciarle una ciudad como Culiacán en unas cuantas horas, doblegarlo y obligarlo a rendirse y a entregar a un presunto criminal que había sido capturado legalmente, entonces el resto de los mexicanos estamos por nuestra cuenta y en la indefensión total con un Estado rendido.
17 Octubre 2019 04:02:00
Caerán más cabezas de líderes sindicales
El Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dialoga con varios dirigentes de sindicatos importantes para promover rotaciones ordenadas en las cúpulas del sindicalismo, a partir de la salida de los actuales secretarios generales o presidentes, que den paso a la elección de nuevos dirigentes que sean electos mediante procesos democráticos en los que voten de manera libre y secreta los trabajadores para elegir a sus representantes.

Por encargo directo del presidente López Obrador, la secretaria Olga Sánchez Cordero, que fue la encargada de negociar la renuncia de Carlos Romero Deschamps, que se concretó ayer, ha iniciado también conversaciones con Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE), organismo cúpula que aglutina a los sindicatos de la burocracia federal; con Carlos Aceves del Olmo, actual dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y hasta con el dirigente de telefonistas, Francisco Hernández Juárez.

La intención del Gobierno de la 4T es buscar que los actuales dirigentes de esos y otros sindicatos nacionales importantes, tanto públicos como privados, ayuden a facilitar la aplicación y consolidación de la reforma laboral aprobada en abril pasado por el Congreso federal y cuyos postulados de libertad y democracia sindical, junto al Nuevo Sistema de Justicia Laboral que desaparece las corruptas juntas de Conciliación y Arbitraje y las sustituye por salas Especializadas de Justicia Laboral, que se integran al Poder Judicial de la Federación, fueron parte de los condicionamientos que pidió el Congreso de Estados Unidos, especialmente la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, para otorgar su aprobación pendiente al nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

Sánchez Cordero, se ha reunido en varias ocasiones con los mencionados líderes sindicales. Lo hizo también con Romero Deschamps y es la responsable de buscar, mediante el diálogo y la operación política, que las actuales dirigencias, sobre todo con las que ya tienen varios años al frente de los sindicatos en los que se han mantenido a través de varias reelecciones, acepten transitar de manera voluntaria y ordenada, hacia la elección de nuevos dirigentes mediante las nuevas leyes que obligan a que haya votaciones libres de los trabajadores.

Así que la salida ayer del líder del sindicato petrolero durante los últimos 26 años, podría ser la primera de un “efecto dominó” que incluiría a dirigentes como Ayala Almeida, que tiene ya 21 años al frente de la FTSE, a la que llegó a dirigir en 1998; o el dirigente Carlos Aceves del Olmo, que aunque tiene apenas tres años al frente de la CTM, lleva toda la vida siendo parte de la cúpula de la que fuera durante décadas la central obrera priista más importante, además de que tiene graves problemas de salud; y el otro que estaría en pláticas con Gobernación para pactar su salida es Francisco Hernández Juárez, el líder que lleva ya 43 años al frente del sindicato de los telefonistas, a donde llegó en 1976, cuando Telmex era una empresa paraestatal encabezando un movimiento democrático, y es hoy en día el más sempiterno de los líderes sindicales, solo superado por Fidel Velázquez, el histórico líder de la CTM que duró 47 años como secretario general, desde que fue electo en 1950 hasta que murió en 1997.

Así que, parafraseando al deporte nacional, varios de los líderes del charrismo sindical que sobreviven en México, tendrán que hacer el “paso de la muerte” para buscar una salida digna y negociada con el Gobierno de la 4T, antes de que, como a Romero Deschamps, les inicien investigaciones de sus considerables fortunas en la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Empezó la temporada de charros.

NOTAS INDISCRETAS…
Todo parece estarse encaminando a que la Ley Bonilla termine quedando firme y que la gubernatura de Jaime Bonilla Váldez termine siendo de cinco y no de dos años. Porque después de la cuestionada “consulta popular” en Baja California y su resultado, por fin apareció el decreto de Reforma Constitucional que estaba perdida en el Congreso de aquel estado y aunque ya la entregaron a la Oficialía de Partes del Gobierno del Estado, será hasta el viernes, según ha dicho el gobernador saliente Federico Vega, cuando la promulgue en el Diario Oficial del Estado. Es decir que si se publica el viernes 18, dependiendo de la hora, y descontando el fin de semana, las impugnaciones y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezarán a llegar hasta el lunes 21 y, en lo que le dan trámite y llega finalmente al Pleno de los ministros, pasarán algunos días más. Se ve difícil, muy complicado, que la Corte pueda analizar y dictar sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley Bonilla en una semana. Y el 1 de noviembre, Jaime Bonilla rinde protesta como Gobernador ante el Congreso local. Si lo hace y tomando en cuenta que la constancia como Gobernador electo que le entregaron en el Instituto Estatal Electoral de Baja California no establece cuánto va a durar el cargo, podría pasar que cuando en la Corte tengan que votar el asunto, el hecho a revisar ya esté consumado y entonces los ministros podrían decir que, al tratarse de un “acto consumado” ya no hay materia sobre la que dictar constitucionalidad. ¿Será que todo se armó para que así termine el debate nacional que desató el caso de Baja California, que abriría una peligrosa puerta a la modificación de la duración de los cargos de elección más allá de lo que se vote en las urnas?...Se lanzan los dados. Escalera doble.
16 Octubre 2019 04:05:00
La caída de Romero Deschamps
Hace un par de meses, Olga Sánchez Cordero se reunió en privado con el líder del sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps. El encuentro había sido solicitado por la secretaria de Gobernación y a la cita acudió puntual el sempiterno dirigente del sindicato de Pemex.

Ahí, recibió un mensaje del Presidente: “que considere su renuncia anticipada a la dirigencia del sindicato para dar paso a la elección de una nueva dirigencia por voto abierto, directo y secreto de los trabajadores petroleros”.

Romero Deschamps salió de aquel encuentro con el compromiso de que prepararía las cosas para una “transición pacífica” en la dirección nacional del SNTPRM, y desde entonces se dedicó a planear el momento de su salida de la secretaría general que finalmente se hará oficial en este miércoles, a pesar de que todavía le quedaban cinco años para concluir el periodo para el que fue reelecto el 11 de diciembre de 2017 y que terminaba hasta el 2024.

Solo el primer mensaje se lo dio Olga Sánchez Cordero y posteriormente los términos, tiempos y acuerdos para su salida los negoció con otros personajes cercanos al Palacio Nacional con los que Romero Deschamps siempre mantuvo un diálogo fluido con el que intentó evitar cualquier embate de la 4T en su contra y prefirió pactar una salida tersa y negociada, que incluye la inmediata convocatoria para una elección democrática entre las distintas secciones sindicales de Pemex para votar a un nuevo secretario general.

Con todo, el enriquecido dirigente petrolero no se salvó de que ayer el presidente López Obrador confirmara que sí hay investigaciones abiertas en su contra en la Fiscalía General de la República y que “si él quiere renunciar (a la dirigencia del sindicato) está en su derecho, como lo hizo también el ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, pero eso no evitará que se sigan las investigaciones que hay sobre su dirigencia sindical”.

Y es que por la forma en que él llegó a la dirigencia del sindicato petrolero hace 26 años, después de cuatro años del “Quinazo” de Carlos Salinas de Gortari contra el dirigente Joaquín Hernández Galicia, y para desplazar a los secretarios de transición, los quinistas Salvador Barragán Camacho y Sebastián Guzmán Cabrera, Romero Deschamps sabe muy bien el precio de enfrentarse a un Presidente de la República y, al mismo tiempo, sabe también lo que puede lograr una buena “negociación y sumisión” al gobernante en turno, pues así fue como construyó su emporio político y económico en las últimas dos décadas al frente del sindicato petrolero, en el que no solo acumuló cargos como senador y diputado para él y los suyos, sino también amasó una considerable fortuna que ha sido denunciada por los trabajadores petroleros y que es parte de lo que investiga la FGR.

Todavía está por verse si es verdad lo que dice el presidente López Obrador de que lo seguirán investigando una vez fuera de la dirigencia sindical por acusaciones de corrupción y lavado de dinero o si, como parte de su salida, el líder tampiqueño negoció también un “perdón y olvido” del Gobierno de la 4T con el que siempre colaboró y se plegó desde la campaña del hoy presidente de la República.

Por lo pronto lo que sí es un hecho incontrovertible es que, con la caída hoy de Romero Deschamps, se suma una cruz más a los asistentes a la llamada “boda maldita” de la hija del abogado Juan Collado, que se celebrara aquel sábado 18 de mayo en el “venue” de Jajalpa, en el Estado de México.

El líder petrolero es otro de los invitados a aquel evento, al que también acudió como invitado principal el expresidente Enrique Peña Nieto, lo que tanta molestia causó en la 4T.

Aquella boda y la difusión de sus videos en las redes sociales detonaron una serie de investigaciones por temas de corrupción, desvío de recursos y lavado de dinero por la que ya han sido acusados el propio anfitrión de aquella boda, Juan Collado, preso; Rosario Robles, presa; Eduardo Medina Mora, ministro renunciante de la Suprema Corte; Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, señalado por tener una cuenta en Andorra; y ahora Carlos Romero Deschamps, que renuncia a la dirigencia del poderoso sindicato de Pemex. ¿Quién es el próximo?…

Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.
15 Octubre 2019 04:07:00
De operador de Duarte a secretario en Morelos
Derivado de una investigación iniciada en 2016 por la extinta PGR, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda tienen abierta una investigación en contra de Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, actual secretario de Gobierno del estado de Morelos, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de empresas fantasma que formó con la complicidad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente bajo proceso.

Pese a los antecedentes delictivos con que cuenta, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo mantiene a Ojeda Cárdenas como secretario de Gobierno y, según denuncias de diputados locales de oposición que pidieron el anonimato, Pablo Héctor “es el encargado de recaudar los ‘moches’ entre empresarios y funcionarios y junto con Ulises Blanco Bravo, el influyente medio hermano del Gobernador, toman importantes decisiones en Morelos, entidad que se encuentra sumida en la violencia e inseguridad.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público Federal, en 2016 se realizó una denuncia en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como de su círculo cercano, formado por varios colaboradores, amigos y funcionarios que fungían como prestanombres y operadores financieros.

Según indagatorias de la FGR, la lista la integran 34 personas, en la que figura Ojeda Cárdenas. Derivado de ello, se inició la carpeta de investigación FED/SEIDF-VER/0000691/2016 iniciando las diligencias de la investigación, como es la búsqueda de antecedentes mediante el oficio girado por la entonces Procuraduría General de la República CGI-II-052/2016.

Entre los avances de las indagatorias se logró identificar la utilización de un esquema empresarial en donde participaron familiares y personas de confianza de Javier Duarte, para la creación de 400 empresas fantasma con el objetivo de desviar 3 mil 617 millones de pesos. En varias de esas empresas aparece el nombre de Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, quien fungía como integrante del Consejo de Administración.

Durante la administración de Duarte en Veracruz, Ojeda mantuvo una posición estratégica en la red delictiva como operador financiero, con el objetivo de ocultar y encubrir los recursos provenientes del enriquecimiento ilícito, señala la investigación de la desaparecida PGR, con base en la cual la Fiscalía y la UIF mantiene abierta la investigación sobre los operadores financieros de Duarte.

Será cuestión de ver si en la FGR y la UIF deciden reactivar e ir a fondo en las investigaciones que involucran al secretario de Gobierno o, si por tratarse de un gobierno afín a la 4T, como es el de Cuauhtémoc Blanco, prefieren dejarlo pasar y congelar la carpeta judicial. ¿Será que, como no se trata de opositores, sino de “amigos” a Ojeda le darán la gracia de no ser acusado por su participación en las redes de corrupción y desvíos millonarios de Javier Duarte? A lo mejor don Alejandro Gertz se apega fielmente a la máxima juarista: “A los enemigos justicia; a los amigos justicia y gracia, cuando quepa esta última”.
14 Octubre 2019 04:03:00
Contratos millonarios y sin licitación en Turismo y la SEP
Sin explicar de manera clara y suficiente por qué no se puede licitar y por qué prefieren cancelar “por excepción” las licitaciones públicas para otorgar por Adjudicación Directa a proveedores previamente seleccionados, dependencias como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Turismo han otorgado varios contratos en los últimos meses por montos que superan los 25 millones de pesos en la primera y los 42 millones de pesos en la segunda.

En ambas secretarías, los montos adjudicados de manera directa, además de los servicios que se contratan, no siempre observan la normatividad legal que dicta la Secretaría de la Función Pública, ni el discurso de “austeridad republicana” ordenado por el presidente López Obrador.

En el caso de la SEP, que encabeza Esteban Moctezuma Barragán, su Unidad de Administración y Finanzas aprobó, el 17 de septiembre, la adjudicación directa de un contrato por 25 millones de pesos a la empresa Eventos de Occidente Los Generales, S.A. de C.V., “para la detección de talentos de Beisbol en México”. Según la ficha de Compranet AA-01100099-E652019, donde se reporta dicho contrato, a la citada empresa se le pagará por sus servicios de búsqueda de talentos un monto que va de los 10 millones 800 mil pesos a los 25 millones 200 mil pesos, solo por tres meses de trabajo que van de octubre a diciembre del presente año.

En ninguna parte se explica por qué este contrato era tan urgente y por qué se pidió la excepción de una “Adjudicación Directa” y no se buscó licitar entre varios proveedores la mejor oferta, como lo marca la Ley de Adquisiciones.

Algo muy similar hicieron en la Secretaría de Turismo, que encabeza el empresario Miguel Torruco. Sin licitar ni explicar tampoco por qué no se concursaron esos servicios entre distintos proveedores que ofrecieran las mejores condiciones y precios, la dependencia otorgó el 27 de febrero de este año cuatro contratos por Adjudicación Directa por un valor total de 42 millones de pesos, para servicios que tienen que ver lo mismo con el abastecimiento de combustibles a través de tarjetas con chip y refacciones, que con el arrendamiento de vehículos para sus servidores públicos, en los que se mencionan 6 camionetas para altos mandos, a pesar de que el presidente López Obrador ha pedido eliminar ese tipo de prestaciones a los mandos jerárquicos superiores.

Todos esos contratos adjudicados de manera directa se aprobaron con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2019, a pesar de que la Secretaría de Hacienda envió un oficio a todas las dependencias federales en el que les pedía no otorgar ningún contrato con vigencia superior a junio de este año, porque después de esa fecha se definirían las “contrataciones consolidadas” obligatorias desde la SHCP. De hecho, según se lee en la copia del acta de la sesión del Comité de la Sectur, hubo varios funcionarios que advirtieron que no podían otorgar contratos con vigencia hasta diciembre. Otros cuestionamientos que se hicieron en aquella sesión tenían que ver con la falta de austeridad al ordenar la compra de 6 camionetas para mandos altos.

Varios de los funcionarios que defendieron la necesidad de ajustar los contratos, fueron despedidos. Sin embargo, los contratos por más de 42 millones de pesos, otorgados de manera directa, siguen vigentes.
12 Octubre 2019 04:08:00
¿Por qué los demócratas no aprueban el T-MEC?
La economía del país en los tiempos de la 4T, ya de suyo estancada, sin crecimiento y sumida en la incertidumbre y la falta de inversiones públicas y privadas, se ve ahora seriamente amenazada por los nubarrones que se ciernen sobre la economía internacional y las advertencias de una posible recesión mundial, derivada de la caída del crecimiento en Europa y los Estados Unidos.

Al deterioro de los indicadores económicos en casi todo el mundo y la “desaceleración sincronizada” sobre la que ha alertado el FMI, se suma la no aprobación del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá, que puede ser “la puntilla” para la recesión económica para la que “México debe empezar a prepararse”, según la advertencia que ha lanzado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Y es que sigue sin verse con claridad si la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes va a ratificar el T-MEC antes de que concluya el actual periodo de sesiones en el Congreso estadunidense, en noviembre próximo, sobre todo a partir del extraño retraso que los demócratas han mostrado sobre el tema y que hoy se ve aún más complicado por el inicio de un juicio político o “impeachment” en contra del presidente Donald Trump.

En México parece haber confusión sobre las razones de fondo por las que los demócratas han retrasado el análisis y la definición sobre el T-MEC. La mayoría de los análisis atribuyen la indefinición de la bancada que encabeza Nancy Pelosi, a que los representantes demócratas “no quieren darle a Trump y a su Gobierno, el triunfo político que representaría la ratificación y entrada en vigor del T-MEC”.

Pero esa lectura está equivocada, porque la verdadera razón que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, tiene más que ver con que no ven todavía “garantías completas” de que su demanda de cambios e igualdad de condiciones en el ambiente laboral de México con respecto a los sindicatos de EU y Canadá se esté cumpliendo cabalmente.

La Reforma Laboral aprobada por el Congreso mexicano, en la que se introducen cambios importantes como la libertad y la democracia sindicales, además de un cambio total del modelo de justicia laboral, fueron sí un primer paso en el cumplimiento de las condiciones que puso el partido Demócrata para dar su aval en el Congreso al nuevo Tratado comercial, pero la sola aprobación de la nueva ley laboral, que aún no sienten que tenga todas las condiciones para cumplirse realmente en la práctica, es algo que sigue frenando el voto de los demócratas en el Congreso de EU.

Por ejemplo, el grupo de Nancy Pelosi ha cuestionado y ha expresado “serias dudas” de que en el Presupuesto 2020, el Gobierno del presidente López Obrador esté destinando los recursos suficientes para la instrumentación, en la práctica, de las nuevas leyes laborales. Las reducciones presupuestales a la Secretaría del Trabajo, del 33% para el próximo año, metieron mucho ruido en la Cámara de Representantes de EU, en donde no ven presupuesto suficiente, por ejemplo, para construir y echar a andar todo el nuevo sistema de justicia laboral, consistente en desaparecer las actuales juntas de Conciliación y Arbitraje, y echar a andar las salas laborales en el Poder Judicial.

Y ahí estriba uno de los temas que el Gobierno de López Obrador no ha sabido explicarle al grupo comandado por Nancy Pelosi: que los recursos para construir la nueva infraestructura física y jurídica del nuevo modelo de Justicia Laboral que operará en México, no están en manos de la Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde, sino del Poder Judicial de la Federación, que son los que construirán, equiparán y operarán los nuevos tribunales para resolver las demandas, pleitos y recursos en el ámbito laboral.

Hace un mes, cuando detectaron la verdadera preocupación demócrata que estaba frenando la votación del T-MEC, desde el Gobierno de la 4T mandaron al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, como encargado de ir a hablar con Nancy Pelosi y transmitirle a los demócratas la seguridad de que la reforma laboral y su nuevo modelo de sindicalismo democrático y justicia laboral, cuentan con los recursos económicos suficientes para caminar el próximo año.

Cuentan fuentes del Capitolio que el 11 de septiembre pasado, hasta la oficina de Pelosi llegó el subsecretario mexicano dispuesto a informar y convencer a la líder demócrata. Pelosi lo recibió con toda la cortesía y el protocolo político y lo empezó a escuchar con atención. Pero después de media hora de hablar sin detenerse, la mayor parte del tiempo sobre él y su participación en las negociaciones del T-MEC y sobre su importante papel en la relación comercial entre México y EU, el discurso egocéntrico del subsecretario Seade, comenzó a aburrir a la líder de la mayoría demócrata, que comenzó a ver su reloj y hacerle señas a sus asesores para que le cortaran el discurso al funcionario mexicano.

Al final, en cuanto pudo, Nancy Pelosi le dio las gracias a Jesús Seade por la visita y salió, no solo sin la información que necesitaba sobre el avance y las garantías de implementación de la reforma laboral mexicana el próximo año, sino con cara de “¿Quién me manda a perder el tiempo con estos mexicanos que hablan mucho y no dicen nada?”.

Ante el fracaso de Seade y la desinformación que aún priva en el bancada demócrata de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto para la Reforma Laboral, se hablaba de que podrían ir a Washington, a hablar ahora sí del tema y a explicarlo bien, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la misma secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; pero hasta ahora lo único confirmado es que Herrera sí estará en Washington la próxima semana, pero para asistir a la reunión del Banco Mundial y del FMI, aunque no está confirmado en su agenda un encuentro con Nancy Pelosi.

Sería bueno que el secretario Herrera se diera un tiempo para explicarle a la líder demócrata el tema presupuestal en México y despejar cualquier duda –sin dedicarse a hablar de sí mismo como hizo Seade– para ver si, en medio del tema del “impeachment” contra Trump, los demócratas resuelven sus dudas y se dan un tiempo para ratificar, a mediados de noviembre, el T-MEC.

Si no es entonces, ya no será sino hasta el 2021, y eso, en medio del negro panorama de recesión al que se enfrenta, son pésimas noticias para la economía de México.

Los dados mandan Doble Serpiente. Semana intensa.
10 Octubre 2019 04:03:00
El extraño caso del decomiso de coca más grande de la historia
En la gestión de Eduardo Medina Mora como Procurador General de la República del Gobierno de Felipe Calderón, se llevó a cabo el “mayor decomiso de cocaína de la historia”, al asegurarse 23.5 toneladas de la droga en la Aduana del Puerto de Manzanillo, Colima, a donde había llegado en un buque procedente de Colombia. A pesar de que el “golpe histórico” fue realizado por la Policía Federal y la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, atendiendo a un reporte de la DEA, la PGR nunca detuvo a ningún responsable por el ingreso de aquel cargamento ni imputó a ninguno de los funcionarios de la Administración de Aduanas del Puerto de Manzanillo, entre los que estaba Ardelio Vargas Carrillo, hijo del entonces director del Centro de Análisis para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), Ardelio Vargas Fosado.

De acuerdo con documentos oficiales que obran en los archivos tanto de la desaparecida PGR como de la extinta SSP federal, la Procuraduría de Medina Mora desestimó la participación de funcionarios de aduanas en el ingreso de las 23.5 toneladas de cocaína, que llegaron en dos contenedores a bordo del citado buque colombiano y que, según documentó entonces la inteligencia federal, eran propiedad de Arturo Beltrán Leyva, del cártel del Pacífico, y de Oscar Nava Valencia, “El Lobo”. Los contenedores fueron ingresados a la Aduana de Manzanillo con una declaración de pedimento a nombre de Importadora y Exportadora Alucapo, S. A. de C. V., una empresa de origen colombiano que tenía un domicilio en el Condominio Cristal, ubicado en la calle de Paseo del Prado, 102 despacho 901, en la colonia Del Prado, en Querétaro, y de la que aparecía como encargado Carlos Alberto Guzmán Palazuelos “El Chiva”.

En su momento, las líneas de investigación de las áreas de inteligencia de la SSP, a cargo de Genaro García Luna, apuntaron también a la participación de cuatro funcionarios clave de la Administración de Aduanas del Puerto de Manzanillo que aparecían como sospechosos en el ingreso y la recepción de la cocaína procedente de Colombia: Héctor Armando Mejía Arce, administrador; Mario Alberto Prado Ramírez, subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales; Ardelio Vargas Carrillo, subadministrador de Recintos Fiscales e hijo del director del Cenapi, Ardelio Vargas Fosado; y Alejandro Aldapa Coronel, encargado de despacho de la Subadministración de Operaciones Aduaneras.

Sin embargo, la PGR de Medina Mora nunca investigó la posible complicidad de los funcionarios de Aduanas y, prácticamente sin atender las “líneas de investigación” de las áreas de inteligencia federal que participaron en el operativo para la ubicación y confiscación de los 23.5 kilogramos de cocaína, el responsable del Ministerio Público exoneró, apenas cinco días después del mayor decomiso de cocaína en la historia, a todos los funcionarios que controlaban los cargamentos que ingresaban a las aduanas de
Manzanillo.

“¿Se va a investigar al personal de la Aduana de Manzanillo?, ¿hay detenidos, gente, vamos, funcionarios que permitieron la llegada de estos cargamentos de coca?, le preguntó el 5 de noviembre de 2007, cinco días después de que se anunció la confiscación de la droga, el periodista José Cárdenas en radio. “Mira, en este momento con respecto a la Aduana de Manzanillo, yo te puedo decir que el personal de la aduana actuó con pleno apego a la normatividad y a los procedimientos operacionales que la propia Aduana ha fijado y eso es lo que nos permitió, precisamente, localizar específicamente este embarque, independientemente de la información de inteligencia, que nos decía que venían estos embarques a nuestro país. Pero ahí no hay ninguna conducta que pudiera ser sospechosa o fuera de procedimiento; al contrario, estamos obviamente generando un nivel de protección hacia el personal de la Aduana”, respondía el procurador Medina Mora, quien apenas cinco días después de que entrara el mayor cargamento de cocaína por un puerto mexicano, exoneraba públicamente a todo el personal y los directivos de la Aduana por donde había entrado el barco colombiano cargado de droga.

No era lo mismo que reportaban otras áreas de seguridad como la Policía Federal, en donde se tenía documentado que desde el 26 de octubre, por la mañana, se tuvo la primera información de inteligencia policial que alertaba de un cargamento de coca que llegaría a Manzanillo. Ese mismo día, a las 4 de la tarde la DEA avisó también a las autoridades mexicanas que tenía información de que venía un barco con cocaína de Colombia y que llegaría a la aduana de Manzanillo. Dos días después, el 28 de octubre, fue la misma DEA la que confirmó la alerta y dio el nombre del buque carguero “Esmeralda” que arribaría con varios contenedores con droga. El 29 de octubre los policías federales realizaron labores de revisión en la “plataforma” y ubicaron cuatro contenedores y con un oficio, le solicitaron al Ministerio Público de la delegación de la PGR en Colima que ordenara la retención de los contenedores señalados y ese mismo día se ordena al personal de la Aduana no permitir la salida de los contenedores identificados para verificar la mercancía que trasladaban.

El 30 y 31 de octubre, según una relatoría de la entonces PF, se revisaron los cuatro contenedores en presencia de funcionarios de PGR, Defensa, Marina, Secretaría de Hacienda, y Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y tras abrir los contenedores y analizar las muestras se confirmó la existencia de cocaína y se pesó la droga de los dos contenedores dando como resultado los 23.5 toneladas, la mayor cantidad de cocaína nunca encontrada en ningún país. Los otros dos contenedores, donde supuestamente se transportaba pseudoefedrina, se analizaron y se determinó que en realidad se trataba de jabón.

La Policía Federal ordenó entonces el traslado de Héctor Armando Mejía, administrador de la Aduana de Manzanillo, de Colima a la Ciudad de México, para que fuera presentado e interrogado para esclarecer la participación de él y el personal a su cargo en la recepción de cargamentos de droga para el Cártel del Pacífico a través del Puerto. Junto con la SSP pidió investigar a Mario Alberto Prado Ramírez, subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales; Ardelio Vargas Carrillo, subadministrador de Recintos Fiscales e hijo del director del Cenapi, Ardelio Vargas Fosado; y Alejandro Aldapa Coronel, encargado de despacho de la Subadministración de Operaciones Aduaneras. Pero ninguno de ellos fue ni investigado ni mucho menos imputado por la PGR a cargo de Eduardo Medina Mora.

Por esas mismas fechas, el 11 de octubre de 2007, en una bodega de la empresa de Transportes Unidos de Tampico, elementos del Ejército encontraron y confiscaron 11.7 toneladas de cocaína. A diferencia de lo que ocurrió en Manzanillo, el Ejército detuvo a 7 personas en el operativo y pidió a la PGR el arraigo de 10 funcionarios de la Aduana de Tampico, empezando por el administrador Felipe Ángel Zamora, el subadministrador José Cossío Hernández, hasta los operadores de rayos gama, los choferes y copilotos de la Aduana, todos bajo la sospecha de colaboración para recibir los cargamentos de droga.

No fue el mismo trato que Medina Mora ordenó darle al decomiso de Manzanillo, que era dos veces la cocaína encontrada en Tamaulipas y el mayor cargamento de cocaína nunca confiscado. ¿Por qué el entonces procurador no ordenó investigar a fondo la complicidad del personal de Aduanas en Manzanilo, entre ellos el hijo de un cercano colaborador suyo como Ardelio Vargas? ¿A quién benefició o se encubrió entonces y por qué desde la PGR que encabezaba Eduardo Medina Mora?
09 Octubre 2019 04:07:00
Si el Estado se disculpó ¿Calderón por qué no?
Prudencia política o precaución para evitar verse envuelto en una protesta de jóvenes universitarios, el caso es que, parafraseándolo a él mismo, “haiga sido como haiga sido”, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México decidió declinar ayer a la invitación para asistir hoy como ponente a un Seminario de Derecho en el Tec de Monterrey, campus Monterrey, luego de las protestas y manifestaciones de rechazo a su presencia en esta universidad, en cuyas puertas fueron brutalmente asesinados, en 2010, los estudiantes de excelencia, Jorge Mercado y Javier Arredondo, a manos de miembros del Ejército que participaban en la “guerra contra el narco” declarada por el expresidente en su sexenio.

Entre la dimensión que tomó el llamado de estudiantes a firmar en internet para rechazar a Calderón en el campus, con más de 25 mil personas apoyando la petición, y la defensa que hizo la directiva del Tec, que mantuvo la invitación bajo el argumento de la “libertad de cátedra” y el respeto a la “libre expresión de las ideas” en sus instalaciones educativas, lo que finalmente orilló al exmandatario a cancelar su ponencia fue la declaración de la madre de Jorge, Rosa Elvia Mercado, quien apoyó las expresiones de los estudiantes en solidaridad con su hijo y su compañero que fueron ejecutados por soldados que los confundieron con presuntos narcotraficantes a las puertas de su universidad.

“¿Felipe Calderón no tiene memoria o ya se le olvidó lo que le hizo al país?”, se preguntó la señora Mercado en una declaración ante los medios en Monterrey. “Gracias a Dios los muchachos sí tienen memoria y están luchando. Aunque no conocieron a Jorge y Javier; me sumo a la petición de los muchachos que no quieren la visita de Calderón al Tec de Monterrey”, declaró Rosa Elvia Mercado.

Después de los comentarios de la señora, el expresidente mandó una carta al Tec de Monterrey donde le agradece la invitación, pero anuncia su decisión de no presentarse al seminario. “Su parecer, en mi opinión, es razón más que suficiente para que se suspenda mi visita. Para mí es fundamental respetar ese dolor, independientemente de que haya quien utilice esa circunstancia con propósitos mediáticos y políticos”, argumentó Calderón.

Lo más rescatable de la carta es que pide reunirse con los padres y familiares de Javier y Jorge “para poder dialogar con ellos, escucharlos de viva voz y precisar también alguna de la información que se ha divulgado”. Será muy interesante ver ese encuentro entre el expresidente que dio la orden al Ejército de salir a las calles a librar una “guerra sin cuartel” contra el crimen, en la que hubo miles de vidas de civiles mexicanos inocentes, considerados “daños colaterales” por su Gobierno.

Y la gran incógnita es si en ese encuentro con los padres de Jorge y Javier, Calderón tendrá la humildad de disculparse por el brutal asesinato de los dos estudiantes de excelencia a manos de soldados comandados por él y de reconocer que fue su decisión y su política de seguridad la que metió al país en una espiral de violencia, muerte y dolor que todavía hoy, en plena cuarta transformación, no puede resolver el presidente López Obrador y su Gabinete de seguridad.

Si el Estado mexicano ya se disculpó y reconoció ante sus familiares la ejecución brutal y extrajudicial de esos dos jóvenes estudiantes a manos del Ejército mexicano ¿por qué no lo haría Felipe Calderón?

08 Octubre 2019 04:03:00
Elba Esther, cerca de su partido, pero lejos del sindicato
Con una fuerza menguante dentro del magisterio nacional, donde su organización Maestros por México, apenas llega a representar al 10 o 15% del total de los maestros, y lejos de la fuente de recursos que le representaba la dirigencia sindical, Elba Esther Gordillo ya no es para nada la otrora poderosa lideresa del magisterio. Sin el apoyo del Gobierno del presidente López Obrador –donde no la vetan, pero tampoco la quieren ver de nuevo empoderada– cada vez se aleja más el sueño de recuperar el control del sindicato que perdió en 2013 cuando su antiguo aliado, Enrique Peña Nieto, ordenó su detención y encarcelamiento.

Hoy sin una plaza activa como maestra y sin tener al corriente el pago de sus cuotas sindicales, Gordillo Morales no cumple los requisitos estatutarios para aspirar a cualquier cargo de dirigencia en el SNTE y, aunque no quita el dedo del renglón de buscar ser candidata a la Secretaría General en un proceso abierto, la realidad es que eso se ve cada vez más lejano. Primero, porque ella ya no tiene la fuerza suficiente dentro del sindicato para intentar recuperar lo que siente que le arrebataron injustamente; y segundo: en el sindicato magisterial no están pensando en un proceso nacional en estos momentos, y quizás no antes de 2024, porque por un lado no tienen la capacidad ni económica ni logística para organizar una elección por voto directo en la que participarían más de 2 millones de maestros de todo el país, y que incluso el INE ya les dijo que no puede organizarla “porque no tiene facultades legales” para intervenir en un proceso sindical, y por el otro el periodo para el que fue electo el actual dirigente, Álvaro Zepeda, concluye hasta el último año del actual sexenio.

Ante ese panorama y ante la realidad de que su liderazgo ya dejó de ser un factor de poder real dentro del SNTE, a Elba Esther Gordillo no le va a quedar más que concentrarse en lograr el registro de su partido político, Redes Sociales Progresistas, porque ese sería el único lugar, si logra cumplir con todas las asambleas y acreditar todos los requisitos ante el INE, donde podría hacer política en el ocaso de su carrera política y sindical. Así lo ven incluso en la SEP y en el Gobierno de López Obrador en donde, aunque dicen que no ven “ni bien ni mal” un posible “regreso de la maestra”, tampoco la ven con la fuerza suficiente para pelear en estos momentos el control del sindicato.

“No es lo mismo operar con todos los instrumentos de poder y los recursos económicos que representa el control del SNTE que hacerlo desde fuera del sindicato. Ella tiene su corriente sindical, pero no es un grupo fuerte en estos momentos en el magisterio. Es más probable que logre el registro de su partido y que se dedique a hacer política desde ahí, con un partido pequeño pero bisagra, a que tenga posibilidades de volver a dirigir el sindicato”, comenta un alto funcionario del Gobierno lopezobradorista.

El único problema ahora es que, en el equipo promotor de Redes Sociales Progresistas, acaba de producirse un rompimiento entre la maestra Gordillo y su yerno Fernando Yáñez González con Juan Iván Peña Neder, el exfuncionario de Gobernación en el sexenio calderonista y quien es el creador de la marca y de la mayor parte de la logística sobre la que se armó el proyecto de la nueva fuerza política. El pleito estalló por un desaire de Elba Esther a la esposa de Juan Iván, Lizette Clavel, diputada del PT en el Congreso de la CDMX, y ahora los elbistas intentan sacar a Peña Neder del nuevo partido, pero este amenaza con quitarles el nombre de RSP y la mayoría de asambleas que él operó en buena parte de la República, y pondría en riesgo la realización de las asambleas que faltan para obtener el registro del partido ante el INE.

Es decir, que en una de esas la maestra a la que el SNTE ya se le fue de las manos, ahora se le complica también su nuevo juguete, perdón, partido político. A menos que desde las alturas, con tal de que ya se olvide de sus sueños de regresar a controlar el magisterio, le den una “ayudadita” y le resuelvan no solo cualquier pleito interno, sino también el aval de los consejeros para su RSP que suena, al menos fonéticamente, como su única opción de “reanimación política”.
07 Octubre 2019 04:07:00
Una mujer, pero no una ‘incondicional’ para la Corte
Será hasta que la Suprema Corte le notifique oficialmente de la existencia de una “vacante”, lo cual ocurrirá una vez que el Senado acepte formalmente y por mayoría simple de sus integrantes la renuncia de Eduardo Medina Mora, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador comience a integrar la terna que mandará a los senadores para el nombramiento del nuevo ministro o ministra.

Todas las apuestas y las opiniones apuntan, tanto en el Poder Judicial como en la sociedad civil, a que, por un tema de equidad de género, el Ejecutivo optará por mandar una terna exclusivamente integrada por mujeres.

Se garantizaría así la llegada de una nueva ministra a la Corte, aunque también son muchas las voces que, sin dejar de reconocer la facultad exclusiva y constitucional que tiene el Presidente, piden que los perfiles de quienes proponga López Obrador garanticen no sólo la experiencia, capacidad y reconocimiento que deben tener las o los candidatos que integren la terna, sino sobre todo la cualidad acreditada de independencia y autonomía del Poder Ejecutivo.

Y es que en el actual contexto, tras el cisma que representó la renuncia histórica de un ministro como Medina Mora, claramente opositor y adverso a la llamada 4T, parecería un despropósito y hasta un grave error político que el presidente López Obrador repitiera, como ya lo hizo en los dos nombramientos que le tocó hacer para la Corte, perfiles de juristas no solo cercanas, sino abiertamente militantes comprometidas con su partido y con su movimiento político.

Ese es el caso de las doctoras Celia Maya y Loretta Ortiz, que han sido ya dos veces rechazadas por el Senado, por su inocultable simpatía y militancia política con la “cuarta transformación”.

¿Podría el Presidente repetir en la nueva terna a las dos juristas? Sin duda que podría, es su decisión y su facultad unipersonal; pero pretender que sea una de ellas la que resulte electa por el Senado sería no solo una ofensa a los senadores, que ya en dos ocasiones se las regresaron por no cumplir con los criterios de autonomía e independencia que deben privar en los integrantes de la Suprema Corte, sino que representaría un error político monumental.

Porque si López Obrador cae en la tentación de mandar nuevamente una terna formada por mujeres u hombres incondicionales y políticamente comprometidos con su Gobierno, le daría la razón a quienes han visto en la renuncia de Medina Mora un golpe político a la Corte y un intento del Ejecutivo por someter y controlar al máximo tribunal y dominar así al Poder Judicial federal, y no un tema de corrupción de un ministro investigado y que utilizó su cargo para hacer negocios y para operar políticamente para el grupo que representaba, que es lo que hasta ahora ha documentado la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y lo que indaga la Fiscalía General de la República.

De la decisión que tome el Presidente y de los nombres y perfiles que ponga en su terna, dependerá cómo quiere que se recuerde y se interprete el hecho histórico de la caída, por renuncia, de un ministro de la Corte: si como un acto de combate a la corrupción que rompió paradigmas y confirmó que el cambio en contra del mal uso de los cargos públicos es real y va para todos los poderes y niveles de Gobierno, o como un “manotazo” presidencial contra un “ministro conservador” y de derechas que le estorbaba en sus afanes de control autoritario de todos los poderes del Estado. ¿Cuál de las dos versiones querrá Lópe




05 Octubre 2019 04:06:00
Objetivo Peña: primero cayó su abogado, ahora su juez
El cerco en torno al expresidente Enrique Peña Nieto se va estrechando. La estrategia gradual de la 4T para investigar y castigar la escandalosa corrupción del pasado sexenio ha sido cuidadosamente jurídica, pero también maquiavélicamente política.

Fueron contra uno de sus colaboradores más cercanos, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia y con varias órdenes de aprehensión en su contra; luego contra otra de sus colaboradoras consentidas, Rosario Robles, pieza clave en el entramado del saqueo de recursos a través de universidades e instituciones públicas y los pagos a empresas fantasmas, pero hay dos detenciones que son fundamentales en la estrategia contra Peña y su grupo político: primero le detuvieron y neutralizaron a su abogado, Juan Collado, quien se encargaría de la defensa de todos, empezando por el expresidente; y ahora le inhabilitan al ministro Eduardo Medina Mora, que era el juez que los ayudaba a procesar todos sus asuntos, juicios y acusaciones en el Poder Judicial federal.

Así, lo que ha ido haciendo el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la Fiscalía General de la República como su brazo jurídico, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda como el sabueso del dinero, es desmantelar y desarticular -paso a paso y casi por manual- el blindaje jurídico, político y financiero que había construido el grupo peñista para garantizar su tranquilidad y cubrir muy bien las huellas de su cuestionada actuación y turbio manejo de los recursos públicos durante su sexenio.

Medina Mora, a quien orillaron a renunciar tras haber documentado en investigaciones de Hacienda y de la FGR sus extraños manejos financieros y los “negocios” que instrumentó siendo ministro de la Suprema Corte, era el principal operador del grupo para los asuntos judiciales e interlocutor con los jueces. Su cuestionado nombramiento avalado por la mayoría senatorial del PRI y del PAN en 2015, al que Peña Nieto se aferró entonces contra viento y marea, formaba parte de un plan de protección a futuro en el que el ministro operaba y lideraba un ala de la Corte para empujar y cuidar asuntos que afectaran los intereses o a los mismos integrantes del grupo.

Por eso fue que Medina se involucró en la defensa y el desbloqueo de cuentas de personajes como Alejandro Quintero, el publicista que manejó las dos campañas de Peña, primero como gobernador y luego como presidente, y al que la Unidad de Inteligencia acusó de haber financiado y producido el documental Populismo en América, junto con su hermano Jesús Quintero, por lo que en marzo le fueron bloqueadas sus cuentas financieras por Hacienda; o también ayudó a Juan Collado, el abogado del grupo peñista al que le facilitó desbloquear momentáneamente un par de cuentas antes de que lo detuvieran, a través de un engrose de amparo que publicó sin avisarle a otros ministros y sin tomar en cuenta jurisprudencias previas, lo que le permitió a Collado sacar en dos días casi 10 millones de euros de sus cuentas, antes de que se las volvieran a bloquear.

Con ese engrose, que publicó por cuenta propia, Medina Mora pretendía sentar un precedente y eventualmente buscar una jurisprudencia para complicar el bloqueo de cuentas bancarias para que solo pudiera hacerse mediante una orden internacional y enviada previamente a un juez del país, algo con lo que se blindaría a muchos de los exfuncionarios y políticos del anterior Gobierno que pudiesen verse involucrados o investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que buscaba el ministro era revertir el mecanismo de intervención y bloqueo de cuentas financieras que durante todo el sexenio de Peña Nieto utilizaron para armar desde Hacienda las principales acusaciones y casos judiciales como el de Elba Esther Gordillo, Javier Duarte y otros que fueron acusados y procesados con evidencias obtenidas a través del trabajo de la UIF.

Al final, en todos los casos por corrupción que hasta ahora han armado, documentado y consignado en el actual Gobierno lopezobradorista, la constante es que todos, de algún modo y con toda la intención, conectan hacia el expresidente Enrique Peña Nieto. Es evidente que no hay prisa y que tal vez falten todavía varios políticos y colaboradores importantes del sexenio anterior que serán investigados en la estrategia anticorrupción que ha puesto en marcha la Cuarta Transformación. Pero lo que es un hecho es que, tarde o temprano, cuando lo tengan todo muy bien armado o cuando políticamente más lo necesiten, veremos la culminación de todo este trabajo jurídico y político, en otro hecho histórico que, igual que los que se han ido dando, sacudirá a la política y a la opinión pública nacional: el primer expresidente acusado y eventualmente procesado por delitos de corrupción en el país.

Dos exgobernadores en capilla
En el mismo tema del combate a la corrupción de gobiernos anteriores, en la Fiscalía General de la República están muy avanzados dos expedientes por diversas irregularidades y desvíos de recursos contra dos exgobernadores: Miguel Ángel Yunes Linares, de Veracruz, y Graco Ramírez Garrido, de Morelos.

Ambos casos están en proceso por razones y delitos que tienen que ver con corrupción, a partir de denuncias que se formularon desde los estados y en las que han participado directamente los gobernadores actuales, tanto de Morelos como de Veracruz. Porque, más allá de las pruebas de presuntos desvíos y manejos financieros irregulares que les documenten a los dos exmandatarios, en los dos estados está claro que una acusación contra Yunes y contra Graco, no obedece solo a compromisos que hicieron en campaña Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco, sino también a que proceder en contra de sus antecesores es para los dos gobernadores de la 4T, en estos momentos, casi una urgencia de sobrevivencia política por los cuestionamientos que los dos enfrentan por la situación de descomposición e ingobernabilidad de sus estados.

Así que, en el caso de Yunes, ya se dio el primer paso con la destitución del fiscal, para quitarle el blindaje jurídico que se había asegurado el exgobernador, de tal modo que ya pueden proceder en su contra, como muy probablemente lo harán en fecha próxima.
Mientras que en el caso de Graco, se están terminando de documentar expedientes por varios casos de irregularidades en su Gobierno, y ahí entran en juego no solo las denuncias del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco y su urgencia por darle a los desesperados morelenses la cabeza de su antecesor, sino también la animadversión histórica del inquilino de Palacio Nacional que hace poco, a propósito de una visita del Gobernador morelense para pedirle apoyo de la FGR para procesar las denuncias y expedientes de corrupción en el sexenio anterior y su queja de que un funcionario federal las obstaculizaba, les hizo un comentario a todos sus colaboradores cercanos: “No quiero que le abran la puerta del Palacio a Graco. No lo quiero metido aquí”. ¿Lo querrá metido en otro lado?...

Los dados mandan escalera doble. Buena semana.
04 Octubre 2019 04:08:00
¿Por qué renunció el ministro Medina Mora?
Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó su renuncia al cargo para el cual todavía le quedaban 11 años del periodo de 15 años para el que fue electo por el Senado en 2015. El escrito de renuncia del ministro, de acuerdo con el Artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tendrá que ser aceptado por el Presidente de la República y luego enviado al Senado para su aprobación.

La carta de renuncia de Medina Mora, que fue presentada al ministro presidente Arturo Zaldívar, representa un hecho inédito en la etapa contemporánea de la Suprema Corte y, aunque no aduce razones específicas para explicar su decisión, han transcendido dos razones de fondo en esta renuncia: a) un tema médico familiar, luego de la muerte de su esposa hace unos meses; y b) las investigaciones que autoridades nacionales y extranjeras han hecho en cuanto a sus recursos financieros y a transferencias millonarias realizadas en bancos de varios países, de los cuales en esta columna le dimos cuenta el 5 de junio pasado.

Sobre las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción, a pesar de su supuesta buena relación con las autoridades británicas y estadunidenses, luego de que el ministro fuera embajador de México en ambos países, fuentes de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda confirman que los dos gobiernos han seguido enviando información financiera sobre las cuentas del funcionario judicial a las autoridades mexicanas.

Las fuentes consultadas, que pidieron el anonimato, aseguran que la estrecha relación para combatir la corrupción que existe entre la FGR, la UIF y el Consejo de la Judicatura Federal y los órganos de inteligencia extranjera, ha permitido documentar y fortalecer el expediente judicial sobre los manejos financieros del ministro. Pero tampoco ayudó mucho a Medina Mora haber operado a favor de su amigo y socio el publicista y exvicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero, quien desde 2006 y hasta la pasada elección de 2018, se le ubica como el operador de las “campañas negras” contra Andrés Manuel López Obrador.

Una vez que la UIF congeló las cuentas de Quintero, el ministro operó para que ordenaran el desbloqueo de algunas de las cuentas. También ayudan con ese tema a Quintero el exdirector del Cisen en el pasado, Alberto Bazbaz, y el exconsejero electoral del IFE, Arturo Sánchez Gutiérrez. Para desbloquear sus cuentas, de las que había incluso pedimentos del FBI y de la DEA, el equipo de Quintero-Medina exhibió en el juzgado los nombres de los agentes encubiertos norteamericanos involucrados en la investigación, algo que nunca les perdonaron en EU.

Por eso fue que empezó a llegar a México y al Gobierno federal la información de las cuentas bancarias de EU y la Gran Bretaña, de las que el funcionario judicial nunca pudo dar explicaciones claras ni convincentes.

A las autoridades también les llegó información de las empresas que le transferían recursos a sus cuentas, ubicadas en paraísos fiscales de Centroamérica. Y la suma de las transferencias nunca cuadró con lo reportado en sus declaraciones patrimoniales.

El ministro también dejó de ser cuidadoso en sus operaciones desde la Corte y la presunción de varios “negocios” no sólo detonó investigaciones internas, sino que lo confrontaron y enemistaron con otros ministros. Un ejemplo de esto fue haber subido un engrose de la Segunda Sala de la SCJN para descongelar cuentas bancarias, antes de que fuera firmado y saltándose varias tesis previas en el Seminario Judicial. Esta publicación irregular, que hizo el 31 de mayo, permitió que en el par de días que estuvo vigente la disposición, su cercano amigo, el abogado Juan Collado, pudiera casualmente mover 10 millones de euros de sus cuentas. Un mes después de aquella operación que le facilitara el ministro Medina Mora, Collado sería arrestado por la Fiscalía General de la República y encarcelado por acusaciones de lavado de dinero en la Caja Libertad.

Así fue como la polémica historia del exdirector del Cisen, exsecretario de Seguridad Pública y exprocurador General de la República, quedó expuesta junto con sus cuentas, empresas y transferencias financieras catalogadas como “sospechosas” por otros gobiernos.

03 Octubre 2019 04:04:00
¿Ingenuidad o irrealidad en la 4T?
Ni la ocurrencia de los “cinturones de paz” formados por miles de burócratas capitalinos, ni la amenaza presidencial de acusar “a los malcriados con sus papás y sus abuelos para que les jalen las orejas”, sirvieron para evitar que ayer grupos de jóvenes encapuchados provocaran desde pintas, hasta destrozos y vandalizaran calles y edificios. Tuvo que ser finalmente la policía antidisturbios de la Ciudad de México la que, entre toletes, escudos, golpes y empujones, encapsulara a los grupos de estudiantes más radicales, para evitar que causaran daños mayores durante las movilizaciones conmemorativas de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Bastaron 20 minutos de marcha pacífica para que los grupos de jóvenes con la cara cubierta sacaran los sprays y amenazaran a los trabajadores del Gobierno de la CDMX, para que las “cadenas humanas de paz” se disolvieran a los primeros empujones y los más de 10 mil trabajadores enviados por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a realizar labores de vigilancia para la que no han sido capacitados, se abrieran para dejar que los estudiantes escribieran en muros y cortinas sus consignas, mientras algunos lanzaban piedras, proyectiles y bombas molotov en contra de los grupos de policías que, como era de esperarse, comenzaron a repeler las agresiones y a intentar aislar y encapsular a los estudiantes, deteniendo incluso a varios de ellos.

Para esa hora, pasadas las 5 de la tarde, entre el humo y el caos que invadió la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico, los burócratas rompían filas y huían despavoridos; los más valientes eran pintarrajeados o despojados de sus camisas blancas con la leyenda “2 de octubre no se olvida”. En el barullo de la protesta y el vandalismo desatado, nadie recordaba -y si lo hacían era solo para mofarse- el mensaje que por la mañana les mandara “a los que se tapan la cara, se encapuchan y hacen estos actos” el presidente Andrés Manuel López Obrador. “¿Qué les diría yo? Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos; porque estoy seguro que sus abuelos, las mamás y los papás, no están de acuerdo, me dejo de llamar Andrés Manuel, estoy seguro que los ven o los verían como malcriados, que no deben andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de oreja o sus zapes”.

Al final lo ocurrido ayer en los 51 años de la represión brutal de Tlatelolco, demuestra que no es ni con ocurrencias “buena onda”, ni con absurdos “regaños moralinos” como se puede contener a grupos con expresiones violentas. Para decirlo claro y concreto: si las autoridades de la Cuarta Transformación, tanto las de Palacio Nacional como las de la Ciudad de México, creen que van a reinventar y a reemplazar las funciones primarias e históricas del Estado, que son garantizar la seguridad de la población administrando y ejerciendo el monopolio de la fuerza pública, para cambiarlo por ideas y ocurrencias, que por más bien intencionadas y pacifistas que sean, confunden con “represión” el ejercicio de su autoridad y su obligación primordial como Gobierno de imponer el orden y evitar el caos, lo único que conseguirán transmitir es una imagen de gobernantes débiles, timoratos e ingenuos.

Nadie en este país quiere que vuelva la represión brutal ocurrida el 2 de octubre de 1968; pero, respetando el derecho a la protesta, a la manifestación libre de ideas y la libertad de expresarse, tampoco nadie quiere que cada marcha conmemorativa de una fecha histórica o de una causa importante para cualquier grupo de la sociedad, termine en caos, vandalismo y ataques a negocios, personas y a la propiedad pública y privada. Si eso no lo entienden los inquilinos del Palacio Nacional y su vecina del Palacio del Ayuntamiento, los gobiernos de la 4T terminarán cambiando su intención loable de no ser vistos como “represores” para ser tomados por los grupos sociales más radicales e incluso por los criminales, como simpáticos “buena onda”, pero también peleles ocurrentes.
02 Octubre 2019 04:05:00
Morelos y Veracruz: rescatando a gobernadores ineptos
Desde Palacio Nacional salió la orden de ayudar a dos de los gobernadores que, aunque reconocen ya como “una carga política negativa” para la 4T, decidieron rescatarlos para evitar un colapso en sus estados. A Cuitláhuac García en Veracruz y a Cuauhtémoc Blanco en Morelos, se les está apoyando con todo desde la Federación con una estrategia que incluye el envío no solo de la Guardia Nacional para enfrentar la grave inseguridad, sino la intervención directa del Gabinete de seguridad para lograr la detención y de-sarticulación de células del crimen organizado que estaban amenazando incluso la gobernabilidad en ambos estados.

La instrucción fue directa del presidente López Obrador: apoyar a los dos inexpertos mandatarios estatales se volvió un tema de prioridad en las reuniones diarias del Gabinete de seguridad en donde se lleva un seguimiento puntual de la situación particular de Veracruz y Morelos, y se coordinan operativos que están permitiendo la detención de líderes del narcotráfico y la desarticulación de grupos ubicados como “generadores de violencia”.

Parte de esos operativos, coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, fueron las detenciones ocurridas en las últimas semanas en Morelos, a partir de la aprehensión de Santiago Mazari “El Carrete”, líder de Los Rojos, el pasado 2 de agosto en Guerrero y posteriormente la captura también de su hijo, Alexis Oswaldo “N”, así como de los principales operadores de la organización criminal que domina buena parte de Guerrero y Morelos.

En el caso de Veracruz, además del envío de la Guardia Nacional y de los operativos federales, también se decidió desde Palacio Nacional, después de la masacre de Coatzacoalcos, armar una estrategia para ir directamente contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien se le abrieron varias investigaciones en la Fiscalía General de la República por acciones irregulares en su breve Administración, las cuales están avanzando y podrían generar pronto órdenes de aprehensión.

Pero, para intentar la detención de Yunes, no sólo arman a detalle los expedientes judiciales, sino que antes decidieron echar a andar una estrategia muy parecida a la que implementaron en el caso de los peñistas acusados de corrupción Emilio Lozoya Austin y Rosario Robles, a los que antes de girarles órdenes de aprehensión, primero detuvieron al abogado Juan Collado, que sería el encargado de coordinar su defensa legal. Lo mismo hicieron en Veracruz para empezar la “cacería jurídica” contra Miguel Ángel Yunes: primero destituyeron y acusaron al fiscal general del Estado, Jorge Winckler, que era el encargado de blindar jurídicamente al exgobernador y a todo su grupo político. Una vez removido, ahora sí procederán en cualquier momento contra el “intocable” Yunes Linares.

Así, a pesar de que el Presidente y sus colaboradores más cercanos saben y reconocen que tanto Cuitláhuac García como Cuauhtémoc Blanco son dos gobernadores fallidos la orden presidencial fue tajante: se les tiene que rescatar a los dos, al menos hasta que legalmente se pueda nombrar a un sustituto sin que se tenga que convocar a elecciones en los dos estados, y en espera de que su ineptitud e incapacidad no haga crisis y afecte a Morena en las elecciones intermedias de 2021. Ni hablar, no a todos los gobernadores y estados se les da el mismo trato desde Palacio Nacional: prioridades son prioridades.
01 Octubre 2019 04:04:00
El dilema en Morena: institucionalizarse o morir
La crisis del partido en el poder se está agudizando ante la imposibilidad de sus dirigentes de ponerse de acuerdo en algo tan básico como el método para renovar su dirigencia nacional. En Morena en este momento, ante la ausencia intencional de su líder fundador y caudillo, Andrés Manuel López Obrador, están en la orfandad. Su situación se parece más a la de una familia que, al faltar el padre y no haber un testamento para repartir, los hijos comienzan a pelearse por la ambición y la avaricia de ver quién se queda con la casa y los bienes, y en su pleito corren el riesgo de perderlo todo.

Los morenistas no se ponen de acuerdo ni en el padrón de militantes, ni en el método para procesar su sucesión interna. El Presidente ha tomado distancia y lo que está viviendo Morena es la descomposición típica de un partido de corte caudillista, ante la ausencia de la figura central que los formó; el partido está huérfano de “línea” y todos se sienten con el derecho de ocupar el liderazgo que dejó el Presidente; a pesar de sus llamados a la cordura y a la mesura, eso ya se convirtió en una batalla campal de todos contra todos.

En este momento, lo que sucede en el partido gobernante va más allá de una simple disputa interna. Lo que se está definiendo no es solo el nombre de quién dirigirá al partido a partir de noviembre próximo, sino si el perfil del nuevo liderazgo y la forma en que esto se procese, le dan al lopezobradorismo la posibilidad de contar con un partido político institucionalizado y civilizado, capaz de conducir la “transformación” a la que los ha llamado el Presidente y darle continuidad a su proyecto de Gobierno.

Los intereses y ambiciones internas han hecho que se desoiga la sugerencia presidencial de detener la confrontación interna y evitar un proceso interno que los desgastara recurriendo al método de las encuestas, que siempre ha utilizado Morena, para elegir a su nueva dirigencia. La que se sintió en desventaja con el tema de las encuestas fue Bertha Luján, porque sabe que su nivel de conocimiento está muy por debajo de los otros aspirantes; ella pide elecciones en convenciones de delegados, porque trae de su lado la operación de las bases territoriales de los servidores de la Nación, que coordina Gabriel García Hernández. Esa estructura es la que apoyaría a la actual presidenta del Consejo Nacional, que perdería en un sondeo ante el resto de los aspirantes.

Y como los estatutos internos tampoco son totalmente claros sobre si se puede elegir a un dirigente a través de las encuestas, como sí se puede elegir a candidatos a puesto de elección, ahora lo que se propone es un “método mixto” que combine las encuestas con una elección interna por voto de delegados. Lo más lógico sería modificar los estatutos e introducir claramente las encuestas como método para la dirigencia, pero para ello se tendría que convocar a un Congreso Nacional, algo que sería más laborioso y costoso en este momento; ante ello la solución que están dando es que se levanten primero tres encuestas nacionales para ver quién sería el candidato mejor posicionado y ese resultado se lleve a convenciones, en donde se valide con el voto de los delegados, de tal forma que se cumpla con el procedimiento estatutario y se eviten futuras impugnaciones al método de elección.

El otro gran problema, por el que prácticamente se descartó ya una elección abierta y por voto directo de militantes, es que Morena, como todos los demás partidos, no tiene un padrón de militantes totalmente confiable y validado por el INE. Hay en este momento dos padrones, el de Yeidckol, que cerró en 2015, y otro que se actualizó y cerró en 2017. El primero es el que quiere utilizar Polevnsky porque es el que tiene ella controlado, y el segundo es el que quiere utilizar Bertha Luján porque en ese ya se incluye a los servidores de la Nación, la estructura territorial que está de su lado. El problema es que ninguno de los dos tiene el aval del INE.

El tiempo apremia para que Morena defina ya cómo va a elegir a su nuevo dirigente en noviembre y si el resultado de esa elección será respetado y aceptado por todos los grupos y corrientes internas que se disputan el partido. El gran riesgo que en estos momentos corre el proyecto político del presidente López Obrador, y que ya se dijo con total claridad, es que si Morena no logra institucionalizarse y resolver civilizadamente sus disputas internas, el actual partido no le va a servir al Mandatario para concretar su proyecto de gobierno. Él ya tiene una nueva estructura territorial, más allá de Morena, que se llama los “servidores de la Nación”, y que está desplegada por todo el territorio nacional.

Esa podría perfectamente ser la base de un nuevo movimiento político que sustituyera a su actual partido si este no logra civilizarse e institucionalizar sus procesos internos. El único problema es que ya no le alcanzaría el tiempo de aquí a las elecciones de 2021 para dar forma y vida a un nuevo partido y el gran riesgo es que si Morena se colapsa y no supera sus disputas tribales, podría perder la mayoría en las elecciones intermedias y la mayoría en la Cámara de Diputados, además de retroceder en los estados y municipios en las próximas elecciones.

Para ponerlo en un contexto histórico, lo que le está pasando a Morena es lo que en su momento vivió el PRI en sus orígenes. Cuando nació como Partido Nacional Revolucionario, el viejo partido venía de un movimiento de caudillos que resolvían sus disputas de poder por la vía de las armas, entre los antiguos generales y militares revolucionarios. En 1928, Plutarco Elías Calles, en un discurso que dio en la Cámara de Diputados, delineó lo que en ese momento necesitaba el movimiento que había ganado la Revolución Mexicana: “Hay que orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica de país de un solo hombre, a la de nación de instituciones y de leyes”.

Eso aplica hoy, con todas sus diferencias y proporciones y en otro contexto histórico, para el movimiento político y social que representa Morena y que ganó abrumadoramente el poder en 2018 para plantear una “transformación nacional”. ¿Quién será el Plutarco Elías Calles de Morena? ¿Habrá un líder que pueda hacer esa transición obligada? Sin eso, Morena difícilmente va a sobrevivir. Y ya recibió la primera llamada en las elecciones locales de 2019, cuando ya sin el presidente en la boleta, perdió cerca de 60% de su votación, comparada con las elecciones de 2018 en los mismos estados donde acudieron a las urnas en junio pasado. La advertencia de su fundador, Andrés Manuel López Obrador, fue más que clara: o se institucionalizan o los dejará morir y les quitará hasta el nombre.

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